El presente trabajo de investigación destinado a la obtención del grado académico de Magíster en DERECHO DE LA EMPRESA CON ESPECIALIDAD EN REGULACIÓN DE NEGOCIOS, tiene como justificación determinar si el ordenamiento jurídico ha estipulado de manera clara si los reclamos de los usuarios finales de servicios brindados en condiciones de competencia por las entidades prestadoras que explotan Servicios Públicos e Infraestructura de Transporte de Uso Público deben ser tramitados ante los organismos reguladores (OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI). La investigación parte de la base que la defensa de los usuarios se constituye como una de las principales bases de nuestro régimen constitucional económico, especialmente en los mercados de los servicios públicos, donde existe poder monopólico de las empresas prestadoras. En ese orden de ideas, se ha analizado la teoría económica que justifica la protección de los usuarios dentro de una economía de mercado, así como la teoría de la regulación económica que explica la intervención de los organismos reguladores en los mercados de servicios públicos, la normativa específica en cada uno de los sectores bajo la competencia administrativa de los organismos reguladores, que incluye el estudio de los reglamentos emitidos por cada uno de estos en ejercicio de función normativa, en donde se logra evidenciar la diferente interpretación que ha realizado cada organismo regulador de la función de solución de reclamos establecida en el literal f) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, finalmente, determinando que la solución más eficientes por economías de alcance es la regulada y asumida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (OSITRAN), el cual resuelve los reclamos tanto de los mercados bajo su supervisión en los que aplica regulación económica y social.

La investigación elegida es de suma importancia debido a que en nuestro contexto nacional son muy frecuentes los casos en los que los funcionarios o servidores públicos se coluden con un particular interesado en el marco de las contrataciones y adquisiciones estatales, pretendiendo impunidad de sus delitos al señalar la imposibilidad de comisión de actos colusorios en la fase de ejecución contractual de los mismos. Esta es la razón por la cual amerita ser dilucidado dicho tema, a fin de formarnos un criterio dogmático y jurisprudencial uniforme. Además, de contar con una perspectiva que nos permita establecer claramente la existencia o no de la responsabilidad penal por la comisión del delito de colusión en supuestos posteriores a la elección del postor y otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, el presente artículo tendrá como objetivo analizar el procedimiento de ajuste tarifario de los servicios públicos de telefonía como posible contexto de comisión del delito de colusión. Para ello, examinaremos el Recurso de Nulidad Nº 341-2015, el cual fundamenta como argumento central que el procedimiento de ajuste tarifario se trata de un mero procedimiento administrativo, en el que sería imposible enmarcarse en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas, por lo que debería ser considerada atípica la conducta colusoria de los procesados y declarar su absolución. El marco metodológico del presente trabajo reposa en la importancia de protección de los bienes jurídicos, específicamente el de la imparcialidad de la actuación del Estado en el contexto de las contrataciones y adquisiciones públicas, con el cual demostraremos que es perfectamente posible la comisión

Para nadie es un secreto que el territorio del Perú es altamente propenso a situaciones de emergencia, las que pueden ser tanto fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huaycos, etc.), así como desastres causados directamente por la acción del hombre (conflictos sociales, atentados terroristas, etc.). Y, si de situaciones de emergencia estamos hablando, necesariamente debemos referirnos al terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2018, el cual lamentablemente causó graves daños materiales y pérdidas de cientos de vidas humanas. Es así que, luego de tener cierto acercamiento en un trabajo anterior con el tema del terremoto del 15 de agosto, surgieron muchas interrogantes respecto del rol de las telecomunicaciones en las situaciones de emergencia. Como consecuencia de dichas dudas y planteamientos, es que surgió el interés por investigar a más profundidad este tema desde un punto de vista jurídico, considerando también que muy pocos estudios se han realizado desde esa óptica en la doctrina nacional. Es así que, la presente investigación pretende abordar temas referidos a la importancia de los servicios de telecomunicaciones tanto públicos como privados antes, durante y después de un desastre; su regulación actual tanto en el ámbito internacional como nacional; y, sobre todo, plantear los desafíos y metas que significan para el Derecho Administrativo la regulación nacional actual de los servicios de telecomunicaciones en emergencias.

El artículo tiene como eje principal el control de concentraciones en el sector eléctrico y se realizarán apuntes desde el derecho administrativo. Así, el asunto particular a desarrollar en el texto comprenderá una revisión general del procedimiento de autorización (etapas, recursos, infracciones al procedimiento), y se incorporará en dicho análisis resoluciones emitidas por la Comisión y/o Tribunal relevantes en la materia desde el año 1997 hasta la actualidad. La investigación atiende a un tema altamente sensible en el derecho de la competencia, pues en defensa de la libre competencia son dos herramientas las empleadas para promover una eficiente asignación de los recursos en el mercado: el control de conductas y el control de estructuras. A pesar de la importancia y el tiempo que viene empleando la autoridad de competencia ambas herramientas, en Perú no se ha realizado un estudio del procedimiento de autorización de concentraciones en el sector eléctrico. Como aporte académico, considero necesario presentar el detalle del procedimiento de autorización y su reflejo en la casuística desarrollada por Indecopi. Esto nos permitirá ver de forma más clara el real alcance que ha tenido el control previo hasta la actualidad. Para lograr el objetivo propuesto, el artículo comprenderá la base del control de concentraciones y las razones de su implementación. Otorgándole al control previo una base firme, el propósito de la investigación no se centra en criticar su aplicación o debatir sobre su conveniencia, siendo ambos temas ampliamente debatidos desde el año 1997 e incluso hasta la actualidad (2019) a partir de la publicación del Decreto de Urgencia 013-2019, sino que se pretende de forma objetiva presentar la labor realizada por la autoridad de competencia en aplicación de dicho control. Así, el artículo busca a modo de guía, introducir los detalles del procedimiento, como los plazos, recursos y resultados, así como un análisis de los casos que permitan ilustrar de una mejor manera el verdadero aporte de la agencia de competencia en esta área.

La presente investigación se circunscribe en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando analizar retos regulatorios actuales en ese sector. Se trata de un mercado dinámico que, en las últimas décadas, ha buscado evolucionar a la par de las mejoras tecnológicas y dar políticas que permitan mayor competencia, en favor del usuario. El objetivo fue analizar dos tipos de abordaje que se le puede dar a un nuevo reto, detallando el contexto en el que surgieron, cómo se diseñó la estrategia y cuáles fueron los resultados observables. El primero, sobre Operadores Móviles Virtuales, parte de una política pública nacional, por lo que puede evaluarse los objetivos planificados y cuál es el estado actual. El segundo ejemplo parte de la experiencia comparada para constatar la diferencia de tratamiento de un mismo caso entre Europa y Perú, reflexionando sobre qué modelo sería más adecuado. Respecto al reto de los "Operadores Móviles Virtuales", encuentro que se trató de una propuesta interesante de política pública para incrementar la competencia en el sector sorteando la dificultad de la instalación de grandes infraestructuras. Su formulación tuvo varios elementos adecuados, como la accesibilidad, las provisiones orientadas a una sana competencia y la determinación del mandato de interconexión. Sin embargo, a día de hoy no ha producido los efectos deseados y considero que sería importante modificar algunos aspectos para darle un nuevo impulso. Respecto a los servicios de telecomunicación que he denominado "híbridos", por utilizar redes de internet y de telecomunicaciones, encontré que nuestra regulación no los ha contemplado, a pesar de que funcionan en nuestro país. Al determinar que tienen importantes similitudes con los OMV y que sí implican la prestación de servicios que ya se encuentran regulados, mi propuesta es que se amplíe la primera categoría jurídica para incluirlos, determinando las obligaciones que le son aplicables.

La investigación centra su estudio en las figuras jurídicas de caso fortuito y fuerza mayor, y analiza los sectores de telecomunicaciones, saneamiento, infraestructura de transporte y energía, en los que existe una concesión de servicios público y el deber del concesionario de brindar el servicio de manera continua e ininterrumpida. Surge ante la impertérrito del derecho administrativo en general a mantener la concepción antigua y rezagada de la definición del caso fortuito o fuerza mayor que acoge el derecho civil peruano. Por lo que, el presente trabajo académico tiene como objetivos (i) entender el concepto de fuerza mayor y/o caso fortuito dentro del ámbito del derecho administrativo; y (ii) la búsqueda de una mejor objetividad de la discrecionalidad que posee la Administración al momento de calificar un hecho como caso fortuito o fuerza mayor. En esa línea, se analiza la definición de caso fortuito o fuerza mayor y su tratamiento o regulación en el derecho administrativo, especialmente en la regulación de los servicios públicos. El estudio llega así a dos principales conclusiones (i) que fuerza mayor o caso fortuito en el derecho administrativo deben tener un mismo lenguaje jurídico sin que ello implique la pérdida o retroceso de la especialización de los diversos sectores analizados; y (ii) que cada sector debe tener su propia Directiva de calificación de fuerza mayor donde se entienda fuerza mayor o caso fortuito como como eventos irresistibles (que están fuera del control del concesionario) que pudieron o no ser previstos.

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de contar con herramientas o mecanismos que sean efectivas y eficientes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas que perjudican el mercado peruano y por ende a los consumidores ya que pueden generar sobreprecios que oscilan entre el 15% y 25% aproximadamente, teniendo como principal supuesto el de las prácticas colusorias horizontales de prohibición absoluta. En ese sentido, como se abordará el tema, la implementación de las Competition Disqualification Orders y las Disqualification Undertaking podrían ser consideradas medidas idóneas en la lucha de las referidas prácticas ya que cuenta con un efecto disuasivo (deterrence) potente que en el mediano y largo plazo generarían efectos positivos en el mercado peruano. Aunado a ello y para asegurar el cumplimiento del objetivo de la medida sub examine se comenta la importancia que otras políticas públicas tienen, con el fin de asegurar el enforcement en materia de libre competencia. De igual forma, con el fin de ilustrar la conveniencia de esta propuesta es que se recurre a la legislación comparada y la legislación peruana en otras materias para brindar aproximaciones sobre la inhabilitación funcional y compromiso de inhabilitación, las cuales resultan ser medidas más eficientes en el marco de régimen sancionador

En el presente trabajo de investigación, se incidirá en la importancia del suministro de energía eléctrica, como servicio público indispensable, principalmente en centrales hidroeléctricas y las implicancias que significa la toma del agua para su funcionamiento, siendo que es uno de los elementos naturales más cotizados al día de hoy, en una sociedad donde la globalización y el progresivo avance técnológico exige la necesidad de estar interconectados, através de un celular, computador, internet y otros necesarios en el quehacer diario y el normal desemvolvimiento de nuestras actividades. Con el fin de realizar un aporte, se ha realizado una análisis que permita la transición hacia las energías renovables, dentro un de un contexto, en el que la comunidad internacional de la Unión Europea ha creado normativa y directrices, a fin de que los gobiernos adscritos inviertan en normativas nacionales e internacionales, para fomentar y orientar a los gobiernos emprendedores a comprometerse respecto de la reducción de riesgos de los cambios climáticos, de manera sostenible con mejoras de la calidad ambiental y orientada a la generación de las energías limpias para la transición hacia las energías renovables a través de los compromisos al 2030-2050. En el Perú, contamos con Planes Nacionales al 2040, en ese sentido, se considera que para lograr una gestión de gobernanza eficiente y alcanzar los objetivos de neutralidad climática, se tome en consideración el aporte de la experiencia de España, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, que nos permita revertir el cambio climático. / Trabajo académico

El servicio de Alumbrado Público de vías, parques y plazas es brindado en el Perú, simultáneamente con el servicio domiciliario de electricidad, por empresas concesionarias de distribución. Debido a las “fallas de mercado” que caracteriza a la prestación de este servicio, el estado peruano a través del OSINERGMIN, regula esta actividad estableciendo las tarifas y llevando a cabo las acciones de supervisión necesarias para que dicho servicio se brinde de acuerdo a determinados estándares de calidad pre-establecidos.

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción.