El presente trabajo busca analizar el impacto de los límites presupuestales en la negociación colectiva en el sector público. A tales efectos, se estructura en tres partes. La primera de ellas brinda aproximaciones sobre la negociación colectiva y el tratamiento que esta ha recibido en los diferentes ordenamientos jurídicos de Latinoamérica. La segunda brinda luces sobre lo que se entiende desde nuestro ordenamiento jurídico por negociación colectiva y principios presupuestarios, asimismo destaca el vínculo que existe entre ambos bienes jurídicos. Finalmente, en la tercera parte, se analiza en aplicación de las herramientas de análisis jurídico la relación que existe entre la negociación colectiva sobre los principios presupuestarios, no sólo a nivel legal, sino también a la luz de nuestra Constitución Política.

En el presente trabajo se realiza un estudio desde la Constitución acerca de cómo viabilizar la negociación colectiva en el marco del empleo público, teniendo en cuenta las restricciones establecidas para este derecho como es el principio de equilibrio presupuestario, el cual es un bien jurídico que goza protección constitucional. En el empleo público, la negociación colectiva tiene una connotación totalmente diferente al ámbito privado, ya que mientras en el primer caso se puede ver afectado intereses particulares, en el segundo está en juego el interés público, por ello es válido que este derecho este sujeto a límites como lo es el principio de equilibrio presupuestario que tiene reconocimiento constitucional. El derecho a la negociación colectiva para los servidores públicos tiene reconocimiento constitucional y a su vez el Estado tiene el deber de fomentarla, así como las formas de solución pacífica de los conflictos laborales. De manera más precisa, el Estado debe adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar el desarrollo del derecho y poder determinar las condiciones laborales de los servidores públicos (artículo 7° del Convenio 151). Ante las dificultades económicas o presupuestarias de muchas entidades la negociación colectiva bajo el modelo descentralizado se ha tornado poco eficaz ya que las materias que se demandan en una negociación requieren de una disposición presupuestaria por parte de la Entidad. En ese sentido, se debe de apuntar a una estructura centralizada para establecer de manera relativamente rápida una regulación de condiciones de trabajo para sectores productivos concretos, negociada entre pocos sujetos colectivos que se interrelacionan de manera habitual y en consecuencia pueden facilitar los acuerdos. Es así que a través de una estructura centralizada de la negociación colectiva es que se podrá dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 7° del Convenio 151.

El presente trabajo de investigación analiza modelos de implementación de la gestión por procesos en las organizaciones, así como para la provisión de servicios hospitalarios en el Perú brindados por el Estado. Por ello, se indaga en los principales conceptos que permiten entender la gestión por procesos y se examina los modelos de implementación de esta disciplina dándole énfasis en el Modelo de Madurez de la adopción del Business Process Management y en el Enfoque de procesos en un Sistema de Gestión. La aproximación de la investigación se realiza mediante la revisión bibliográfica y contextual en torno estos modelos de implementación de la gestión por procesos. Además, se aborda el tema de investigación en el contexto peruano, específicamente en el sector salud (público) como principal proveedor de servicios hospitalarios. De ese modo, los hallazgos de la investigación son resultado de la comparación de los modelos estudiados respecto a cómo estos son implementados en los hospitales. Como resultado de esta investigación se tiene una extensa revisión bibliográfica que permite comprender la implementación de una disciplina de gestión, la gestión por procesos, en el contexto ya mencionado. Y, como principal hallazgo, se observa una débil implementación de los modelos en el contexto peruano, a pesar de que los lineamientos, que rigen la gestión de los servicios hospitalarios, se acercan a las nociones teóricas

En el Perú, la agenda de investigación en mercados laborales se ha centrado en el empleo generado por el sector privado el cual ha sido ampliamente estudiado en sus diversos tópicos y tendencias1. De aquellos trabajos de investigación generalmente han resultado propuestas de políticas públicas. Sin embargo, el empleo público no ha recibido la atención debida y son pocos los estudios al respecto. La mano de obra absorbida por el sector público, en los últimos diez años, ha representado alrededor del 21% del total de asalariados. En términos absolutos, al 2011 dicha proporción representaba aproximadamente 1 millón 400 mil personas que laboraban para el sector público.

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación

El presente trabajo académico busca realizar un análisis crítico de los principales fundamentos sobre el Caso “Ley de Presupuesto Público”. Se partirá de identificar aclarar cualquier duda sobre si nuestro ordenamiento jurídico debe reconocer el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Para ello, se desarrollará una postura fundamentada en la normativa nacional y supranacional, de acuerdo con la cual podremos afirmar que este derecho debe reconocerse a partir de la incorporación del Convenio 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro ordenamiento. Posteriormente, con el análisis de la naturaleza de las leyes presupuestales y el conflicto que generan con la negociación colectiva, determinaremos que este es superable. En consecuencia, solo podrán establecerse limitaciones a las remuneraciones u otras condiciones económicas en escenarios de gran crisis y de temporalidad

En un contexto marcado por desigualdad, débilidades estructurales y poca presencia estatal, esta tesis busca conceptualizar una nueva tipología sobre agencias estatales y sobre las trayectorias y movimientos que estas pueden tener en el tiempo. Basándome en los conceptos de autonomía y capacidad estatal, y en la propuesta de Bersch, Praca & Taylor (2017), sostengo que existen escenarios que rompen con la dualidad fuerte-débil en agencias estatales. Ello da pase a una discusión donde agencias que no son totalmente fuertes ni totalmente débiles pueden ser halladas con mayor frecuencia en países de ingreso medio como Perú. Identifico cuatro tipos de agencias de acuerdo a sus niveles (altos o bajos) de autonomía y capacidad estatal. A las “Agencias Fuertes” y “Agencias Débiles” se suman las “Agencias Ejecutoras” (baja autonomía y alta capacidad) y las “Agencias Emancipadas” (alta autonomía y baja capacidad). Para ilustrar aquello, a través de un diseño de investigación mixto, presento los casos de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) y del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), dos instituciones científicas dedicadas a la investigación que han sobrevivido con el tiempo. El argumento no solo se centra en explicar qué tipo de agencias son y qué tipo de movimientos realizaron, sino también en responder a cuáles fueron las razones detrás de dichos movimientos. Determinantes internos y externos concentran buena parte de la explicación, que se acompaña de la voluntad que tienen los políticos para destrabar e impulsar políticas públicas. Finalmente, esta tesis deja lecciones no solo a nivel teórico, también a nivel práctico para las interesadas e interesados en reformas de política. / In a context marked by inequality, structural weaknesses and minimal state presence, this thesis seeks to conceptualize a new typology about state agencies and their trajectories and movements over time. Based on the concepts of autonomy and state capacity, and the proposal of Bersch, Praca & Taylor (2017), I argue that there are scenarios that break with the strong-weak duality in the state agencies. This leads to a discussion where agencies that are neither totally strong nor totally weak can be found more frequently in middle income countries like Peru. I identify four types of agencies according to their levels (high or low) of autonomy and state capacity. "Executing Agencies" (low autonomy and high capacity) and "Emancipated Agencies" (high autonomy and low capacity) are added to the "Strong Agencies" and "Weak Agencies". To illustrate that, through a mixed research design, I present the cases of the Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) and the Instituto Nacional de Energía Nuclear (IPEN), two scientific institutions dedicated to research, which have survived over time. The argument not only focuses on explaining what type of agencies they are and what type of movements they had, but also on answering what were the reasons behind said movements. Internal and external determinants are a large part of the explanation, and they are accompanied by the will that politicians have to expedite and promote public policies. Finally, this thesis provides lessons not only at a theoretical level, but also at a practical level for those interested in policy reforms.

La presente investigación parte del interés de estudiar un fenómeno poco estudiado y vigente en ciertas organizaciones públicas en el Perú: la implementación de Gestión por Competencias en el Sistema Administrativo de Recursos Humanos. En ese sentido, el producto de esta investigación, dentro de un enfoque íntegramente exploratorio y descriptivo, es la construcción de un esquema referencial de los factores críticos que surgieron en la implementación de Gestión por Competencias en organizaciones públicas peruanas. Se espera, del mismo, que arroje luces sobre el fenómeno señalado y que sirva, sin pretender en ninguna medida ser generalizable, tanto de punto de apoyo para futuras investigaciones como de referencia en la adopción del sistema basado en competencias en otras organizaciones del sector. Conforme la información de las entrevistas suponía de la necesidad de comprender conceptos y situaciones que escapaban de la temática inicial, fue necesario retornar a la literatura en reiteradas oportunidades. De tal forma, el capítulo que sirve como marco de referencia, desarrolla temas propios de la literatura de la Administración de Recursos Humanos en el Estado, la Gestión por Competencias y la Innovación en el Sector Público. La investigación se ciñó al paradigma cualitativo para la recolección y análisis de la información, como estrategia de investigación se utilizó la Teoría Fundamentada. Están contempladas las limitaciones tanto del método de recolección de información, el análisis de la información y las conclusiones que se puedan obtener. De mismo modo, dado el perfil de las unidades de análisis, se utilizó un muestreo de bola de nieve, dicho método de muestreo presenta a su vez sus propias limitaciones que también han sido señaladas. A la luz de la información, análisis y hallazgos de las experiencias de expertos en torno al fenómeno suscitado, se ha dejado en evidencia la presencia de aspectos y elementos exógenos y vinculados al proceso de implementación que debieran ser considerados dada su afectación en mayor medida del proceso, a estos se les ha denominado Factores Críticos. Por medio de esta investigación, se han hallado un total de 12 factores críticos.

La Contratación Pública es una de las actividades del Estado con más riesgo de corrupción y mal destino de los fondos públicos; debido justamente a la gran cantidad de dinero que se destina anualmente para dicho fin. Teniendo en consideración dicho escenario y sobre todo con la finalidad de proteger los fondos públicos cuya finalidad debe ser, exclusivamente, la satisfacción del interés público que nuestra legislación vigente sobre las contrataciones con el Estado ha regulado a lo largo de los años determinados impedimentos para contratar con las entidades públicas dirigidos a altos funcionarios públicos y a sus cónyuges, convivientes y parientes más cercanos; esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo de corrupción o favoritismos cuyo único propósito sea la satisfacción de un interés particular. Es a la luz de estos hechos, entonces, que en el presente Informe Jurídico se cuestiona el análisis realizado por el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias donde declara que dichos impedimentos referidos a los parientes más cercanos de los Congresistas de la República vulneran derechos constitucionales; sin tomar en cuenta la finalidad de estas restricciones ni el alto riesgo de corrupción y favoritismos que habría si no se contaran con los mismos. / Public Procurement is one of the activities of the State with the highest risk of corruption and bad use of public funds; precisely due to the large amount of money that is allocated annually for this purpose. Taking into consideration this scenario and above all with the purpose of protecting public funds whose purpose must be, exclusively, the satisfaction of the public interest that our current legislation on contracting with the State has regulated over the years certain impediments to contracting with public entities aimed at senior public officials and their spouses, partners and closest relatives; this in order to avoid any type of risk of corruption or favoritism whose sole purpose is the satisfaction of a particular interest. It is in light of these facts, then, that in this Legal Report the analysis carried out by the Constitutional Court in one of its judgments is questioned where it declares that said impediments referred to the closest relatives of the Congressmen of the Republic violate constitutional rights ; without taking into account the purpose of these restrictions or the high risk of corruption and favoritism that would exist if they were not available.

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.