El presente Estudio de Caso tiene por objetivo analizar el programa de concesiones viales en Chile desde el marco de la política pública, establecer la relación que existe entre el programa de concesiones y los procesos que debe considerar una política pública. Junto con lo anterior, este trabajo busca avanzar en la identificación de los procesos que se encuentran pendientes y de los desafíos futuros del programa de Concesiones. Para el logro de estos objetivos, el documento se estructuró a través de un marco conceptual en el que se definen los lineamientos para el análisis, en cuanto a la política pública y al bien público, sobre los cuales se establece el programa de Concesiones. Luego una segunda parte con la historia, que da cuenta de lo que ha sido el programa, dando pas o a una tercera parte, en que se analiza la relación que existe entre la pol ítica pública y el programa de Concesiones , a través del análisis de la información recopilada. Finalmente, se presentan las principales conclusiones, desafíos y propuestas sobre el tema. En cuanto a la metodología, se realizaron entrevistas en profundidad a los actores políticos relevantes que estuvieron involucrados directamente en el proceso, específicamente a los ex – Ministros de Obras Públicas, y se desarrolló un trabajo de análisis documental y de prensa. De esta manera se logró estructurar la visión del programa de Concesiones viales en Chile desde los propios actores. Del análisis se desprende que el programa de Concesiones en sus inicios no fue concebido como una política pública; ya que no cumplió varios de los procesos que deben considerarse para tal efecto; sin embargo, implicó una serie de decisiones públicas al momento de su implementación. En este sentido, se considera que el programa de Concesiones responde a una decisión pública y no al diseño y gestión de una política pública, por lo que aún tiene tareas y desafíos pendientes que deben ser abordados en el corto y mediano plazo. Cabe destacar que este hecho no dice relación con el éxito o fracaso que pudo haber tenido el programa de Concesiones. A modo de conclusión se destacan como tareas pendientes; el proceso de institucionalidad del programa de Concesiones y establecer una participación ciudadana que responda a un proceso de modernización del Estado; y como principales desafíos se encuentran; establecer los estándares de servicios para la infraestructura concesionada, una mayor regulación y una política para la nueva generación de Concesiones. Por otro lado, este análisis considera el proyecto de ley que modifica la Ley de Concesiones, que se discute en el Congreso, modificación que no se hace cargo de incorporar la totalidad de las tareas pendientes y desafíos del programa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Ahora bien, entre el citado trabajo y la elaboración de la presente memoria se modificó la ley de concesiones de obras públicas mediante la reforma introducida por la ley 20.410 en enero de 2010, la que introdujo, entre otros tópicos, importantes cambios en el sistema de resolución de conflictos, que era una de los temas que nos atrajo y nos llevó a cursar el taller de memoria. Así las cosas, en este trabajo decidimos abocarnos al estudio comparativo entre el antiguo sistema y el nuevo sistema de resolución de controversias; donde se pretende abarcar un estudio pormenorizado a nivel orgánico, funcional y estadístico, y la proposición de mejoras al sistema. En especial se pretende analizar en detalle la nueva institucionalidad creada, el Panel Técnico, y cuáles son los resultados obtenidos en el año y medio que lleva la ley desde su entrada en vigencia. Además, se presentará un estudio comparativo entre el sistema vigente en Chile y el escogido por algunas de las legislaciones de 6 Latinoamérica y en particular la de España, teniendo en consideración el nivel de desarrollo de esas naciones en la materia. El objetivo principal de la presente memoria es llegar a determinar con propiedad si es que el nuevo sistema creado –modificado- cumple con los argumentos esgrimidos como fundamento de la reforma de la ley, es decir, si efectivamente es un sistema que, además de ser más rápido y menos costoso para las partes del contrato de concesión, logra colocar en un real pie de igualdad a las partes del mismo; y si correlativamente, con la introducción del Panel Técnico y la reformulación de la Comisión Arbitral se da un paso adelante en materia de seguridad jurídica. La realidad, a un año y medio de la entrada en vigencia de la ley, nos llevará a plantearnos importantes cuestionamientos en torno a la efectividad del sistema. De esta manera, se abarcará este punto desde la óptica de las expectativas existentes dentro de los actores del sistema acerca de cómo funcionará éste. Se utilizará como metodología de análisis, por una parte, la investigación comparada de la legislación chilena en materia Concesiones de Obras Públicas, tanto antigua como nueva, además de recurrir bibliográficamente a las obras de autores nacionales e internacionales en sus distintos formatos; libros, papers, materiales de estudio, ponencias, etc. Además se recurrirá a la opinión experta de distintos actores del sistema a través de entrevistas personales y también por intercambio de correspondencia electrónica

El objetivo general del trabajo es el análisis crítico de la concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún, toda vez que el diseño de dicha concesión pertenece al desactivado Programa Costa-Sierra que busca atender la demanda de conectividad de pequeñas ciudades de diez departamentos de la costa peruana. Este análisis busca brindar recomendaciones para evaluar la pertinencia de iniciar o continuar con programas similares. En consecuencia, se analizan los principales problemas regulatorios identificados en la concesión que comprenden el aumento del costo del proyecto en los estudios definitivos de ingeniería respecto de la proyección referencial, la demora en la definición y entrega del terreno para construcción de la unidad de peaje y los vacíos en las cláusulas contractuales.

El Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, por su elevado retorno social y adscripción a un proyecto de interconexión multimodal de mayor envergadura, despertó gran expectativa del gobierno y de la población amazónica. No obstante, el proyecto ha presentado problemas de demoras e incumplimientos por parte del Estado que han conllevado a generar serios inconvenientes durante la etapa de construcción y un poco alentador inicio de la etapa de operaciones. El presente trabajo trata de identificar y analizar aquellos aspectos que habrían contribuido al surgimiento y persistencia de los serios problemas que ha tenido que enfrentar el proyecto, por lo que se ha podido determinar que muchos de ellos se derivan y podrían ser mitigados por una acción directa y comprometida de las entidades con competencia en el desarrollo de la concesión. Consideramos que los resultados del presente trabajo permitirán evidenciar los errores incurridos en la estructuración y diseño de la primera concesión portuaria en el ámbito amazónico, lo que lo convierte en una herramienta de consulta que permita a los planificadores del Estado mejorar las condiciones para el éxito de los siguientes procesos de promoción de los terminales portuarios de Iquitos y Pucallpa

El primer objetivo del trabajo de investigación es evaluar, de forma crítica, el régimen de penalidades contenido en los contratos de concesión de infraestructura de uso público y el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) al momento de imponer penalidades a dichos concesionarios. Como consecuencia de lo primero, el segundo objetivo consiste en proponer un conjunto de mejores prácticas de sencilla implementación, pero con un gran impacto en la mejora de la gestión del Ositran al ejecutar este tipo de penalidades contractuales.

En materia de contratos de APPs, la caducidad, resolución y rescate del contrato vienen utilizándose de manera heterogénea confusa. Es necesario, por tanto, definir claramente los conceptos, y determinar su aplicabilidad en el Perú, considerando la legislación vigente. Se analizan diversos contratos suscritos, así como las tres principales controversias que han surgido en contratos que fueron extinguidos por el Estado de manera irregular. El concepto de interés público es analizado, por ser un recurso al que acude el Estado para extinguir un contrato, no siempre con una adecuada justificación. Se concluye que la caducidad de una concesión solo debe proceder ante el incumplimiento de una obligación esencial por parte del concesionario, debiendo establecerse en la legislación cuáles son las obligaciones esenciales. Asimismo, no se deberá continuar incorporando en los contratos de APP cláusulas que establezcan la resolución del contrato como una causal de caducidad, cláusulas que establezcan el derecho del Estado de declarar la caducidad de pleno derecho, sin preaviso, cláusulas de rescate unilateral sin ninguna justificación, o cláusulas que permiten al Estado recuperar la concesión de facto o por las vías de hecho. Se concluye con una propuesta de modificación al DL No. 1362. / Tesis

In this report, the main Income Tax aspects related to the concessions of public infrastructure and of public services regulated by Supreme Decrete N° 059-96-PCM are analyzed. Hence, the applicable rules for investments made by the concessionaires and the treatment of self- sustained and co-financed concessions will be examined. To conclude this report, legislative changes that, in opinion of the authors would help provide greater security to the current regime on benefit of the Peruvian State and the investors, are suggested. / En este artículo se analiza el tratamiento para fines del Impuesto a la Renta de las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos regulados por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, que rige la entrega de las referidas concesiones. Así, se examina el régimen aplicable a las inversiones realizadas por los concesionarios, el tratamiento de las concesiones auto-sostenibles y las concesiones cofinanciadas. Para culminar este artículo, se proponen cambios legislativos que, en opinión de los autores, ayudarían a dotar de mayor seguridad al régimen actual en beneficio del Estado peruano y de los inversionistas.

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2/4/2020. / Magíster en Gestión para la Globalización / El presente estudio tiene como objetivo establecer un plan de negocios que incentive la competitividad en el ejercicio de la exploración minera en Chile y Latinoamérica, mediante la creación de un mercado organizado online que ponga en contacto oferentes y demandantes de títulos mineros. Se pretende así dar solución al acceso de propiedad minera que existe en Chile y a la vez fomentar la rotación e incrementar la liquidez de este tipo de activos desde una perspectiva de mercado. De manera anexa se generará un mercado de información geocientífica y se establecerá un portal para ofrecer servicios enfocados en el negocio de la exploración. Actualmente no existe en Chile un mercado organizado enfocado en facilitar transacciones de propiedades mineras online. El mercado potencial calculado para Chile varía entre US$ 86.000 y 45.000 millones. Para empresas semejantes que operan en Australia se estiman ingresos anuales entre US$ 1.3 y 1.8 millones. La empresa está enfocada en ofrecer un portafolio de proyectos mineros en etapa de exploración a empresas Juniors y Majors, y a la vez facilitar el acceso a información geocientífica y contratación se servicios asociados a la exploración. Se cuenta con un equipo profesional de alto nivel compuesto de un abogado con experiencia en comercio internacional, un ingeniero comercial con experiencia en estrategia y finanzas, un ingeniero industrial con experiencia en marketing y un geólogo con experiencia en exploración minera. Todos ellos presentan formación de MBA en Australia y tres de ellos doble título en Chile. El modelo de negocio se basa en el pago de una subscripción para tener acceso a la información completa del portafolio de proyectos y al pago de una comisión por negocio realizado, al igual que las transacciones de información geocientífica y contratación de servicios anexos. Las ventajas competitivas que tiene la empresa son el equipo profesional de alto nivel y el sólido y fuerte network en la industria del cobre, exploración minera y mundo financiero. Se cuenta con un Advisory Board con altos ejecutivos de empresas Majors. El valor de la empresa, estimado mediante el VAN a una tasa de descuento de 13,5%, es de US$ 11,9 millones para un periodo de evaluación de 10 años, con una TIR de 64%. Se espera alcanzar el break even point a partir del año tres. La inversión inicial se estima en US$ 200.000 incluyendo el desarrollo del sitio web y la operación y kick off de los primeros ocho meses.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo profundizar en los aspectos generales de la energía geotérmica, particularmente relacionados con la Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica, publicada en el Diario Oficial, el 7 de Enero del 2000 y su análisis desde un ángulo técnico, económico, pero principalmente jurídico. Dicho análisis está enfocado al sistema de concesiones, como forma de acceso de los particulares a su aprovechamiento y a las relaciones que es posible encontrar entre la Ley y otros bienes y derechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.