Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / “Joven delincuente y marginal”: esta categoría social se ha constituido en el último tiempo como un fenómeno complejo que nos indica que un segmento de la juventud ha adquirido una nueva razón de ser. La clasificación de adolescente o joven ha sido entendida como una categoría social que da cuenta de un tránsito o etapa del ser humano en la que ya no se es un niño, pero en la que aún no se tiene el estatus de adulto. De esta manera, el mundo juvenil y el adolescente propiamente tal se constituyen como realidades que muchas veces se subentienden como conflictivas y altamente problemáticas, en desmedro de antiguas visiones históricas que consideraban al joven como sinónimo de rebeldía y lucha social.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria, destina un primer capitulo a la Teoría de los Derechos Fundamentales, análisis previo y necesario, antes de entrar al fondo de lo que se quiere tratar, para comprender su concepto y alcance, naturaleza jurídica y las distintas teorías que se dedican a tratar de explicar su origen como son las teorías filosóficas, ius naturalistas, e historicistas. Así también, y para lo que importa en nuestra disciplina, se desarrolla un teoría jurídica de los Derechos Fundamentales analizada desde tres dimensiones, analítica, empírica y formativa para luego tratar la importancia de las normas de Derecho Fundamental para el ordenamiento jurídico interno. Se pasa revista también, por la teoría de los principios y su diferencia con las reglas, para diferenciar y solucionar un conflicto de principios con un conflicto de reglas, materias que ayudarán a tener claro bajo que ámbitos y condiciones y justificación el Estado podrá limitar, suspender o afectar los derechos fundamentales de los adolescentes. Luego, se trae a colación los tratados internacionales a nivel universal y regional que reconocen derechos fundamentales y los mecanismos de protección de los mismos. En el segundo capitulo, el trabajo se dedica a tratar la jerarquía de los Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico Interno. Ya que existe un gran número de tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, que consagran un gran número de derechos que incluso, nuestra propia Constitución regla dentro de las garantías en su artículo número 19. Entonces, con respecto a este tema surgen muchas interrogantes no claras por el legislador, ¿ los derechos que se consagran en los Tratados Internacionales pueden contrariar a la ley?, o mejor aún, ¿ Los preceptos de los tratados Internacionales pueden contrariar a la Carta Fundamental?, ¿los Tratados Internacionales son superiores al ordenamiento jurídico Interno o no?, en fin, un examen minucioso del tema nos permitirá aclarar las dudas, y así finalmente concluir, cual es el valor y jerarquía de los tratados Internacionales relativos a los derechos fundamentales de los adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico interno. En el capitulo tercero, se entra de lleno al tema que inspira el presente trabajo, que son los derechos fundamentales en la persecución penal de los adolescentes a la luz de la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Se comienza el tema, justificando el poder persecutor del Estado de castigar los ilícitos de los adolescentes, tratando al efecto, el ius puniendi, su naturaleza jurídica, para luego tratar sus límites, y en especial, (límite para el Estado y garantía de los adolescentes frente al poder sancionador del Estado), los derechos fundamentales de los adolescentes. Analizando los derechos fundamentales, se analiza su reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno, en especial en la Constitución política de la República, articulo número 19, y tratados internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño entre otros. Para comprender bien la realidad actual, se hace necesario mirar la historia y analizar los sistemas de enjuiciamiento criminal de los adolescentes y la legislación de menores, se pasa revista por el periodo de nula regulación legal, donde los adolescentes eran inimputables, leyes de menores, que dan cuenta que el adolescente era considerado un objeto, y solo merecían protección, conculcando sus derechos fundamentales, hasta el momento en que se reconoce su calidad de persona y dignidad, y todos los derechos fundamentales y subjetivos que conlleva su situación. A partir de la ley 20.084, se analiza un momento, álgido durante la persecución penal, que es aquel que media entre la detención y la audiencia de control de la misma. Ya que es una instancia donde se afectan los derechos a la libertad personal y la seguridad individual de los adolescentes por los agentes persecutores de la responsabilidad penal. Este es un momento, donde los adolescentes quedan en un estado de vulnerabilidad, ya que reciben el primer impacto del contacto con el sistema de enjuiciamiento, no conocen sus derechos y mal los pueden ejercer, y además, se encuentran privados de su libertad física. Se hará mención a distintos estudios de los derechos humanos y garantías fundamentales como es el informe de Tortura, Derechos humanos y Justicia Criminal de Chile, o el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009. Que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos fundamentales de los adolescentes, que se cometen por parte de los encargados de la realizar la persecución e investigación penal, las policías. Finalmente en este capitulo, se tratarán los derechos fundamentales consagrados en la ley 20.084 y su relación con la carta fundamental y tratados internacionales que tratan sobre la materia, como son el derechos a la defensa, ser oído, presunción de inocencia, defensor técnico, derecho a conocer los cargos imputados, derecho de dar aviso a los padres o persona responsable de su situación, derecho al recurso, derecho a la intimidad, garantías en las medidas cautelares, interés superior del niño entre otros. Finaliza el trabajo, entendiendo que un derecho sin una acción que lo proteja, es sólo una bonita declaración, bajo esta idea, los derechos fundamentales a la libertad personal y seguridad individual de los adolescentes serían solo letra muerta y frente a los atropellados por parte de los actores del sistema quedarían en la más absoluta indefensión. Razón por la cual, se tratan también, los mecanismos de protección de estos derechos, como son el recurso de Protección del artículo 20 de Constitución Política de la República, el Hábeas Corpus constitucional del artículo 21, del mismo cuerpo y el recurso de amparo ante el juez de garantía del artículo 95 del Código Procesal Penal.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo consiste en una tesis de investigación que busca analizar cómo los tribunales chilenos han fallado en los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que, inmersas en un extenso contexto de agresión por parte de sus cónyuges o convivientes, terminan por cometer el parricidio de estos. Especialmente, se hará énfasis en aquellos casos en que la defensa ha buscado la absolución penal de la mujer esgrimiendo causales de exoneración de responsabilidad penal por medio de las figuras de legítima defensa, estado de necesidad exculpante, miedo insuperable y fuerza irresistible, teniendo presente las circunstancias particulares que afectan a la victimaria y aplicando una perspectiva de género que se encuentra actualmente deficiente en nuestro ordenamiento jurídico.

En los últimos años, las empresas se han visto inmersas en escándalos de toda índole, siendo los más sonados aquellos vinculados a actos de corrupción, como han sido las recientes revelaciones vinculadas a los negocios de la constructora brasilera Odebretch; hechos que ocurrieron en nuestro país y en aquellos donde dicha empresa desarrollaba sus operaciones1. Ante ello, el Estado Peruano, con miras a evitar la continuidad en la comisión de ilícitos penales por parte de las empresas y reforzar sus mecanismos de lucha contra la corrupción, ha regulado supuestos de responsabilidad administrativa y penal para estas, contemplando como eximente la implementación de modelos de prevención, situación que ha sido propicia para que los profesionales en Derecho hagan referencia a dicho modelo como uno de compliance. Es así que el mercado peruano de servicios profesionales concibe como práctica de compliance a aquella que busca la prevención de contingencias de índole administrativo y penal en el marco de la actividad organizacional y/o empresarial. Sin embargo, consideramos que el alcance de dicha práctica cubre solo un aspecto en lo que a compliance se refiere; ante lo cual, proponemos entender al mismo como una práctica corporativa en la cual una empresa asume el compromiso de cumplir procedimientos y buenas prácticas de cumplimiento normativo y político interno, con miras a alcanzar su máxima eficacia, productividad, prevención y gestión de riesgos, y sostenibilidad. Para dichos efectos, hemos analizado el desarrollo de dicho concepto en la regulación comparada y en el Perú; cómo es actualmente entendido, sus elementos, cómo se ejecuta y por qué debe de implementarse en una empresa de forma transversal. Hemos encontrado así, una nueva práctica corporativa que permitiría a las empresas una mejor gestión de riesgos que llevará al desarrollo tanto de estas, como del mercado y de la sociedad. Sabemos que existirá resistencia y quizás no aceptación, pero nos encontramos seguros que nuestro concepto de compliance y forma de ejecución propuestos serán propiciados por el propio desarrollo económico del país y posicionamiento del mismo a nivel mundial, llevando así a que la cultura corporativa empresarial peruana se transforme. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autoriza el acceso a texto completo de su documento / Las salidas alternativas son herramientas que tiene el estado para renunciar a la persecución penal en determinados casos, o para responder de manera informal, cuando la situación lo permite, renunciando al juicio propiamente tal cuando se enfrenta a la comisión de un delito por parte de una persona. En el presente trabajo buscamos estudiar cómo se aplican dichas salidas alternativas en relación con los menores de edad en conflicto con la ley, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo es ampliar la discusión en torno a aumentar su utilización, de acuerdo a la experiencia nacional y comparada. Para ello hemos utilizado el método de la investigación bibliográfica, recurriendo a una variada gama de textos, lo que nos ha permitido obtener una comprensión integral del tema. A partir de ello hemos podido concluir que, a pesar de existir un catálogo de salidas alternativas que son aplicables de acuerdo con la Ley N° 20.084, es necesario introducir mejoras, tanto a nivel legislativo como a nivel práctico, que permitan una aplicación más fácil y rápida, con un enfoque importante en la desjudialización. La tendencia extranjera, de acuerdo con los principios internacionales aplicables en la materia, confirman que recurrir a las salidas alternativas frente a los delitos cometidos por menores de edad debería ser no sólo una opción, sino que una prioridad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo, consiste en analizar si en la Ley N° 20.084, de Responsabilidad Adolescente (LRPA) se plasmó efectivamente el principio de especialidad en los operadores de justicia, consagrado en las obligaciones internacionales adoptadas por Chile, mediante la ratificación de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Para poder concluir respecto a este análisis, fue necesario analizar la evolución histórica del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes desde objetos de protección a sujetos de derechos. Luego, se estudiaron los instrumentos internacionales que consagran el principio de especialidad, así como las opiniones, casos contenciosos y recomendaciones de organismos internacionales; así, también se procedieron a establecer ciertos estándares que deben primar en la práctica profesional de los operadores de justicia que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, se procedió a examinar la legislación chilena, su evolución y la actual LRPA; para analizar si ésta efectivamente satisface las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por Chile. Por último, se analizó la situación de Brasil, España y Alemania, respecto a algunos aspectos de Justicia Juvenil que resultan de utilidad para superar algunos aspectos pendientes en nuestra legislación. Finalmente, se concluye que en nuestro país no existe una consagración real del principio de especialidad, por ende existe un largo camino que recorrer, el que deberá comenzar con reformas legislativas.

Aproximadamente cinco años atrás, se elaboró la tesis: “El Know How Empresarial”, a fin de optar el título de Abogado. En esa investigación, se postuló, entre otros puntos, la factibilidad de una protección jurídico – penal a los secretos de empresa, en el sentido de amparar la lealtad en la competencia, y mediatamente, el patrimonio del titular de tales secretos Para ello, se empleó las categorías analíticas del delito; esto es, cómo se podría configurar los elementos del injusto penal reprochable, en el marco de los secretos de empresa, y cuáles serían los supuestos que originarían la exclusión de su carácter de delictivo. En esa investigación no se pretendió elaborar las bases de la imputación de responsabilidad hacia la persona; sin embargo, esto nos motivó que en una nueva investigación, por lo menos, se elabore los lineamientos generales de un modelo de imputación acorde con un Derecho penal garantista y respetuoso de la persona, como sujeto libre.

El tema desarrollado lo he dividido en tres partes: Capítulo I: Antecedentes de la Responsabilidad Penal Internacional Individual y de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Capítulo II: La Responsabilidad Penal Individual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Capítulo III: La Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dentro de los temas específicos tratados el que mayor dificultad trae es el relativo a juzgamiento de Jefes de Gobierno. Es importante anotar que el Estatuto de Roma precisa que será aplicado por igual a todos los hombres, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En relación al principio de complementariedad las razones por las cuales los asuntos serán admisibles, cuando los asuntos son remitidos por el Consejo de Seguridad, cuando los asuntos son cedidos voluntariamente por los Estados, etc.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La ejecución de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente, debe responder a un mandato legal que exige al Estado no sólo hacer cumplir las penas dictadas por un tribunal, sino que además alcanzar ciertas finalidades de éstas, específicamente la responsabilización del adolescente y su plena reinserción social. La población que permanece cumpliendo las sentencias del sistema adolescente ha evolucionado en términos tales, que hoy mayoritariamente está compuesto por personas mayores de 18 años que, en su mayoría, se encuentran cumpliendo la sanción de libertad asistida especial. Por ello, las intervenciones que daban contenido a las sanciones han debido ser reevaluadas y modificadas para satisfacer las necesidades de una población que se encuentra en una etapa diferente a la originalmente considerada. En este contexto, el foco inicial de las intervenciones, que enfatizaba la permanencia en el sistema escolar ha dado paso a un impulso significativo de las acciones de inserción laboral. Por otra parte, el sistema de justicia juvenil supone que las intervenciones especializadas que los adolescentes condenados requieran, deben satisfacerse en la red del Estado a través de convenios. Dado que la ley no contempla un modelo de gestión coordinada, las prestaciones de las respectivas reparticiones del Estado adoptan formas indeterminadas y heterogéneas. Para determinar de qué forma se lleva a cabo la gestión coordinada de los planes de inserción laboral de jóvenes condenados en libertad asistida especial se diseñó un estudio cualitativo que tuvo por objeto caracterizar esta gestión, analizar posibles incompatibilidades normativas y operativas en el uso de las políticas de capacitación y empleo por parte de jóvenes condenados, y determinar los nudos críticos, si los hubiere, desde el punto de vista de sus actores principales. Se concluyó, entre otras cosas, que sólo existe una coordinación reactiva, no desde el diseño, orientada principalmente a resolver contingencias en el uso de programas ya diseñados por distintas instituciones en forma independiente y fragmentada. Asimismo, se advierten dos nudos críticos centrales: por una parte, las direcciones regionales de SENAME tienen escasa capacidad de gestión y coordinación local y de asistencia técnica, por lo que sus funciones se enfocan mayoritariamente en la supervisión del cumplimiento formal de los convenios con las Organizaciones Colaboradoras que ejecutan las sanciones. Por otra parte, la alta rotación de los delegados de libertad asistida especial, compromete la efectividad de las acciones de reinserción desde múltiples puntos de vista y además hace que en general, el sistema cuente con información de baja calidad que no permite gestionar acciones de inserción laboral pertinentes a esta población.

El objeto de estudio en la presente investigación, está referido al análisis de la responsabilidad del Presidente de la República en los ámbitos político, penal y constitucional, así como de los criterios a considerar para su reforma en nuestro país. / Tesis