El valle del Cuzco, está conformado por dos clases de nobleza inca: los descendientes de los gobernantes incas y la gente reconocida como parientes lejanos de los incas. El estudio del sistema de tenencia de tierras de los ayllus y panacas, es importancia para entender la organización social de los incas, nobles de privilegio y el sistema complejo de ceques y huacas. Los ayllus reales de Hanan Cusco, conforman los descendientes por línea paterna de los incas gobernantes y situados en el sector del Chinchaysuyu y Antisuyu, del norte al sur margen izquierda del valle del Cusco y son: la descendientes de Huayna Capac, "Ayllu Tomibamba", Tupa Inca Yupanqui, el "Capac Ayllu", Pachacuti Inca Yupanqui, el "Hatun Ayllu"; Viracocha Inca el Zuczo Ayllu, Yahuar Huacac- Aucaylli Ayllu; Inca Roca -Ayllu Vicaquirao; Capac YupanquiAyllu Apomayta; Lloque Yupanqui -Ayllu Haguainin o Andamachay; Sinche Roca - Ayllu Raorao y de Manco Capac, el Ayllu Chima. En Cambio, la parcialidad de Hurin Cuzco, constituían “los panaguarmis o esposa y hermana carnal del inca gobernante” ubicados en el sector del Collasuyu y Cuntisuyu, en este espacio el parentesco fueron señalados como “panacas” y se ubican del sur al norte del valle del Cusco. Así: Iñacapanaca, Ayllu Panaca Aucaylli, Zuczo panaca, Apomayta panaca, Vicaquirao panaca, Raurau, Chima panaca, Uscamayta panaca y Hauainin panaca. Del centro administrativo político y religioso, de la traza urbana inca, nacen todo un sistema de caminos de integración hacia los pueblos de los cuatros suyus del Gran Estado del Tawantinsuyu. Explica de qué manera las Kanchas o palacios de los incas gobernantes dieron paso a la formación y establecimiento de las casas principales de los vecinos feudatarios y el surgimiento de los espacios públicos, como la plaza mayor al interior de la Parroquia Matriz de los españoles. / Tesis

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La sociedad mapuche del siglo XX vivió en la primera mitad de esa centuria importantes transformaciones sociales, políticas y culturales. Una de ellas fue el proceso de radicación o constitución de reducciones, conocidas hoy como comunidades indígenas. El patrimonio territorial de 10 millones de hectáreas reconocidas por la corona española a través de 28 parlamentos y posteriormente por el gobierno de Ramón Freire, en plena República, quedó durante ese periodo drásticamente reducido a 500 mil hectáreas (5%) El 95% restante, de acuerdo a los estudios de José Aylwin y Martín Correa, fue apropiado por el Estado y distribuido a través de distintos mecanismos regulados por decretos leyes, como lo fue la colonización con extranjeros y nacionales, la fundación de pueblos, la constitución de una propiedad fiscal, las subastas públicas y los pagos por servicios a la oficialidad del ejército. Este drástico cambio en la propiedad de la tierra y los recursos, fue antecedido por la esquilmación económica de la base ganadera de la sociedad mapuche. Como bien lo demuestra José Bengoa, y también Pizarro en la zona de Lebu, miles de cabezas de ganado vacuno, equino, ovejuno fueron subastadas en las plazas de armas de los pueblos fronterizos suministrándoseles a los nuevos parceleros y latifundistas a bajos precios, pero con ganancia “redonda” para el erario del Estado conquistador. Ambos procesos trajeron aparejadas la instalación de la institucionalidad del Estado, primero el ejército y a su zaga la nueva legislación. También surgieron las misiones y por extensión la escuela, el mercado y los correspondientes caminos, los juzgados y la policía, las comisiones de colonización y de radicación indígena, que junto a los órganos de poder provincial y local, las intendencias y los partidos políticos, le fueron dando a los antiguos territorios mapuches una continuidad que nunca tuvo con las provincias del norte del río Biobío. Esto terminó por sustituir la gobernabilidad de los grandes consejos de lonko (fütra trawün) por los organismos de gobierno chileno quien, desde entonces, fue haciendo efectivo el control del territorio. Hacia la década del cuarenta, un estudio en terreno sobre los mapuches en la zona precordillerana desarrollada por María Inez Hilger, indicaba sobre sus aspectos de gobierno que: "La cabeza de la unidad local araucana es, igual que antiguamente, el ülme y que ahora le dicen cacique (palabra española para decir jefe indio) Igual que en el pasado, el cacique tiene un ayudante llamado loŋko, que él elige. El cacique lleva el liderazgo en momentos que es requerido, sin embargo, su autoridad para interpretar la ley ha sido reemplazada, en gran medida, por los Juzgados de Indios y por carabineros (policía chilena) En el pasado, en algunos casos, el cacique podía aplicar la pena de muerte. El poder legislativo, que antiguamente estaba en manos de la población masculina actuaba como un organismo, y aún funciona, pero se restringe principalmente a entregar peticiones al gobierno chileno. Los sucesivos gobiernos reafirmaron en adelante su condición de Estado nación, es decir, la supremacía de un solo orden jurídico, religioso, cultural y lingüístico: el de los conquistadores, más específicamente el del grupo oligarca detentor del poder en Chile desde la independencia. El proceso fue violento en su génesis. Como bien lo demuestra Arturo Leiva, se trató de una guerra de invasión y conquista militar para luego colonizar desplazando a la población nativa. La violencia acompañó los episodios posteriores, pues no sólo la sociedad mapuche cayó bajo la derrota, sino también las formas de relación que hicieron entenderse a éstos con los chilenos durante el siglo XIX a través de parlamentos, como otrora con la corona española. Estos esquemas de relación habían institucionalizado funciones, funcionarios, ritos, procedimientos que de la noche a la mañana quedaron sin funcionalidad. Para autores como Leonardo León ahí estuvo el caldo de cultivo que activó la violencia -fenómeno de larga duración- que sacudió los espacios de la frontera, la violencia mestiza en contra del nuevo orden que no necesitó de interlocutores, funcionarios ni ritualidades más que las del propio Estado, la nueva y única autoridad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En su capítulo primero se dará un repaso al Arauco pre-hispánico, enfatizando la vinculación existente entre la familia y la propiedad, a la vista de los distintos cronistas que nos entregan información al respecto. La idea es dar una visión general de este pueblo y comprender en su esencia el modelo que llevaron con anterioridad a la llegada del conquistador español. Al desarrollar la temática de la tierra en relación con la legislación en general, nos ha movido la finalidad de arraigarse en el sentir indígena respecto a ese vínculo formado consuetudinariamente por el trabajo familiar de la tierra, formando agrupaciones que hoy entendemos por comunidades. Esta particularidad en la íntima relación existente entre las instituciones de propiedad sobre la tierra, han determinado no solo el título de nuestra obra sino que además se ha constituido en el denominador común para que hoy en día bajo el imperio de nuestra actual ley indígena Nº 19.253/1993, pueda accederse a los diversos beneficios plasmados en ese cuerpo legal como veremos. Debemos dejar plena constancia que este primer capítulo no ha tenido como finalidad dar una verdad histórica de este periodo, sino que meramente superficial, creemos que existe mucho aún por investigar, análisis que escapa a la competencia de esta obra, pero ilustrativamente se puede señalar la importancia que podría ser el estudio de la influencia incásica en el pueblo mapuche. En el capítulo segundo se abordará la situación del pueblo Araucano bajo la dominación española, basado en la legislación indiana en general. Se hará un contraste entre la costumbre indiana y la aplicación de la ley española, así como también, de la situación de la tierra, a raíz de la celebración de distintos parlamentos y el surgimiento a través de éstos, de una costumbre muy particular y útil en la conformación del derecho patrio en los albores de nuestra República e incluso como veremos, hasta ya entrado el siglo XX en lo dice relación a diversos aspectos de la vida, transformándose en una importante fuente para entender las normas que entraron a regular las relaciones mapuche-chilenas sin que escape el tema que nos convoca. Conforme al capítulo tercero, se analizará la cuestión en el derecho patrio, donde podremos haciendo una diferenciación entre su evolución antes de la pacificación de la Araucanía y después de ella. Esta diferenciación permite la realización de un mejor análisis a las consecuencias que traería este hecho histórico, que no solo se apreciará en el campo geopolítico sino que también en el marcó jurídico en todo lo relacionado con el tema de la capacidad de los indígenas como sujetos de derecho. Adelantando materia podemos señalar que siguiendo estos subperiodos se aprecia dos vertientes en la primera de ellas la absoluta libertad para los indígenas de enajenar sus tierras, es decir un intento de integración como ciudadanos chilenos y aplicación de una legislación común, para pasar luego a una prohibición relativa o interdicción, teniendo que cumplir ciertos requisitos para la enajenación de las mismas, donde veremos a la figura del Protector de Indios y al tribunal competente para conocer de sus asuntos la cual recaerá en el Juez de Indios, elementos que configurarán el puntapié inicial al proceso que se ha denominado “de la radicación”, cuyo desarrollo lo encontraremos hasta el comienzo del capítulo siguiente. Finalmente, en el capítulo cuarto se examinará la situación en el último siglo, donde asistimos a la etapa de división y radicación de las comunidades como se dijo, para luego observar como los procesos de reforma agraria se compatibilizan con las pretensiones indígenas, y como durante el gobierno militar las políticas de Estado, transformarán la propiedad indígena de raíz comunitaria a una de tipo individual, con el ánimo de hacer desaparecer las diferencias de calidades, bajo la idea de tener una sola ley de aplicación común.

El objetivo de la presente investigación corresponde a analizar la normativa peruana relacionada a la posesión de armas de fuego de uso civil desde la Constitución Política del Perú de 1979, ello a fin de determinar si el marco legal e institucional ha resultado eficaz respecto al control de la posesión de armas de fuego de uso civil por parte del Estado, debido a la presencia cada vez más notable del arma de fuego como instrumento del delito en el país. Para dicho fin este documento de trabajo se divide en cuatro capítulos en donde se analizarán la posesión de armas de fuego de uso civil tanto en el ámbito nacional, como el internacional. / El objetivo de la presente investigación corresponde a analizar la normativa peruana relacionada a la posesión de armas de fuego de uso civil desde la Constitución Política del Perú de 1979, ello a fin de determinar si el marco legal e institucional ha resultado eficaz respecto al control de la posesión de armas de fuego de uso civil por parte del Estado, debido a la presencia cada vez más notable del arma de fuego como instrumento del delito en el país. / Trabajo de investigación

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Este artículo analiza la evolución de la tenencia de recursos en laAmazonía peruana y la relaciona con la protesta indígena de losaños 2008 y 2009. A través de este análisis, se plantea que existendos visiones de desarrollo contrapuestas: la del gobierno y el grancapital por un lado, y la de los pueblos indígenas por el otro. Si biendurante la protesta el gobierno reprimió desproporcionadamentea los indígenas especialmente en Bagua, con lamentables cruentosresultados, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, basadoen el Convenio 169 de la OIT, quedó colocado en el debate nacional.Sin embargo, el gobierno ha mostrado gran resistencia parareconocerlo, pues esta consulta implicaría una serie de restriccionessocioambientales a la forma en que se desarrollan las industriasextractivas y las grandes obras de infraestructura en la Amazonía.Se sostiene que el conflicto continuará si no se desarrollan políticaspúblicas en favor de los pueblos indígenas. Para que estas se dense requiere, a su vez, de una visión diferente de desarrollo desde elEstado y el Gobierno.El análisis de la tenencia de recursos en la Amazonía se basaprincipalmente en información del Sistema de Información sobreComunidades Nativas, base de datos georreferenciada manejada porel Instituto del Bien Común. Asimismo, el artículo basa su análisisen bibliografía secundaria y en el seguimiento a los acontecimientospor la autora, como especialista en el tema. / This article analyzes the evolution of the natural resources tenure inthe Peruvian Amazon, and its relation with the indigenous protest ofthe years 2008 and 2009. The authoress argue that during the indigenousprotest aroused two opposite visions of development: the visionof the government supporting the big capital interests in one side,and the vision of the indigenous peoples defending their territoriesas a source of their material and identity survival. Nevertheless, theAwajún and Wampis suffered the disproportional repression of thegovernment in Bagua, with bloody results, the main four decreesthat were in the origin of the protest, because they threatened thejuridical security of indigenous peoples territories were derogated,and the indigenous peoples right to be consulted, established by theConvention 169 of the International Law Organization, was placed inthe center of the national debate. Nevertheless, the government hasresisted its application, because these consultations would imply aseries of socio environmental conditionings to the extractive industriesand the big scale infrastructure constructions. The authoresssustains that the conflict will continue if public policies in favor ofindigenous peoples would not be developed. For the establishmentof these public policies another vision of development is requiredfrom the State and government.

Memoria para optar al título de periodista

El último censo agrario en el Perú ha mostrado un incremento en la concentración de tierras para complejos agroindustriales, adquiridos a través de la ampliación de la frontera agrícola y apoyados por el Estado. La mayoría de ellos se encuentra en el norte del Perú, considerado como un polo de desarrollo agroindustrial por su ubicación estratégica que facilita el acceso a mercados nacionales e internacionales. No obstante, muchas de estas nuevas tierras se adjudican sobre territorios de comunidades campesinas y sus formas tradicionales de tenencia de la tierra. Basado en un trabajo de campo etnográfico en la comunidad de San Lucas de Colán (valle del Chira, Piura), esta tesis analiza las formas en que el agronegocio de la caña de azúcar para etanol redefine a la comunidad y transforma el vínculo entre esta y los comuneros a partir de la tenencia y el valor de la tierra. La agroindustria logra apropiarse de tierras comunales a través de formas directas (como el arriendo y la compraventa) e indirectas (como la agricultura por contrato), controlando efectivamente la tierra y reformulando las formas tradicionales de apropiación de la tierra y producción campesina. Estos procesos transforman los sistemas locales de tenencia de la tierra, cambiando las regulaciones comunales sobre el recurso y creando un desbalance en las relaciones entre la comunidad y las familias campesinas, quienes empiezan a cuestionar los antiguos roles y funciones de la comunidad. Así, la tenencia comunal de la tierra y las narrativas sobre el valor de las tierras comunales son puestas a prueba y cuestionadas por discursos sobre valor de la tierra bajo un esquema de producción agroindustrial, en un contexto de creciente presión sobre la tierra para su mercantilización y financiarización.

La calificación de los títulos que acceden al registro se encuentra regulada en el artículo 2011° del Código Civil, en el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante RGRP) y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (en adelante, “RIRP”). Si bien ninguna de estas normas cuenta actualmente con un artículo referido a la calificación especial de documentos administrativos, en el XCIII Pleno se aprobó un Precedente de Observancia Obligatoria por medio del cual se detalló el tipo de calificación que los Registradores debían aplicar en estos casos. En el presente artículo, desarrollaremos la aplicación de la calificación de documentos administrativos a propósito de la Resolución N° 278-2016-SUNARP-TR-L referida a la solicitud de inscripción de una Independización de Predio Rústico que resulta observada puesto que el Registrador encuentra mediante Informe de Catastro que el predio materia de independización se encuentra cerca a zona de playa y dentro de un Área de Conservación Regional. Finalmente, podremos determinar si la calificación aplicada por el registrador y el Tribunal Registral fue la acertada o si no correspondía presentar observaciones al título