El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

A partir de The Global Competitiveness Report 2010-2011, se presenta la situación del Perú a nivel internacional en cuatro indicadores relacionados al manejo de fondos públicos; pagos irregulares y sobornos; favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno; y despilfarro del gasto público. Se compara al Perú con España y los países más grandes de América Latina, y se observa que esta en un nivel intermedio, aunque por encima de la mayoría de los países de América Latina. También se identifican los principales aspectos que contribuyen a la transparencia en las compras públicas, ello a partir de la Ley de Contrataciones aprobada por el decreto legislativo 1017: la existencia del Registro Nacional de Proveedores; limitar la participación como proveedores del Estado hasta doce meses después de haber ejercido el cargo a los altos funcionarios del Estado, a sus parientes cercanos y a los altos funcionarios de los gobiernos regionales y locales en el gobierno regional o local en que fueron autoridad; la obligatoriedad de que toda entidad pública cuente con un Plan Anual de Contrataciones, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y la prohibición del fraccionamiento. Se mencionan también otros aspectos de la normativa que no facilitarían la transparencia, entre los cuales está no registrar información por parte de las entidades públicas por los bienes y servicios adquiridos y obras ejecutadas por debajo de 3 unidades impositivas tributarias(UIT)-que en 2011 equivalen a S/. 10 800-, y se toma en cuenta, además, que estos son aproximadamente cien mil procesos.

In the present article, the author shows his critical position about the reform of the regulatory framework on public procurement matter.Parting from some relevant aspects of the law, he explains the reason why he considers that this reform seems to lack of motivation and an adequate consideration of the actual status of public procurement in our country, calling into question the fact that we are facing a real reform. / A través del presente artículo, el autor esboza una opinión crítica respecto a la reforma del marco normativo en materia de contrataciones del Estado.Tomando en cuenta algunos aspectos relevantes de la norma, nos explica por qué considera que esta reforma parece carecer de una motivación y una adecuada apreciación del estado de la cuestión de la actual situación de la contratación pública en nuestro país, cuestionado así que se trate de una verdadera reforma.

The first part of the article proposes a theoretical-doctrinaire analysis about the sanctioning authority of the Public Administration and explains the sanctioning authority of the Supervisory Agency for Government Procurement. On the other hand, the second part of the article examines the definitions related to the personal liability concerning government procurement issues. Finally, the article explains the strict liability in this respect. / En la primera parte del artículo se propone un desarrollo teórico-doctrinario sobre la potestad sancionadora administrativa de la Administración Pública. Asimismo, se desarrolla una explicación en relación a la potestad administrativa sancionadora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En la segunda parte del artículo se analizan los conceptos sobre la responsabilidad subjetiva en materia de contrataciones con el Estado,terminando con explicar acerca de la responsabilidad objetiva en la misma materia.

This article aims to determine the extent for the regimen of administrative procedure of selection, in the framework of the Peruvian Public Procurement Law. In that way, by analyzing the juridical doctrine and the Supervisory Agency of Public Procurement’s pronouncements on the matter, it will be determined that we are facing and optional regime on exemptions. / El presente artículo busca determinar el alcance del régimen de exoneraciones de los procedimientos administrativos de selección, en el marco de la normativa de Contrataciones con el Estado en el Perú. En ese sentido, a través del análisis de la doctrina y de los pronunciamientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se verificarási es que nos encontramos o no ante un régimen facultativo de exoneraciones.

Mediante la formulación de distintas preguntas, se analiza en qué consiste un proceso de selección y cuáles son sus prinicpales características. El artículo se enfoca en explicar que, más allá de ser un conjunto de procedimiento, el proceso de selección implica tener un aparato estatal correctamente capacitado para dar una respuesta rápida y eficiente. Asimismo, se explica la necesidad de encontrar un equilibrio entre el marco normativo que controle las desviaciones de poder y el empoderamiento de los funcionarios encargado de las compras gubernamentales.

El presente trabajo de investigación aborda el riesgo que el Estado enfrenta constantemente en los procesos de selección de sus proveedores debido al gran número de procedimientos administrativos sancionadores por la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta en dichos procesos. Este riesgo se circunscribe a la posibilidad de contratar con proveedores no calificados quienes para obtener los contratos estatales falsifican documentos o presentan documentos con contenido inexacto que les permite superar las exigencias que las entidades públicas consignan en sus requisitos obligatorios o en sus componentes de evaluación. La investigación muestra el elevado número de procedimientos administrativos sancionadores por presentar documentos falsos y/o inexactos en relación con el número total de procedimientos, verificando con esta estadística el riesgo que asume el Estado durante el desarrollo de sus procedimientos de selección de proveedores de contratar con empresas no calificadas, obligándonos a analizar si es necesario reformular la visión e interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos de selección, como son la simplificación administrativa y el principio de presunción de veracidad; así como instaurar criterios nuevos –y distintos– en los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Se analiza por qué es posible que los proveedores presenten tan fácilmente la documentación falsificada, encontrando que una de las razones es que la simplificación administrativa se aplica sin ninguna restricción a todos los procedimientos administrativos, sin considerar su naturaleza. Asimismo, se plantean criterios adecuados para aplicar el principio de presunción de veracidad en el ámbito de la contratación pública, como, por ejemplo, tener más control y prevención cuando se traten de documentos elaborados o producidos por agentes privados, que son los más falsificados.

La Dirección de Gestión de Riesgos, como responsable de dirigir la estrategia supervisora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene la función de efectuar las acciones de supervisión de oficio, así como realizar su seguimiento en cumplimiento de la normativa de contratación pública y de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF). La supervisión de oficio resulta de vital importancia para promover contrataciones públicas íntegras, eficientes y competitivas entre entidades y proveedores, y se ejecuta bajo los parámetros del OSCE. Asimismo, el seguimiento permite verificar si la acción de supervisión logró cumplir su propósito de velar por el cumplimiento de la normativa de contratación pública y determinar mejoras continuas. Ahora bien, al analizarse las adjudicaciones simplificadas convocadas para la región Piura en año 2017 y que fueron materia de supervisión de oficio, se evidenció que las acciones realizadas por el OSCE fueron inoportunas y no fueron objeto de seguimiento; constituyendo aquello el problema a analizar en el presente trabajo de investigación.

The present article has as principal goal to analyze and comment the more relevant aspects referred to the amendments on that can be done to a contract, in the terms allowed by the new Public Procurement Peruvian Law. Also, the author will refer to the opinions emitted by the OSCE about the topic. Finally, he will state his main conclusions. / El presente artículo tiene como objetivo principal, analizar y comentar los más importantes aspectos referidos al tema de las modificaciones que se pueden realizar al Contrato, en los términos expuestos en la Ley de Contrataciones del Estado – Ley Nº 30225. Asimismo, procederemos a citar opiniones del OSCE referentes al tema; finalizando con la exposición de nuestras conclusiones.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar la limitada participación de las MYPEs inscritas en el Registro Nacional de Proveedores en las Contrataciones del Estado en la Región Arequipa, durante el año 2016. Para tal efecto se solicitó información a las entidades competentes; una vez recopilada, fue ordenada y procesada. Dicha información refiere la cantidad aproximada de MYPEs inscritas en el REMYPE (Registro de Micro y Pequeñas Empresas), con ella se procedió a determinar cuántas de éstas MYPEs cuentan con inscripción vigente en el RNP (Registro Nacional de Proveedores), para finalmente concluir cuántas de ellas participan activamente en los procedimientos de contrataciones públicas en sus diferentes modalidades y rubros; del mismo modo se ha elaborado una encuesta cerrada a un número determinado de Micros y pequeños empresarios, considerando que son la parte medular del problema identificado. Como consecuencia del análisis se ha detectado entre otros factores directamente referidos a nuestro objeto de estudio, la predominante presencia de barreras de acceso tales como: legales, informativas, administrativas y técnicas que en conjunto no incentivan la participación de las MYPEs. Frente a tal diagnóstico, hemos elaborado propuestas y algunas recomendaciones a fin de estimular una participación más activa de las MYPEs; fomentando de ésta manera una competencia más equitativa entre los Proveedores, resultando de imperiosa necesidad la exigencia del cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado a través de la efectiva supervisión del organismo competente, (OSCE), mediante un seguimiento aleatorio de los procedimientos y contratos suscritos, implementándose la aplicación de control preventivo de forma efectiva y de oficio. / This research’s objective is to analyze the limited participation from the MYPES subscribed in the national providers’ registry from the contracts of the Region of Arequipa in 2016. For that purpose, we solicited information from all the competitive entities. Once we gathered all the information, we processed it and organized it. This information contains the approximate quantity of MYPEs subscriptions in the REMYPE (Registry of Micro and Small Enterprises). Along with this quantity, we determined how many of those MYPES have their inscriptions up to date at the national providers’ registry. From that research, we could finally conclude how many of these MYPES actively participate on the procedures of the public contracts at their different field and methods. In the same way it has been made a close survey to a certain number of Micro and small companies, taking in consideration that they are the central part of the identified problem. As a consequence of this extensive research, we could find that in between other factors directly connected to our objective, the prominent presence of access barriers are legal, informative, administrative and technical. These access barriers do not motivate the participation of the MYPEs. With such diagnosis, we have come up with some recommendations to stimulate a more active participation from the MYPEs. Having a more active participation, there could be a more even competence between providers. As a result, it is of extremely necessity the compliance of the contract’s law through the OSCE (Contracting State Supervisor Organism). Compliance that could be reached by an extensive tracking, implementing preventive control in both ways; effective and spontaneously. / Trabajo de investigación