En una empresa familiar no bastaría el Protocolo Familiar para lograr un acuerdo consensuado que permitan a sus miembros definir las políticas familiares frente al negocio de la familia y con ello fomentar su desarrollo y continuidad. Consideramos necesario que caso por caso se evalúe la necesidad de acompañar a dicho Protocolo con otros instrumentos que permitan la “oponibilidad” de dichos acuerdos a accionistas, a terceros y a la misma sociedad utilizando en algunos casos la implementación de herramientas reguladas por la normas societarias vigentes que le den eficacia jurídica. Consideramos que de no realizar la implementación, algunos de los acuerdos arribados por la familia empresaria (sobre todo los que tienen relevancia societaria), podrán ser meros pactos de caballeros o acuerdos morales, sin la eficacia jurídica esperada por la familia empresaria, por más que el Protocolo Familiar haya tomado mucho tiempo en gestarse o se haya logrado acuerdos por unanimidad. En esa preocupación, constatamos que las cláusulas comunes relacionadas a propiedad, poder y trabajo, que señalan los protocolos familiares, pueden ser analizadas desde el enfoque societario y muchas herramientas que las empresas familiares pueden usar para su desarrollo se encuentran reguladas por nuestra ley. En el caso de las cláusulas relacionadas a la propiedad, definitivamente abarcarían acuerdos para la entrada y salida de accionistas, con el objetivo de mantener en la empresa el rasgo familiar y/o garantizar que los porcentajes de acciones que corresponden a cada rama familiar, se mantengan en las cuotas acordadas. También dentro del tema de propiedad, se considera en el Protocolo políticas de salida de accionistas, para ello, será importante detenernos en los mecanismos que la Ley General de Sociedades establece para la salida de los mismos tales como el derecho de separación y la exclusión de accionistas. Con respecto a los acuerdos relacionados al poder a favor de la familia empresaria que den respuesta al peligro de perder el control a manos de la familia empresaria o mantener el porcentaje de cada rama familiar, consideramos importante la incorporación en la estructura de estas empresas de acciones sin derecho a voto y tomar en cuenta algunas particularidades que se presentan ante decisiones tan importantes como la modificación de capital social y reorganización de sociedades. Finalmente, respecto a las cláusulas relacionadas al poder y relaciones de trabajo en la empresa familiar, analizaremos los mecanismos que garanticen que se ejecuten en el seno de la sociedad, los acuerdos del Protocolo Familiar relacionados a requisitos para promoción de miembros de familia en cargos de dirección y gestión de la empresa siendo de gran importancia para ello el análisis de los acuerdos o convenios entre socios familiares así como analizaremos las particularidades de los órganos de gobierno de la empresa familiar.

A través del presente trabajo se propone analizar la naturaleza de las operaciones societarias enmarcadas en la figura de la escisión, así como su respectivo alcance en materia societaria y particularmente tributaria. Asimismo, se plantea definir las contingencias tributarias generadas en la utilización de la referida figura societaria, tomando en cuenta un controversial pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en la que la referida entidad repara operaciones de escisión por considerar que aquéllas reorganizaciones societarias en donde se segreguen bloques patrimoniales negativos o neutros no constituyen en sí mismos reorganizaciones, sino la mera transferencia de activos y pasivos de una empresa a otra.

La presente investigación trata un tema muy controvertido en el Derecho Societario, además se considera un tema de gran importancia en el mundo actual debido a los intereses y derechos que las acciones de Nulidad y de Anulabilidad de los acuerdos societarios tutelan y representan hoy en día. El estudio de la nulidad de los actos o negocios jurídicos se constituye en uno de los principales temas a abordarse en este ámbito debido a su considerable utilidad práctica, gran parte de casos judiciales se refieren a nulidad y fraude en los negocios jurídicos. El acto o negocio jurídico puede ser entendido como un supuesto de hecho conformado por la confluencia de manifestaciones de voluntad, cuando estamos ante actos sinalagmáticos, o por lo menos por declaración de una sola voluntad. Empero tales voluntades buscan surtir efectos en la vida real y jurídica de las partes que las manifiestan. Cuando dichos actos no surten los efectos queridos y esperados por las partes nos encontramos ante la figura de la ineficacia, la misma que consiste, según lo dicho, en la ausencia total o parcial de los efectos buscados por las partes al manifestar su voluntad. La nulidad es considerada por la doctrina mayoritaria como uno de los tantos supuestos de ineficacia de los actos jurídicos.

Hace algunos años el mercado peruano se viene adaptando a prácticas corporativas internacionales. Esto ha generado una necesidad de adaptación también del derecho corporativo peruano, lo que, lamentablemente, no se ha dado con la celeridad merecida. Prueba de ello es la existencia de normas que traban operaciones que en otras partes del mundo ya no se entienden -o nunca se entendieron- perniciosas. Una de estas normas, que precisamente da lugar a este trabajo, es el artículo 106 de la LGS, que regula la llamada asistencia financiera prohibida, fenómeno que históricamente ha restringido de manera poco razonable la operación de toma de control de empresas predilecta de los private equity, el leveraged buyout. Este trabajo de investigación tiene dos objetivos: determinar si una prohibición como la contenida en el artículo 106 de la LGS tiene justificación en nuestros días y determinar cómo es que la norma debe ser interpretada. Sobre lo primero, estamos convencidos de que no existe ninguna justificación su existencia, pues atiende a finalidades que no son necesarias o si atiende necesidades necesarias, lo hace de manera poco razonable. Sobre lo segundo, creemos que lamentablemente la norma, tal y como existe en nuestra regulación, restringe bastantes más estructuras de adquisición de acciones que las que un amplio sector de la doctrina y de los operadores jurídicos quisieran reconocer.

La presente investigación tiene como propósito solucionar un problema ocasionado por la falta regulación de los grupos de empresas en la Ley General de Sociedades. Este vacío genera inconvenientes desde la perspectiva de diversos agentes, como la misma sociedad, los accionistas, los administradores y terceros. En la presente tesis, nos centramos en buscar una solución al problema de la responsabilidad de los administradores en los grupos de empresas, teniendo como presupuesto que la legislación societaria está pensada para ser aplicada a una sociedad independiente, y no a una sociedad parte de un grupo. La aplicación directa de la Ley General de Sociedades responsabiliza a los administradores de una sociedad por cualquier perjuicio generado a esta, a sus accionistas o terceros, inclusive cuando los administradores se encuentran cumpliendo políticas o lineamientos del grupo de empresas sin tener poder decisión o un margen de actuación respecto del acuerdo, como sí lo debe tener un administrador de una sociedad independiente. Es por ello que buscamos demostrar que debe existir una alternativa al sistema de responsabilidad para el caso de administradores de sociedades que forman parte de un grupo. Para llegar a encontrar una solución, analizamos la doctrina nacional y extranjera relacionada a los deberes de responsabilidad de los administradores, así como a los grupos empresariales. Adicionalmente estudiamos lo dispuesto por legislaciones de países en donde los grupos de empresas han sido materia de regulación. Como resultado de la investigación, se comprobó que existen alternativas de protección a los afectados por este problema, sin que se impongan mayores trabas a la formación de grupos empresariales. Así, proponemos el reconocimiento de los grupos de empresas, del interés grupal y del administrador de hecho como un primer intento de propuesta para una regulación societaria sobre grupos empresariales.

La investigación parte de la observación de diversos conflictos jurídicos que surgen a raíz del normal desenvolvimiento de una empresa (sociedad), premisa por la que nos enfocamos en aquellos relacionados a la manifestación de voluntad societaria emitida por los órganos sociales, toda vez que, éstos, muchas veces no son acertadas y ocasionan perjuicio (económico, patrimonial, entre otros) a los socios, a la sociedad en sí, e incluso a terceros; razón por la que, la Ley Nº 26887, dispone que los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, a través de un proceso abreviado, o un proceso sumarísimo, conforme a las estipulaciones del artículo 143° de la referida Ley. En mérito a ello, el Objetivo de la presente investigación es determinar la forma en la que se puede solucionar la existencia de diferentes vías procedimentales en los procesos de impugnación de acuerdos societario; apoyándonos, por ende, en las diversas opiniones de juristas, doctrinarios, en la ley societaria vigente, y otras leyes sustantivas y procesales de aplicación supletoria. Utilizando consecuentemente, el Método universal científico, y, el método general Inductivo y Descriptivo, los cuales permitieron descubrir y desentrañar los elementos que ocasionan la demora procesal innecesaria en los procesos de impugnación señalados. Llegando a observar que, la regulación vigente, relacionado a la existencia de diferentes vías procedimentales (abreviado y sumarísimo), afecta a la tramitación judicial de los procesos de impugnación, pues los convierte en procesos deficientes, latos, y con una demora procesal excesiva; concluyendo por ende, en la posibilidad de que el proceso de impugnación de acuerdo societario debe ser célere, por lo que, debe tramitarse, únicamente, en la vía del proceso sumarísimo, razón por la que se propone la modificación el artículo 143° de la Ley General de Sociedades.

El Protocolo Familiar como instrumento de planificación de la sucesión del negocio es un tema que no ha tenido una debida atención en nuestro país, a pesar de las ventajas que traería su implementación para las sociedades familiares peruanas, que representan un grupo mayoritario frente a organizaciones no familiares y que tienen un problema con la planificación de la sucesión, pues no logran pasar su proyecto empresarial a las nuevas generaciones. Al contexto descrito, debemos sumar que solo un número reducido de sociedades familiares lo ha implementado, porque hay un desconocimiento generalizado de la existencia y alcances de este documento. Las sociedades que sí lo han implementado lo utilizan como un contrato que recoge valores familiares y recomendaciones, que a veces suelen ser incompatibles con el ordenamiento jurídico, cuyos efectos jurídicos solo se despliegan en la esfera privada de sus otorgantes, careciendo de eficacia jurídica y oponibilidad frente a la sociedad y terceros. Ante la problemática actual del Protocolo Familiar, decidimos abordar la presente investigación para poder determinar cuál es una forma eficaz de dotar de efectos vinculantes y obligacionales a su contenido. La conclusión a la que hemos llegado es que se debe regular el Protocolo Familiar en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, como instrumento jurídico de planificación de la sucesión generacional en el negocio, que debería implementar la familia empresaria que tenga participación mayoritaria en el capital social una persona jurídica societaria, el mismo que debe interesarle mantener, autorizándose por ley, la reserva de derechos de adquisición preferente a favor de quienes lo otorgan, para preservar en manos de ese grupo familiar, la titularidad de las acciones o participaciones sociales por generaciones. Asimismo, a efectos de dar oponibilidad al Protocolo Familiar frente a la sociedad y terceros, proponemos incluirlo en el Reglamento del Registro de Sociedades como acto societario inscribible. Así, su reconocimiento legal garantizará no solo su difusión, sino también su eficacia jurídica y oponibilidad frente a los titulares del capital social, sean o no familiares, la sociedad y terceros. / Trabajo de investigación

La presente investigación trata un tema muy controvertido en el Derecho Societario y en nuestra realidad, el cual es la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas que incurren en causal de disolución de pleno derecho. Es un tema controversial porque existe un conflicto entre la postura doctrinaria y lo establecido por el Tribunal Registral en el primer Acuerdo Plenario del “L” Pleno, además de ser un tema de gran importancia que ha sido dejado de lado por gran parte de la doctrina por varios años. Cabe señalar que, existía un pronunciamiento por parte del Tribunal Registral distinto a la postura de la doctrina, el objetivo de la presente investigación es analizar cada postura, para determinar cuál es más acorde con nuestra realidad en el mundo empresarial o cuál es más beneficioso para las sociedades y finalizar con una postura. Dado que tienen posturas contrarias, una de ellas beneficia a las sociedades irregulares y la otra la perjudica, el supuesto teórico es que una de ellas no está desarrollando su postura conforme a derecho o una de ellas no está tomando en cuenta otras variables que rodean el desarrollo de la actividad empresarial, como son los puestos laborales y los terceros contratantes. Debemos tomar en cuenta que, la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho, debe ser conforme a derecho y el acuerdo plenario en cuestión que permite su regularización, también debe serlo, ya que no solo se encuentra en juego la extinción o continuidad de una sociedad, sino también está en juego los puestos laborales, los terceros que contrataron con la sociedad, los consumidores y el sector económico que puede verse afectado con la salida de esta sociedad irregular sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho.

Uno de los principales problemas en los procedimientos de reconocimientos de créditos en sede concursal es la existencia de abuso de la persona jurídica o fraude por parte de las empresas vinculadas, simulando la existencia de obligaciones con la finalidad de obtener el reconocimiento de derechos políticos y económicos en la Junta de Acreedores. La justificación de la investigación obedece a demostrar que una autoridad administrativa, al evidenciar una situación de fraude, aunque no disponga de funciones jurisdiccionales, puede realizar el levantamiento del velo societario a las empresas participantes del concurso con la finalidad de verificar la realidad de los hechos y cautelar que los acreedores se encuentren debidamente representados, a fin que puedan adoptar decisiones objetivas sobre el destino de la empresa. El método utilizado es descriptivo y se ha tomado como referencia la experiencia internacional. La conclusión principal es que la Comisión del INDECOPI como autoridad administrativa del concurso, en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo 807, dispone de amplias facultades para investigar por todos los medios, la titularidad, cuantía y legitimidad de los créditos que son invocados en el procedimiento, lo cual contempla la posibilidad de realizar el levantamiento del velo societario, de manera excepcional, en la eventualidad que se verifique la existencia de fraude

El presente trabajo de investigación desarrolla la hipótesis de la conveniencia de la regulación permisiva de la sociedad unipersonal en el Perú, argumentando su utilidad para aquellas personas individuales que no quieren ni tienen la necesidad de asociarse con otra persona (natural o jurídica) a fin de gozar de la organización corporativa y financiera que ostenta la sociedad comercial; asimismo, su importancia en la solución del supuesto de disolución como consecuencia de la perdida de pluralidad de socios (caso de sociedad unipersonal sobrevenida) contemplada en nuestra vigente Ley General de Sociedades. La regulación de la sociedad unipersonal no presenta obstáculos, más aun cuando la exigencia de la pluralidad de socios admite excepciones, a entender: no se exige pluralidad cuando el único socio es el Estado, en el caso de sociedades con propósitos especiales o en el caso de subsidiarias de las empresas de los sistemas financiero y de seguros. Asimismo, nuestra actual normatividad permite la figura de sociedad unipersonal sobrevenida de forma temporal. Si bien la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. es una opción a adoptar por parte del empresario individual, a la fecha ha perdido protagonismo ya que se encuentra desfasada en su regulación, lo que ha originado mayor presencia de las denominadas "sociedades de favor", aquellas que formalmente cumplen con la pluralidad de socios, sin embargo, en la realidad, el affectio societatis le corresponde a un solo socio. En ese sentido, y respondiendo a las necesidades actuales del socio individual, es que esta investigación ha concluido que es conveniente regular permisivamente a la sociedad unipersonal, entendida como aquella que ha sido constituida por un solo socio, ya sea persona natural o jurídica, o que aun siendo constituida por una pluralidad de socios, ha perdido tal condición, quedando la totalidad de las acciones en manos de un socio único. / Trabajo de investigación