Esta tesis tiene por objeto efectuar un análisis crítico del tratamiento o regulación de los conflictos de interés en nuestra legislación sobre sociedades anónimas (S.A.). A través del estudio teórico y doctrinario, así como mediante el análisis de casos, determinaremos si la actual regulación legal de estos conflictos de intereses de los directores de las S.A. otorga alguna protección a los accionistas minoritarios frente a sus actuaciones. Esta tesis se organiza en seis capítulos. El primero, desarrolla el concepto de conflictos de interés, especialmente en lo referente a qué se entiende por tal en la Ley de S.A. El segundo capítulo nos introduce a examinar las diferentes posiciones doctrinarias en cuanto a la conveniencia de regular los conflictos de interés. En el tercero, desarrollaremos el tema de la responsabilidad que afecta a los directores por los perjuicios provocados por actos derivados de sus funciones. El cuarto capítulo explora acerca de los distintos tipos de accionistas minoritarios y la posición que pueden adoptar para oponerse a los administradores de la sociedad anónima. En el quinto, estudiaremos algunos casos jurisprudenciales y a través de su estudio analizaremos la aplicación de la actual regulación legal de los conflictos de intereses. Concluiremos con el capítulo sexto donde proponemos algunas ideas para contribuir a mejorar nuestra legislación de sociedades, especialmente apuntando a la protección de los accionistas minoritarios. Finalmente, esta investigación termina con la formulación de las observaciones finales que se recogen en las conclusiones.

Memoria (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / La presente tesis aborda el complejo tema de la medición, cuantificación o individualización de la pena en el ámbito de la responsabilidad penal de los adolescentes. La problemática surge con el establecimiento de un nuevo sistema que regula dicha responsabilidad en nuestro país, al promulgarse la ley 20.084. Esta ley establece un catálogo propio de sanciones y una reglamentación diversa para determinar su naturaleza y extensión o quantum, distinto al aplicado a los adultos. La determinación de la pena en materia criminal es un asunto intrincado, pues involucra definiciones previas sobre el fundamento y los fines de la pena, además de la cuantificación o peso de diversos elementos de la teoría del delito, en la valoración de las circunstancias del hecho concreto y del autor. Si a esto se le suma que la responsabilidad penal de los adolescentes es especial y distinta a la de los adultos, y por ende sus principios y características influyen en esta decisión, la cuestión se torna aún más difícil. El trabajo se centra precisamente en estas diferencias y su influencia en una parte específica del proceso de determinación de las sanciones: la individualización realizada por el juez, pues el legislador proporciona reglas conducentes a la determinación de un marco penal dentro del cual se elegirá la pena concreta, pero esta última elección, sobre la sanción exacta, es la que motiva este estudio. El análisis de los criterios para llegar a la decisión final, constituye la materia principal que se aborda en esta investigación.

Tesis(para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / El estudio que a continuación emprendemos tiene por objetivo general analizar críticamente los permisos de salida contemplados en el artículo 96 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Los antecedentes teóricos que servirán de axioma a esta investigación son 3: a) La ejecución de la pena es parte del sistema penal. b) La finalidad de la pena, en la etapa de ejecución penal es la prevención especial positiva, de acuerdo con la teoría dialéctica de la unión de Roxin, como se explicará en el capítulo I. c) Los permisos de salida se enmarcan en el sistema penitenciario progresivo, que se desarrolla en un determinado momento histórico, con particulares circunstancias políticas, como también se explicará en el capítulo I

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal y criminología) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo trata de la hipótesis de tráfico de drogas a menores de edad, disminuidos psíquicos y personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación de drogas en el Derecho Penal Español, contemplado como figura agravada en la regulación del Código Penal relativo a los delitos contra la salud pública, en específico respecto del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se exponen el tratamiento que la doctrina española y jurisprudencia del Tribunal Supremo han dado a este ilícito y las principales problemáticas y discusiones que han surgido de su aplicación práctica

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El contexto de esta investigación se enmarca en la nueva institucionalidad que introdujo a la legislación nacional la ley 19.947, que vino a reformar las normas que hasta el año 2004 regulaban el matrimonio civil en Chile. Dentro de las modificaciones mas importantes al régimen anterior está la introducción del divorcio con disolución del vínculo, que permite a quien ostente dicho estado civil contraer matrimonio nuevamente, la figura de la separación judicial, y mas importante, al menos para este estudio, la creación de un nuevo efecto patrimonial del matrimonio, que tendrá efecto sólo ante la terminación del mismo, a saber, la compensación económica. Este efecto patrimonial tiene como finalidad primordial la protección al cónyuge más débil luego del término de la relación marital, atendido a que generalmente, los años de entrega por parte de uno de los cónyuges al desarrollo de la familia terminan por posicionarlo en una situación considerablemente desmejorada respecto al otro cónyuge, cuando de rehacer su vida se trata. La ley no podía alienarse a este efecto propio del término de un matrimonio, y por tanto, la segregación del núcleo familiar, por lo cual incorpora esta nueva institución en el derecho nacional, a fin de dar una solución a tan grave predicamento: que hacer cuando ya no puede dependerse económicamente del cónyuge para mantenerse a sí mismo y a la familia común, atendido los años que duró el matrimonio y la dedicación a las labores del hogar. Esta nueva institución, luego de un intenso debate legislativo, en el cual se discutió profusamente sobre cual sería su fundamento, naturaleza jurídica, y régimen legal, termina por considerarse como la obligación de uno de los cónyuges al cumplimiento de una prestación a favor del otro, por el menoscabo económico que este último sufre por el hecho de terminar el matrimonio, además de otros requisitos que se analizarán en su oportunidad. Siendo así las cosas, es de sumo interés conocer que se entiende efectivamente por menoscabo económico, a la luz de las sesiones legislativas, lo que la doctrina ha entendido por éste, tanto a nivel nacional como comparado, y como ha sido entendido este concepto por la jurisprudencia nacional. Como se verá, el menoscabo económico viene a ser la piedra angular de esta nueva institución, atendido a que luego de los citados debates parlamentarios, se dejó de lado la concepción que sí recogen otras legislaciones, en cuanto a otorgar al cónyuge mas débil una acreencia alimentaria sobre el cónyuge deudor, para recoger un concepto, no de indemnización, pero si de compensación por el menoscabo que el primero haya sufrido. Y precisamente en la forma de entender el menoscabo que parte de la jurisprudencia debiera reorientar su forma de entender la institución, por cuanto en una gran parte de los casos se limita a considerar los requisitos del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, cuando, por expresa disposición de la ley, para que proceda la acción será siempre necesario ahondar todos los elementos del artículo 62, muchas veces aplicado sólo para efecto de cuantificar el monto, pero no como parte integral de los requisitos de procedencia. Es por ello que este estudio pretende dar luces sobre los elementos que lo componen y cual debiera ser su correcta interpretación, como a su vez ver como éstos se relacionan, y se limitan entre sí.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta tesis tiene como propósito efectuar un análisis acerca de las consecuencias en el sistema normativo chileno aplicable a los funcionarios públicos, fundamentalmente el constitucional, de la aprobación de los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En la primera parte de este trabajo se efectúa un estudio relativo al marco orgánico en que tienen su génesis las normas internacionales del derecho del trabajo. Luego, se estudian las principales fuentes de esta rama del derecho: los convenios. Posteriormente, se intenta determinar en qué rango acoge nuestro sistema constitucional los convenios relativos a la libertad sindical. En una segunda parte, esta tesis trata en forma pormenorizada los convenios números 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del trabajo. En su parte final, se intenta ofrecer una interpretación guiada por el principio de la unidad y coherencia de las normas constitucionales contenidas expresamente en la Constitución y de los Convenios números 87 y 98. Se concluye que es necesario reinterpretar el ámbito de aplicación personal del derecho de sindicación en sentido estricto en su aspecto positivo, del derecho de negociación colectiva y del derecho de huelga, contenidos en la Constitución Política.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hay diferentes problemas que plantea el avance tecnológico en los últimos años, siendo especialmente atrayente la controversia suscitada a raíz del progresivo cambio de mentalidad desde la “santidad” de la vida humana hacia la “calidad” de la vida humana, que trajo el reclamo al “derecho de una muerte digna” y las voces favorables a la aplicación de la eutanasia. Dentro de este contexto es de extraordinario interés la problemática jurídica, médica y ética del llamado estado vegetativo permanente, que recientemente adquirió relevancia mundial con el caso de Terri Schiavo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar uno de los ilícitos denominados “funcionarios” relativamente menos estudiado, que se encuentran tipificados en el Capítulo V del Libro II de nuestro Código Penal, y que ha sido denominado por la doctrina como el delito de “negociaciones incompatibles”, previsto y sancionado en el artículo 240 del mencionado texto punitivo. Nos ha parecido importante abordar este tema, ya que, a pesar de los esfuerzos legislativos por adecuar estos tipos penales a las nuevas exigencias internacionales sobre la materia, este ilícito en particular no ha sido abordado todavía por la Doctrina y la Jurisprudencia en términos mayormente significativos. A partir de esta constatación hemos abordado este estudio con la finalidad de proporcionar una visión integral de esta materia y realizar un estudio actual de los problemas doctrinales y jurisprudenciales más relevantes que ha suscitado la interpretación de este tipo penal en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación se desarrolla en torno a la aplicación en el derecho chileno de la consulta indígena del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), a propósito del recurso de protección como la principal vía de tutela judicial ejercida por las comunidades indígenas que han demandado una implementación efectiva de sus derechos, por cuanto estos pronunciamientos han logrado influir en la regulación estatal sobre la materia. Al respecto, se hace necesario dilucidar el correcto sentido del Convenio asociado al deber de consulta, a fin de que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones internacionales, sin descansar en la búsqueda de los medios idóneos para hacerla operativa y eficaz. Con ello, será posible evitar la instalación de un ambiente de incertidumbre en la proyección de cualquier tipo de medida, sea gubernamental o privada, que deba ser previamente consultada. Para alcanzar este objetivo se ha conformado una base de documentación a través de la recolección, análisis y sistematización de la principal jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales superiores de justicia a través de los pronunciamientos sobre diversas acciones constitucionales incoadas por diferentes pueblos y organizaciones indígenas