Analiza la pérdida del derecho de utilización del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado por gastos que exceden los límites citados en el Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, lo que ocasiona perjuicios económicos a las empresas de los diversos sectores del país. La investigación es de tipo descriptiva mixta porque permite analizar y explicar los componentes principales de la realidad problemática de las empresas gravadas con el IGV en el Perú, siendo la muestra de evaluación el sector industria y consumo masivo (retail). Los resultados de la investigación demuestran que los contribuyentes del Impuesto General a las Ventas y, en particular, las empresas del sector industria y consumo masivo deben hacer utilización del crédito fiscal, partiendo de un análisis teórico y técnico del Impuesto General a las Ventas.

Ingeniero Civil Industrial / Oechsle, compañía de tiendas por departamento, miembro del holding peruano Intercorp, tras 16 años de recesión, se encuentra en búsqueda de soluciones para optimizar sus operaciones, en las más de 20 tiendas que tiene distribuidas por todo Perú. Esto porque, debido a la llegada de competencia desde Chile, Oechsle ha sido relegado a la tercera posición del mercado. En esta búsqueda por recuperar mercado, es que, desde la gerencia de Productividad surgen inquietudes sobre el desempeño de la fuerza laboral, en particular, sobre la fuerza de ventas, la cual ha ido en aumento durante los últimos años, elevando su costo. Si bien este aumento de trabajadores se debe al aumento de la cantidad de tiendas y las ventas generadas, desde las jefaturas intermedias se presenta la duda sobre el rendimiento de las decisiones que se tomaron en el último tiempo. Ya que, el costo operacional por las ventas sigue representando un porcentaje cercano al 30%. Por tanto, aparece el interés de evaluar nuevas opciones para mejorar el desempeño de la fuerza de ventas, con la esperanza de obtener un aumento en las ventas o una reducción en los costos operacionales, sin perjudicar los resultados comerciales de la compañía. Para realizar esta evaluación, se utilizó un modelo matemático con el fin de determinar el mix de cajeros a contratar para una tienda piloto, ubicada en Lima. Con esto, se logró evaluar nuevas opciones para establecer el equipo de cajeros, pudiendo reducir los costos de la nómina, y otorgando una mayor flexibilidad para cubrir la demanda. Con el modelo de optimización, se obtuvieron dos alternativas para conformar el mix de cajeros. La primera alternativa conservó la cantidad y proporción de contratos, y obtuvo un ahorro estimado de $ 247.571 soles, mientras que al brindarle libertad al modelo para sugerir nuevas cantidades y proporción de contratos, se obtuvo la segunda alternativa, que brinda un ahorro estimado de $ 263.309 soles. Finalmente se incluyó un análisis de sensibilidad con respecto a los parámetros utilizados, con el fin de entender de mejor manera los resultados. Para luego poder replicar el modelo a otras tiendas, con mayor libertad

En el marco del Estado Constitucional de Derecho peruano, el cual ha sido definido como un Estado social, se ha reconocido la relevancia del principio de solidaridad del cual se desprenden deberes constitucionales de solidaridad, entre ellos: el “Deber de Contribuir” y el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales”. La conjunción de ambos elementos en el campo del derecho tributario nos plantea una serie de reflexiones. Así, por un lado tenemos que el “Deber de Contribuir” promueve la colaboración con el pago de tributos para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, y por otro, el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales” busca la colaboración a través de donaciones que tienen consecuencias en la recaudación de tributos, por ejemplo, en el Impuesto a la Renta se establecen los gastos por donación como deducciones no causales para la determinación de la renta neta, del mismo modo existen inafectaciones para el Impuesto General a las Ventas, Selectivo al Consumo y derechos arancelarios. A esto, se suma el régimen extraordinario establecido por la Ley 30498 “Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.”, que amplía los alcances del régimen ordinario de donaciones en materia tributaria ante determinadas circunstancias producto de la urgencia que significa la atención de un desastre natural. Encontramos que los deberes constitucionales de “Deber de Contribuir” y el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales” pueden haber disonancias, sin embargo ante el contexto de un desastre natural, el Estado debe ponderar ambos deberes para mantener la eficacia del principio de solidaridad que coadyuve a acércanos al bienestar general y la tutela efectiva de la dignidad humana. / Trabajo académico

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza las sanciones anómalas como efecto de la aplicación de requisitos formales para el ejercicio del derecho al crédito fiscal en pleno procedimiento de fiscalización por empresas que realizan operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas, cuyo cumplimiento inadecuado origina su pérdida de dicho crédito y además es acreedor de una sanción administrativa. / Tesis

El objetivo de este documento es evaluar los efectos sobre el bienestar de una reforma tributaria orientada a quitarle protagonismo a los impuestos directos. Por lo que se demuestra que el costo marginal de los impuestos indirectos es menor al costo marginal de los impuestos directos. Asimismo, se calculan las elasticidades de sustitución oferta local VS externa (Armington), las elasticidades de sustitución demanda local vs externa (CET), las elasticidades de sustitución de factores de producción y las elasticidades de demanda – precio de hogares. Además, el Modelo de Equilibrio General Computable Standard desarrollado por Lofgren (2002) es calibrado con la Tabla de Insumo Producto del 2012, las elasticidades mencionadas anteriormente, la elasticidad de sustitución entre el valor agregado y la demanda intermedia para la oferta de cada bien y la elasticidad en la función de agregación del mismo bien producido por diferentes sectores de actividades. Entre sus principales resultados se obtiene que existe una potencial reforma tributaria para subir el Impuesto General a las Ventas y bajar el Impuesto a la Renta de tercera categoría a un costo de bienestar social relativamente bajo, asumiendo de que los beneficios tienen que ser más grandes que el Costo Marginal de los Fondos Públicos para compensar este factor de costo adicional. / Tesis

En el año 2014 se promulgó la Ley No.30264 que tuvo como finalidad la promoción del crecimiento económico. Entre las modificaciones propuestas en el ordenamiento se estableció un supuesto de inafectación en la Ley del Impuesto General a las Ventas que pretendía combatir la “doble imposición económica” en los casos en que se utilice un servicio en el país cuya retribución formaba parte del valor en aduana de una mercancía importada. Ante dicha regulación, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Se soluciona el problema de la doble imposición interna en el Impuesto General a las Ventas detectada por el legislador en todos los casos? Con el fin de responder a dicho cuestionamiento, realizamos un análisis crítico de la medida optada por el legislador para contrarrestar el mencionado fenómeno a partir de la revisión de: (i) la relación entre el Derecho Tributario y el Derecho Aduanero, a fin de determinar si la solución del problema detectado debe tener en cuenta ambas regulaciones; (ii) la estructura y características esenciales del Impuesto General a las Ventas; y, (iii) el alcance y soluciones del fenómeno de la doble imposición interna. De esta manera, comprobamos que en la Ley del Impuesto General a las Ventas sí se evidencia un problema de doble imposición interna. Sin embargo, consideramos que la inafectación planteada en los términos de la norma no es adecuada para resolver la problemática detectada por el legislador, ya que no ha tenido en cuenta, para dicha opción legislativa, la relación existente entre las materias vinculadas a las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas (importación de bienes corporales y utilización de servicios). Esto nos lleva a plantear una serie de soluciones al problema detectado con la finalidad de que no se vean vulnerados principios constitucionales tributarios y se garantice la coherencia de nuestro sistema normativo. / Tesis

La investigación permitió demostrar la existencia de incidencia de la informalidad de las Mypes en la recaudación del IGV, durante el periodo 2013-2017, y por qué la Informalidad de las mypes fue un factor que influencio en la recaudación del IGV, periodo 2013-2017. A partir de dicho objetivo, el diseño de la investigación fue no experimental transaccional y el tipo de investigación es correlacional negativa, en relación a las variables de estudio, para esto, se utilizó data oficial del Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, SUNAT, entre otros. Siendo así, se obtuvo como principal resultado que si existe incidencia de la informalidad de las mypes en la recaudación del IGV en el periodo 2013-2017 y que el grado de dicha Incidencia es estadísticamente significativa. De este modo, se concluyó que la Informalidad presente en las Mypes, afecta significativamente la recaudación del IGV y consiguientemente, los ingresos tributarios del gobierno central y es la principal barrera para lograr la tan necesaria ampliación de la base Tributaria. Además, la informalidad es uno de los problemas que el gobierno no ha podido dar solución, las cifras señalan que estas, inclusive se encuentran por encima de las empresas que operan respetando las normas internas. Y si bien este tipo de empresas crean escenarios favorables para la captación de mano de obra, generan distorsiones severas que en nada contribuyen al proceso de desarrollo. / Tesis

En el marco del Estado Constitucional de Derecho peruano, el cual ha sido definido como un Estado social, se ha reconocido la relevancia del principio de solidaridad del cual se desprenden deberes constitucionales de solidaridad, entre ellos: el “Deber de Contribuir” y el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales”. La conjunción de ambos elementos en el campo del derecho tributario nos plantea una serie de reflexiones. Así, por un lado tenemos que el “Deber de Contribuir” promueve la colaboración con el pago de tributos para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, y por otro, el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales” busca la colaboración a través de donaciones que tienen consecuencias en la recaudación de tributos, por ejemplo, en el Impuesto a la Renta se establecen los gastos por donación como deducciones no causales para la determinación de la renta neta, del mismo modo existen inafectaciones para el Impuesto General a las Ventas, Selectivo al Consumo y derechos arancelarios. A esto, se suma el régimen extraordinario establecido por la Ley 30498 “Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.”, que amplía los alcances del régimen ordinario de donaciones en materia tributaria ante determinadas circunstancias producto de la urgencia que significa la atención de un desastre natural. Encontramos que los deberes constitucionales de “Deber de Contribuir” y el “deber de solidaridad en caso de desastres naturales” pueden haber disonancias, sin embargo ante el contexto de un desastre natural, el Estado debe ponderar ambos deberes para mantener la eficacia del principio de solidaridad que coadyuve a acércanos al bienestar general y la tutela efectiva de la dignidad humana.

El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad analizar el régimen jurídico, alcances e implicancias de la responsabilidad solidaria por parte de las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (en adelante, “GLP”) al ser las emisoras de los certificados de conformidad para Locales de Venta. La autoridad administrativa, con el fin de asegurar las condiciones de seguridad de los Locales de venta, introdujo una serie de disposiciones específicas, entre ellas, la responsabilidad solidaria por parte de las empresas envasadoras de GLP (las mismas que se encargan de suministrar de cilindros de GLP a los Locales de Venta), ante el incumplimiento de condiciones de seguridad y/o técnicas por parte del agente que opere el establecimiento. De esta manera, la forma en la que la Autoridad Administrativa ha dispuesto su rol supervisor es en el trasladado de dicha obligación a las empresas envasadoras, emisores de certificados de conformidad frente al Local de Venta que comercialice los cilindros de su propiedad, de realizar inspecciones anuales en campo y garantizar el cumplimiento legal de referidos establecimientos, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento administrativo sancionador a la empresa envasadora. En ese sentido, se analizará el rol ejercido por parte del Organismo Regulador, desde la labor de policía, fiscalización, actividad administrativa de limitación, y determinar si la figura de responsabilidad solidaria cumple a cabalidad con los principios de culpabilidad, debido procedimiento, causalidad, razonabilidad; a la vez, determinar si esto constituye una transgresión de los derechos patrimoniales de las empresas envasadoras, afectando el mercado del GLP minorista y mayorista. Finalmente, se propone de manera justificada que el único encargado de fiscalizar a los Locales de Venta, en el cumplimiento de la normativa de seguridad en armonía con el bien común y la seguridad pública, debe recaer en el Organismo Regulador. / The purpose of this research work will be analyze the legal regime and implications of joint liability on the part of the Liquefied Petroleum Gas (hereinafter, “LPG”) bottling companies. The authority introduce a series of specific provisions, like joint liability on the part of the LPG bottling companies (the same ones in charge of supplying LPG cylinders to the Sales Premises). The Administrative Authority has transferred the obligation to packaging companies, issuers of certificates of conformity to the Sales Premises that market the cylinders they own, to carry out annual field inspections and guarantee legal compliance of said establishments, under warning to initiate the administrative sanctioning procedure against the packaging company. In this sense, the role played by authority will be analyzed, from the work of police, inspection, administrative activity of limitation, and determine if the figure of joint liability fully complies with the principles of guilt, due procedure, causality; at the same time, determine if this means a transgression of the economic rights of the bottling companies, affecting the retail and LPG market. Finally, it is proposed that the sole person in charge of supervising the Sales Premises, in compliance with safety regulations in harmony with the common good and public safety. / Trabajo académico

El informe presenta un trabajo de investigación en materia de derecho tributario y derecho constitucional, que se justifica en la importancia de las acciones constitucionales que pueden ejercerse en el ámbito tributario, tal como sucede en los casos de creación de normas jurídicas de contenido tributario. El objetivo principal de este informe es identificar la aplicación de los principios tributarios en las obligaciones tributarias asociadas al Impuesto General a las Ventas (en adelante, “IGV”) - particularmente en el ámbito de las importaciones de bienes y el régimen de percepciones del IGV- de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario desarrollado en las controversias acontecidas a raíz de defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes o sujetos obligados al pago frente al ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. En atención a ello, la idea central que planteamos para la resolución del caso en concreto es la aplicación de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional frente a la regulación del Régimen de Percepciones del IGV (Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT) aplicable a las importaciones de bienes usados. En esa línea, tenemos que la posición desarrollada en esta informe resulta acorde a la resolución del Tribunal Constitucional, pues consideramos correcto el entendimiento sobre la validez del régimen de percepciones aplicable a las importaciones en materia de IGV, y además, la declaración de inconstitucionalidad por la vulneración a la reserva de Ley. Sin embargo, discrepamos sobre el extremo referido a la vulneración del derecho a la igualdad, ya que sostenemos que la norma en controversia carece de pronunciamiento al respecto, al no establecer una distinción clara entre los grupos sujetos a la percepción para la aplicación de la tasa respectiva (importadores de bienes nuevos e importadores de bienes usados), lo cual no fue debidamente advertido por el Tribunal Constitucional; y, a su vez, repercute en el análisis respecto a la aplicación del principio de no confiscatoriedad en los pagos adelantados en materia de IGV.