El presente trabajo de investigación explica la necesidad de establecer el cumplimiento normativo en las empresas -Compliance laboral-, con el objeto de evitar riesgos de diversa índole que pueden traer consigo los accidentes y enfermedades profesionales, los cuales pueden afectar la vida y salud de los trabajadores. Se precisa que en la normativa nacional vigente se tiene a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 en la cual se establece la responsabilidad del empleador en torno a los accidentes y enfermedades profesionales, priorizando los deberes de prevención y responsabilidad, entre otros, que la aludida ley señala para los empleadores/empresarios, el cual lo concordamos con el acuerdo jurisdiccional adoptado en la ciudad de Lima, los días 18 de septiembre y 2 de octubre del 2017, cuando se ha realizado el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, el cual se acordó que “El empleador siempre será responsable por cualquier evento dañoso del trabajador”, aunado a que en la actualidad se tiene la figura agravada en el Código Penal, Artículo 168-A, como es el delito de Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que en su figura dolosa (muerte del trabajador o terceros) sanciona con una pena privativa de libertad de hasta de ocho años. Es por ello que se plantea la posibilidad de que para aquellas empresas que voluntariamente cumplan con sus obligaciones legales y contractuales e implementen mecanismos para preservar la seguridad y salud de sus trabajadores, se debe tener en cuenta dicho cumplimiento normativo al momento de imponer sanciones de toda índole, pero siempre y cuando se verifique real cumplimiento, por lo que se recomienda la implementación de un programa de cumplimiento normativo empresarial en los empleadores/empresarios, para no afectar la vida y salud de sus trabajadores y asimismo para no afectar su reputación empresarial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, y el Decreto Supremo Nº 30, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013 regulan una serie de instituciones denominadas genéricamente como mecanismos de incentivo al cumplimiento. Estas son la autodenuncia, el programa de cumplimiento y el plan de reparación. Estos mecanismos pueden ser definidos como todas aquellas regulaciones contempladas en la Ley Nº 20.417 que tienden al cumplimiento voluntario y cooperativo de las obligaciones medio ambientales que emanan del ordenamiento jurídico, cuya presentación y activación estará a cargo de los infractores o de terceros y que contemplen beneficios para el infractor establecidos legalmente, de forma tal que el costo de incumplir sea mayor al de cumplir con las normas vigentes, y que tengan por finalidad última el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Esta memoria tiene como propósito realizar una sistematización de la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación. Para ello se revisará la historia de la Ley Nº 20.417, las observaciones a la propuesta de reglamento que fue sometido a consulta pública, el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, además del análisis de 31 procedimientos sancionatorios iniciados ante la Superintendencia del Medio Ambiente durante el año 2013 en los que se presentaron programas de cumplimiento. Todo este estudio tiene como finalidad aprobar o rechazar la hipótesis central de esta memoria, cual es que su regulación es insuficiente para cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, lo que dificultará su utilización por la comunidad regulada y aplicación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, también se analizan las contribuciones e idoneidad en la promoción del cumplimiento ambiental como efectos positivos de su establecimiento, como punto de partida en un cambio de paradigma que supone la diversificación de enfoques, antes centrados solo en la sanción, pero que con estos mecanismos también se amplían hacia un estado anterior: la prevención del incumplimiento

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho)