Tesis para optar al grado de Magister en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El 8 de junio de 2007 comenzó a regir en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084). Su principal función es generar un marco normativo para el establecimiento de un sistema de justicia especializado, cuyo objetivo es sancionar adolescentes entre 14 y 17 años que han infringido la ley penal; responsabilizarlos y entregarles herramientas que apoyen su reinserción social. Durante más de una década se discutió en el país sobre las características que debía tener un sistema como éste. El tema está cruzado por una serie de tensiones. Entre ellas: - Las crecientes demandas por seguridad ciudadana y acciones concretas contra la delincuencia1. - La necesidad de modernizar la respuesta del Estado frente al delito: hacerla más eficiente, rápida, transparente y justa. - El público objetivo del nuevo sistema y sus sanciones: jóvenes en etapa de desarrollo; hijos de familias pobres y vulnerables, la mayoría2. En cuanto a los objetivos de la nueva ley, se pueden identificar básicamente tres: i) Que los jóvenes a edad temprana (a partir de los 14 años) se responsabilicen y reciban una sanción por los delitos que cometen. ii) Que la sanción esté acorde a la etapa de desarrollo del infractor (la normativa contempla un catálogo distinto al de los adultos, y diferenciado entre quienes tienen 14-15 años y 16-17). iii) Que junto con cumplir una sanción, el joven reciba herramientas (educación, capacitación) que faciliten y apoyen su reinserción social. Para los adolescentes, la puesta en marcha de esta normativa implica una serie de cambios. En primer lugar, se reforma radicalmente la respuesta del Estado ante los crímenes o simples delitos cometidos por menores de 18 años. Se pone fin al trámite de discernimiento y se garantiza el acceso a una defensa profesional. Se modifica, en suma, la relación del sistema penal con los jóvenes infractores. Pero también se persigue cambiar la forma en que cumplen una sanción y la calidad de los programas y talleres que reciben. Todo esto, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que da origen a la nueva normativa. La administración central de esta Nueva Justicia Juvenil recae en el Sename (Servicio Nacional de Menores), pero comprende la interacción de todas las instituciones que funcionan en el marco de la administración de justicia en Chile. Estas son: Policías (Carabineros e Investigaciones), Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile. La Reforma Penal Adolescente se enmarca en un proceso de transformación general de la administración de justicia en Chile, llevado adelante tras el retorno a la democracia. Sobre este se pueden distinguir tres etapas. Una primera fase contempla la creación del Consejo de la Magistratura y la Academia Judicial, instituciones cuyo objetivo es apoyar la labor que realiza la Corte Suprema y los distintos escalafones del Poder Judicial. El segundo hito es la transformación del sistema criminal de justicia, con la puesta en marcha en forma gradual, a partir de 1995, de la Reforma Procesal Penal. La tercera etapa, aún en proceso, contempla una extensión de las reformas de la justicia criminal en las siguientes áreas: tribunales de familia, justicia juvenil, justicia laboral y, finalmente, las cortes civiles. La propuesta de este trabajo es diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación de impacto de la Nueva Justicia Juvenil3. Hay razones de política pública general que lo justifican: contar con información y cifras en torno a un programa mejora la calidad de la discusión, orienta la gestión hacia el logro de resultados y permite aprender de la experiencia. Contar con un sistema de monitoreo y evaluación también es pertinente en el marco de una política criminal especializada que introduce cambios normativos y de procedimiento; privilegia las sanciones en el medio libre e incorpora un nuevo grupo etario (los adolescentes de 14 y 15 años) entre los responsables penalmente. La evidencia internacional en materia criminal señala que la privación de libertad (la cárcel) genera altas tasas de reincidencia. Al mismo tiempo, la Reforma Penal Adolescente tiene entre sus objetivos no solo la aplicación de sanciones sino también entregar herramientas para contribuir al proceso de reinserción de los jóvenes infractores. Ambos elementos constituyen factores de interés para contar con una propuesta metodológica de evaluación. Para los fines de este trabajo, se entiende la evaluación de impacto como parte de un sistema integral que incluye monitoreo y evaluación de procesos. La idea es generar un modelo que permita contar con información estadística sobre el nuevo sistema de justicia (aprehensiones, delitos, sanciones que se aplican a los adolescentes), como asimismo que proporcione instrumentos para evaluar la operación de la reforma y su impacto. La idea es aportar elementos de análisis y diseño para la evaluación de impacto de una política criminal. Pero también se busca contribuir al desarrollo de una de las áreas que presenta más déficit en los países en desarrollo, como es la evaluación de impacto. Al respecto, Esther Duflo afirma: “los beneficios de evaluar el impacto de programas en desarrollo, y saber cuáles funcionan y cuáles no, superan a los programas mismos y a las agencias que los implementan. Una evaluación de impacto creíble es un bien público en el sentido de que puede ofrecer una guía confiable para organizaciones internacionales, gobiernos y ONG’s”4. Es también sabido que los costos de las evaluaciones de impacto pueden ser significativos, en cuanto requieren el levantamiento de encuestas especiales. Por ello, el presente trabajo se concentra en la propuesta de un diseño para la evaluación del impacto de la reforma

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta labor, se trabajó directamente con las fuentes emanadas del Congreso Nacional, es decir, con las actas de las sesiones de ambas Comisiones. También se consideró tratados internacionales y legislación comparado sobre el tema de la responsabilidad juvenil, así como diversos artículos escritos por la doctrina especializada. El objetivo del trabajo es comentar en forma clara, concordada y ordenada, los distintos criterios que estructuran el nuevo sistema y que fueron expuestos durante la discusión parlamentaria. Para ello se seleccionaron los temas más relevantes y se explican los diversos puntos de vista que se manifiestan –entre otros- a través de: indicaciones, supresiones, creaciones de nuevo artículos, comentarios y proposiciones. Luego de exponer la historia de este cuerpo legal, procederemos a desarrollar sus reglas en forma concordada, para una mejor comprensión de la actual ley.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se expondrá el estado actual de la discusión jurídico penal relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abordando las tres preguntas esenciales que plantea este tema. Según SCHÜNEMANN la cuestión central es determinar si es político-criminalmente imprescindible, dogmáticamente construible y constitucionalmente legitimable un Derecho Penal de entidades colectivas bien desarrollado .

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el primer capítulo se analizan aspectos sobre la delincuencia en Chile, para determinar la real magnitud del problema, se compararán en éste las cifras entregadas por las policías, por el Ministerio de Justicia y la Fundación Paz Ciudadana . En el segundo capítulo se abordan aspectos doctrinarios acerca de la pena, los fines de ésta y las modalidades de su ejecución, principalmente en relación a la realidad Chilena. Asimismo se analiza el marco legal internacional acerca de la minoría de edad infractora de la ley penal, el cual comprende la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y sobre el tratamiento de los menores de dieciocho años privados de libertad. A través del capítulo tercero se examina la realidad nacional, analizando la actual ley de menores y los actores principales en lo que dice relación con la política aplicable a los menores infractores, el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile. La investigación exploratoria se encuentra en el capítulo cuarto; en este apartado se exponen los datos recogidos mediante observación directa de las instalaciones utilizadas por los y las adolescentes que se encuentran privados de libertad por infracciones penales en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, así como de las entrevistas efectuadas a los menores que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, por resolución judicial firme y ejecutoriada . En los capítulos quinto y sexto se exponen las dos reformas de que esta siendo objeto el proceso penal chileno : la reforma procesal penal y el proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil, el que se encuentra actualmente en tramitación. Finalmente se tratan las conclusiones y las propuestas, donde se aborda principalmente la justicia restaurativa y los beneficios que su aplicación conlleva respecto del infractor, la víctima y la sociedad toda

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que usted tiene en sus manos, ha tenido por objeto el revisar uno de los temas más conflictivos y actuales de la ciencia penal. La cuestión de la responsabilidad de las colectividades de individuos (más allá de si cuentan o no con personalidad jurídica). Se analizan las posiciones doctrinarias que sostienen la posibilidad de establecer sistemas colectivizados de responsabilidad penal. Se analizan las categorías de la teoría del delito que han de ser modificadas por los cultores de estas tesis a fin de dar cabida a estos modelos. La culpabilidad, la capacidad de acción, la posibilidad de sanción al ente son aquellos tópicos en que se encuentran en el centro de la discusión. Se agregan a esto, cuestiones más generales, como las del destinatario de la norma jurídico penal, y algunos elementos de política criminal. Estos intentos son examinados con detenimiento, y expuestos a la crítica desde la perspectiva de los principios del derecho penal y desde consideraciones de la propia política criminal. Se busca demostrar en definitiva, la imposibilidad de establecer este tipo de soluciones en todo sistema Democrático Social y de Derecho. Por ultimo, se presenta al lector, una síntesis de los modelos de solución más respetuosos de los principios que se defienden. Se expone resumidamente la función que le puede caber a los delitos de omisión en la lucha contra la delincuencia organizada, la autoría mediata por el dominio de la organización como forma de llegar a aquellos sujetos que delinquen en el seno de organizaciones empresariales, y la utilidad de las cláusulas sobre actuaciones en lugar de otro a estos mismos fines.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto abordar el estudio del debate dogmático y político criminal que, tradicionalmente y también en la actualidad, se suscita en la ciencia jurídico-penal, en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, pretende dar luces acerca del tratamiento legislativo dispensado a dicho tema en el ámbito del derecho comparado y nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El estudio del comportamiento humano es una de las materias más complejas de comprender, porque a diferencia de lo que sucede con los objetos u otras situaciones naturales que responden a leyes de índole científico, el ser humano no sólo está influenciado por factores naturales que pueden ser descritos a través de la ciencia, pues tras el fracaso del positivismo se tomó conciencia que el comportamiento humano está influido por una serie de factores de índole biológico, psicológico y social unidos a la incertidumbre del libre albedrío, haciendo predecible sólo una parte de sus comportamientos. Este estudio cobra aún más relevancia cuando se trata de analizar o al menos comprender un comportamiento que posee un disvalor social, como en el caso de los ilícitos, en especial cuando estamos frente a un “delito” de carácter sexual cometido por un niño/adolescente o que tiene como víctima a uno de estos. Debido a que dentro de los actos que causan mayor rechazo en la población están los delitos sexuales a menores, por los bienes jurídicos comprometidos y las potenciales consecuencias que pueden causar en los sujetos pasivos del delito

El Compliance ha cobrado gran relevancia en el Derecho debido, principalmente, a los cambios normativos, que impulsaron la incorporación de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. Esta responsabilidad fue incorporada debido a que los criterios penales dogmáticos clásicos para sancionar las conductas delictivas cometidas en el seno de una organización empresarial no eran suficientes para sancionar a las personas naturales que cometen delitos. Por ello, el Estado traslada a las personas jurídicas la obligación de coadyuvar en la prevención de delitos cometidos por sus funcionarios, representantes o trabajadores. Es así que, en el Perú mediante la Ley N° 30424, y sus normas modificatorias, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica y un mecanismo para exonerar o atenuar su responsabilidad, esto es, la implementación de un modelo de prevención de delito que deberá contener cinco elementos mínimos necesarios para cumplir la finalidad preventiva de conductas delictivas. La referida ley establece que, para el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, será suficiente que estas acrediten la implementación de un elemento mínimo para exonerarse de responsabilidad. Es por esto que, mediante el presente trabajo de investigación, analizaremos si efectivamente cumplirá con la finalidad preventiva de todo modelo de prevención que una micro, pequeña y mediana empresa cumpla con implementar un solo elemento mínimo del modelo de prevención. / Trabajo de investigación