El presente documento desarrolla el Plan Estratégico para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el cual tiene un horizonte al 2027 y busca posicionar a la SBS como referente de las instituciones supervisoras y reguladoras de sistemas financieros en el mundo. Para llevarlo a cabo se realizó el análisis de los factores externos del sector, identificando seis oportunidades y cuatro amenazas que influyen en la SBS; el análisis interno de la SBS; el análisis comparativo con instituciones reguladoras de otros países, y por último, se establecieron las estrategias a implementar, ocho de las cuales son de diversificación de mercado y una es intensiva. Los objetivos de largo plazo son: (a) en 2027 la SBS habrá adoptado en su totalidad los estándares internacionales de Basilea III, al 2016 se tiene implementado Basilea II; (b) incrementar la inclusión financiera, medido por el número de cuentas de depósitos, para el 2027 el número de cuentas de depósitos en las entidades financieras será de 185,000, en el 2016 fue de 53,000; (c) para el 2027 los reclamos del público sobre las entidades supervisadas serán de 15,000, en 2016 se tuvieron 25,050 reclamos; (d) en 2027 la SBS tendrá un cumplimiento del 90% de los principios de gobierno corporativo, a la fecha no se cuenta con gobierno corporativo, y (e) en 2027 la SBS habrá establecido en un 100% el marco legal para las Fintech en el Perú, en 2017 no existe ningún marco regulatorio. Con respecto a los objetivos de corto plazo se establecieron: (a) hacer un seguimiento del avance en la implementación de los estándares de Basilea III, (b) incrementar el número de cuentas de depósito, (c) disminuir progresivamente los reclamos del público sobre las entidades financieras, (d) establecer progresivamente los principios de un buen gobierno corporativo, y (e) implementar el marco regulatorio para las Fintech. Finalmente, se realizará el control de los objetivos de corto y largo plazo a través del Tablero de Control Balanceado que permitirá medir y monitorear el desempeño de estos objetivos / The focus of this document is to develop a strategic plan for the Financial Service, Insurance and AFP Authority (La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, hereinafter referred to as SBS) which has a horizon until 2027 and looks to position the SBS as a principal reference point for the financial service supervisory and regulatory institutions, at a global level. In order to carry this out an analysis of the sector’s external factors was conducted, identifying six opportunities and four threats that have an influence on the SBS; the internal analysis of the SBS; the comparative analysis of regulatory institutions in other countries and finally, the strategies to be implemented were established, eight of which are market diversification and one intensive. The long term goals are (a) In 2027 to fully adopt the international standards of Basilea III, in 2016 Basilea II was put in place; (b) increase financial inclusion, measured by the amount of savings accounts, by 2027 the number of savings accounts in financial institutions will be 185,000, in 2016 it was 53,000 (c) by 2027 public complaints lodged in the financial institutions will be 15,000, in 2016 there were 25,050 recorded complaints. (d) in 2027 the SBS will have a compliance of 90% in corporate governance principals, to date there is no corporate governance and (e) in 2027 the SBS will have fully established the legal framework for Fintech in Perú, as of 2017 no regulatory framework is in place. With respect to the short term goals established: (a) monitor the progress of the Basilea III standards implementation, (b) increase the amount of savings accounts (c) gradually decrease public complaints lodged in the financial institutions (d) gradually establish the Good corporate governance principals and (e) implement the legal framework for Fintech. Finally a control for both long and short term goals will be carried out via the Balanced Control Panel which will allow us to measure, as well as, monitor the performance / Tesis

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS / Desde que se creó el sistema de seguridad social en Chile en el año 1924, éste por su naturaleza de equidad y solidaridad, siempre consideró que las imposiciones fueran de cargo tanto del empleador como del trabajador. Como dato histórico, el Sistema de Seguridad Social en Chile se inició con imposiciones del orden del 5% del salario del trabajador (2% lo pagaba el trabajador y 3% el empleador). Esta proporción fue aumentando en el tiempo y a su vez el rol del empleador fue cada año más relevante llegando a tasas de imposición superior al 15,7%1. Cuando comenzó el sistema de capitalización individual en Noviembre de 1980 con el DL 3.500, existía en el país grandes expectativas debido a los cambios radicales que éste contemplaba. Lo primero era que el empleador no aportaba a la tasa de cotización de sus trabajadores. Esto fue bien recibido por los empleadores, los cuales apoyaban el nuevo sistema de pensiones ya que les quitaba un peso importante, considerando que el aporte del empleador oscilaba entre el 5% y el 15,7% (según la caja previsional en que haya estado afiliado el trabajador). Otro punto que consideraba el nuevo sistema de AFP era la forma en que se financiaban las pensiones. Por ejemplo, el sistema de reparto la pensión de cada persona se financia en parte con los aportes (cotizaciones) que realizan los trabajadores activos, los empleadores y el Estado, por lo tanto, el dinero aportado va a un fondo común con el cual se financian las pensiones. En el sistema de capitalización individual, cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que las administradoras realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna de las modalidades de pensión2. Otro aspecto relevante que cambió es el porcentaje de cotización, el cual se establecía en un 10% sobre la renta imponible del trabajador. Este cambio se debió principalmente a José Piñera, quien fue el creador de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile (AFP), el cual pensaba que con ese monto de cotización se podía alcanzar una tasa de reemplazo (TR)3 del 70%. Así queda estipulado en su libro “El cascabel al gato", el cual indica (se cita textual) que: “En efecto, era preferible fijar el % de la cotización que definir de antemano el monto de la pensión resultante. Si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo”4. Para definir los parámetros que permitirían alcanzar esta tasa de reemplazo se utilizaron supuestos y bases de proyección para un cotizante promedio que han diferido en gran medida de los casos reales y más aún de los que se proyectan para los años venideros. Aun cuando no existen todavía pensionados que hayan cotizado durante toda su vida en el nuevo sistema (lo que requiere aproximadamente unos 40 años de historia), la información obtenida de quienes se han pensionado cotizando desde los inicios del sistema y proyecciones realizadas indican que las tasas de reemplazo que se están alcanzando se encuentran, en general, por debajo del objetivo establecido. Sumado a lo anterior, el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) del 2013 reveló que la tasa de reemplazo de las pensiones de los trabajadores de ingresos medios ($580 mil pesos) en Chile alcanza el 52% para hombre y 42% para mujeres. En el caso de quienes ganan la mitad del ingreso medio en Chile llega a 62,5% en hombres y a 53,2% en mujeres. Mientras, en el segmento de quienes perciben 1,5 veces más el sueldo promedio, la cobertura es de 47,7% para hombres y 37,2% para mujeres. El dato es menor al reportado por el mismo informe de la OCDE de 2011, cuando la cobertura de pensión local llegaba a 64,3% para los hombres y a 49,9% para las mujeres. Pese a todo lo malo que esto puede llegar a ser, el análisis final fue todavía más lapidario ya que indica que “las jubilaciones futuras serán en general más bajas que las actuales y los sueldos medios sufrirán esta situación”. Dicho estudio de la OCDE saca a la luz una cifra muy alejada del 70% prometido al imponerse el sistema de AFP en 1980, y muy por debajo de las tasas de reemplazo del promedio de los países de la OCDE, que alcanzan 69,1% para hombres y 68,3% para mujeres. Estas cifras representan un fuerte cuestionamiento al estudio realizado por Ricardo Paredes5, según el cual las tasas de reemplazo en Chile superaban el 80%, con lo que el país se encontraba en una situación muy superior a algunos países desarrollados. Las diferencias de los resultados entre ambas metodologías se puede deber a que Ricardo Paredes trabajó con afiliados outliers, quizás afiliados con una densidad de cotizaciones muy superior al 100% entre otras consideraciones.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El propósito de este estudio fue analizar el proceso de transición desde la Ficha de Protección Social al Registro Social de Hogares a nivel de prácticas habituales y de la subjetividad de funcionarios de ministerios y servicios de gobierno que gestionan y hacen uso de este instrumento. Entre los antecedentes centrales que dan contexto a esta indagación se sitúa la experiencia nacional en el uso de instrumentos de focalización para la política social y las complejidades que conllevan sus reformas. Junto con esto, se describen las principales falencias que caracterizaron el diagnóstico de la ficha de Protección Social (FPS) y que dieron pie al Registro Social de Hogares (RSH). Por último, se describe este instrumento, el RSH, con énfasis en aquellos puntos que surgen como respuesta al diagnóstico de la FPS. Los aspectos conceptuales que enmarcan el estudio son: primero, el debate entre universalización y focalización en tanto instrumentos de la política social y su relación con nociones de bienestar social. Segundo, ciertas perspectivas de análisis de política pública y formas de comprender los procesos de implementación. Tercero, el modelo de análisis interpretativo de políticas públicas, cuyo marco conceptual inspira los énfasis y dimensiones de análisis con que en este estudio se aborda la transición entre la FPS y el RSG. Esta indagación es de carácter exploratorio dado lo novedoso y contingente de su objeto- y fue abordada mediante un enfoque cualitativo. Los resultados se sustentan en entrevistas semi-estructuradas (15), doce de éstas realizadas a funcionarios de tres reparticiones: Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de Previsión Social y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y tres realizadas a expertos. También, fueron importantes fuentes de información ponencias y seminarios relevantes (3), así como en el análisis de diversas fuentes documentales. Entre los principales resultados, se constata una positiva valoración del proceso de transición hacia el RSH. Se considera cumplido un primer objetivo de instalación y funcionamiento del nuevo instrumento, lo que se asocia a la eficacia de adecuaciones técnicas y legales que posibilitan los flujos de información administrativa, esenciales para el nuevo instrumento. Se valoran las prácticas de preparación y adecuaciones que fueron parte del proceso de transición, así como el resguardo mediático desarrollado. Sin embargo, estas acciones son asociadas a una transición que, buscando generar un menor impacto público, logró menor impacto en cuanto a las mejoras e innovaciones propuestas en la etapa de diseño, produciendo más bien una sensación de continuidad. En efecto, la transición hacia el RSH todavía no permitiría extraer y articular todas las potencialidades del instrumento. Es valorada como una etapa instalación, en que se ha puesto en marcha el nuevo proceso de medición y construcción de información, más que de despliegue, en total envergadura, tanto del instrumento como del sistema en el cual se enmarca.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / En 1981 se vivió la Reforma más radical y trascendental al Sistema de Pensiones en Chile, la cual significó, según diversos autores, un cambio de paradigma a nivel mundial con respecto al tema. Esta Reforma consistió en pasar desde un Sistema de Reparto, en el que los trabajadores formaban parte de cajas de pensiones según el ámbito laboral; a uno de capitalización individual, en el que cada trabajador financia su pensión futura, las que son administradas por instituciones privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ciertos autores, como es el caso de Cerda, R. (2006) aseguran que el antiguo Sistema de Reparto, si bien al momento de la Reforma no se encontraba en estado deficitario, iba camino directo a ser incapaz de financiar solventemente las pensiones de los chilenos. Por otra parte, los efectos macroeconómicos de la Reforma para Corbo, V. y Schmidt-Hebbel, K. (2003) no son tan claros, ya que esta se hizo en conjunto con una Reforma Fiscal destinada a aumentar de manera creíble y permanente el ahorro público, lo que contribuyó al rápido crecimiento económico logrado entre 1986-1997. A lo largo de sus más de treinta años, el Sistema de Pensiones basado en la lógica de capitalización individual, ha sido criticado en diversos aspectos, entre estos destaca la inelasticidad de su demanda, producto del exiguo conocimiento sobre el sistema que tienen los cotizantes, en especial aquellos cotizantes más jóvenes o con poco tiempo en el sistema. Lo anterior, junto con la baja competencia existente en la industria, hacen que el sistema no funcione correctamente y que deriven de él, bajas pensiones para los cotizantes, ya que el buen funcionamiento del sistema requiere de “consumidores” activos e informados y de una alta competencia en el mercado, que lleve a que los precios para los clientes sean cercanos al costo marginal que significa para las AFP un afiliado más y, que las rentabilidades sean altas para los niveles de riesgos considerados. Con el fin de mitigar los problemas que ha presentado el actual sistema de pensiones, se han implementado distintos cambios, entre los más destacados encontramos: la Circular Nº998 de Diciembre de 1997 y la Reforma Previsional llevada a cabo el 2008. La emisión de la Circular N°998 se gatilló dado que en la década de los 90’s la competencia entre las AFP era bastante intensa, con entrada de nuevas administradoras, fusiones y adquisiciones. Sin embargo, esto no se tradujo en mayor eficiencia y menores costos para el sistema, sino por el contrario, en altos costos operativos y especialmente comerciales. Lo anterior, era acompañado por un elevado nivel de traspasos de afiliados entre AFP, motivados fundamentalmente por retribuciones directas que entregaban los vendedores a los afiliados que se cambiaban de administradora, convirtiéndose, como asegura Berstein (2011), en un costo no sólo económico, sino también, de imagen para el sistema. Dado lo anterior, y con el fin de regular la competencia, la Superintendencia de AFP decretó esta Circular, la que estableció mayores requerimientos para el traspaso de afiliados entre AFP. Lo anterior derivó, de acuerdo a lo planteado por Berstein y Ruiz (2005), en una reducción importante de la competencia en el sector respecto, no sólo al número de vendedores, sino también, a las variables consideradas relevantes en la toma de decisiones. Como se mencionó con anterioridad, posterior a la Circular N°998 el mercado se fue concentrando, disminuyeron significativamente los traspasos, aumentaron fuertemente los retornos sobre patrimonio y se redujo el número de administradoras de fondos, es por ello que, en el año 2006 se realizó un diagnóstico del Sistema de Pensiones, a cargo de la Comisión Marcel, en el que se identificaron aquellas falencias a las que debía darse solución en la Reforma que se llevaría a cabo. Es así, como a partir de éste estudio se concluye que, además de la concentración de mercado, existía una estructura de precios demasiado compleja para la comprensión de los afiliados Es así como en Diciembre de 2006 comienza la tramitación de la Ley de Reforma Previsional en el Congreso, en la que se incorporan las posibles soluciones a las falencias identificadas por la Comisión. Con respecto a temas de competencia en el mercado de las AFP y participación de los cotizantes, aspectos centrales de este informe, destacan la licitación de nuevos afiliados a la AFP de menor precio, la separación de la provisión del seguro de invalidez y sobrevivencia, cambios en la estructura de precios, flexibilización de la subcontratación de servicios y la autorización para la formación de una AFP como filial de una compañía de seguros, pero fortaleciendo al mismo tiempo el giro único. Ya con más 5 años desde la aprobación de la Reforma, es prudente analizar las consecuencias de esta. Para efectos de este estudio se examinará el impacto que tienen las medidas antes mencionadas sobre la competencia, y específicamente sobre el nivel de traspasos de afiliados entre AFPs, ante las variables importantes (precio y rentabilidad). Para ello se ha planteado como hipótesis central que la Reforma efectivamente tuvo un impacto positivo sobre la sensibilidad de los traspasos ante las variables importantes y, como hipótesis secundarias, en primer lugar, que basta con las variables importantes para describir el número de traspasos; y en segundo lugar, que los afiliados del fondo A responden en mayor medida a la rentabilidad, en comparación a los afiliados del fondo C y E. Para comprender lo anterior, se ha propuesto analizar dos períodos del sistema de capitalización individual, mediante distintas metodologías de estimación, ols-pooled y datos de panel con efectos fijos; y a su vez, modelos que consideran solo las variables que debiesen considerarse relevantes y, otros que además incluyen variables que si bien en teoría no debiesen jugar una rol directo en la decisión de los afiliados, pareciesen sí hacerlo en la práctica. El primer panel considerara los datos mensuales previos a la implementación de la Reforma, entre 2005 y 2008, y el segundo, el período comprendido entre los años 2009 y 2013. En la sección 2 de este informe se describirán aspectos fundamentales del trabajo de la Comisión Marcel y su influencia en la Reforma Previsional. Dentro de la sección 3 se analizan los factores determinantes para la sensibilidad de demanda. Por su parte, en la sección se entregarán detalles sobre los datos utilizados y los modelos que seguirán las estimaciones, y, finalmente en la sección 5 se expondrán los resultados y las respectivas conclusiones del estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro de los estudiosos de la política, en su concepción conciliadora de los “asuntos públicos”, se encuentra la Escuela Institucionalista; la cual plantea que el Estado existe en la medida que sus instituciones son capaces de responder a las demandas de la población. En tanto los deontológicos señalan en sus planteamientos que el Estado existe en tanto es capaz de orientar su accionar a la consecución del bien común. En este sentido, el rol del Estado, entendido como el modo, ámbito y grado en el que el Estado y sus instituciones participan en el desarrollo, es fundamental. Esta participación se ve influenciada por la comunidad, el gobierno de turno, el contexto económico y la política internacional. Llevando este concepto al Estado chileno, se puede ver, como señala el profesor Eduardo Araya Moreno, que “sin duda los antecedentes inmediatos existentes muestran un relativo consenso en torno al rol del Estado en Chile. La construcción de un Estado llamado subsidiario, en el contexto de una dictadura de larga duración, con un poder concentrado de los medios de comunicación y represión al disenso, probablemente impidió que esta discusión tuviera lugar de manera ampliada. Sumado a ello los razonables éxitos en el manejo macroeconómico y la generación de una nueva estabilidad social y política neutralizaron la posibilidad de una discusión sobre el rol del Estado. Simplemente se lo redujo de manera ostensible, tanto en lo referente a su papel, a sus capacidades y a sus recursos”1. Ahora bien, el problema se orienta hacia cómo las políticas públicas, entendiendo por tales los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objeto público definido en forma democrática y desarrollados por el sector público2, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado, reflejan un ejercicio adecuado de las funciones que tiene el Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A contar del 1 de julio de 2005 comenzó a regir la Ley 1966, también denominada AUGE, que establece un sistema de acceso universal con garantías explícitas en materia de salud, el cual contempla los mecanismos legales necesarios para establecer e implementar el "Régimen de Garantías en Salud" que, en síntesis, implica dotar al Ministerio de Salud de las atribuciones necesarias para definir un conjunto priorizado de enfermedades y condiciones de salud y las garantías explícitas que tendrán las prestaciones de salud asociadas a ellas. La reforma al sistema de salud, importa un enorme desafío para el Estado, por el que garantiza a todos los usuarios tanto del sistema público como privado de salud, el acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera en esta materia. En la práctica, es posible advertir que los recursos públicos son insuficientes para dar cobertura a las garantías establecidas por la ley, por tanto, se hace necesario buscar alternativas dentro de la propia legislación vigente, que permitan al Estado dar cumplimiento a las obligaciones que ha contraído con ocasión de la reforma al sistema de salud. En razón de ello, la presente memoria de licenciatura, tiene por objeto determinar la factibilidad jurídica de la actuación de particulares en la prestación de acciones de salud dentro del sistema estatal, como uno de los posibles mecanismos que posibiliten el cumplimiento de los fines que el legislador ha tenido en mente al elaborar la reforma al sistema de salud, mediante la explotación de la capacidad hospitalaria pública actualmente existente, lo que importa un mayor aprovechamiento de los recursos fiscales y en definitiva una opción eficiente y menos onerosa de dar real y efectivo cumplimiento a las garantías establecidas en la ley. A través del análisis de la normativa vigente en materia de seguridad social y las reformas introducidas a esta normativa a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1996, daremos por establecida la factibilidad jurídica de la incorporación de privados en la prestación de acciones de salud, algo que estaba reservado exclusivamente a los órganos estatales dependientes del Ministerio de Salud.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio de caso analiza, desde del modelo de implementación de política pública del institucionalismo centrado en actores el caso de una política pública con componente psicosocial. Para ello toma específicamente una política pública de Chile, Chile Crece Contigo (CHCC), que es un sistema de Protección Integral a la Infancia y dentro de ella el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), de cobertura universal, cuyo propósito es garantizar trayectorias equitativas para los niños y niñas desde el nacimiento, a través de la entrega de elementos prácticos y educativos a las familias que atienden su parto en los Servicios de Salud del país. El abordaje integral de esta primera infancia supone el trabajo interdisciplinario e intersectorial, en el cual el psicólogo tiene incumbencia en distintas instancias y para lo cual representa un desafío en lo que puede aportar y ser interpelado de parte de la política pública. Sin embargo existe muy poco conocimiento sobre la implementación del PARN y el componente psicosocial de sus intervenciones. La investigación pretende conocer las restricciones y posibilidades dadas por la aplicación del institucionalismo centrado en actores en el diseño institucional del PARN por parte de los profesionales que intervienen y en particular del psicólogo. También se pretende realizar aportes a la implementación de política pública y particularmente, al campo disciplinar del psicólogo que dedicado a lo público, a menudo se inserta en escenarios institucionales complejos que precisa entender e instrumentar. El objetivo general es analizar el efecto que conlleva para el campo técnico del psicólogo las particularidades del proceso de implementación de la política pública Programa de Apoyo al Recién Nacido desde el marco teórico del institucionalismo centrado en actores. La investigación apunta a responder cuáles son los mecanismos y dinámicas de implementación de un programa con componente psicosocial como es el Programa de Apoyo al Recién Nacido y qué rol cumplen los actores de este proceso, así como qué factores del diseño institucional del PARN generan condiciones de posibilidad y/o limitaciones a la intervención de los implementadores, en particular de los psicólogos. Esta investigación consiste en un caso único, abordado desde un enfoque exploratorio-descriptivo. Se utiliza una metodología cualitativa para explorar y describir el funcionamiento de las redes de actores participantes en el proceso de ejecución del Programa. Para ello se estudian fuentes documentales y se realizan entrevistas semiestructuradas con el fin de recabar información de los actores participantes, las que son interpretadas en base a un análisis de contenido cualitativo. Entre las principales conclusiones obtenidas, se puntualiza que existe un desafío latente de poder realizar aportes al ámbito de esta política pública desde las categorías conceptuales y formas de intervención del psicólogo, así como la existencia de una institucionalidad cerrada del Programa que limita el campo de operación de los actores.

D.L. A 1163-2006

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Si bien es cierto que no es posible dar protección en materia de Seguridad Social a todos los trabajadores chilenos que se trasladen a otros Estados a prestar servicios, no deja de ser importante que el Estado de Chile trate de dar cobertura a la mayor cantidad de trabajadores posible mediante la firma de los Convenios de Seguridad Social. Es por ello que en los Tratados suscritos por Chile se establecen de forma clara y precisa las prestaciones a las que se puede acceder y los procedimientos establecidos para la obtención de estas, siendo estos expeditos y ágiles a fin de que los trabajadores beneficiarios no sufran ningún perjuicio

Tesis (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo parte de un marco teórico general sobre la importancia de la salud en las personas para la Seguridad Social, y el papel fundamental que desempeñan los medicamentos en la protección de la salud en cuanto bienes esenciales para atender esta necesidad vital y fundamental.