Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este estudio nos muestra cómo operaba la Seguridad Social en nuestro país antes del actual sistema de AFP, esto es, durante el período comprendido entre los años 1924-1980. En el primer capítulo abarcamos la problemática de la cuestión social y el estado de bienestar, para continuar en los capítulos siguientes dando un enfoque directo a la previsión social, identificando las principales cajas previsionales de la época y los beneficios que estas otorgaban a sus imponentes. La investigación se abordó en forma documental. Con una primera fase de carácter descriptivo, se accedió a las bases y evolución histórica de la seguridad social, en la idea de generar un relato que permitiera fijar el contexto y pilares de la discusión del ámbito previsional en Chile en las décadas anteriores a la reforma del año 1980. Como respaldo y corolario de lo anterior se realizó un estudio de casos recurriendo a la revisión y análisis de títulos inmobiliarios. Existiendo una crítica sostenida a los resultados del sistema de seguridad social impuesto en la década de 1980 , resulta del todo necesario revisar el pasado previsional chileno para comprender mejor al alcance de estas críticas. Este trabajo resulta útil para quienes deseen obtener información respecto al sistema previsional operante en la época que aborda el estudio. El lector podrá de tal forma conocer los beneficios que se otorgaban en la Caja del Seguro Social, en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, en la Caja de Empleados Particulares, principalmente, y así tener un parámetro de comparación respecto a la actual institucionalidad existente en la materia.

Magíster en Economía Aplicada / Ingeniero Civil Industrial / En trabajo se realiza un análisis normativo del seguro de desempleo chileno. Este programa combina las cuentas de ahorro seguros de desempleo ( UISA Unemployment Insurance Saving Accounts ) con el seguro tradicional desempleo (UI Unemployemnt Insurance). El objetivo del trabajo es determinar el esquema de incentivos óptimos considerando características del sistema chileno. Se modela como un problema principal-agente repetido, con un agente ( trabajador ) adverso al riesgo, y un principal (gobierno) neutral al riesgo. En este modelo el principal no puede observar el esfuerzo del agente, por tanto existe un problema de riesgo de moral de no esforzarse en buscar trabajo . En el modelo, el agente se ve obligado a ahorrar parte de sus salarios, que se almacenan en cuentas individuales. Trabajos empíricos muestran que al incorporar cuentas individuales se disminuye el riesgo moral, debido que el agente internaliza el costo del seguro de desempleo. Se busca determinar en que situaciones los incentivos de las cuentas de ahorro son efectivos . Se obtiene que los beneficios en el desempleo deberían disminuir en el período de desempleo. Pero, si la rentabilidad de los ahorros individuales es baja, el esquema óptimo es similar al tradicional (UI) , debido a que el principal prefiere financiar el desempleo sólo con transferencias directas. Por otro lado, si la rentabilidad es alta , existe ahorro, y se utilizan las cuentas. Si las transferencias son fijas, es decir, el impuesto y el seguro no pueden ser modificados por el principal, esto implica que la única manera de financiar los valores prometidos superior al mínimo solidario, es a través de las cuentas , por tanto, tiene una mayor importancia y el ahorro debe ser distinto de cero. El consumo es decreciente en los periodos de desempleo, cuando el trabajador tiene ahorros. Cuando se acaban los ahorros, es constante. Luego se modifica el modelo, agregando el estado de retiro al sistema de desempleo, el cual corresponde a una pensión constante durante los periodos siguientes al retiro, financiado por ahorros del salario y por las cuentas de desempleo que no se utilizaron. Si es mayor el uso de cuentas de ahorro, es menor el consumo en el retiro, lo que significa un incentivo adicional a buscar trabajo estando desempleado. Por otro lado, al aumentar la edad aumenta la probabilidad de retiro del trabajador, y las cuentas debieran ser más altas, por tanto existen incentivos mayores a retirarse, y es más difícil para el principal incentivar a seguir buscando trabajo. Se caracteriza la solución óptima, la cual va depender del monto ahorrado y el valor prometido de utilidad actual. Si el valor del ahorro es bajo los beneficios deben ser decrecientes durante el período de desempleo hasta igualar el valor del retiro, y luego mantenerse constante a partir de ese punto si el valor del ahorro es alto, los beneficios deben ser crecientes hasta alcanzar valor de retiro, a partir del cual se mantienen constantes.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La idea de colocar la protección social en la perspectiva de valor público permite a los gerentes públicos a que se embarcan en una nueva perspectiva en la reconstrucción de la forma en que se acercan a la erradicación de la pobreza. Mientras que los modelos de gestión tradicional y de la nueva gestión pública tienen sus puntos fuertes en términos de asegurar la eficiencia y la rendición de cuentas en las actividades de una organización, sugieren limitaciones al no abordar cuestiones claves de valor público, como la democracia deliberativa, la autorización y el apoyo, y en cierta medida la transparencia. Este estudio se refiere a la forma en que los gestores públicos pueden traducir el concepto abstracto de valor público en una forma empírica. Es decir, la investigación se guía por la pregunta de qué dimensiones de valor público estaban en proceso de creación por el Programa Puente y qué medidas se han adoptado para garantizar su creación. Por lo tanto, el objetivo principal es investigar la fase de implementación del Programa Puente con la finalidad de determinar en qué medida las estrategias puestas en práctica garantizan adecuadamente el cumplimiento de valor público. Al tratar de responder adecuadamente a esta pregunta de investigación, el estudio, que es de naturaleza cualitativa, adopta un enfoque exploratorio y descriptivo, mientras que la revisión de datos de segunda mano en la teoría del valor público, los modelos tradicionales y nuevos de gestión pública, los componentes de protección social, así como algunos resultados de evaluaciones de impacto que buscan complementar el análisis de la creación de valor del Programa Puente. Además de esto, el estudio consta de tres objetivos específicos. La primera corresponde al análisis de la cadena de valor del Programa Puente, que facilita la comprensión de las actividades y elementos que forman parte del proceso de creación de valor. El segundo objetivo corresponde a un análisis del public value scorecard creado por Mark Moore, el cual permite una mayor investigación sobre la capacidad organizacional que dirige el programa. El tercer objetivo busca sintetizar estos hallazgos y formular ideas que se pueden transferir lógicamente a la experiencia de valor público de Jamaica. En este estudio se entiende que una tarea esencial de gestión que se debe realizar en el contexto de valor público es la definición de las dimensiones de valor, o propuestas de valor, las cuales son definidas por el mandato político. El Programa Puente ofrece apoyo psicosocial a través de un Apoyo Familiar quien, de acuerdo con los resultados de este estudio, desempeña un papel integral en el proceso de creación de valor del programa. Los Apoyos Familiares buscan no sólo ayudar a las familias para que logren cambios positivos en su nivel de vida, sino también, orientarlas en acceder a la red local de beneficios, y ayudarlas en lograr una mayor autonomía e integración social. Asimismo, otro elemento clave en el proceso de creación de valor es la red local de los beneficios sociales que busca promover la protección social inclusiva para familias pobres e indigentes a través de modelos de gestión integral. En la misma nota este estudio también identifica que el desarrollo de un sistema robusto de medición de gestión es clave para el monitoreo de la creación de valor público. Estos indicadores de desempeño también deben crear valor, en el sentido de que deben ser adecuados, integrales, democráticos y transparentes y de confianza. En muchas áreas del Programa Puente se presentan deficiencias en el desarrollo de indicadores de medición adecuados, y esto se observa como un retroceso significativo en el proceso de monitoreo de la creación de valor. En conclusión, este estudio considera que el concepto de valor público actúa de guía para orientar el trabajo directivo en preocuparse por algo más que el cumplimiento de objetivos o indicadores. Exige la consideración de todos los stakeholders, así como del bienestar de la población y sus opiniones. Este enfoque renovado de la gestión del sector público será realmente una guía para el gerente en el diseño de mejores políticas de protección social que son inclusivas y más sostenibles para la población indigente y vulnerable en la esperanza de crear una sociedad mejor.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En las últimas décadas, se ha tendido a usar cada vez con una mayor frecuencia el concepto de "focalización" para referirse a la metodología que tienen como principal objetivo el caracterizar y priorizar a los beneficiarios de las diferentes políticas publicas que impulsa el Estado o a quienes postulan a ellas. Esta focalización se basa en el uso de distintos instrumentos de apoyo para la asignación del gasto social, teniendo como principio orientador el concentrarlo en aquella población con menores ingresos; buscando un equilibrio entre la reducción del gasto en el presupuesto fiscal, y a la vez asignarlo con un enfoque social, teniendo como objetivo final el reducir la pobreza (Raczynski, 2005). Por ello, esta metodología contrapone visiones sobre políticas focalizadas con respecto a políticas de tipo universales en cuanto a la forma de asignación y distribución del gasto. En esta perspectiva, se considera indispensable para implementar una adecuada política de focalización contar con estudios de diagnósticos sobre la magnitud, localización y características de los distintos sectores beneficiados de la política social. En el año 1985, el Estado diseña la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Social (CASEN), que utiliza una metodología de diseño muestral aleatorio, representativo de la situación de los hogares y de la población en un momento determinado. Desde ese año ha sido implementada con una periodicidad bienal y trienal. El presente estudio de caso, de carácter descriptivo, tiene por finalidad revisar y analizar determinadas características sociales de la población conforme a la información entregada por la Ficha de Protección Social (FPS), para el mes de diciembre de 2010 y la información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), aplicada entre los meses de noviembre de 2009 y febrero de 2010, en la misma división política-administrativa, a ser Región de O´Higgins, Provincia de Cachapoal, Comuna de Rancagua. Esta versión de la implementación de la encuesta CASEN, posee una relevancia especial, dado que es la última que cuenta con representación comunal de los datos, dado que en las versiones posteriores (2011 y 2013) esta diferenciación territorial no fue considerada en el diseño muestral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En estos últimos 30 años, Chile ha vivido una profunda reestructuración en el ámbito previsional, y desde un tiempo atrás los cambios han tenido un marcado perfil social. Pues en el año 2008 comenzó a regir la ley 20.255 que fijó un sistema de pensiones solidarias. Esta reforma buscó llegar a los sectores no considerados por el sistema de capitalización individual introducido por el D.L. 3500 de 1980 y cuya última gran modificación fue en 2002, cuando se incorporaron los Multifondos. Ambas reformas tuvieron como objetivo dar pensiones dignas a aquellos chilenos que ya están o van estar fuera del mercado laboral, siendo la ley 20.255 de 2008 un complemento al sistema ya existente y una carga para el Estado, y los Multifondos introducidos en 2002, un perfeccionamiento al sistema previsional imperante desde 1980 en nuestro país. Si bien estas reformas buscan mejorar la previsión en Chile, estas también dejan cuestionamientos sobre su eficacia y funcionamiento a futuro, al ver la dependencia tanto del D.L. 3.500, como de la ley 20.255 de sus variables económicas que a continuación expondremos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca determinar el grado de avance, en términos cuantitativos y cualitativos, de la normativa previsional atingente a las adultas mayores en nuestro país, a fin de atribuir el resultado a la adecuación normativa de las recomendaciones internacionales imperantes en Chile. De este modo, se examina la normativa previsional que ha acompañado durante las tres últimas décadas a la población femenina adulta mayor, dando cuenta de las implicancias de la misma en este grupo poblacional, a través de realidades sociales descritas mediante la utilización de estadísticas otorgadas por organismos afines, como así mismo, cotejando la normativa previsional y el entorno que secunda a las adultas mayores en Argentina, Bolivia y Venezuela, con el de nuestro país, extrayendo los ejemplos normativos que pudieran seguirse en Chile. Junto a esto, se confronta toda esta información con las pautas otorgadas por los diversos tratados, pactos y convenciones celebradas al efecto, determinando el grado de cumplimiento de nuestro país a las recomendaciones y directrices dadas por organismos internacionales, señalando las implicancias que esto ha aparejado para el robustecimiento del tratamiento de las adultas mayores en la normativa previsional. Asimismo, se concluye que el Sistema Previsional ha acogido las reales necesidades de las adultas mayores, enfocándose en brindar una autonomía económica, reivindicando la maternidad, el trabajo doméstico, otorgando condiciones favorables para que las mujeres activas se desenvuelvan laboralmente, y logren acumular fondos suficientes para una pensión digna. Pese a lo cual, las medidas implementadas parecen proyectarse a largo plazo, pues no ofrecen mecanismos de sustentabilidad económica.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En esta tesis, se estudió el impacto en las remuneraciones de las madres trabajadoras que generó la extensión del periodo de descanso por maternidad chileno a través de la implementación del permiso postnatal parental (PPP). En lo específico, se buscó identificar la cuantía del efecto sobre los salarios de las mujeres trabajadoras beneficiarias, tanto como si la implementación del beneficio generó en el mismo grupo, efectos diferenciados según su nivel de ingresos. Lo anterior, se realizó mediante una evaluación cuasi experimental que explota una ventana temporal ocasionada por la implementación del beneficio, a través de la metodología de diferencias en diferencias (DD), utilizando como grupo de tratamiento a las trabajadoras beneficiarias del permiso postnatal parental recién creado (168 días) y como grupo de control a las trabajadoras beneficiarias sólo del descanso postnatal sin la extensión (84 días). De esta manera, se buscó el efecto del mencionado permiso en los salarios de las madres trabajadoras a 6, 8, 12, 18 y 24 meses después del nacimiento del hijo. Para esto, se vincularon y utilizaron los registros administrativos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC). El presente estudio concluye que la implementación del permiso generó un impacto negativo en las remuneraciones de las madres beneficiarias a corto plazo (6 y 8 meses), observándose impactos positivos a largo plazo (12, 18 y 24 meses). A su vez, el análisis por rango de remuneración arrojó como resultado que la implementación del PPP provocó una disminución en las remuneraciones de las trabajadoras pertenecientes a los rangos de remuneración más altos. La magnitud de estos resultados no supero el 10% del ingreso mínimo de cada tramo.

Magíster en Estudios Internacionales / Este estudio tiene por objeto identificar, bajo un enfoque constructivista, los desafíos que se presentan en la gestión de una transferencia en Cooperación Internacional Sur-Sur en Latinoamérica, por medio del análisis de la Primera Fase (2009) de Cooperación Chileno-Paraguaya en la transferencia del Programa Chile Solidario hacia el Paraguay (Paraguay “Säso Pyahu”). Empleando una metodología cualitativa y en una doble dimensión exploratoria-descriptiva, el estudio hace uso de fuentes primarias (análisis bibliográfico/documental, entrevistas y cuestionario a autoridades de Chile y Paraguay) y secundarias, que permiten concluir que: la presencia de fragilidades institucionales de un país receptor de cooperación, incluyendo el grado de madurez de las estructuras institucionales vinculadas a la transferencia en cooperación internacional, tanto del país demandante como del oferente, y, acuerdos o voluntades políticas que en uno y otro país muchas veces superan el ámbito de la cooperación, plantean dificultades que desafían la institucionalidad de ambos países, así como la necesidad de un proceso de construcción conjunta de cooperación y transferencia. En ello, se inferirá: la necesidad de fortalecer antedichas institucionalidades; la necesidad de un claro conocimiento de las limitaciones y posibilidades reales de cooperación y transferencia, en torno a las cuales se cimenten mutuas expectativas; la necesidad de acuerdos preliminares entre los países cooperantes; y, por tanto, la necesidad de un claro conocimiento de la realidad local en cuanto a las condiciones existentes y las necesarias de asegurar para que una transferencia tenga resultados esperados, siendo monitoreable y verificable.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es establecer cómo el principio de la solidaridad, entendida desde su concepción romana de responsabilidad solidaria o “responsabilidad in solidum”, que refiere a aquella que deriva de una obligación contraída por varias personas conjuntamente, fue traspasando los planos de lo estrictamente legal, hasta ser considerado hoy en día como un concepto que constituye uno de los pilares fundamentales en los que, además de la subsidiariedad, deben cimentarse las sociedades. Es así como la “solidaridad” se presenta en un nivel individual, desde donde debería proyectarse hacia los demás, y también en un nivel colectivo, tanto en el ámbito de lo privado en una pequeña escala (agrupaciones de voluntariado, Fundaciones de beneficencia, etc.) y en el ámbito estatal, donde este principio se aplica a gran escala, en educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otras áreas. En éste último campo, es decir, la seguridad social, este principio ha existido desde sus inicios. En principio, su existencia y aplicación era desformalizado, y la solidaridad quedaba principalmente en manos de las familias que se hacían cargo de las personas en situación de vejez o de la caridad. La seguridad social, tiene dentro de sus objetos prevenir aquellos riesgos financieros a que todos nos enfrentamos al momento de envejecer, que son: Que viviremos más años luego de finalizar la edad laboral en que somos capaces de generar ingresos propios, Agotar los ahorros por tener una vida inesperadamente larga, Llegar a la vejez en situación de indigencia. Para prevenir estos riesgos de la vejez es que los gobiernos han establecido sistemas de pensiones que aseguren a las personas contra los riesgos de pérdida. Existen dos mecanismos para asegurarse contra los riesgos de la vejez: autoaseguramiento, individualmente o capitalización individual y, seguro de mercado, colectivamente o sistema de reparto. En el primer mecanismo, los individuos ahorran, ya sean ordenados por el Estado o voluntariamente en cuentas individuales mientras son capaces de trabajar a fin de obtener ingresos para la vejez. En el segundo mecanismo, o sistema de reparto, los individuos contribuyen a un fondo común de dinero o pagan una prima a una compañía de seguro de manera regular, en términos que las pérdidas individuales se cubren con los fondos colectivos. En América Latina, se inició en Chile en 1981, una serie de reformas estructurales a los sistemas previsionales de la Región, que luego continuaron en la década del 90 en los demás países Latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Colombia, el Salvador, México, Perú, Uruguay, mientras que Costa Rica, república Dominicana, Ecuador y Nicaragua decretaron sus respectivas reformas en los años 2000 y 2001. Estas reformas tuvieron por objeto una transición de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales de ahorro ordenados por el Estado, que se basaron en una estructura de pilares múltiples, donde los tres principales son: primer pilar de prevención de la pobreza en la vejez, establecido y administrado por el estado, segundo pilar de capitalización individual, ordenado por el estado y administrado privadamente tercer pilar de incentivo gubernamental al ahorro voluntario, que es incentivado por el Estado y administrado por privados. Estos pilares estaban presentes en el sistema previsional establecido por el Decreto Ley 3.500 de 1980 y se han mantenido en la estructura de la Reforma Previsional de la Ley 20.255 de 2008, donde se puso énfasis en el pilar solidario como principio rector de la reforma. La Ley 20.255 de 2008 crea un nuevo pilar solidario, que cambia las antiguas pensiones mínimas y PASIS por las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional voluntario. El presente trabajo recoge los principios generales que rigen la Reforma previsional de la Ley 20.255, analiza la historia fidedigna de la creación del nuevo pilar solidario y los beneficios que en virtud de él se establecen como complemento del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿Por qué hacer una reforma al sistema previsional? El sistema de pensiones creado por el D.L. 3.500 del año 1980, no ha experimentado cambios legales en su sustancia desde que se implementó. Es decir, el sistema contributivo de capitalización individual para la vejez no ha sido alterado. En general, existen distintas opiniones sobre la legitimidad y la eficacia del sistema, sobre el aporte que éste ha realizado al país y sobre la eficacia de éste al momento de su aplicación. Hay quienes señalan que por su origen político, creado, discutido y promulgado en el período del gobierno militar, significa que éste adolece de falta de legitimidad y que, por tanto, tiene un carácter autoritario que por sí mismo amerita una reforma sustancial. Hay otros, en cambio, que señalan que el sistema ha traído grandes beneficios para los cotizantes y para el país en general. Señalan que el sistema funciona de acuerdo a lo previsible, los trabajadores dependientes cotizan con regularidad, las administradoras de fondos de pensiones cumplen con sus obligaciones legales y los afiliados tienen propiedad sobre sus fondos para la vejez, los que son administrados con seguridad. De paso, señalan que el sistema también ha tenido efectos positivos en el sistema financiero y en el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales del país, los que redunda en un beneficio económico para todo el país. Sin embargo, a pesar de las distintas visiones, existe unanimidad respecto a la necesidad de introducir cambios al sistema previsional chileno, para así adecuarlo a los nuevos requerimientos a que es sometido en la actualidad y a los que será sometido en el futuro.