El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El cambio de paradigma respecto a la niñez a partir de la proclamación de la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño deja atrás la concepción de la infancia y la adolescencia como “objeto de protección”, constituyéndose en objetos de caridad por parte de los organismos públicos y privados. En virtud de este nuevo marco, pasan a ser “sujetos de derecho” y titulares de éstos, pudiendo exigir su respeto y cumplimiento a su familia, a la sociedad y al Estado. El propósito del presente trabajo es establecer la responsabilidad que le cabe al Estado como garante de los derechos de la infancia cuando éstos han sido violentados o se ven amenazados de serlo. Los niños, niñas y adolescentes requieren vínculos estables que le brinden la seguridad y protección necesarias para su desenvolvimiento personal. La misión de procurar la estabilidad y satisfacción de sus múltiples necesidades está entregada a la familia como organismo fundamental de la sociedad. Sin embargo, producto de diferentes situaciones, circunstancialmente hay familias que no pueden brindar el ambiente seguro y estable que un niño o niña requiere para su desarrollo integral, debiendo el Estado ejecutar medidas para el restablecimiento de los derechos vulnerados o amenazados. Estas disposiciones son de diversa índole y grado de intervención. Si excepcionalmente se requiriese la separación del niño o niña de su familia, se han establecido medidas de cuidado alternativo como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar; debiendo escogerse entre ellas la más idónea para el interés superior del niño y la observancia de sus derechos. Las repercusiones y efectos que estas providencias tienen en los niños y niñas son objeto de un estudio multidisciplinario, debiendo recurrir a otras áreas del conocimiento para su análisis, en especial sobre los beneficios entregados por el acogimiento familiar frente a las otras modalidades.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principio de protección de la confianza legítima representa un importante desafío para el estudio de la Responsabilidad del Estado como disciplina particular, pero no sólo alcanza a ésta, sino que también a todas las demás áreas del Derecho público, en especial al Derecho Constitucional y Administrativo. En la base, la construcción de una noción general justificativa con sustento constitucional, precisa de una especial sensibilidad ante la fragilidad de los derechos e intereses que se deben ponderarse hoy en la balanza del Derecho y la equidad; un intento de fundamentación constitucional del principio en la Constitución Política que tenemos, exige además una cuota importante de buen humor.

Memoria (licenciado en ciencias juridicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Durante los años 1973 a 1990 se instauró en nuestro país un régimen militar. En tal período, se producen una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en Chile, quien ha reconocido su responsabilidad principalmente en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como consecuencia de tales violaciones, los familiares de las víctimas han presentado numerosas demandas por indemnización de perjuicios por los daños causados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos. Ante tal escenario, los tribunales superiores de justicia han adoptado por declarar la acción prescrita, aplicando las normas civiles por tratarse de una acción de naturaleza patrimonial, no dando lugar a la indemnización de perjuicios; o bien, por aplicar las normas de derecho internacional declarando la imprescriptibilidad de este tipo de acciones dada la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Nuestro análisis se basará en la procedencia de las normas civiles de prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual de Estado de Chile por los ilícitos cometidos en el período del régimen militar, fundado en el estudio de sentencias de la Corte Suprema, especialmente durante el año 2009. La elección del año estudiando se basa en que durante ese período, la Corte Suprema falló nueve litigios de hechos similares relacionados con el tema que convoca nuestra memoria. Dentro del universo de sentencias recopiladas y posteriormente extractadas, no fue posible encontrar fallos atingentes además de los seleccionados

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria se enmarca dentro del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus Leyes Complementarias (en adelante, el Repertorio), desarrollado en el Taller de Memoria e Investigación “Actualización Repertorio del Código Civil: Prescripción y Ley del Consumidor” del Departamento de Derecho Privado. La metodología empleada para la realización de dicho proyecto consistió en, primeramente, la búsqueda de jurisprudencia respecto de los artículos 2492 al 2524 y la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El período abarcado en la investigación era el comprendido entre el 1° de enero de 1995 al 31 de diciembre del 2010. Ésta se realizó tanto en medios físicos como electrónicos. Con todo el material reunido, procedimos a la realización de fichas de análisis de sentencias. A partir de las fichas de análisis de sentencias, pudimos llevar a cabo la actualización del Repertorio. Y finalmente, hacer un análisis sobre las decisiones de nuestros tribunales de justicia que pudimos estudiar y sistematizar. El presente trabajo versa sobre la jurisprudencia obtenida a partir de los artículos 2497 al artículo 2513 del Código Civil, abarcando las materias Prescripción de la Responsabilidad del Estado, Prescripción de la Acción de Nulidad de Derecho Público y Prescripción Adquisitiva Pasaremos a continuación a hacer una explicación más detallada de este proceso, indicando cada etapa y las labores realizadas en ellas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene por objeto analizar desde el ámbito del Derecho Administrativo, la eventual responsabilidad que recae en los organismos del Estado, por accidentes debido al mal estado de la vía pública y/o a la falta de o a una inadecuada señalización. Los organismos que se analizarán son las Municipalidades, de los SERVIU y de los Gobiernos Regionales. Se profundizará por separado cada organismo, y se expondrán sus características, funciones y deberes específicos, para finalmente concluir en cual o cuales recae la responsabilidad. Para todo lo anterior, se trabajará con una amplia fuente bibliográfica, conformada por la legislación vigente, la doctrina mayoritariamente nacional y la jurisprudencia de nuestros tribunales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el siguiente trabajo busca responder cuál ha sido el rol del Estado chileno como propietario de nuestro recurso natural más importante: El cobre. Para ello se analiza si hay captura por parte de este de las ganancias excedentarias que deja este recurso, denominada renta por parte de la literatura económica. En ese sentido, comienza por entregar un marco teórico que explique la incidencia de un recurso natural como factor productivo, para así poder analizar cómo se insertan las normas jurídicas en la realidad social. Luego, se analiza el sistema concesional y tributario chileno a la luz de este marco, para dar cuenta a través de qué mecanismos jurídicos el Estado captura la renta dejada por el cobre. Para lo cual se hace una revisión exhaustiva de la normativa aplicable, en conjunto con las formulaciones doctrinales sobre la materia, que permitan una compresión cabal de las instituciones jurídicas a estudiar; a la par se recurre a otras disciplinas y a cifras que den cuenta de cómo operan de hecho las normas en la realidad, para no limitar la investigación a una mera descripción formal normativa. Se obtiene como resultado que el Estado recaba renta pero limitada a fines específicos, y no ejerce un control a la hora de entregar las concesiones, tan solo un control indirecto a través de Codelco; al momento de exigir el pago de impuestos, recaba renta a través del impuesto específico, pero este impuesto resulta ser de una tasa bastante baja y no la técnica legislativa adecuada, además de las falencias del sistema tributario general que benefician al capital minero privado. Nuevamente, Codelco sería el mecanismo a través del cual el Estado recaba más renta, pero que ha ido disminuyendo su participación en la producción, disminuyendo así también el rol del Estado como propietario.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

EL caso Atala Riffo y niñas vs. Chile constituye un hito en materia de igualdad y no discriminación, al ser la primera vez que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reconoce la orientación sexual como categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este fallo presenta una serie de omisiones en el reconocimiento de la vulneración de dos derechos en específicos: el derecho a la no discriminación por razón de genero y el derecho a la garantía de imparcialidad. En el presente caso, se buscará determinar la existencia de dichas violaciones mediante un análisis crítico. / The case of Atala Riffo and girls vs. Chile is a milestone in terms of equality and nondiscrimination, as it is the first time that the Inter-American Human Rights System recognizes sexual orientation as a category protected by the American Convention on Human Rights. However, this ruling presents a series of omissions in the recognition of the violation of two specific rights: the right to non-discrimination based on gender and the right to guarantee impartiality. In the present case, the existence of said violations will be determined through a critical analysis.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 04 de febrero de 2022, a la luz del principio de igualdad y no discriminación frente a los límites del derecho a la libertad religiosa de las autoridades eclesiasticas. En específico, se examina la existencia de responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, el acceso a la función pública, a la libertad personal, a la vida privada, al trabajo, a las garantías judiciales y a la protección judicial (amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos) debido a la revocatoria del certificado de idoneidad para el ejercicio de la docencia de la señora Sandra Pavez Pavez. En efecto, se observa que dicha revocatoria se dio ya que se hizo pública su orientación sexual, por lo que se analiza el desarrollo jurisprudencial de esta categoría protegida frente a actos discriminatorios en relación a los derechos a la vida privada, libertad personal, acceso a la función y trabajo. Finalmente, se da cuenta de que, al no existir un recurso eficaz en la jurisdicción chilena, nunca se pudo impugnar los efectos de la decisión de revocarla. En atención a ello, en el presente informe se emplea una metodología dogmática y exegética, donde se utilizan normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / This legal report analyzes the sentence of the Case Pavez Pavez Vs. Chile resolved by the Inter-American Court of Human Rights on February 4, 2022, in light of the principle of equality and non-discrimination regarding the limits of the right to freedom of religion of the ecclesiastical authorities. Specifically, the report analyzes the existence of international responsibility of the Chilean State for the violation of the rights to equality before the law, access to public service, personal freedom, private life, work, judicial guarantees and judicial protection (protected by the American Convention on Human Rights) due to the revocation of the certificate of suitability for the exercise of teaching of Mrs. Sandra Pavez Pavez. Indeed, it is observed that said revocation occurred since his sexual orientation was made public, for which reason the jurisprudential development of this protected category is analyzed against discriminatory acts in relation to the rights to private life, personal freedom, access to function and work. Finally, it is realized that, since there is no effective remedy in the Chilean jurisdiction, it was never possible to challenge the effects of the decision to revoke it. To reach this objective, this report integrates a dogmatic and exegetical methodology, and international norms and standards offered by International Human Rights Law are used.