La presente memoria es una reflexión y análisis de la experiencia profesional del autor de la misma en el sector público, la cual se enfoca en la reformulación, repotenciación y rediseño de la plataforma web de Cienciactiva. Una institución pública que pensó, desarrolló y orientó sus canales digitales, principalmente su web, para el beneficio del ciudadano como usuario final. Para ello, el User Experience (UX) y el Marketing Digital son herramientas que permiten revolucionar la manera de comunicar del Estado, sobre todo en el ámbito digital. Por ello, esta memoria se enfoca en analizar cómo la aplicación de estas herramientas con el complemento de Design Thinking y Lean Startup, contribuyen a crear plataformas y/o productos digitales orientados a las necesidades, intereses y expectativas del ciudadano o usuario. Este documento hace un análisis de los pasos a seguir, la información recogida y las incidencias que se presentan durante la ejecución de un proyecto como este. Destaca la búsqueda de una relación duradera con los usuarios y la combinación de criterios informáticos con comunicacionales para contribuir al fortalecimiento de un Gobierno Electrónico peruano. Asimismo, la importancia de la experiencia de esta memoria radica en la utilidad que pueden tener el uso de estás metodologías y herramientas en el desarrollo de servicios públicos y la mejora de las plataformas de comunicación en nuestro país.

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.

El presente informe expone mi experiencia laboral como analista económico en el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), específicamente realizando investigaciones sobre la dinámica de los mercados público y privado, identificando mejoras e innovaciones para la Cadena de Abastecimiento Público. La importancia radica ya que la DGA es rectora del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal, se constituye a nivel nacional como la más alta autoridad técnico - normativa en materia de abastecimiento, encargada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público. Para ello, es necesario hacer uso de la revisión de literatura económica, así como el uso de la estadística orientada a la optimización de la Cadena, a fin de proponer medidas que permitan minimizar los costos y maximizar el servicio dentro de esta.

La presente investigación analiza la comunicación para el alineamiento decisional de las políticas y planes en las entidades del Estado involucradas con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Recomendaciones de la OIT relativas a la eliminación de la extrema pobreza en las poblaciones más vulnerables, que en este caso fueron las comunidades campesinas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la Agenda para el Desarrollo Sostenible y la Declaración 169, posicionan la necesidad de la titulación de tierras como medio de erradicación de la extrema pobreza de las comunidades campesinas. Dichos lineamientos son una exigencia con rango constitucional para el Estado peruano y los organismos implicados del gobierno central y regional en beneficio de las comunidades campesinas cuya población se debate mayormente en la extrema pobreza. La metodología empleada ha sido cualitativa, comprendiendo las técnicas del análisis de contenido para verificar el alineamiento decisional contenido en las políticas y planes del Gobierno Central (Foro del Acuerdo Nacional, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y los Gobiernos Regionales de Apurímac, Cusco y Junín, en los años 2016-2019. También se ha utilizado, de modo secundario, entrevistas en profundidad a funcionarios encargados de la titulación de tierras y congresistas de la Comisión de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas del Congreso de la República en el año 2019. Los resultados confirman la inexistencia de un alineamiento a las decisiones internacionales por parte del Foro del Acuerdo nacional y del MIDAGRI; la ruptura de la cadena de valor 5 público con las Entidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales; y, la exclusión de las comunidades campesinas de las principales decisiones sobre propiedad territorial integral, consulta previa para mejorar su capacidad de negociación y acceder a los beneficios del subsuelo y de los recursos productivos colindantes. A partir de esta desatención comunicacional y decisional, las comunidades campesinas, además de extremadamente pobres, quedan como los sectores más afectados por la desigualdad horizontal; es decir, por la discriminación étnico racial, cuyas consecuencias en el ordenamiento social son imprevisibles. / The present investigation analyzes the communication for the decisional alignment of the policies and plans in the State entities involved with one of the United Nations Sustainable Development Goals and the ILO Recommendations related to the elimination of extreme poverty in populations. most vulnerable, which in this case were the peasant communities. The United Nations Development Program (UNDP) and the International Labor Organization (ILO), through the Agenda for Sustainable Development and Declaration 169, position the need for land titling as a means of eradicating extreme poverty of the peasant communities. These guidelines are a requirement with constitutional rank for the Peruvian State and the central and regional government agencies involved for the benefit of 6 peasant communities whose population is mostly struggling in extreme poverty. The methodology used has been qualitative, including content analysis techniques to verify the decisional alignment contained in the policies and plans of the Central Government (National Agreement Forum, Ministry of Agrarian Development and Irrigation) and the Regional Governments of Apurímac, Cusco and Junín, in the years 2016-2019. Secondarily, in-depth interviews with officials in charge of land titling and congressmen of the Land Titling Commission of the Peasant and Native Communities of the Congress of the Republic in 2019 have also been used. The results confirm the nonexistence of an alignment to international decisions by the National Agreement Forum and MIDAGRI; the rupture of the public value chain with the Executing Entities of the Regional Governments; and, the exclusion of peasant communities from the main decisions on integral territorial property, prior consultation to improve their negotiation capacity and access to the benefits of the subsoil and adjacent productive resources. From this communicational and decisional neglect, peasant communities, in addition to being extremely poor, remain the sectors most affected by horizontal inequality; that is, due to ethnic-racial discrimination, whose consequences on the social order are unpredictable.

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación

Las cláusulas de fuerza mayor - o caso fortuito - son disposiciones que se incorporan en los cuerpos contractuales y permiten a una de las partes suspender o terminar el cumplimiento de sus obligaciones cuando surgen circunstancias ajenas a su control. La institución de la fuerza mayor es propia del Código Civil, por ello, su vinculatoriedad y calificación se sustrae únicamente a las partes que suscriben el contrato. En los contratos administrativos, debido a la ausencia de un cuerpo normativo que los regule en su totalidad, se remite a lo previsto en la normativa civil, no obstante, las cláusulas que la incluyen son de particular relevancia, toda vez que en el objeto contractual de estos subyace un fin público (por ejemplo, actividades consideradas como de servicio público), razón por la cual ingresa a participar un ente ajeno a las partes, esto es, los Organismos Reguladores. Para el caso de la actividad eléctrica la facultad de calificar los eventos de fuerza mayor recae en el Organismo Regulador de la Inversión Privada en Energía y Minería – OSINERGMIN. Este regulador tiene facultades reconocidas legalmente para la calificación de los eventos de fuerza mayor en relación a determinadas actividades del sector, más no así con relación a otras. Adicionalmente, su actuación plasmada en las diversas decisiones, no ha sido uniforme. En esta línea, el presente trabajo tiene por objetivo exponer lo descrito conforme a lo previsto en la normativa sectorial, a efectos de brindar propuestas que permitan superar los problemas advertidos, desarrollando para ello en el informe la siguiente estructura: en el primer capítulo, se desarrollará el escenario de fuerza mayor en los contratos administrativos y el sector energético (electricidad); en el segundo, la calificación de la fuerza mayor que realiza el regulador, los problemas identificados y sus efectos, a fin de brindar propuestas; para así finalmente esbozar las conclusiones con los aspectos centrales.

La presente propuesta de investigación busca enmarcarse en la discusión del proceso de modernización de la gestión pública peruana y la influencia de actores externos en este proceso. En este sentido, la propuesta realiza un análisis de la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 en los organismos públicos del MINAM, PRODUCE Y RREE. De esta manera, se busca conocer si es que en estos organismos públicos existen posibles incentivos externos para mejorar su gestión y no resultaría un esfuerzo de una voluntad administrativa para aplicar por estas certificaciones de estándares de calidad internacional de la administración pública. Es así, se maneja las hipótesis que tanto el presupuesto de estas oficinas como las presiones exteriores han generado necesidades por estos organismos a mejorar su gestión pública. Finalmente, se ha decidió aplicar una metodología de investigación mixta para el análisis de los casos. En este sentido, se busca por medio de entrevistas a los funcionarios de alto y medio nivel envueltos en el proceso de acreditación internacional. Por su lado, la aplicación de un análisis de bases estadísticas permitirá contrastar la información de las entrevistas con los cambios en la percepción de la calidad de la gestión, numero de procesos, etc.

La presente investigación describe y analiza los procesos de mejora a la Gestión de la Tesorería en el marco de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MINJUS- entre el periodo 2014-2017. Durante el desarrollo del trabajo se identifica la importancia que representa implementar Políticas de Estado que orienten la modernización de la gestión pública. Si bien esta investigación presenta antecedentes académicos de ámbito nacional e internacional sobre el análisis de la Tesorería Gubernamental y la modernización de la Gestión Pública; la mayoría de estos han sido orientados al tema de control interno y Simplificación Administrativa. La investigación realizada destaca su importancia a nivel metodológico, y propone aportar conocimiento al funcionamiento de la Gestión de la Tesorería del Sector Público y sus procesos de mejora entre los años 2014 al 2017 con la perspectiva del personal operativo que participo en dicho proceso. Así, se propone como hipótesis que el MINJUS ha implementado mejoras en los procesos de la Gestión de la Tesorería que han permitido cambios significativos en las actualizaciones de instrumentos de gestión en coordinación con los responsables de la Tesorería. Por su parte, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, ha implementado mejoras en los procesos de pagaduría y captación de ingresos a través del uso intensivo de TICs. Por ello, se concluye que los lineamientos establecidos por la Secretaria Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros han permitido que se implemente la Gestión por Procesos en el MINJUS. El análisis realizado toma en consideración los aportes teóricos sobre la Nueva Gestión Pública, Políticas Públicas, Reforma del Estado y el método Kaizen o Mejora Continua. / The research describes and analyzes the improvement processes in Treasury Management within the framework of the implementation of the "National Policy for Modernization of Public Management" in the "Ministry of Justice and Human Rights" -MINJUS- between the period 2014 -2017. During the development of the work, it identifies the importance of implementing State Policies that guide the "modernization of public management." Although this investigation presents "academic antecedents of national and international scope" on the analysis of the Government Treasury and the modernization of the Public Management; Most of these have been oriented to internal control and Administrative Simplification issues. The research carried out highlights its importance at a methodological level, and proposes to contribute knowledge to the operation of the Public Sector Treasury Management and its improvement processes between 2014 and 2017 from the perspective of the operational staff who participated in said process. For this reason, it is proposed as a hypothesis that the MINJUS has implemented improvements in the Treasury Management processes that have allowed significant changes in the updates of management instruments in coordination with those responsible for the Treasury. For its part, the General Directorate of Indebtedness and Public Treasury of the Ministry of Economy and Finance, rector of the National Treasury System, has implemented improvements in the processes of payment and collection of income through the intensive use of TICs. Consequently, it is concluded that the guidelines established by the Public Management Secretariat of the Presidency of the Council of Ministers have allowed Process Management to be implemented in MINJUS. The analysis carried out takes into consideration the theoretical contributions about the New Public Management, Public Policies, State Reform and the Kaizen method or Continuous Improvement

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El trabajo de investigación parte de analizar la regulación del procedimiento a la negociación colectiva establecida por la Ley N° 31188, desde el desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho constitucional a la negociación colectiva. Asimismo, dicho análisis aterriza en tres ejes del procedimiento negocial, a la luz de su naturaleza y sus principios, así como de los principios presupuestales previstos en la Constitución. Con ello, determinar si la regulación actual corresponde a una intervención estatal legítima y respetuosa del derecho a la negociación colectiva en el sector público. / The research work starts from analyzing the regulation of the collective bargaining procedure established by Law No. 31188, from the normative and jurisprudential development of the constitutional right to collective bargaining. Likewise, said analysis lands on three axes of the negotiation procedure, in light of its nature and its principles, as well as the budgetary principles established by the Constitution. With this, it is determined whether the current regulation corresponds to a legitimate state intervention and respectful of the right to collective bargaining in the public sector.