Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada en tesis electrónica. / El presente estudio de caso, tiene como objetivo general “Desarrollar un diagnóstico en los procesos de planificación y control presupuestarios del Servicio Nacional de Menores, con el fin de establecer su relación con la toma de decisiones de los directivos públicos”. Para ello se aplicó una entrevista directa con 7 jefes de los principales departamentos técnicos y administrativos de la Dirección Nacional del SENAME y dos profesionales externos (stakeholders), uno del Ministerio de Justicia y el otro de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, analizando cuatro dimensiones de la organización para un obtener un análisis mas completo de ella; Institucional, Recursos Humanos, Presupuestaria y Planificación y Control de Gestión. En el análisis del plano institucional se concluye que el SENAME no está efectuando una revisión íntegra y participativa con sus estamentos involucrados en su misión y objetivos estratégicos, por el contrario su revisión se realiza en cuatro paredes por tres profesionales del Dpto. de Planificación con la aprobación de su Director(a) Nacional. Lo que se difiere con la importancia pública y de contingencia nacional que tiene este servicio a nivel nacional, el cual recién tiene cuatro años de la aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Ley 20.084. Política Pública de importancia, que amerita una revisión permanente de los objetivos en todos sus departamentos, direcciones regionales y unidades técnicas a nivel nacional. El plano de los recursos humanos, la rotación permanente de sus directivos, tanto nacionales como de sus jefaturas de departamentos, perjudican la estrategias, clima laboral y metas institucionales. Falta una mayor especialización en las labores del plano técnico presupuestario lo que mejoraría considerablemente la gestión del servicio. Se requiere una mayor presencia supervisores financieros capacitados y dotados del material necesario para que realicen un control más profundo y permanente de los recursos financieros entregados a las direccional regionales, centros de administración directa y transferidos a organismos colaboradores. El lo presupuestario, se presenta debilidades y problemas metodológicos, debido a que esta organización, no cuenta con un proceso formal (escrito) de los procedimientos, participación y plazos de la conformación del presupuesto anual. En la dimensión de Planificación y Control se observa que existe una discordancia entre la formulación estratégica y el presupuesto, ya que éstas (las primeras) son elaboradas después de que el presupuesto ha sido presentado al Ministerio de Justicia para su aprobación. Por lo tanto las metas del SENAME se ajustan a lo que establece el marco presupuestario, debiendo ajustarse a sus estrategias, lo que tiende a producir una ineficiencia y problemas de gestión de la organización. Por lo anterior, se sugiere, establecer un calendario que coordine los tiempos en que se elabore una estrategia del servicio de manera participativa previo al presupuesto anual y que este cuente con un procedimiento formal, aprobado y de conocimiento masivo de los procesos y tiempos de la elaboración del presupuesto institucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito de esta investigación, es el análisis del funcionamiento de la institución Adopción en nuestra realidad administrativa y judicial, apuntando a los aspectos operativos y prácticos.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS / Este estudio tiene como objetivo la descripción de la oferta educativa para jóvenes en conflicto con la justicia, que cumplen sanciones privativas de libertad, en centros cerrados a cargo del Servicio Nacional de Menores; y el análisis de la efectividad de la oferta educativa para el ejercicio de su derecho a educación. Para lograr el objetivo primero se expondrá el estado de la institucionalidad a cargo y la situación de los jóvenes en conflicto con la justicia. Luego, se evidenciará el rol de la educación para posibilitar la integración social a la luz de la evidencia comparada. En tercer lugar se describirá la oferta educativa en Chile para los jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad. Analizando posteriormente la oferta educativa a la luz de cuatro características interrelacionadas y consensuadas internacionalmente como necesarias para satisfacer el derecho a educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Finalizando con la exposición de distintos hallazgos que permiten identificar desafíos a abordar por las políticas públicas para la promoción y ejercicio del derecho a educación de los niños, niñas y jóvenes privados de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde la puesta en marcha de la ley 20.084, el 08 de junio del año 2007, el sistema penal destinado a los adolescentes sufrió un gran cambio. Sin embargo, existen múltiples factores que debemos analizar atendiendo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia para determinar si dicha reforma surtió efectos; en segundo lugar, si estos efectos fueron los deseados y, por último, si acaso el aparato estatal diseñado para dar respuesta a la necesidad de intervenir a los menores infractores de ley ha sido una herramienta útil, efectiva y real que esté a la altura de lo que se requiere en términos de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, además de lo establecido por la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, momento en el cual se hace una declaración de principios de este nuevo sistema penal, se fijaron sus penas –ciertamente menos gravosas que las establecidas para adultos que cometan los mismos delitos- se da cuenta del diseño de planes de intervención y equipos multidisciplinarios que traten a los menores, con todo lo que ello implica para que los menores infractores de ley retornen a la sociedad insertos en ella. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte las críticas son muchas, y no parece ser una solución convincente y efectiva al problema de los delincuentes menores de edad. Se abordará esta problemática desde distintos puntos, buscando identificar las falencias de un sistema que nació prometiendo un nuevo trato, el cual parece haberse ido diluyendo con el tiempo, la pregunta es ¿por qué?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente ensayo se efectuará un análisis sobre el informe favorable del Servicio Nacional de Menores que requiere el artículo 55 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que el juez pueda ejercer la facultad de remitir el saldo de la sanción penal. Específicamente nos centraremos en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, regulada en el artículo 17 de la misma ley. Dada su vaga regulación legal y reglamentaria, efectuaremos una construcción normativa respecto a las materias que el informe debe contener conforme a los principios de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los estándares internacionales y lo que ha señalado la doctrina, principalmente a través de entidades como Paz Ciudadana, Opción, entre otras. Luego pasaremos a contrastar dicho modelo de informe con aquellos presentados por el órgano administrativo en seis causas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago entre los años 2017 y 2018, donde se concedió la remisión de la sanción. Todo lo anterior está motivado por un cuestionamiento sobre las materias que los informes abordan y sobre los problemas en la intervención penal que realiza el órgano encargado del cumplimiento, que estos informes pudiesen evidenciar; ello para efectos de contribuir a que el juzgamiento penal adolescente y la intervención penal se materialice conforme a principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo consta básicamente de tres partes. Primero, se realiza una revisión de lo que ha sido el desarrollo en el derecho internacional en la protección de niños y adolescentes, a través de instrumentos jurídicos, suscritos por nuestro país. Esto, a fin de identificar cuáles son los estándares y principios que se entregan para la protección de niños y adolescentes condenados a cumplir una sanción privativa de libertad, en particular aquellos que pretenden fomentar la reinserción social de los adolescentes. Luego, se pretende hacer un análisis de la aplicación de estos estándares y principios a nuestra legislación nacional, de manera de constatar si nuestro país se ha hecho cargo de lo que el derecho internacional prescribe para la protección de adolescentes condenados. Esto, con el objetivo de comprender cómo se dispone en nuestro ordenamiento interno la necesidad de la reinserción social del adolescente. Luego, se busca, a través de el análisis de las actas de visita de las comisiones interinstitucionales de supervisión, cuáles son las condiciones materiales de los centros semicerrados en la Región Metropolitana, durante el período de 2014-2016. Finalmente, una vez observadas las condiciones materiales de los centros, podremos extraer ciertas conclusiones, respecto a verificar si en la práctica, nuestro país cumple o no con los estándares establecidos internacionalmente para lograr el objetivo de la reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca, en primer lugar, describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -el 18 de junio de 2007-. Se identificarán las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado que la ley creó para los menores entre 14 y 18 años, para posteriormente comparar las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990. Según la información recabada durante la investigación, se analizará finalmente si la vulneración de estos Derechos es un factor que condiciona el fracaso de la labor de reinserción social que desempeña el SENAME.