El presente estudio tiene como propósito identificar los factores de éxito para la implementación de un sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en Chile, caracterizada por una tramitación integrada de ingreso, salida y tránsito de mercancías, desde y hacia el país, por medio de una plataforma única y electrónica que considera la estandarización y homogenización de la transferencia de datos y documentos. Los principales impactos de la VUCE son una importante reducción de tiempo y costos asociados al comercio exterior, que a nivel mundial, tiende a aumentar cada año con más intercambios y acuerdos comerciales, es por ello que la VUCE es un desafío para los gobiernos, al tener que crear procesos más eficientes y efectivos que permitan una mayor facilitación comercial sin disminuir sus niveles de control y seguridad. La metodología utilizada en este estudio fue de carácter descriptivo-analítico, dividida en cuatro etapas. Primero una revisión bibliográfica de las razones que impulsan a las economías de implementar una VUCE, el concepto, modelo de negocio y principales cambios que requiere su puesta en funcionamiento; segundo una descripción de la experiencias de la VUCE en Perú, Colombia y Costa Rica con el fin de considerar los elementos más importantes para el caso chileno; en la tercera y cuarta etapa se realizó un análisis integrado de la información recopilada y de la perspectiva de los principales actores para las dimensiones de institucionalidad, normativa, tecnología, gestión del cambio y control y fiscalización. Del análisis realizado, se pudo determinar que el modelo VUCE permite realizar una gestión más eficiente de los procesos de importación, exportación y tránsito de las mercancías, que requieren el cumplimiento de requisitos y autorizaciones no arancelarias. En relación con la implementación de la VUCE se pudo detectar como factores críticos de éxito la voluntad y colaboración de los actores para realizar los cambios procedimentales y de procesos que se requieran, condición fundamental para poder unificarlos, eliminando la redundancia de información y la duplicidad de funciones, transformándose en menos días y costos para cada trámite. La VUCE contará con una plataforma informática de intercambio de datos y documentos, denominada Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), la que soportará en forma adecuada la toma de decisiones y que éstas, sean monitoreadas por los respectivos involucrados. En relación al desarrollo e implementación del SICEX, se pudo determinar que ésta no es solo una tecnología de la información, sino que su éxito dependerá de que cuente con una institucionalidad sólida, un modelo de negocio establecido y difundido, una gestión del cambio y una política y gestión pública que logre unificar la visión de todos los actores. Por último, es necesario reforzar algunos elementos dentro de las dimensiones establecidas, que permitirán fortalecer la gestión que debe llevarse a cabo en el proceso de implementación, entre ellas definir claramente las atribuciones de cada actor y realizar los cambios necesarios, con el único fin de entregar al usuario final que son los exportadores e importadores, un proceso más eficiente y oportuno.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En este estudio se analizan las regulaciones sobre gobierno corporativo de sociedades anónimas en Chile, comparadas con una muestra representativa de países. El análisis toma como referencia las recomendaciones de la OECD sobre esta materia, que en los países de la muestra están implementadas en prácticas tanto de observación obligatoria como voluntaria, siendo estas últimas cada vez más relevantes. En particular, se compara la norma NCG 385 de junio de 2015 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que establece 99 recomendaciones de buenas prácticas de adopción voluntaria pero explicación obligatoria al mercado, con las recomendaciones análogas de otros 11 países. La comparación mide tanto el alineamiento de las recomendaciones de la norma chilena respecto de la muestra, como la valoración de la relevancia de las buenas prácticas establecidas en Chile respecto de una referencia. Esta referencia, y la relevancia de las prácticas que contiene, es determinada por un Panel de Expertos dentro de la metodología Analytic Hierarchy Process (Thomas Saaty, 1997). La metodología empleada permite establecer una medida de relevancia de las buenas prácticas, que minimiza el potencial sesgo del autor del estudio. Los resultados permiten apreciar que las recomendaciones de buenas prácticas contenidas en la NCG 385 chilenas están en general alineadas y cuentan con suficiente relevancia, pero podrían mejorar. En especial, se detecta un déficit de recomendaciones destinadas a que los directorios contribuyan con acciones específicas a la generación de valor de largo plazo de sus compañías, objetivo fundamental del mercado de valores chileno. Como resultado asociado al estudio, se constata que la responsabilidad en la elaboración de los códigos de buenas prácticas en los países de la muestra es mayoritariamente público-privada. Cuando es exclusivamente pública como en Chile, se produce un déficit en las materias referentes a lograr un aumento sustentable del valor de la compañía, lo que reduce la relevancia de las prácticas, ya que los expertos consideraron este tipo de materias como el criterio más importante para establecer la relevancia de un Código. El estudio concluye que existe un beneficio al establecer un sistema de comparación sistemático con un conjunto representativo de países por parte de la autoridad reguladora chilena, como también sugiere formar instancias público-privadas en la elaboración de un Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en Chile.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En términos sencillos, la institución de las denominaciones de origen consiste en identificar un producto determinado con un espacio geográfico, ya sea un país, una región, una ciudad o una localidad, otorgándosele a los productores, la facultad exclusiva de producirlos e identificarlos con el nombre de dicho lugar. Nuestro país, al igual que la mayoría de los países de Sudamérica, posee una legislación incipiente en este sentido, lo cual se traduce en un despilfarro de oportunidades y beneficios que otros países sí aprovechan, como por ejemplo, aquellos pertenecientes a la Comunidad Europea, donde desde muy temprana data se dieron cuenta de la importancia de este tema, produciendo y desarrollando una vasta regulación al respecto. Afortunadamente, en los últimos años Chile ha tomado conciencia de este problema, creando distintos instrumentos legales a través de los cuales se ha ido evolucionando paulatinamente, siendo sin duda el de mayor importancia la ley Nº 19.039 sobre propiedad industrial, que incorporó un título completo relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Sin embargo, es de vital importancia que exista una preocupación constante sobre este aspecto, evolucionado en la medida que el resto del mundo lo haga, ya que de esta forma, Chile tiene la posibilidad de mostrar al exterior su extensa variedad de productos únicos e inimitables en cuanto a calidad y origen, debido a que hasta ahora, nuestro país es conocido únicamente por aspectos como la producción de cobre, excelentes vinos y nuestra llamativa riqueza en relación a recursos naturales, tales como, el impresionante desierto en el norte, los imponentes volcanes y los hermosos lagos en el sur. No obstante, existe un sin número de productos nacionales de cualidades únicas que todavía no son conocidos en el extranjero, y que respecto de ellos las denominaciones de origen constituyen el mecanismo perfecto para darlas a conocer, como por ejemplo, los dulces de Curacaví, las longanizas de Chillán, las aceitunas de Azapa, el cordero magallánico, etc., los cuales son inconfundibles debido al renombre que han alcanzado dentro de nuestro país, circunstancia que podría tener el mismo efecto en el resto del mundo

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Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Las empresas se mueven en un mercado que va cambiando de acuerdo a las exigencias que el mismo mercado va generando producto de cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, cambio en la formas de producción, cambios en las regulaciones de ciertas actividades económicas o mercados, por el vertiginoso desarrollo de la tecnologías de la información, y en general por todas las exigencias que los mercados globalizados van realizando. Es por esto, que para seguir en carrera las empresas deben realizar un esfuerzo adaptativo importante considerando las fuerzas internas propias que poseen como las condiciones que ofrece el mercado para el desarrollo de su actividades; lo cual se resume en un conjunto de oportunidades y amenazas que pueden afectar la rentabilidad de la industria y del negocio en particular, en el mediano y largo plazo y que marcan la diferencia entre las empresas que logran consolidarse logrando enfrentar de manera exitosa los vaivenes de la economía de aquellas que cuentan sólo con una visión de corto plazo y que no desarrollan estrategias que les permitan tomar o fortalecer una posición estratégica real y efectiva y que por lo cual terminan saliendo del mercado. Los tiempos de demora en los pagos de las facturas de los proveedores, es una situación común que afecta a diversos proveedores de cualquier rubro y, en especial a los proveedores pymes, quienes se enfrentan a variadas complicaciones en sus flujos de caja, porque se les paga con varios meses de desfase obligándolos a utilizar las líneas de crédito, factorizar sus facturas (perdiendo un porcentaje de sus ingresos) o buscar otros mecanismos de financiamiento que les permita tener ingresos para continuar con la operación del negocio. Tal situación parte siendo tratada a la luz del marco teórico que proporciona la ocurrencia de un fallo de mercado el que está dado por un abuso de poder de un agente económico que tiene una posición privilegiada y que en virtud de ésta impone sus condiciones a otro. Dado que esta situación no es aislada sino que generalizada, y ante la suma de externalidades negativas que se le generan a cierto número de agentes, que no son despreciables y que forman parte de aquellos que se encuentran en una posición menos ventajosa y que llegan a constituirse como sujetos de interés de la acciones estatales, el Estado decide intervenir para mejorar el respeto de los derechos de propiedad y así disminuir las externalidades negativas de esta serie de transacciones comerciales. Es por esto que surge la inquietud en el Ministerio de Economía de generar un proyecto que tienda a mejorar el entorno de negocios de las EMT, específicamente en lo que dice relación con fijar un plazo máximo de días para el pago de las facturas por parte de aquellas grandes empresas que tengan dentro de sus proveedores al menos un 5% de empresas de menor tamaño como una forma de contribuir a mejorar las condiciones liquidez de éstas inyectándoles caja para que dispongan de capital de trabajo (circulante) y no deban acudir a formas de financiamiento alternativos que deterioran sus condiciones financieras. En el estudio de caso que se presenta se pretende abordar la percepción por parte de diversos stakehoklders sobre el desarrollo de una política púbica, denominada Sello Propyme, destinada a acotar el plazo de pago de las facturas de pymes por parte de la empresas a las que éstas le prestan servicios o venden productos.

Para el año 2005, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) adoptó el Marco Normativo SAFE con el fin de facilitar y garantizar la seguridad del comercio internacional, fortaleciendo, entre otros elementos, la relación entre Aduanas y empresas así como la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), como socio confiable y seguro de las Aduanas. En el caso del Perú, el OEA se inició en el año 2008 como un programa de naturaleza aduanera, no obstante, desde el año 2018 se encuentra en plena reforma para ampliar su naturaleza y consolidarlo como un programa interinstitucional. El objetivo de la investigación es identificar las oportunidades que permitan mejorar y fortalecer dicho programa, así como profundizar sobre la reforma que se viene implementando en el país. Para ello, este estudio se adentra en el contenido del Marco SAFE y la perspectiva colombiana del OEA, considerada como una buena práctica internacional en un país con una realidad del comercio internacional muy similar a la del Perú, para luego verificar la perspectiva nacional del programa OEA. La hipótesis de la investigación es que el programa nacional genera beneficios de impacto parcial para las empresas certificadas como OEA para la reducción de tiempos y costos en las operaciones de comercio que afectan en forma negativa la mejora de la competitividad, estimándose que, a pesar de las reformas, el programa OEA continua vislumbrándose como un esfuerzo aislado de la SUNAT, por lo que requiere ser potenciado a través de la gestión conjunta e integrada del programa por parte de las demás entidades gubernamentales de control, con el objetivo de articular y orientar los esfuerzos a la aplicación de un programa OEA realmente de naturaleza interinstitucional, que permita establecer una red de servicios gubernamentales preferentes para este tipo de operadores con el fin de fomentar un flujo de comercio ágil y seguro por nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo del trabajo consiste en poder demostrar que tanto la norma legal como las reglas que se auto imponen las sociedades anónimas abiertas, que emiten valores de oferta pública, deben de aplicarse en su justa medida, siendo imprescindibles ambas. El contenido de la obra, se inicia en el primer capítulo con la revisión del caso Enron, y las repercusiones más relevantes que produjo en la regulación de los mercados de valores del mundo. En el segundo capítulo se revisará la Ley Estadounidense Sarbanes-Oxley, la historia de la regulación, sus formalidades y principales normas. En el capítulo tercero se estudiará la aplicación e influencia de Sarbanes-Oxley en la legislación internacional, en el cual me referiré a aquellas empresas nacionales que se encuentran obligadas a cumplir con la ley, como el influjo de la norma en las diferentes legislaciones, en particular del caso español y del caso nacional. En el cuarto capítulo, y en base a doctrina e informes estudiados sobre la materia, realizaré un análisis crítico de la ley, sobre los efectos positivos y negativos que ha tenido en el derecho y la economía, tomando en consideración las posiciones doctrinales existentes. Finalizo el trabajo con la demostración de la hipótesis planteada en las conclusiones. El método utilizado ha sido el descriptivo, en que busco revisar las principales modalidades de formación, cambio y estructuración en materias de regulación de mercados de valores. A su vez las relaciones que existen entre una ley anglosajona que influye las normas nacionales sobre la materia señalada

Seminario para optar al título de Ingeniero en Información y Control de Gestión / En Estados Unidos ha habido grandes escándalos financieros en donde empresas falsean la información para poder publicar resultados positivos cuando en verdad la empresa está perdiendo dinero. Las acciones tienen un valor mayor al que en verdad tienen y cuando esto se descubre el precio de las acciones baja de manera estrepitosa hasta llegar hacer quebrar a una empresa. Dos Senadores de los Estados Unidos, preocupados por este fenómeno que se empezó a repetir de manera frecuente, propusieron al congreso de los Estados Unidos, el poder establecer ciertas normas o reglas el cual impidiera que la información financiera de las organizaciones fuera alterada de manera dolosa por los CFO o CEO o bien los accionistas estuvieran enterados de manera fehaciente del comportamiento del valor de sus acciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Cuando un Estado suscribe un acuerdo en el que otorga algún tipo de protección específica a un inversionista, dentro de los cánones del derecho internacional, debe considerar ciertos elementos que podrán limitar su capacidad de adoptar ciertas conductas, cuando estas puedan perjudicar ciertos intereses o garantías amparadas por los acuerdos. La formulación de las distintas cláusulas, o el mecanismo de incorporación de las mismas dentro de los acuerdos internacionales en materias de inversiones, inciden en gran medida en el grado de laxitud que se otorgará al Tribunal para realizar una interpretación del contenido de la mismas en el momento en que surja una disputa. La expropiación y el trato justo y equitativo no son conceptos estáticos que implique un sólo tipo de interferencia. Las distintas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales hacen evolucionar los conceptos que pueden llegar a implicar un grado de interferencia injustificado por parte de los Tribunales arbitrales internacionales respecto de las potestades soberanas de los Estados. Darle a dichas cláusulas una calificación más precisa para evitar o minimizar el campo interpretativo de los Tribunales arbitrales es a lo que se ha abocado la doctrina más reciente. Por otro lado, siguen vigente aquellas posiciones tendientes a expandir el grado de protección de los inversionistas a través de las interpretaciones jurisprudenciales. El grado óptimo de deferencia necesario para el correcto actuar de un Estado de acuerdo a sus intereses y por otro lado, el nivel debido de protección de la inversión como polo necesario para el desarrollo económico, no deben ser tomados como conceptos dicotómicos. Buscar el equilibrio a través de la transparencia y la correcta formulación de los instrumentos vinculantes hará que las futuras controversias sean más acotadas y den un menor margen de apreciación a los Tribunales ante los cuales se vean enfrentados. Para llegar a estos propósitos pretendemos dilucidar: ¿cuál ha sido el camino tomado por la jurisprudencia en la construcción de los estándares de protección de la vii inversión? Y ¿cómo han evolucionado los distintos instrumentos de protección de inversiones en la formulación de dichas cláusulas?