El presente trabajo de investigación abarca el estudio de la condición resolutoria en los contratos de trabajo como instrumento de extinción de la relación jurídica laboral. Asimismo, analiza su aplicación y requisitos de validez frente a una posible colisión de derechos fundamentales y principios del derecho laboral. De esta manera, en la primera parte se describe, analiza y estudia la condición resolutoria como modalidad del acto jurídico a la luz de las categorías jurídicas civiles existentes en nuestra legislación para luego establecer las características y los requisitos para su configuración y validez, respectivamente. Además, estudia el principio de estabilidad en el empleo desde un punto de vista crítico y analítico en el marco del proceso de flexibilización de las normas laborales y su relación con la condición resolutoria. Se concluye que para que se pueda pactar una condición resolutoria en el contrato de trabajo es necesario que esta cumpla con los requisitos que determinen su validez y que no signifique un abuso de derecho/poder por parte del empleador, de lo contrario se atentaría con el principio de estabilidad en el empleo. Además, debe hacerse uso del principio de proporcionalidad el cual es, sin duda alguna, una herramienta idónea de solución de los conflictos entre derechos fundamentales. / Trabajo académico

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia. / Trabajo académico

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A diferencia del pasado, hoy la atipicidad del contrato de trabajo es un fenómeno común. Esto refleja, por un lado, que el contrato de trabajo ha cambiado, pero también, de otro, que ha cambiado el trabajo mismo. Hoy el derecho del trabajo se enfrenta a un gran desafío: darle juridicidad a esta nueva situación.

La dependencia es la llave maestra que habilita la aplicación efectiva de las normas del derecho del trabajo a las relaciones concretas (poder directivo y organizativo del empleador) Se asume la presencia de facetas jurídicas y económicas de la dependencia Hoy en día hay que reconocer que la dependencia es un concepto flexible y adaptable, que puede ser aplicable lisa y llanamente a la idea de trabajo

Submitted by Felipe Flores Golfín (felipefloresgolfin@gmail.com) on 2016-04-26T04:09:40Z No. of bitstreams: 1 MT_Biblioteca.pdf: 1041302 bytes, checksum: 149d489f7f6ef3ee90b9d412b209615f (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-05-02T13:23:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MT_Biblioteca.pdf: 1041302 bytes, checksum: 149d489f7f6ef3ee90b9d412b209615f (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2016-05-02T13:55:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MT_Biblioteca.pdf: 1041302 bytes, checksum: 149d489f7f6ef3ee90b9d412b209615f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-09T13:39:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MT_Biblioteca.pdf: 1041302 bytes, checksum: 149d489f7f6ef3ee90b9d412b209615f (MD5) Previous issue date: 2016-03-23 / Exclusivity contracts can help stations by providing brand-value that allows them to obtain higher profits, relative to unbranded retailers. However, branded retailers may have a stronger negative effect over its competitors’ profits. It is not clear which one of these two effects dominates (brand-value vs competition effect). Therefore, the impact of exclusivity over the number of participants in the downstream market is not determined. In this paper, I empirically study the effects of exclusivity agreements on competition in the Brazilian gasoline sector. In order to do so, I estimate an entry model of endogenous product-type choices using data of retailers’ locations and contract choices along with data from the 2010 Brazilian Census. I use my estimates to simulate entry decisions under two counterfactual scenarios: i) mandatory exclusivity and ii) no exclusivity.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional em Economia, 2017. / Submitted by Gabriela Lima (gabrieladaduch@gmail.com) on 2017-11-29T13:17:11Z No. of bitstreams: 1 2017_FernandoTarleideFreitas.pdf: 2291032 bytes, checksum: d24479fc5c95d31650e85734e3e1e4f9 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-01-25T15:47:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_FernandoTarleideFreitas.pdf: 2291032 bytes, checksum: d24479fc5c95d31650e85734e3e1e4f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-25T15:47:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_FernandoTarleideFreitas.pdf: 2291032 bytes, checksum: d24479fc5c95d31650e85734e3e1e4f9 (MD5) Previous issue date: 2018-01-25 / O uso de serviços de terceiros pela administração pública, invariavelmente, gera custos indesejados, decorrentes de inadequações no planejamento da contratação, na seleção de fornecedores e na execução do contrato. A lei n. 8.666, de 1993, prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um agente da administração pública, designado especificamente para esse fim. O ato de fiscalizar significa verificar se o contrato está sendo executado de acordo com os termos pactuados, por meio de medição do serviço prestado e pela verificação do uso de materiais e de insumos, e se o quantitativo de mão de obra alocada é equivalente ao estipulado no contrato. O ato de fiscalizar também implica em verificar se a empresa contratada cumpre regularmente com as obrigações trabalhistas e se ela adota integralmente os parâmetros previstos na convenção coletiva de trabalho. Este trabalho, elaborado a partir de pesquisa documental, tem como objetivo avaliar o impacto da fiscalização de serviços terceirizados na gestão dos gastos da Universidade de Brasília (UnB). Foi realizado estudo comparativo de gastos com serviços terceirizados para um conjunto de universidades federais, sendo evidenciado que a UnB apresenta o maior custo com serviços terceirizados per capita por usuários diretos. / The use of third party services by the public administration invariably generates unwanted costs due to inadequacies in contracting planning, supplier selection and contract execution. Law no. 8,666 of 1993 provides that the performance of the contract must be monitored and supervised by an agent of the Administration designated specifically for that purpose. The act of supervising means verifying that the contract is being executed in accordance with the agreed terms, by measuring the service provided and by checking the use of materials and inputs, and if the quantity of labor Allocated is equivalent to that stipulated in the contract. The act of supervising also implies in verifying that the contracted company complies regularly with the labor obligations and if it adopts in full the parameters established in the collective bargaining agreement. This paper, based on documentary research, has the objective of evaluating the impact of outsourced services inspection on the management of expenses of the University of Brasília (UnB). A comparative study of outsourced service expenditures for a set of federal universities was made, showing that UnB presents the highest cost with outsourced services per capita by direct users.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016. / Submitted by Camila Duarte (camiladias@bce.unb.br) on 2017-01-25T13:38:03Z No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2017-03-14T19:35:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-14T19:35:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Contratos públicos são o meio pelo qual os recursos do governo são aplicados e as políticas públicas são desenvolvidas. No Brasil, respondem por mais de 19% do PIB. Considerando o desafio das instituições de controle governamental brasileiras de garantir eficiência e regularidade desses processos, propõe-se neste trabalho a utilização de modelos econométricos para seleção de casos para auditoria. Foram desenvolvidas três abordagens, sendo a primeira a estruturação de um modelo de quantificação do risco do fornecedor (empresa contratada), baseado em características como sua capacidade operacional e histórico de contratações anteriores, e a segunda, um modelo mais amplo de quantificação do risco dos contratos, com base nas características do fornecedor contratado, do próprio contrato e da licitação que o antecedeu. Esses dois modelos utilizaram a técnica de Regressão Logística para a estimação dos parâmetros. A terceira abordagem propôs um modelo de decisão multicritério para seleção final de contratos a serem auditados, considerando os scores de risco criados pelos dois primeiros modelos juntamente com os aspectos logísticos mais relevantes para a execução das fiscalizações. O modelo multicritério utilizou a técnica de Analytic Hierarchy Process (AHP). Os dois modelos de Regressão Logística obtiveram acurácia geral acima de 80%. O modelo de decisão multicritério foi aplicado nos contratos com índice de risco maior que 80%, com vistas a verificar seu impacto na ordenação dos riscos. / Public contracts represent the means by which government resources are applied and public policies are developed. In Brazil, they account for more than 19 % of GDP. Considering the challenge of Brazilian control institutions in ensuring efficiency and regularity in these processes, it is proposed in this study the use of econometric models for the selection of cases for audit. Three approaches are developed. In the first one, a logistic regression model is used to develop a classification scoring system for public suppliers. The second approach proposes a similar model with focus on public contracts. The third approach proposes a multi-criteria decision model to select public contracts to be audited, considering the risk scores created by the previous approaches and the most relevant operational aspects. The multi-criteria model uses the technique of Analytic Hierarchy Process (AHP). The two models of logistic regression obtained overall accuracy above 80%. The two models of logistic regression obtained overall accuracy above 80 %. The multi-criteria decision model was applied in contracts with risk index greater than 80% in order to highlight its impact on the ranking of risks.

Made available in DSpace on 2014-05-10T02:01:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000457768-Texto+Parcial-0.pdf: 410497 bytes, checksum: e444eb078ec9b3103ccb5b5993d33796 (MD5) Previous issue date: 2014 / The purpose of this paper is to examine the hypothesis that the social role of contracts, as regulated in art. 421 of the Brazilian Civil Code (Law # 10406 of 2002), is tied to the fulfillment of sustainability requirements (art. 225, caption, of the 1988 Federal Constitution). Sustainability is understood in this study as a legal value, goal, principle, rule and duty, and carries many interdependent dimensions (economic, social, environmental, legal-political, and ethical). As a result of the vertical and horizontal efficacy of basic rights, the constitutional sustainability principle, which sets forth the right to an ecologically balanced environment, irradiates its effects to Law as a whole, and requires actions that bring it to fruition from both the public authorities and private citizens. On the other hand, on the trail of complying with the constitutional principles and rules, we find that contracts are no longer seen as instruments that exclusively protect the will and conveniences of the parties involved in them, but now play a social, cooperative role between private interests and those of the entire society. Hence, we can say that sustainability conditions contract efficacy and sets limits to private autonomy. However, we understand that such fact does not apply to any and all private contracts, but solely those that generate environmental impacts, such as agrarian contracts. Therefore, environmental sustainability is a requirement for the fulfillment of the social role of agrarian contracts, such as rural lease and partnerships. / A tese propõe a hipótese de que a função social dos contratos, disciplinada no art. 421 do Código Civil (Lei nº 10. 406 de 2002), está vinculada ao cumprimento das exigências da sustentabilidade (art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988). A sustentabilidade é compreendida nesta pesquisa como valor, objetivo, princípio, regra e dever jurídico, possuindo múltiplas dimensões interdependentes (econômica, social, ambiental, jurídico-política e ética). Em função da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, o comando constitucional da sustentabilidade, o qual preconiza o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, irradia seus efeitos para o Direito como um todo, demandando ações que a concretizem tanto por parte dos Poderes Públicos quanto dos particulares. Por outro lado, na esteira da concretização da principiologia e mandamentos constitucionais, observa-se que o contrato deixou de ser reconhecido como instrumento de tutela unicamente da vontade e conveniências das partes nele envolvidas, passando a desempenhar uma função social, cooperativa entre os interesses privados e os de toda a coletividade. Assim, pode-se afirmar que a sustentabilidade condiciona a eficácia contratual, atuando como um limitador da autonomia privada. Contudo, entende-se que isso não se aplica a todo e qualquer contrato privado, mas somente àqueles que produzam impactos ambientais, tais como os contratos agrários. Logo, a sustentabilidade ambiental é requisito para o cumprimento da função social dos contratos agrários, como o arrendamento e a parceria rurais.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente tesis es enseñar el contrato administrativo como un instrumento jurídico que ha acompañado a la Administración del Estado, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, para que ésta pueda materializar su función administrativa. Transformándose ésta -la función administrativa- en el elemento configurador de la sustantividad de aquel, y a la luz del ordenamiento jurídico vigente, le entrega un contenido que hace al contrato administrativo sinónimo de las expresiones ‘contrato público’ o ‘contrato de la Administración’, e incluye a los llamados ‘contratos civiles de la Administración’. Para ello iniciaré con los antecedentes históricos de la contratación pública en general, que nos permitan dimensionar cómo llegaron a complementarse en equilibrio jurídico dos instituciones de orígenes completamente opuestos y desiguales: contrato, del ámbito privado, versus Estado, del ámbito público. Continuaré con el estudio de la relación que existe entre el contrato celebrado por la Administración, sea contrato administrativo u otro, y la función administrativa, describiendo el rol que el primero ha jugado al alero de la función administrativa nacional del Estado Liberal, primero; y del Estado Social, después. Para terminar con su análisis a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual, descubriendo los planteamientos que nos conducirán a la redefinición del contrato administrativo y, por ende, de la contratación pública nacional