On the basis of the revision of the power to impose on government procurement matter, the author analyses the content and scope of Plenary Court agreement 1/2015-TCE; to the light of the juridical and factual that will occur with the emission and issue of this binding precedent.In addition, the author works a prediction of the eventual contradictions on the application of the Plenary Court agreement that may occur in the juridical administrative system and the harmful consequences of the effectiveness of it. / A partir de la revisión de la potestad sancionadora en materia de contratación pública, elautor analiza el contenido y los alcances del Acuerdo de Sala Plena 1/2015-TCE; a la luz de las implicancias jurídicas y fácticas que se presentarán con la emisión y publicación de este precedente vinculante.Adicionalmente, se prevé las eventuales contradicciones en que la aplicación de este Acuerdo de Sala Plena puede generar en el ordenamiento jurídico administrativo; así como las nefastas consecuencias de su vigencia.

The new Public Procurement Law introduces the Dispute Boards as a new settlement ofdisputes and contestations during the contractual execution of the work phase. The present article works, in the first place, the framework of public procurement and the controversies that are originated in the matter. Then, it will expose the development of the Dispute Boards in other countried and their characteristics. Finally, it concludes identifying the type of Dispute Boards that is being adopted in Peruvian law, showing his vantages and disadvantages. / La nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, incorpora la Junta de Resolución de Disputas, como un nuevo mecanismo de resolución de conflictos durante la fase de ejecución contractual de obras.En el artículo se desarrolla, en primer lugar, el marco de las contrataciones del Estado y las controversias que se originan en el mismo. Posteriormente, se expone el desarrollo de los Dispute Boards internacionalmente y sus características, y se concluye identificando el tipo de Dispute Boards adoptado en la legislación peruana, exponiendo sus fortalezas y debilidades.

In the first part of this essay, the author describes the regulatory regime governing the issuance of opinions by the Supervising Agency of the Government Procurement (OSCE) in Peru. In the second, there is a series of interpretative elements of the binding nature of opinions of OSCE that were provided by the legislature and that institution. The third is a review of the doctrinarian characteristics that defined the institution of the Administrative Advisory Service. And finally, in the fourth part, the author proposes an interpretation of the meaning and scope of the binding nature of opinions of OSCE, with focus on their application across the various stages of government procurement in Peru. / En la primera parte de este artículo se describe el régimen normativo que regula la emisión de opiniones por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en el Perú. En la segunda, se recogen una serie de elementos interpretativos del carácter vinculante que el legislador nacional le ha dado a esas opiniones. La tercera hace una revisión de las características con que la doctrina define a la Función Administrativa Consultiva. Y en la cuarta, finalmente, se propone una interpretación del sentido y alcance del carácter vinculante de las opiniones, con especial énfasis en su aplicación durante las diversas etapasde la contratación pública en el Perú.

Green purchases are part of a strategy for the application of a sustainable country development, considered as ‘a development that satisfies the people’s current necessities without affecting the ability of future generations to satisfy their own’. (Brundtland Report 1987). In the same way, it is part of a strategy to fight the effects of the weather changes or greenhouse that affect our planet and as a consequence the humanity.The green or ecological purchases are simple practices in the developing countries, in most cases in the European countries, but they are not known in Latin American countries. Just Costa Rica is supporting this practice with public institutions, for that reason they will get considerable benefits in its process.The Peruvian government is conformed by more than two thousand public entities, they are formed as national and regional government entities, town halls, decentralized offices, entities in the scope of FONAFE, business treatment and charitable work. These entities programmed purchases in the year 2008 approximately 58.234 million soles. However, just a few of the purchases had an ecological purpose.The following article has the objective to show the benefits of the green or ecological purchases, and the experience in developed countries to decide its application in Peru. In this way, this study pretends to join a number of experiences of countries in their green purchases and so it is divided in four parts. The first part referrs to the framework of the green purchases and it refers to the different concepts that explain those factors that push the United States to apply this strategy. The second part is about the international experience with the best practices. The third part shows the possibility of the green purchases in the country, and in the fourth part conclusions are presented. / Las compras verdes se convierten en parte de una estrategia para la aplicación del desarrollo sostenible en un país, entendido este como el «desarrollo que satisface a las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas» (Informe Brundtland, 1987). Así, también, es parte de una estrategia que trata de contribuir a combatir los efectos del cambio climático e invernadero que ponen en peligro la existencia de nuestro planeta y, por lo tanto, también de la humanidad.Las compras verdes o ecológicas son prácticas comunes en los países desarrollados, sobre todo europeos; sin embargo, son muy poco conocidas en los países de América Latina. Solo Costa Rica está promocionando esta práctica en sus instituciones públicas y ha obtenido considerables beneficios en su implementación.El Estado peruano está compuesto por más de 2 mil entidades públicas contratantes, las cuales están agrupadas en entidades de gobierno nacional y regional, municipalidades, instancias descentralizadas, entidades bajo el ámbito del FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), de tratamiento empresarial y sociedades de beneficencia. Estas entidades programaron compras en el año 2008 por la cantidad de 58.234 millones de nuevos soles. Sin embargo, muy pocas de dichas compras tuvieron un criterio ecológico en su proceso de selección.El presente artículo tiene por objetivo mostrar las bondades de las compras verdes o ecológicas y la experiencia en países desarrollados, y plantear su aplicación en nuestro país. Así, este trabajo trata de recopilar una serie de experiencias de países en sus compras verdes y se divide en cuatro partes. La primera parte se refiere al marco conceptual de las compras verdes y abarca, principalmente, los diversos conceptos que explican los factores que impulsan a los Estados a implementar dicha estrategia. La segunda parte presenta la experiencia internacional en la que se describen las mejores prácticas. La tercera parte analiza la posibilidad de la aplicación de las compras verdes en el país y, en la cuarta parte, se presentan las conclusiones del artículo

El objeto del presente informe es brindar al jurado un resumen con las actuaciones más importantes del arbitraje bajo número de expediente 1125-187-16, llevado bajo las reglas del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante, el Centro); así también, como un breve análisis y opinión del graduando sobre la decisión emitida por el Tribunal Arbitral. En el arbitraje materia del presente informe, la parte demandante fue el Consorcio Sensus Jergo (conformado por las empresas Corporación Sensus S.A y el Consorcio Jergo Contratistas y Consultores S.A.C) (en adelante, el Consorcio o el Contratista de forma indistinta) y la parte demandada es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED (en adelante, PRONIED o la Entidad de forma indistinta). / Trabajo de suficiencia profesional