En el presente trabajo se pretende hacer un análisis de la rectificación unilateral de áreas, linderos y medidas perimétricas resaltando su surgimiento y consagración desde la jurisprudencia del Tribunal Registral. Primero, se hace un recuento histórico con el fin de analizar la justificación del surgimiento de los mecanismos rectificatorios jurisprudenciales ante la insuficiencia de los mecanismos rectificatorios legales, se evidencian los problemas que surgen en su aplicación. Posteriormente, se analiza la evolución de la rectificación unilateral a la luz de las resoluciones del Tribunal Registral, demostrando que con el paso de los años la postura del Tribunal ha variado en algunos aspectos, tal como admitir que este mecanismo rectificatorio procede no solamente cuando el área rectificada es mayor al área inscrita. Asimismo, considerando que la procedencia de este mecanismo rectificatorio está sujeta al informe técnico favorable del Área de Catastro, se analiza el problema que siempre ha existido con la Base Gráfica Registral, enfatizando en que esta no constituye un catastro. Finalmente, dada la similitud del sistema registral peruano con el español, se analiza la regulación de la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en Ley 13/2015 que ha modificado la Ley Hipotecaria Española de 1946.

La presente investigación formuló como objetivo general proponer la incorporación del sistema constitutivo y la inscripción registral como un requisito obligatorio en los casos de compraventa de bienes inmuebles, ello, sustentado en la problemática identificada dentro de la regulación normativa otorgada a la transferencia de bienes inmuebles y el tratamiento registral que presentan los mismos actos. Entre los resultados obtuvimos que, la contradicción existente entre el tratamiento jurídico otorgado por el artículo 949 del código civil peruano y el sistema registral a la transferencia de bienes inmuebles, ha ocasionado que el perfeccionamiento de dichos actos encuentre fundamento tanto en la inscripción registral como fuera de ella, trayendo consigo la comisión de fraudes inmobiliarios, representados por la doble venta, así como la vulneración del Derecho de propiedad a los adquirientes. La metodología utilizada es cualitativa, de estudio documental, la misma que hizo uso del estudio, análisis y comparación de teorías y legislación comparada.

presente investigación de tipo cualitativa, haciendo uso de una metodología de análisis documental, busca identificar la naturaleza del acto de inmatriculación registral y su relación con la prescripción adquisitiva de dominio, así como analizar la posibilidad de extender la competencia notarial para declarar la prescripción adquisitiva a nivel de predios rurales; argumentando distintas razones que fundamenten la transferencia de la facultad evaluativa del acto prescriptorio de predios rurales a una sede notarial, lo cual generaría como resultado principal, dotar de mayor seguridad jurídica al análisis del acto de incorporación de un predio al registro.

El presente artículo pretende determinar que sí cabe rectificar, en sede registral, la calidad de un bien de un predio que fue adjudicado por ente administrativo, conforme con el artículo 75 del RGRP y artículo 15 del RIRP. Así, al encontrarnos ante adjudicación de predios, cuyo título que da merito a la inscripción lo constituyen resoluciones administrativas, actos administrativos, si bien, conforme al Tribunal Registral, no se puede evaluar los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la Administración para emitir el acto administrativo, consideramos que ello no es acorde con el con el TUO del RGRP y el articulo 10 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios. Es así que, estos preceptos normativos señalan que la validez del acto es objeto de calificación. Asimismo, se indica que la resolución administrativa que declara derechos inscribibles a favor de persona casada debe señalar la calidad del bien. Ello por cuanto, al tratarse de una persona que es casada, le son aplicables las reglas de presunción de bienes sociales dadas por ley, salvo que se demuestre lo contrario. Esto más aún si tenemos en cuenta que al tratarse de un registro de seguridad jurídica las inexactitudes deben ser rectificadas dada la consecuencia a la que conlleva la inscripción, como son dar publicidad y legitimidad al titular del derecho. / The purpose of this academic paper is to determine if it is possible to rectify the legal status of the property that was adjudicated by an administrative entity, in accordance with article 75 of the RGRP and article 15 of the RIRP. Thus, when dealing with the adjudication of properties, whose title that gives merit to the registration is constituted by administrative resolutions, administrative acts, although, according to the Registry Court, it is not possible to evaluate the factual or legal grounds that the Administration has had to issue the administrative act, we consider that this is not in accordance with the TUO of the RGRP and article 10 of the Regulation of Registration of the Registry of Properties. Thus, these normative precepts indicate that the validity of the act is subject to qualification. Likewise, it is indicated that the administrative resolution declaring registrable rights in favor of a married person must indicate the legal status of the property. This is because, being a married person, the rules of presumption of social property given by law are applicable to him/her, unless the contrary is proved. This is even more so if we take into account that since it is a registry of legal certainty, inaccuracies must be rectified given the consequences of the registration, such as giving publicity and legitimacy to the holder of the right. / Trabajo académico

En nuestro país, numerosas personas fueron despojadas de su derecho de propiedad a causa de redes criminales que utilizaron vacíos legales para perpetrar sus actos. Por ello, en el año 2015 se promulgó la Ley N° 30313, la cual buscó combatir el fraude inmobiliario en el Perú al crear la oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite y la cancelación de asientos registrales, ambos casos por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Para tales efectos, entre otras disposiciones, se modificaron diversos artículos del Código Civil y del Decreto Legislativo Nº 1049. La finalidad del presente artículo es demostrar que tales modificaciones al Código Civil afectaron nuestro sistema registral, la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y; también se afectaron diversos principios registrales, como lo son el principio de legitimación, el principio de calificación y el principio de Fe pública Registral. Asimismo, determinar cómo estás modificaciones generaron que exista una contradicción entre los artículos 2013° y 2014° del Código Civil. La investigación está fundamentada con resoluciones del Tribunal Registral, Sentencias del Tribunal Constitucional, Jurisprudencia, así como con Doctrina nacional e internacional. Asimismo, se procedió a analizar la regulación que tiene nuestro ordenamiento en el Código Civil y Reglamento General de los Registros Públicos. / In our country, many people were deprived of their property rights due to criminal networks that used legal loopholes to perpetrate their acts. Therefore, in 2015, Law No. 30313 was enacted, which sought to combat real estate fraud in Peru by creating the opposition in the procedure of registration in process and the cancellation of registration entries, both cases for identity fraud and falsification of documents. For such purposes, among other provisions, several articles of the Civil Code and Legislative Decree No. 1049 were modified. The purpose of this article is to demonstrate that such modifications to the Civil Code affected our registry system, the legal security of our legal system and also affected several registry principles, such as the principle of legitimacy, the principle of qualification and the principle of public faith in the registry. Likewise, to determine how these modifications generated a contradiction between articles 2013° and 2014° of the Civil Code. The research is based on resolutions of the Registry Court, Judgments of the Constitutional Court, Jurisprudence, as well as national and international doctrine. Likewise, we proceeded to analyze the regulation of our system in the Civil Code and the General Regulations of the Public Registries. / Trabajo académico

En el presente informe se evalúan los aspectos concernientes a la inmatriculación de predios urbanos en zonas que aún no se han levantado catastro y el problema de no tener un procedimiento administrativo adecuado en las municipalidades distritales para el cabal cumplimiento de los requisitos solicitados por la Superintendencia Nacional de los Registros Púbicos. Para ello, se desarrollan temas preliminares como el del catastro de predios, donde se observa su funcionalidad y los problemas que causa el no tener un sistema adecuado; la conceptualización de los predios no inscritos y acerca de los que son considerados como urbanos; asimismo, se revisa a la inmatriculación y la regulación de esta en el sistema jurídico nacional. Finalmente, con los conceptos desarrollados se procede con el análisis de los problemas primarios y secundarios que arrojan al examinar la Resolución N° 65-2019- SUNARP-TR-L. Se debe tener en consideración que el acto administrativo revisado no agota la vía administrativa y es por ello que también se estudia la Resolución N° 1337-2019- SUNARP-TR-L, que es la que el Tribunal Registral resuelve ante la segunda apelación del solicitante de la inmatriculación y con la que se llega al agotamiento de los recursos administrativos, donde se confirma la decisión inicial, sin embargo se realiza un cambio en el criterio que justifica la negativa en el otorgamiento de la primera de dominio, que es la postura que finalmente adopto como posición.

Con la llegada del Código Civil de 1984, vigente en la actualidad, se regula en su artículo 1429, la posibilidad de poder resolver una relación jurídica contractual de forma extrajudicial. Ello implica que, una relación puede quedar resulta sin que la parte perjudicada por el incumplimiento, tenga que enfrascarse en un proceso judicial que duraría varios años. Ahora bien, el presente estudio ha tenido por objetivo determinar si esta forma de resolución extrajudicial puede ser materia de inscripción en el Registro de Predios, a la luz de lo actualmente regulado por nuestro ordenamiento jurídico peruano. En tanto, a nivel doctrinario, existen posturas que sostienen que sí es posible dicha posibilidad y otros que la niegan. Al respecto, se concluye que la resolución por intimación no es un acto pasible a ser inscrito en el Registro de Predios, debido a que no lograr cumplir con lo dispuesto por el principio de titulación pública o auténtica. En tanto, el título que dará mérito a su inscripción en dicho Registro sería la carta notarial que la parte perjudicada envía a su contraparte (la parte deudora) de la relación contractual, el cual deviene en documento privado, y, no se cuenta con norma jurídica expresa que permita su inscripción de forma excepcional. Finalmente, se propone que, mediante una modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, se incorpore un artículo que permite su inscripción. / With the advent of 1984 Civil Code, currently in use, Article 1429 regulates the possibility of being able to resolve a contractual legal relationship out of court. This means that a relationship can be settled without the party injured by the breach having to engage in a judicial process that would last several years. Therefore, the purpose of this study is to determine whether this form of extrajudicial resolution can be subject to registration in the Land Registry, in light of what is currently regulated by our Peruvian legal system. At the doctrinal level, there are positions that maintain that such possibility is possible and others that deny it. In this regard, it is concluded that the resolution by intimation is not an act that can be registered in the Land Registry, since it does not comply with the principle of public or authentic title. Meanwhile, the title that will give merit to its registration in said Registry would be the notarized letter that the injured party sends to its counterpart (the debtor party) of the contractual relationship, which becomes a private document, and there is no express legal rule that allows its registration on an exceptional basis. Finally, it is proposed that, by means of an amendment to the Land Registry Registration Regulations, an article should be incorporated to allow its registration. / Trabajo académico

Lo que se analiza y estudia en el presente informe, principalmente, son los casos en los que el registrador inscribe una resolución de contrato por cláusula resolutoria expresa en los contratos de compraventa de inmuebles. Esto debido a que los efectos de la inscripción de esta resolución son bastante importantes, implican restitución patrimonial, y si el título ingresado a Sunarp cumple con los requisitos que establece el art. 102 del Reglamento de Predios, este en teoría debería inscribirse. Lo que cuestionamos, al respecto, es la facilidad teórica con la que se puede inscribir este tipo de cláusulas. Ya que puede existir el riesgo de resoluciones fraudulentas, es decir resoluciones que no merecen su inscripción. En nuestro país, ya han habido casos de mafias inmobiliarias, que juegan a cumplir las reglas de los registros con la finalidad de inscribir títulos fraudulentos, generar terceros registrales, etc. Ejemplo de ello fue la mafia Orellana -caso no que no trataremos-. Las consecuencias, de una resolución fraudulenta es la inscripción de una resolución con efecto restitutorio de patrimonio. Y todo esto puede suceder sin que la otra parte se entere. Lo se propone como conclusión es que cuando se presenten títulos de resolución unilateral por cláusula resolutoria, se oficie a la otra parte de lo que está sucediendo en los registros públicos con la partida, similar a como se realiza en el sistema de alerta registral, de manera que la persona pueda plantear una oposición, similar a lo que regula la Ley N° 30313 en los casos de suplantación de identidad, y que de ser el caso se suspenda el plazo de vigencia del asiento de presentación, hasta que la entidad competente decida quién tiene la razón. / What is analyzed and studied in this report, mainly, are the cases in which the public official registers a termination of contract due to an express resolutory clause in real estate purchase and sale contracts. This is due to the fact that the effects of the registration of this resolution are quite important, they imply patrimonial restitution, and if the title deed filed with “Institution of registration of public titles or Sunarp” complies with the requirements established in art. 102 of the Real Estate Regulation, it should theoretically be registered. What we question, in this regard, is the theoretical ease with which this type of clauses can be registered. Since there may be a risk of fraudulent resolutions, that is to say, resolutions that do not deserve to be registered. In our country, there have already been cases of real estate mafias, who play to comply with the rules of the registries with the purpose of registering fraudulent titles, generating third parties, etc. An example of this was the Orellana mafia -a case we will not deal with-. The consequences of a fraudulent resolution is the registration of a resolution with restitutory effect of patrimony. And all this can happen without the other party being aware of it. As a conclusion, it is proposed that when unilateral termination titles are filed due to a resolutory clause, the other party should be notified of what is happening in the public registries with the entry, similar to what is done in the registry alert system, so that the person may file an opposition, similar to what is regulated by Law No. 30313 in cases of identity theft, and that if it is the case, the term of validity of the filing entry be suspended, until the competent entity decides who is in the right. / Trabajo académico

El derecho registral es una especialidad jurídica que se ha venido evolucionando desde hace muchos años, sin embargo en el Perú estos últimos años ha evolucionado con mayor rapidez e interés debido a la necesidad de celebrar negocios, actos y relaciones jurídicas entre terceros, generado por el crecimiento económico de Latinoamérica y del país, principalmente por el desarrollo inmobiliario, debido a que el derecho registral, o mejor dicho la actividad registral brindad a terceros la certidumbre, confianza y seguridad fundamentales para realizar negocios que coadyuven al desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país está generando la necesidad civil y política de desarrollar la infraestructura del país, por lo que se espera que en el trascurso de los próximos años se generen grandes obras públicas y para ello el estado se verá, inevitablemente, en la obligación de utilizar la figura de la expropiación para salvaguardar el desarrollo del proyecto de inversión de infraestructura. Asimismo, este gobierno y los anteriores, en conjunción con el actual y prometedor desarrollo económico de nuestro país, han buscado desde siempre la formalización en el mercado inmobiliario, más aún por la importancia económica, social y política que tiene en un país. Es por ello, que será indiscutible la necesidad del uso de la figura de la expropiación para el desarrollo del país en los próximos años, es por ello que este trabajo procurará analizar la normativa de esta figura y su repercusión en el registro inmobiliario.

Grandes fraudes inmobiliarios se venían dando en el país debido a que una organización delictiva basándose en los vacíos legales los utilizo con el fin de apropiarse de manera ilegal de predios tanto públicos como privados. Ante esta realidad, la Ley 30313 fue la respuesta inmediata del estado para paralizar dichos actos, pero no previno lo que generaría a futuro esta ley ya que las distintas modificatorias de la misma cambiaron de manera sustancial la actividad registral y el procedimiento el cual fue, a todas luces, desnaturalizado.