Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La memoria estructura en base a una introducción; 7 capítulos; las conclusiones del memorista; y la bibliografía que fue utilizada para realizar el trabajo; contiene, además, 539 notas a pie de página. La Introducción plantea el problema y señala los elementos que servirán de base para analizarlo. El Capítulo I aborda la naturaleza de la consulta. En este capítulo se analiza la consulta como un derecho de los pueblos indígenas, de carácter colectivo y los inconvenientes que existen para su inserción dentro del sistema de derechos humanos, específicamente en la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte del Sistema de Naciones Unidas. Para el entendimiento de la consulta, se expone, además, el fenómeno de la diversidad cultural y las respuestas que se han levantado para responder 2 a la misma, así como de los derechos de las minorías y la particularidad de los pueblos indígenas. El tratamiento específico de los derechos colectivos, especialmente en la propuesta del filósofo canadiense Will Kymlicka, aporta un contenido teórico a la fundamentación de este tipo de derechos y la solución del problema de las demandas de las minorías y los pueblos indígenas, y abordando su estudio desde una perspectiva de la doctrina liberal, que pone su acento en la libertad individual. En términos generales, los derechos colectivos y su marco teórico no son conocidos en nuestro país; la escasa bibliografía nacional y la casi nula referencia a este tipo de derechos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia constituyen síntomas que reflejan esa realidad. Y esta situación se ha mantenido, pese a que la consulta y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo han generado discusiones y modificaciones legislativas importantes en varios países de nuestra región desde hace bastante tiempo. 3 Se exponen algunas notas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y los problemas que presenta la titularidad de esos derechos. Finalmente, la jurisprudencia nacional sobre el carácter y jerarquía del Convenio ha revivido nuevamente el debate acerca de un antiguo tema en nuestro país; el rango normativo de los tratados internacionales de derechos humanos y el sentido de la cláusula constitucional establecida en el artículo 5 inciso segundo de nuestra Constitución. Y en este punto, es posible constatar nuevamente las dos visiones que tienen, por una parte el Tribunal Constitucional, y por otra, los Tribunales Superiores de Justicia. El Capítulo II trata del contenido y concepto del derecho a la consulta. En este capítulo se contrastan particularmente los pronunciamientos de fuente internacional y nacional acerca de cómo se está entendiendo este derecho de los pueblos indígenas. También se estudian en detalle los criterios que surgen en el ámbito nacional y se efectúan las críticas correspondientes. El Capítulo III se refiere a la consulta y sus limitaciones. Esta parte de la memoria intenta dar algunas mínimas pautas acerca de este tema, que también 4 ha sido escasamente abordado por la doctrina y jurisprudencia nacional. El Capítulo IV alude a la fuente del derecho a la consulta en el derecho internacional. En este capítulo se intenta dar a conocer una materia que tampoco ha sido estudiada en profundidad en nuestro país, y que bien puede incentivar un análisis acerca de la complejidad del fenómeno de la consulta en el ámbito internacional, que ha provocado que muchos organismos se estén dedicando a emitir opiniones o directrices acerca del asunto, en el ámbito de sus competencias, y que debería llevar a ordenar y sistematizar esos pronunciamientos, a fin de pesquisar las concordancias y contradicciones que puedan existir. En el l Capítulo V se ve el fundamento del derecho a la consulta. Este capítulo expone las razones que esgrimen diversos autores y los propios pueblos indígenas, acerca de los motivos para que éstos últimos deban ser consultados sobre ciertas medidas que se pretendan dictar por parte de ciertos organismos del Estado. El Capítulo VI aborda la consulta como proceso, procedimiento 5 mecanismo y principio. Esta parte de la memoria sólo busca entregar algunos conceptos que permitan perfilar de mejor manera el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. El Capítulo VII expone algunas ideas sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este capítulo se entregan algunas breves nociones acerca de la Declaración y el debate que ha generado, en el ámbito doctrinario, su pretendida fuerza obligatoria. Además, se efectúan algunos comentarios sobre la consulta en este instrumento internacional, así como de los casos de consentimiento previo que recoge, y que dan cuenta claramente que la Declaración es un instrumento que persigue establecer un marco de protección superior al Convenio. Finalmente, se exponen las conclusiones y propuestas del memorista, en base al diagnóstico realizado en el contenido de la memoria, y a continuación, la bibliografía que fue utilizada para realizar el trabajo

La presente memoria de prueba describe el tratamiento que ha tenido a nivel nacional el derecho a la libertad personal, aplicado a un grupo especialmente vulnerable, como son los migrantes. En tal sentido, se evalúan cuáles son las condiciones que rigen a éstos al momento de encontrase privados de libertad. Luego, se examina el estándar vigente instaurado fundamentalmente a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalizando con un análisis de las tendencias en la jurisprudencia nacional respecto de la materia, lo que develará la precariedad de nuestras leyes, desprotección y el constante incumplimiento de las obligaciones que instrumentos internacionales imponen al Estado de Chile para con los migrantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La modernización de la agricultura en Chile, ha provocado el surgimiento de una nueva categoría ocupacional, el trabajador estacional, los temporeros y temporeras del agro. Desde los inicios de este estrato laboral hasta la fecha han transcurrido aproximadamente 30 años. En la actualidad, la actividad económica en que se ubica es en términos generales exitosa, sin embargo, parece válido preguntarse si ello se traduce también en un buen desempeño en las relaciones laborales que allí se desarrollan, por qué legislación se rigen y qué ocurre con el cumplimiento de esas normas, en definitiva, como es la calidad de los empleos de mujeres y hombres que concurren cada temporada a trabajar en los huertos e invernaderos y en los packings y agroindustrias del sector

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El sistema de control de contenido de las cláusulas abusivas dispuesto en nuestra legislación, siguiendo la experiencia comparada, ha establecido un catálogo de cláusulas nulas por estimarse que atentan contra la buena fe alterando el necesario equilibrio o conmutatividad de las prestaciones debidas entre las partes. Asimismo, a modo de norma de clausura ha dispuesto una cláusula abierta de abusividad presente en el artículo 16 letra g) de la Ley 19.496, la cual erige como parámetros a la buena fe y el desequilibrio importante de las prestaciones para que el juez, atendiendo la finalidad del contrato y las normas que lo regulan, pueda controlar la abusividad de un término contractual determinado. Tales conceptos han resultado de difícil acceso por la doctrina nacional y extranjera, Con el fin de dar contenido a la noción de cláusula abusiva en los contratos de consumo, este trabajo pretende incorporar consideraciones propias del análisis económico del derecho, ligándolos con el concepto de cooperación, permitiéndole al intérprete determinar la abusividad de un término contractual en base a criterios económicos y teleológicos. / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2017 / 08/09/2017

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo buscará determinar, centrándose en el fútbol profesional, el por qué durante tantos años existió un marco regulatorio laboral muy beneficioso para el empleador en desmedro de los trabajadores profesionales del deporte, en contraposición al estatuto laboral general en que imperan los principios rectores del Derecho del Trabajo como son el de protección, realidad y pro-operario. La realidad indica que la relación laboral que se da en el seno de la actividad del deporte profesional tiene sus particularidades, mas dicha situación por sí sola no supone que se discrimine negativamente a una actividad que es tanto o más productiva que cualquier otra. Si bien existe un Código del Trabajo que regula la relación laboral en general, no es menos cierto que dentro del mismo podemos encontrar normas específicas y especiales que regulan actividades o aspectos de las mismas cuando las circunstancias y realidades de una actividad determinada así lo ameritan. Ejemplos de esta situación los apreciamos en el caso de los trabajadores embarcados y sus jornadas de trabajo y descanso especiales, entre otras. Lo que se pretende con el cuerpo normativo en comento es restablecer la el equilibrio necesario entre las partes de la relación laboral derivada del ejercicio de una actividad deportiva profesional, dado que hasta antes de su dictación de advertía claramente cómo la legislación beneficiaba en demasía a la parte empleadora, la que a su vez no se regía por regulación alguna, situación que propiciaba una serie de instituciones consuetudinarias no sólo al margen de la Ley, sino derechamente contrarias a ella y a principios básicos del Derecho del Trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tesis no disponible en línea / En Chile, la población con algún tipo de discapacidad, ya sea mental, física o psíquica, bordea los dos millones de personas. Sin lugar a dudas, uno de nuestros principales deberes como sociedad es velar por la plena integración de los discapacitados, dejando de lado la discriminación y diseñando medidas que garanticen su independencia, participación, y el ejercicio de sus derechos inherentes a la calidad de ser humano. Partiremos dando una visión general relativa a la discapacidad, el derecho de autor y las nuevas tecnologías, para luego dar paso a ciertos cuestionamientos que nos pareció fundamental responder; ¿Era realmente necesario y beneficioso para los discapacitados incorporar la excepción a nuestro ordenamiento, con que argumentos es posible justificarla? ¿Cómo se ha manejado el tema en otros países? ¿Es óptimo el modelo adoptado? Preguntas que iremos resolviendo y desentrañando a lo largo del desarrollo del la memoria. Podemos adelantar que la incorporación de una norma dedicada a la comunidad discapacitada, sumado a un cada vez más desarrollado entorno digital, promete un avance importante en lo referido al acceso a la información y al pleno aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, justificándose a primera vista la necesidad de dicha excepción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la información pública constituye uno de los más importantes hitos de los últimos años para los Estados a nivel mundial. El conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos y decisiones que ejecutan las autoridades se ha transformado en una exigencia a nivel internacional, lo cual según algunos, es básico para consolidar los regímenes democráticos por la fiscalización que pueden hacer los gobernados a sus gobernantes. Lo anterior se ha dicho, es consecuencia del empoderamiento social. Chile no se ha quedado atrás en estas iniciativas, por lo que paulatinamente nuestra legislación se ha ido adaptando a las nuevas perspectivas, en parte a raíz de diversos casos de corrupción política que han acontecido y de la incorporación de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que exige la adecuación de nuestra normativa a ciertos estándares de Derecho Internacional. Una de las iniciativas más relevantes fue la dictación de la Ley Nº 20.285 el año 2009, consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Constitución Política, donde se elevan a rango constitucional los principios de publicidad y transparencia que antes si bien es cierto, habían sido objeto de debate e incluso de dictación de importantes leyes como la Ley Nº 19.6531 y la Ley Nº 19.880, no satisfacían en forma suficiente la necesidad de establecer un sistema sólido de bases democráticas. En consecuencia se llegó a la conclusión de que la idea de legislar sobre el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad y la probidad no debía quedar solamente en el plano de una ley común, y por lo tanto, se planteó la necesidad de estar regulados por la Carta Fundamental.