Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tuvo por objetivo actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil relativa al tema de la responsabilidad extracontractual del Estado por lo actos de sus órganos administrativos, en especial Municipalidades y Servicios de Salud. En la sección introductoria se explica el génesis del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil como también la metodología de trabajo empleada. A su vez, la segunda sección consiste en un trabajo monográfico en el cual se analizan los aspectos más relevantes de la jurisprudencia recopilada, dando cuenta de los resultados del trabajo de extracto, y además una pequeña exposición de los aportes que ha hecho la doctrina nacional a la materia. En la tercera sección del trabajo se encuentra la propuesta de actualización para el proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil. Por último, en la sección cuarta se encuentran las fichas de análisis jurisprudencial redactadas durante el trabajo de actualización

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Los presupuestos de la RPA son todas aquellas circunstancias, condicionamientos o requisitos cuya común ocurrencia imponen a un organismo administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio la obligación de reparar a un particular un perjuicio injustamente sufrido o injustamente causado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es el análisis de las múltiples dimensiones del control como principio del Derecho Administrativo, aplicado al contrato de concesión de obras públicas. Se comienza con una somera exposición del control como principio aplicable a las organizaciones, desde el marco teórico de la gestión basada en la calidad. Luego se aplica esta idea al Estado, determinando sus fines a partir de la forma constitucional de gobierno, para, posteriormente, extraer de la Constitución principios rectores que guiarán la gestión del Estado y el ejercicio de las funciones de control. En tercer lugar, se categoriza el principio de control en el Estado, destacando la existencia de una clasificación básica según la materia sobre la que se ejerce control, compuesta de cuatro categorías: control de juridicidad, control democrático, control interno y control de gestión; correspondiendo dos de ellas a la caracterización jurídica del principio de control administrativo y dos a los elementos de la teoría de la gestión basada en la calidad. Posteriormente, se definen los mecanismos de asociación público-privada y se enuncian los procedimientos de contratación administrativa, junto con lo cual, aplicándoles los principios de control ya reseñados, se intenta definir la estructura marco del control del contrato de concesión de obras públicas y las actuaciones jurídico-administrativas previas al comienzo del contrato. El trabajo continúa con la enunciación de los actos de control que realiza el inspector fiscal como encargado de la imposición del principio de control en el contrato de concesión, así como de los controles a los que él está sujeto y de las normas jurídicas que rigen el ejercicio de sus potestades de control. Finalmente, se procede a argumentar en contra del modelo de control existente, centrando la crítica en la falta de superposición de controles sobre la labor del inspector fiscal, su poca independencia, y la debilidad de los mecanismos de control de gestión de la orgánica concesionadora en relación al Estado. En la argumentación se emplean casos índice, que muestran diversas fallas en el ejercicio de potestades contraloras por el Estado. El trabajo termina con el análisis de las propuestas de mejora del sistema y la confección de una propuesta propia, que combina una agencia reguladora independiente con un delegado del gobierno, que sucedería y superaría al actual inspector fiscal, y añade a eso reformas adicionales a la normativa vigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar una de las actividades administrativas de más larga tradición histórica, a saber, la inspección administrativa. Ante la escasa dedicación que la doctrina nacional le ha concedido a este tema, pese a la incuestionable y gran aplicación práctica que el ejercicio de dicha actividad importa, este trabajo pretende desentrañar y establecer, por sobre todo, el desarrollo de esta actividad, buscando resolver preguntas tales como: ¿es necesario que la inspección se someta a un procedimiento administrativo?, ¿tiene el sujeto inspeccionado algún derecho ante la intervención de la administración?, ¿cuáles son las potestades con las que cuentan los órganos inspectores para ejecutar su labor?, ¿quién decide cuándo y a quién inspeccionar?, ¿es la potestad inspectora una potestad discrecional?. En directa relación con el tema anterior, pero ya desde la perspectiva de la garantía que tiene todo ciudadano frente al actuar dañino de un órgano de la Administración, se aborda el tema de la responsabilidad del Estado Administrador por inactividad en el ejercicio de sus potestades de inspección

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta Memoria de grado para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizada en el Departamento de Derecho Público de esta última institución, trata acerca de la Responsabilidad que le es imputable a la Administración del Estado por los daños causados por las armas de fuego de sus agentes. En vista de tal cometido, esta memoria se desglosa de la siguiente forma: en el capítulo I, se tratan algunas definiciones básicas del estudio; en el capítulo II, se estudia la responsabilidad de la administración del Estado, grosso modo; en el capítulo III, la normativa positiva que afecta tanto a los cuerpos armados en su configuración general, como al sistema de responsabilidad de éstos, en su carácter particular; en el capítulo IV, el más extenso de este estudio, se concentra en las decisiones emanadas de nuestros tribunales superiores de Justicia en lo tocante a la materia en comento, así como la jurisprudencia administrativa expedida por la Contraloría General de la República, finalizando con los dictados entregados, en este sentido, en el Derecho Comparado, particularmente de los jueces de Argentina y España; el capítulo V, versa acerca de los mecanismos de objetivación de responsabilidad; el capítulo VI, por último, posee las conclusiones emanadas de las líneas trazadas a lo largo de este estudio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como principal objetivo abordar una importante institución del Derecho Público chileno, la cual está inserta dentro de una materia algo abandonada en términos legislativos, hablamos de la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus órganos Administrativos, pero especialmente respecto a uno de los elementos configuradores, la Falta de Servicio. Ante la carencia normativa, esta obra pretende, con ayuda de las diversas posiciones doctrinarias locales y la jurisprudencia emanada, principalmente, de nuestro máximo tribunal; examinar qué es lo que sucede en el escenario nacional cuando se enfrentan procesalmente dos contendores de evidente disparidad; la Administración y el administrado. La Falta de Servicio, criterio de origen francés pero adoptado ya como propio por nuestra doctrina jurídica; ha tomado un interesante o, quizás para algunos, inesperado rumbo en nuestro ordenamiento jurídico. Imponiéndose en primer lugar, dentro del sistema subjetivo de responsabilidad que regirá sin discusión los casos de este contencioso administrativo general, para luego sortear la convivencia con otras instituciones y constituirse hoy en el único criterio de atribución de responsabilidad en el derecho administrativo. Si bien esta obra es descriptiva y explicativa de una realidad jurídica, no desaprovechamos la oportunidad para desarrollar la temática un poco más a xii fondo. Es por esta razón que, además de analizar las características fundamentales de este presupuesto, señalaremos también sus virtudes y defectos, para luego así contribuir desde un punto de vista crítico, tomando desde luego en consideración las reacciones de los juristas locales y el desarrollo jurisprudencial, lo cual demuestra a todas luces que el sistema es perfectible. En la difícil tarea de conciliar intereses tan contrapuestos, pero a la vez tan relevantes, como el derecho de la víctima a una justa reparación o un acceso eficaz al proceso, y la labor del Estado en evitar demandas temerarias o infundadas que reduzcan las significativamente el erario público; propondremos -hacia los apartados finales- la incorporación de elementos que ayudarán a mejorar nuestro actual régimen

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria podrá encontrar los principales argumentos esgrimidos por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país, tanto para acoger o rechazar la acción indemnizatoria interpuesta con el objetivo de hacer valer la REE en las violaciones a los DDHH acontecidas en Chile durante el RM. Para ello, las autoras de esta memoria realizaron una larga investigación, producto de la cual encontraron xxx sentencias que se pronuncian sobre la materia. Con el objetivo de abordar mejor el objeto de análisis, se desarrolla en primer lugar una reseña del contexto histórico político de dos periodos, en el cual acontecieron las violaciones a los DDHH, y el contexto existente en el país al momento de interponerse las demandas y dictarse las sentencias en análisis. La investigación se centra sólo en aquellas violaciones con resultado de muerte, desaparición o tortura de las víctimas, y se tratan las materias jurídicas más relevantes y controvertidas encontradas en los fallos investigados. Al finalizar esta memoria, encontrará los argumentos esquematizados, posibles tendencias argumentativas y se concluye con la apreciación de las autoras sobre la manera en que deberían tratarse estas materias en relación a las violaciones a los DDHH.

Muchos autores han descrito a la responsabilidad como necesaria para la existencia del derecho. De este modo, “la existencia de un orden legal internacional establece que los sujetos a los cuales se les impone obligaciones deben ser responsables en el caso de fallar con el cumplimiento de esas obligaciones”. Esto inclusive es aplicado en el derecho doméstico de los Estados en donde la violación de una norma determina la responsabilidad del infractor y, por lo tanto, su sanción. Asimismo, Paul Reuter declaró que “la responsabilidad se encuentra en el corazón del derecho internacional […] esta constituye una parte esencial de lo que puede ser considerado la Constitución de la comunidad internacional”. La responsabilidad internacional constituye, de este modo, una pieza clave del derecho internacional, más aun, de su existencia y efectividad, y ha ido evolucionando a raíz de su desarrollo. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el cual las medidas de reparación se han diversificado para otorgar una protección más íntegra a las víctimas.

La presente investigación versa sobre la responsabilidad civil generada a propósito de los efectos secundarios imprevisibles causados por la vacuna contra el Covid-19. Lo anterior, puesto que, debido a la necesidad inminente de fabricación de dicha vacuna, se han disminuido estándares bioéticos y jurídicos en su fabricación, distribución y administración. En ese sentido, ¿qué agente tendrá que responder por dichos daños no patrimoniales? ¿La farmacéutica en su rol de fabricante en base a una responsabilidad por producto defectuoso? ¿El Estado en su rol de garante de la salud pública? ¿O ambos, mediante una responsabilidad civil solidaria? La presente investigación responderá las preguntas anteriormente planteadas, utilizando el precedente Pandemrix, y en base al modelo peruano de responsabilidad civil. Asimismo, brindará posibles soluciones a dicha problemática que muy probablemente nos afligirá en un futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la reciente entrada en vigencia de la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales han surgido muchas interrogantes aun no resueltas en la práctica. Una de ellas, y que dice relación con la potencial vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, es la aplicación de las medidas provisionales y de las medidas urgentes y transitorias por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Principal interés han presentado en la práctica las medidas más intensas que puede adoptar la Superintendencia del Medio Ambiente, las cuales deben ser controladas previamente por los Tribunales Ambientales. Los criterios que han empleado los Tribunales Ambientales para autorizar dichas medidas han ido variando, por lo que resulta necesario analizar si ha existido una tendencia hacia la unificación de dichos criterios.