Tesis

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

En el presente trabajo empezaremos estudiando el régimen laboral actual de los conductores de transporte terrestre interprovincial en el país. Asimismo, comprobaremos que este régimen goza de ciertas particularidades que hacen que el tratamiento laboral actual que se da a este grupo de trabajadores no sea necesariamente el más adecuado para una mejor protección de sus derechos fundamentales. En efecto, el trabajo parte de un análisis de la normativa legal laboral que regula a los conductores de transporte interprovincial y del actual tratamiento jurisprudencial que las Cortes peruanas han venido dándole a sus condiciones laborales. Este estudio es relevante en tanto nos animaremos a proponer un tratamiento laboral distinto al actual. Esto, en tanto el Derecho del Trabajo debe de otorgar una serie de garantías a los trabajadores, lo que, según verificaremos, no se está dando actualmente. Así, concluiremos el trabajo con una propuesta de reforma integral del régimen laboral actual de los conductores de transporte terrestre interprovincial, que ya en algunos otros países se ha venido dando en pos de una mejor garantía de sus derechos.

El servicio de transporte público en Lima se ha caracterizado desde hace varias décadas por exhibir una profunda informalidad, sobre todo desde la emisión Decreto Legislativo 651, en 1991, en virtud del cual el Estado peruano abandonó virtualmente cualquier rol regulador y planificador frente a las empresas del ramo, negando a dicha actividad la caracterización de servicio público. Ello ha afectado muy negativamente la calidad de este servicio, en perjuicio de los usuarios, de la seguridad de los peatones y de la ciudad en conjunto. A ello hay que sumar las fuertes externalidades que genera el transporte público limeño: accidentes de tránsito, contaminación atmosférica, deterioro del entorno urbano. Frente a esta situación crítica, las autoridades competentes se limitaron, durante años, a promover inversiones en infraestructura vial (que beneficiaban prevalentemente al automóvil privado), desentendiéndose de la situación del transporte público. Posteriormente, desde la década del 2000, se empezaron a realizar inversiones en infraestructura de transporte público masivo (primero el Metropolitano, después el Metro de Lima), intentando ofrecer alternativas a los usuarios frente al desorden y la baja calidad del servicio de transporte público tradicional. No obstante, dichas soluciones han resultado insuficientes.

Las nuevas tecnologías han generado cambios profundos en la sociedad, en la economía y en la forma en que interactuamos en nuestras relaciones diarias. El uso masivo de estas tecnologías, que aumenta de forma progresiva, ha generado formas nuevas de generación de empleo y de generación de ingresos para los ciudadanos, lo cual, crea nuevos modelos de negocio que, utilizando las nuevas tecnologías y los fundamentos de la economía colaborativa han hecho crecer en un tiempo sumamente corto, modelos de negocio dentro de los cuales podemos ubicar a las Aplicaciones de Solicitud de Transporte, en adelante “AST”, en el mercado de movilidad urbana sostenidos por plataformas digitales que soportan comunidades de usuarios. La rápida incursión de las AST dentro del mercado de movilidad y comercio electrónico en Lima, ha generado diversas eficiencias en el mercado de movilidad que, a la fecha, se han hecho parte del día a día de los ciudadanos en la ciudad y reestructuraron por completo los estándares de calidad de servicio en el transporte en vehículos menores, tarifas e información sobre el servicio. Sin embargo, al mismo tiempo se han generado una serie de cuestionamientos y problemáticas que requieren una respuesta adecuada del Derecho y del Regulador en salvaguarda del orden público, pero sin sacrificar el fomento de la innovación y el progreso a través de la tecnología. Por esas consideraciones, el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestro medio y en diversas áreas de actuación social y cómo el Derecho debe responder ante los cambios sociales generados por las nuevas tecnologías. Asimismo, se propone dar a conocer la verdadera naturaleza técnica y jurídica de lo que es y representa una AST, conociendo sus alcances, tratamiento legal a la fecha y los problemas y cuestionamientos superados. De igual forma, se plantea la revisión de lo actuado y existente a nivel nacional e internacional sobre la regulación de AST, concluyendo en los lineamientos que debería incorporar una adecuada regulación en este mercado.

El presente artículo tiene el objetivo analizar el estándar de (des)protección en el que incurre la Ley N°31096, “Ley que precisa los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos” sobre el derecho a la movilidad sostenible de los usuarios del transporte público en el Perú, una facultad que aún no es reconocida explícitamente en nuestro país pero que merece especial atención al estar vinculado con derechos fundamentales para el desarrollo de las personas. El tema planteado presenta relevancia jurídica en tanto, dentro de los votos singulares o el voto en bloque del Tribunal Constitucional al decidir sobre el caso de los automóviles colectivos, se debió desarrollar el vicio material respecto a la vulneración del derecho a la movilidad sostenible de los usuarios, lo cual hubiera permitido tener más argumentos a favor de la inconstitucionalidad de la Ley N°31096. Para ello, en primer lugar, se introducirá a los lectores en los aspectos claves para el análisis de la norma en cuestión. En segundo lugar, se analizará el vicio material respecto de la vulneración del derecho a la movilidad sostenible de la Ley N°31096. En tercer lugar, se expondrán conclusiones y recomendaciones a partir del análisis realizado. / The purpose of this article is to analyze the standard of (dis)protection incurred by Law N°31096, "Law that specifies the scope of Law 28972, Law that establishes the formalization of land transportation of passengers in collective automobiles" on the right to sustainable mobility of public transportation users in Peru, a right that is not yet explicitly recognized in our country but deserves special attention as it is linked to fundamental rights for the development of people. The issue raised presents legal relevance in that, within the singular votes or the block vote of the Constitutional Court when deciding on the case of collective automobiles, the material defect regarding the violation of the sustainable mobility right of the users should have been developed, which would have allowed for more arguments in favor of the unconstitutionality of Law No. 31096. To this end, first, readers will be introduced to the key aspects for the analysis of the law in question. Secondly, I will analyze the material defect regarding the violation of the right to sustainable mobility of Law No. 31096. Thirdly, I will propose conclusions and recommendations based on the analysis. / Trabajo académico

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria, realizado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), y los resultados obtenidos desde su implementación hasta la actualidad, tomando en cuenta los objetivos planteados en la exposición de motivos, vinculado por ejemplo a determinar si el índice de siniestralidad ha disminuido, si se ha recortado la carga procesal, si la institución ha logrado resolver oportunamente o, específicamente, si la prestación del servicio de transporte de vehículos sin autorización se ha reducido, etc. La novedad de su implementación no permite hacer un balance de mayor calado, pero de manera preliminar se resalta que es relativamente positivo, básicamente, respecto a la reducción de la carga procesal de la institución; sin embargo, no hay mayor relevancia en relación al desincentivo de infracciones, por lo que el nivel de satisfacción derivado de este aspecto es bajo. En ese sentido, de la experiencia del cambio del procedimiento administrativo sancionador ordinario a uno sumario, se advierte la importancia de tomar en cuenta criterios como el costo de oportunidad o la probabilidad de detección, para la elaboración de normativas vinculadas al transporte, dado la poca sistematicidad institucional que hace la tarea compleja para la Administración. / In the present research work, the application of the New Regulation of the Special Administrative Sanctioning Procedure of Summary Processing, carried out by the Superintendency of Land Transport of People, Cargo and Goods (SUTRAN), and the results obtained from its implementation to the present, are analyzed. taking into account the objectives set out in the explanatory memorandum, linked, for example, to determining whether the accident rate has decreased, whether the procedural burden has been reduced, whether the institution has managed to resolve in a timely manner or, specifically, whether the provision of the transportation of unauthorized vehicles has been reduced, etc. The novelty of its implementation does not allow for a more profound assessment, but in a preliminary way it is highlighted that it is relatively positive, basically, with respect to the reduction of the procedural burden of the institution; however, there is no greater relevance in relation to the disincentive for infringements, so the level of satisfaction derived from this aspect is low. In this sense, from the experience of the change from the ordinary penalizing administrative procedure to a summary one, the importance of taking into account criteria such as the opportunity cost or the probability of detection is noted, for the elaboration of regulations related to transport, given the little institutional systematicity that makes the task complex for the Administration. / Trabajo académico

El autor sustenta las razones por las cuales la seguridad vial en el Perú, desde el punto de vista legal, debe ser asumida como un principio jurídico, calificación que debe ser tomada en cuenta cuando se analiza la constitucionalidad de decisiones regulatorias en materia de transporte terrestre de pasajeros. Para sustentar la posición se toma como ejemplo el caso de la formalización de vehículos de la categoría M2 para el transporte de pasajeros en el ámbito regional, vehículos que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 31096, se encontraban prohibidos de realizar dicho servicio. / The writer supports the reasons why road safety in Peru, from a legal point of view, must be assumed as rule, a qualification that must be taken into account when analyzing the constitutionality of regulatory decisions on land transport of passengers. To support his position, the case of vehicles M2 category for transport is taken as an example, vehicles that were prohibited from performing until before of Ley N° 31096. / Trabajo académico

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis