Los cambios de criterio en las resoluciones emitidas por el Indecopi, entorno al deber de idoneidad, fueron determinantes para la elección de la resolución para mi examen de grado. Las resoluciones desarrolladas fueron la Resolución 2221-2012/SC2 (Caso Hiraoka) y la Resolución 1008-2013/SPC (Caso Claro), durante la elaboración del informe pude revisar ambos expedientes, y optar por uno de los criterios aplicados, para luego advertir que un adecuado programa de cumplimiento evitaría de una manera apropiada infracciones al deber de idoneidad, así como la atenuación de sanciones. El presente trabajo de investigación académica aborda los controvertidos criterios interpretativos del deber de idoneidad, y, además, busca demostrar que se debe priorizar el comportamiento del Proveedor frente a un problema. Además, busca analizar el concepto, funciones, beneficios, principios y factores de los programas de cumplimiento, y como estos últimos serían adecuados para evitar infracciones a las normas y, en especial, al deber de idoneidad, implementando mecanismos para evitar posibles infracciones mucho antes de que estas ocurran, así como dar una solución adecuada y oportuna si llega a producir, y aprender de lo acontecido para asegurarse que en un futuro no vuelvan a ocurrir.

La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones. Por ello, desde un rol proactivo de la Gerencial Legal, resulta necesaria la implementación de un compliance regulatorio en la compañía, a pesar de que pueda ser una tarea compleja o que algunos órganos decisorios puedan ordenar solo cumplir con lo mínimo legal exigido (en el caso del compliance penal), sin embargo, es responsabilidad de la Gerencia Legal poder plantear esta nueva mirada y convencer a los órganos decisorios de la compañía sobre las ventajas de este modelo de gestión. De esta forma, en el capítulo I se desarrolla una breve introducción al presente trabajo, el cual incluye una aproximación al nuevo modelo de gerencias legales en las empresas; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico del presente trabajo, el cual incluirá definiciones relevantes al presente trabajo, tales como Compliance Regulatorio, Generación de Valor, Cadena de Valor, SCRUM y Barreras Burocráticas. En el capítulo III se desarrolla el problema de investigación, el cual es: ¿La implementación del compliance regulatorio industrial en la división de tratamiento de agua genera valor en ARIS Industrial S.A? Para responder esta pregunta se realizó un balance del sector económico elegido, se investigó sobre la pérdida de competitividad de la compañía al no contar con un compliance regulatorio y, finalmente, se explica la forma de implementación del compliance con la herramienta del SCRUM en ARIS Industrial S.A. En el capítulo IV se discuten los conceptos planteados con el problema de investigación, con la finalidad de demostrar la hipótesis del trabajo, el cual es que se genera valor al implementar el compliance regulatorio industrial con la metodología SCRUM en la división de tratamiento de agua de la empresa ARIS Industrial S.A. Finalmente, se tienen las conclusiones del trabajo los cuales apuntan a realizar un resumen de lo investigado y demostrar los resultados obtenidos de la implementación en la empresa Aris Industrial S.A.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de protección al consumidor por parte de las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre interprovincial pueden acarrearles perjuicios económicos y reputacionales; por ello, adquiere relevancia analizar la necesidad de que dichas empresas implementen un Programa de Cumplimiento en materia de protección al consumidor en base a lo regulado por el Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, siendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la autoridad a cargo, para lograr una mejor comprensión de la problemática antes señalada se utilizará la metodología de riesgos legales, en base al análisis de casos resueltos y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Consumo; asimismo, se establecerá los beneficios y diversas propuestas con el fin de que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren prevenir riesgos. De esta manera lo que se busca es que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren cumplir con sus obligaciones y promover una cultura de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor

El concepto de progresividad, entendido como el paulatino cumplimiento de los derechos humanos, fue históricamente una categoría problemática, la cual servía como justificación para el incumplimiento e inacción estatal. En efecto, el mal entendimiento de este término ha generado que no se reconozca las características de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales considerándose estos como una simple buena intención. Además, generaría impunidad en el supuesto de vulneración de algún derecho. No obstante, este concepto ha ido evolucionado con el desarrollo normativo y jurisprudencial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esta evolución del concepto ha influenciado en el ordenamiento jurídico peruano reflejándose en la normativa y jurisprudencia. Sin embargo, es necesario resaltar que, las concepciones entorno a la progresividad en el derecho internacional y el derecho interno son disonantes. Es por ello que, el presente trabajo buscará dar una aproximación al concepto de progresividad en el ordenamiento jurídico peruano a partir del análisis de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia del TC. Al final, es posible concluir que se debe adoptar el concepto de progresividad más favorable para la protección y cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, considero que, se debe entender por progresividad como el avance efectivo y constante del derecho y que la gradualidad no será usada como excusa para que el Estado no emita medidas de garantía, y los avances obtenidos no pueden ser injustificadamente regresivos. / The concept of progressivity, understood as the gradual fulfillment of human rights, was historically a problematic category, which served as a justification for non-compliance and state inaction. In fact, the misunderstanding of this term has led to the non-recognition of the enforceability and justiciability of social rights, which are considered to be mere good intentions. Moreover, it would generate impunity in the event of a violation of any right. However, this concept has evolved with the normative and jurisprudential development of International Human Rights Law (IHRL). This evolution of the concept has influenced the Peruvian legal system and is reflected in the regulations and jurisprudence. However, it is necessary to highlight that the conceptions of progressivity in international law and domestic law are dissonant. For this reason, this paper will seek to provide an approach to the concept of progressivity in the peruvian legal system based on the analysis of international instruments and the jurisprudence of the Constitutional Court. In the end, it is possible to conclude that the most favorable concept of progressivity for the protection and fulfillment of human rights should be adopted. In this sense, I consider that progressivity should be understood as the effective and constant advancement of the right and that gradualness shall not be used as an excuse for the State not to issue guarantee measures, and the progress obtained cannot be unjustifiably regressive. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.

El inglés Thomas Hobbes en el Leviatán (1651), decía que los hombres para vivir entre sí, de manera educada, pacífica, y ordenada, necesitan que exista un poder Estatal que obligue a respetarlas, y John Locke en su obra la Carta sobre la Tolerancia (1689) alegaba que el poder Estatal debería intervenir cuando hay conflictos. El Estado gracias al poder conferido por la sociedad, entregó cuotas de poder a entes jurídicos para que se autorregulen, así como puede dar también tiene la facultad de quitar, cuando exista lo que llamaba John Locke conflicto o situación incierta que no permita que una sociedad pueda regularse de manera debida. En ese sentido, se advierte en el presente trabajo de investigación, que la SBS, habría facultado a los Bancos autorregularse de acuerdo a su riesgo y necesidad para la adopción e implementación de las investigaciones internas en su seno de su organización; sin embargo, se apreciaría que se estaría llevando a cabo de forma ineficaz las investigaciones internas (caso Banco de la Nación), por lo que de acuerdo a la problemática advertida, nos permite concluir que así como el Estado, entregó parte de su cuota de poder a empresas bancarias para que puedan autorregularse en temas de Investigación Interna, es necesario quitar ese facultad autorregulatorias para poner las reglas del juego claras y definidas para el sector bancario, por lo que se requiere la implementación de procedimientos taxativos de cómo debe llevarse a cabo una investigación interna de naturaleza penal.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo las empresas del sector construcción han venido abordando la dimensión ética en sus organizaciones en los últimos cinco años y qué valor ha adquirido la ética para la reputación y la sostenibilidad de sus negocios. En un contexto donde las prácticas de corrupción se manifiestan en las personas, en las organizaciones y en la sociedad en general, se analiza y reflexiona sobre el significado de la corrupción, la ética, la cultura y la regulación, relacionando estos conceptos a las prácticas de gestión que vienen impulsando las empresas desde el gobierno corporativo, el compliance y la responsabilidad social. A través de tres casos de estudio se identifican estas prácticas de gestión y se analiza la importancia que estas prácticas tienen en la gestión empresarial y la forma de hacer negocios de tres de las principales empresas del sector construcción. Este trabajo permite repensar conceptos que desde las ciencias sociales y humanas y el derecho han sido ampliamente discutidos, relacionándolos a la gestión empresarial. Asimismo, permite reflejar la importancia que tiene el sector privado en la lucha contra la corrupción y en la posibilidad que tienen las empresas de asumir un rol activo frente al fortalecimiento de una cultura basada en principios de ética e integridad. El desarrollo de esta investigación permite concluir que si bien las tres principales empresas del sector construcción vienen impulsando importantes cambios en su gestión, es fundamental que estos cambios se orienten a una transformación sostenible que en el transcurrir del tiempo puedan reflejar comportamientos diferentes a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones. Si bien los cambios identificados en la gestión empresarial pueden ser positivos, es importante que estos cambios busquen una transformación cultural que se refleje en el comportamiento de las empresas / Trabajo de investigación

Conocer las actividades que desarrolla una sociedad, no solo permite atraer el capital de futuros inversionistas sino que brinda seguridad a los socios que deciden participar al interior de una sociedad. De igual manera, para la ejecución de las actividades que forman parte del objeto social, es importante conocer qué permisos son necesarios para operar en el mercado y; si buscamos realizar un efectivo control de riesgos, debemos identificar la tipología aplicable al sector en el que opera una sociedad, no solo a partir de las normas de compliance en materia de derecho penal sino también en temas de protección al consumidor y publicidad. Estos momentos, en la historia de una sociedad, son relevantes para demostrar la importancia del contenido del objeto social. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Registral y de acuerdo a la normativa aplicable, existe una tendencia desde hace más de veinte años, a fin de evitar expresiones de carácter genérico en la redacción del objeto social o parte de este, que no permitan identificar las actividades que desarrolla una sociedad y que, podría terminar afectando los intereses de los socios, en especial, de los minoritarios, quienes podrían optar por separarse. En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo demostrar cuáles son las consecuencias negativas que acarrea un objeto social que no está redactado de forma clara, ya sea al interior de la sociedad o frente a terceros, a partir de la casuística presentada en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Asimismo, se busca demostrar cómo la determinación de un objeto social permite establecer un mayor control de riesgos en la sociedad. Es por ello que, a fin de evitar expresiones que no logren identificar las actividades de una sociedad, se formulan recomendaciones y lineamientos para la uniformización de criterios en la redacción del objeto social.

La cultura tributaria y su relación en el crecimiento económico de las microempresas implica crecer y expandir el negocio, pero también involucra conocer y comprender el entorno tributario y convertirse en un contribuyente formal para el país. En la actualidad, muchos microempresarios no tienen un adecuado conocimiento y por ende no cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Esto ha dado lugar a la proliferación de una economía informal que dificulta el desarrollo de los negocios. El presente trabajo de investigación se enfoca en como la cultura tributaria tiene relación con el crecimiento económico de las microempresas del Centro Comercial Aguas Verdes de la ciudad de Chiclayo en el año 2022, se ejecutó con el objetivo de determinar la relación de la cultura tributaria y crecimiento económico de las microempresas del Centro Comercial Aguas Verdes, se realizó con un enfoque cuantitativo aplicado de nivel descriptivo y uso de un diseño no experimental; asimismo se utilizó el cuestionario donde se recopiló información y así se obtuvo los resultados previstos a través de la muestra escogida de 98 microempresarios, en donde se demostró que la cultura tributaria tiene relación con el crecimiento económico, lo que indica que un contribuyente con sólidos conocimientos tributarios puede conocer cuáles son los beneficios y la manera de cómo utilizar a favor suyo el RUC de su negocio. En donde, una cultura tributaria sólida y un cumplimiento tributario voluntario pueden fortalecer la reputación empresarial y mejorar la competitividad en el mercado. / The tax culture and its relationship to the economic growth of microenterprises implies growing and expanding the business, but it also involves knowing and understanding the tax environment and becoming a formal taxpayer for the country. Currently, many microentrepreneurs do not have adequate knowledge and therefore do not adequately comply with their tax obligations. This has given rise to the proliferation of an informal economy that hinders business development. This research paper focuses on how the tax culture is related to the economic growth of microenterprises in the Aguas Verdes Shopping Center in the city of Chiclayo in the year 2022”, was executed with the objective of determining the relationship between the tax culture and economic growth of the micro-enterprises of the Aguas Verdes Shopping Center, it was carried out with a quantitative approach applied at a descriptive level and use of a non-experimental design; Likewise, the questionnaire was used where information was collected and thus the expected results were obtained through the chosen sample of 98 microentrepreneurs, where it was demonstrated that the tax culture is related to economic growth, which indicates that a taxpayer with solid knowledge taxpayers can find out what the benefits are and how to use the RUC of your business in your favor. Where, a strong tax culture and voluntary tax compliance can strengthen business reputation and improve competitiveness in the market.

La Resolución N° 2977-2023/SPC-INDECOPI aborda la importancia de las medidas de seguridad que las entidades financieras deben implementar para proteger las cuentas de los consumidores ante operaciones no reconocidas. En el caso bajo análisis, Silvia Barrera denunció al Banco Scotiabank por no adoptar medidas de seguridad adecuadas, lo que permitió 65 operaciones de compra no reconocidas, por S/ 26,519.00, en su cuenta de ahorros. El problema principal es determinar si el banco infringió el deber de idoneidad al no garantizar la seguridad de las operaciones. El análisis se basa en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. La resolución concluye que el banco no adoptó las medidas de seguridad pertinentes en el rodamiento a la banca por internet. Los medios probatorios utilizados, como winchas auditoras y reportes tándem, que no presentó el Banco, hubieran sido los adecuados sustentar la autorización de las compras. Finalmente, aunque se concluye que la resolución es correcta, se sugiere que la Sala Especializada en Protección al Consumidor podría haber realizado un análisis más detallado del patrón de consumo de la denunciante. Esto destaca la importancia de un enfoque exhaustivo para garantizar la protección adecuada de los consumidores financieros y la necesidad de que las entidades financieras implementen sistemas robustos de prevención de fraude. / Resolution No. 2977-2023/SPC-INDECOPI addresses the importance of the security measures that financial entities must implement to protect consumer accounts against unrecognized operations. In the case under analysis, Silvia Barrera denounced Banco Scotiabank for not adopting adequate security measures, which allowed 65 unrecognized purchase operations, for S/ 26,519.00, in her savings account. The main issue is determining whether the bank breached the duty of suitability by failing to ensure the security of operations. The analysis is based on the Consumer Protection and Defense Code and the Credit and Debit Card Regulations. The resolution concludes that the bank did not adopt the relevant security measures in the implementation of internet banking. The evidentiary means used, such as audit winches and tandem reports, which the Bank did not present, would have been appropriate to support the authorization of the purchases. Finally, although it is concluded that the resolution is correct, it is suggested that the Specialized Consumer Protection Chamber could have carried out a more detailed analysis of the complainant's consumption pattern. This highlights the importance of a comprehensive approach to ensure adequate protection of financial consumers and the need for financial institutions to implement robust fraud prevention systems.