La presente investigación busca contribuir, desde una perspectiva teórica, al análisis y determinación de los alcances del derecho a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú durante el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre los años 1996 al 2000, de acuerdo a los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desarrollados sobre la materia. En ese sentido, la obligación de reparar a las víctimas es planteada como consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado peruano por la acción directa de agentes del Estado al diseñar, implementar y ejecutar la política de esterilizaciones forzadas, por incumplimiento del Estado de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, y por legitimar patrones de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, al establecer que estamos frente a un caso específico de violencia basada en el género. Asimismo, se analizan las acciones, avances y retrocesos, que ha realizado el Estado peruano desde que los casos se hicieran públicos, para luego proponer las medidas que debería tomar el propio Estado para garantizar de manera adecuada, y de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la búsqueda de verdad, justicia, y en especial, reparación de las miles de víctimas que siguen esperando.

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado. Para sustentar nuestra hipótesis, la Tesis desarrolla: En el capítulo primero, el marco constitucional de la Efectividad de las Resoluciones Judiciales (en adelante, la ERJ); En el capítulo segundo, la vulneración de la ERJ en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado; y, • En el capítulo tercero, nuestras propuestas de solución.

El estándar de Protección y Seguridad Plenas (PSP), cuyo contenido es de fuente consuetudinaria, se encuentra establecido en los distintos Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por el Perú; asimismo, en el caso Bear Creek se establece que la obligación de debida diligencia del Estado constituye un elemento de este estándar. En ese sentido, la presente tesis desarrolla cómo se debe interpretar esta obligación de debida diligencia para su aplicación en la gestión de conflictos sociales en los proyectos mineros. Para ello, se parte de una aproximación teórica del estándar PSP así como de su elemento de debida diligencia y su concepción en el Derecho Internacional de Inversiones y otras ramas del Derecho Internacional. Luego, revisamos el panorama general sobre la gestión de conflictos sociales en el Perú lo que nos permite analizar el conflicto social en el caso Bear Creek tomando en consideración la tipología de conflictos sociales definida. Finalmente, revisaremos la aplicación del estándar PSP para la prevención de conflictos donde resaltamos los aportes del caso Bear Creek en cuanto a la interpretación de la debida diligencia para prevenir y solucionar conflictos sociales en proyectos mineros. Se concluye que la obligación de debida diligencia debiera interpretarse como la obligación que tiene el Estado a fin de brindar protección y seguridades plenas al inversionista. Si cumple ello, se debe entender que el Estado cumple con el estándar de Nivel Mínimo de Trato y, por lo tanto, con sus compromisos internacionales. Por ello, conforme a la obligación de debida diligencia y tomando en consideración la interpretación del Tribunal Arbitral en el fallo sobre Bear Creek, el Estado peruano se encontraría obligado internacionalmente a implementar un efectivo marco regulatorio de prevención de conflictos que propicie el apoyo y equilibrio entre las políticas de protección de inversiones y el desarrollo de su población. / The Full Protection and Security Standard (FPS), whose content is of a consuetudinary source, is established in the various international investment agreements signed by Peru; Similarly, in the case Bear Creek establishes that the State’s due diligence obligation is an element of this standard. In this sense, this thesis develops how this obligation of due diligence should be interpreted for its application in the social conflict management in mining projects. This is based on a theoretical approximation of the PSP standard as well as its element of due diligence and its conception in International Investment Law and other areas of International Law. Then, we reviewed the general overview on the social conflict management in Peru which allows us to analyze the social conflict in the Bear Creek case taking into consideration the typology of social conflicts defined. Finally, we will review the application of the PSP standard for conflict prevention where we highlight the contributions of the Bear Creek case regarding the interpretation of due diligence to prevent and resolve social conflicts in mining projects. In conclusion the due diligence obligation should be interpreted as the obligation of the State in order to provide full protection and security to the investor. If this is done, it must be understood that the State complies with the International Minimum Standard of Treatment and therefore with its international commitments. Therefore, in accordance with the obligation of due diligence and taking into consideration the interpretation of the Arbitral Tribunal in the Bear Creek case, the Peruvian State would be under an international obligation to implement an effective regulatory framework for conflict prevention that fosters support and a balance between investment protection policies and the development of population.

En el presente informe se analizará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque vs. Colombia. De esta forma, se buscará llegar a una conclusión sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad, en perjuicio de Ángel Duque. Para ello, se empleará normativa nacional respecto a la regulación colombiana sobre parejas del mismo sexo, así como normativa internacional sobre la protección de los derechos humanos. Asimismo, se examinará la jurisprudencia de la Corte Constitucional posterior y si con ello se puso fin a la vulneración de los derechos del señor Duque o si, a pesar de ello, es necesario que se declare la responsabilidad constitucional del Estado. De igual forma, se verá si los establecimientos de salud públicos garantizan una atención de calidad a las personas con VIH/SIDA, en comparación a un seguro social. Con ello, se pretende llegar la conclusión de que Colombia es responsable por la vulneración de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana; por tanto, tiene la obligación de subsanar el daño causado y garantizar que una situación similar o igual vuelva a darse dentro de su territorio. / This report will analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Duque vs. Colombia case. In this way, it will seek to conclude on the responsibility of the Colombian State for the violation of the tenet of equality and non-discrimination, and the right to integrity, to the detriment of Angel Duque. For this, national regulations will be used regarding Colombian law on same-sex couples, as well as international regulations on the protection of human rights. In addition, the jurisprudence of the subsequent Constitutional Court will be examined and if this put an end to the violation of the rights of Mr Duque or if it´s necessary to declare the constitutional responsibility of the State. In the same way, it will be seen if public health establishments guarantee quality care for people with HIV/AIDS, compared to social security. With this, it is intended to conclude that Colombia is responsible for the violation of the human rights contemplated in the American Convention; therefore, it must rectify the damage caused and guarantee that a similar or the same situation occurs again within its territory.

Este informe tiene como propósito analizar la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, el primer caso resuelto en el sistema interamericano de derechos humanos que trata sobre el impacto del uso indebido de la inmunidad parlamentaria procesal en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Concretamente, se analizan tres episodios de vulneración de derechos a fin de determinar la responsabilidad del Estado de Brasil: i) las decisiones de la Asamblea Legislativa de Paraíba por las cuales se rechazó levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado y principal sospechoso de dar muerte a Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) la constante negativa de la Policía Civil de Paraíba para actuar diligencias investigativas en relación a otros cuatro sospechosos de haber participado en los crímenes de homicidio y ocultamiento de cadáver, y iii) el alegado uso de estereotipos de género en el marco del proceso penal seguido contra Aércio. A partir de ello, se establece que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia. / The aim of this report is to analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Barbosa de Souza et al. v. Brazil, the first case resolved in the Inter-American system for the protection of human rights that deals with the impact of the improper application of procedural parliamentary immunity on the right of effective access to justice. Specifically, three episodes of violation of rights are analyzed in order to determine the responsibility of the State of Brazil: i) the decisions of the Paraíba Legislative Assembly, refusing to lift the parliamentary immunity of the then deputy and main suspect in killing Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) the constant refusal of the Paraíba Civil Police to carry out investigative proceedings in relation to four other suspects of having participated in the crimes of homicide and corpse concealment, and iii) the alleged use of gender stereotypes in the criminal proceedings against Aércio. In conclusion, it is established that the State of Brazil is responsible for the violation of the rights to judicial guarantees and judicial protection, recognized respectively in articles 8.1 and 25 of the American Convention on Human Rights, in relation to articles 1.1 and 2 of the same instrument, and 7.b of the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Erradicate Violence against Women, to the detriment of Márcia’s mother and father.

El presente informe de suficiencia profesional se basa en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Olivera Fuentes vs Perú. En dicha decisión, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del señor Olivera Fuentes. Esta vulneración se produjo debido a las respuestas administrativas y judiciales brindadas por las autoridades frente a la denuncia interpuesta por el peticionario, alegando que fue discriminado en la cafetería de un supermercado debido a su orientación sexual. El problema principal analizado en el trabajo consiste en determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos del peticionario. A partir de ello, se examina si es que el Estado es responsable por la comisión de actos de discriminación cometidos por particulares, específicamente por la empresa de supermercado que llevó a cabo el acto de discriminación. Asimismo, se analizan los alcances de la vulneración de los derechos a la vida privada, igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad en relación a la orientación sexual del peticionario y la prohibición de discriminación. Finalmente, se evalúan los alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación de consumo que existía entre la empresa y el cliente para determinar el acto de discriminación en la cafetería. Ello se realiza como parte del análisis planteado para los derechos a la protección judicial y garantías judiciales del demandante. / The present professional sufficiency report is based on the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Olivera Fuentes vs. Peru. In said ruling, the international responsibility of the State was declared for the violation of Mr. Olivera Fuentes' rights to privacy, judicial guarantees, equality before the law, and judicial protection. This violation occurred as a result of the administrative and judicial responses provided by the authorities in response to the petitioner's complaint, alleging discrimination in a supermarket cafeteria due to his sexual orientation. The main issue addressed in this report is to determine the State's international responsibility for the petitioner's rights violation. As such, an examination is conducted to ascertain whether the State bears responsibility for acts of discrimination committed by private individuals, specifically by the supermarket company that engaged in the discriminatory act. Furthermore, an analysis is conducted on the extent of the violation of rights to privacy, equality before the law, and the free development of personality with regard to the petitioner's sexual orientation and the prohibition of discrimination. Finally, an evaluation is made of the implications of the burden of proof reversal in the consumer relationship between the company and the client, aimed at determining the act of discrimination in the cafeteria. This assessment is undertaken as part of the analysis proposed for the petitioner's rights to judicial protection and judicial guarantees.

Los Estados a través de la suscripción de instrumentos internacionales en materias de promoción y protección de inversiones, otorgan determinados estándares de tratamiento a inversionistas (ya sean estas personas jurídicas o naturales). Sin embargo, a veces estos se ven forzados a modificar de manera sustancial el ordenamiento jurídico bajo el cual se venían desarrollando las actividades económicas de los inversionistas extranjeros. Lo cual, podría generar lo que se conoce como una “expropiación indirecta”; sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra del todo reconocida a nivel del derecho doméstico, ya que se argumenta que ya se cuenta con una figura jurídica similar, a nivel del derecho administrativo, conocida como “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública”. Es por ello que el objetivo del presente trabajo de investigación es poder demostrar la necesidad de regular la figura jurídica de la expropiación indirecta al interior del Estado Peruano, sin perjuicio, de que ya contemos con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por lo que, el método empleado es el de poder corroborar, no sólo en base a la doctrina existente a nivel nacional como internacional, lo señalado en el párrafo anterior, sino que también se realizará el análisis de casos peruanos, en cuyo contenido se ha discutido lo referente a expropiaciones indirectas, pero suponiendo cómo estos hubieran sido resueltos si es que los operadores de justicia hubieras aplicado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por tanto, se podrá observar a lo largo del presente trabajo de investigación la necesidad de regulación o reconocimiento a través de la interpretación de nuestro marco jurídico vigente de las expropiaciones indirectas, no sólo por su reconocimiento a nivel internacional, sino porque también ello permite otorgar un mayor nivel de protección al derecho de propiedad de las personas, en este caso, jurídicas. Además, que ello también nos permitiría, a que en la práctica podamos nivelar los estándares de tratamiento de protección a las inversiones, independientemente del origen de su capital o constitución, ya sean estas de origen nacional o internacional.

Entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori implementó una polémica política de planificación familiar en Perú. Paradójicamente, esta política resultó en miles de procedimientos quirúrgicos de esterilización realizados sin el consentimiento pleno, libre, previo e informado de las personas intervenidas. Actualmente sabemos que las principales afectadas fueron mujeres de zonas rurales, pobres e indígenas. No obstante, a pesar del alto grado de vulnerabilidad de las víctimas y las numerosas deficiencias y cuestionamientos en el desarrollo de esta política, la situación de las esterilizaciones forzadas en Perú parece haber sido olvidada tanto por las autoridades públicas como por gran parte de la sociedad. Ante este panorama, es necesario poner en evidencia este caso de graves violaciones de derechos humanos, no solo para destacar la magnitud de las atrocidades cometidas por el Estado, sino también para discutir la posibilidad de abordar este trauma desde un enfoque que considere las particularidades de las víctimas y busque formas de avanzar como sociedad. Por este motivo, la presente investigación se centra en analizar el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, incorporando enfoques de género, interseccionalidad y justicia transicional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación