El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo las empresas del sector construcción han venido abordando la dimensión ética en sus organizaciones en los últimos cinco años y qué valor ha adquirido la ética para la reputación y la sostenibilidad de sus negocios. En un contexto donde las prácticas de corrupción se manifiestan en las personas, en las organizaciones y en la sociedad en general, se analiza y reflexiona sobre el significado de la corrupción, la ética, la cultura y la regulación, relacionando estos conceptos a las prácticas de gestión que vienen impulsando las empresas desde el gobierno corporativo, el compliance y la responsabilidad social. A través de tres casos de estudio se identifican estas prácticas de gestión y se analiza la importancia que estas prácticas tienen en la gestión empresarial y la forma de hacer negocios de tres de las principales empresas del sector construcción. Este trabajo permite repensar conceptos que desde las ciencias sociales y humanas y el derecho han sido ampliamente discutidos, relacionándolos a la gestión empresarial. Asimismo, permite reflejar la importancia que tiene el sector privado en la lucha contra la corrupción y en la posibilidad que tienen las empresas de asumir un rol activo frente al fortalecimiento de una cultura basada en principios de ética e integridad. El desarrollo de esta investigación permite concluir que si bien las tres principales empresas del sector construcción vienen impulsando importantes cambios en su gestión, es fundamental que estos cambios se orienten a una transformación sostenible que en el transcurrir del tiempo puedan reflejar comportamientos diferentes a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones. Si bien los cambios identificados en la gestión empresarial pueden ser positivos, es importante que estos cambios busquen una transformación cultural que se refleje en el comportamiento de las empresas / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.

El inglés Thomas Hobbes en el Leviatán (1651), decía que los hombres para vivir entre sí, de manera educada, pacífica, y ordenada, necesitan que exista un poder Estatal que obligue a respetarlas, y John Locke en su obra la Carta sobre la Tolerancia (1689) alegaba que el poder Estatal debería intervenir cuando hay conflictos. El Estado gracias al poder conferido por la sociedad, entregó cuotas de poder a entes jurídicos para que se autorregulen, así como puede dar también tiene la facultad de quitar, cuando exista lo que llamaba John Locke conflicto o situación incierta que no permita que una sociedad pueda regularse de manera debida. En ese sentido, se advierte en el presente trabajo de investigación, que la SBS, habría facultado a los Bancos autorregularse de acuerdo a su riesgo y necesidad para la adopción e implementación de las investigaciones internas en su seno de su organización; sin embargo, se apreciaría que se estaría llevando a cabo de forma ineficaz las investigaciones internas (caso Banco de la Nación), por lo que de acuerdo a la problemática advertida, nos permite concluir que así como el Estado, entregó parte de su cuota de poder a empresas bancarias para que puedan autorregularse en temas de Investigación Interna, es necesario quitar ese facultad autorregulatorias para poner las reglas del juego claras y definidas para el sector bancario, por lo que se requiere la implementación de procedimientos taxativos de cómo debe llevarse a cabo una investigación interna de naturaleza penal.

Los cambios de criterio en las resoluciones emitidas por el Indecopi, entorno al deber de idoneidad, fueron determinantes para la elección de la resolución para mi examen de grado. Las resoluciones desarrolladas fueron la Resolución 2221-2012/SC2 (Caso Hiraoka) y la Resolución 1008-2013/SPC (Caso Claro), durante la elaboración del informe pude revisar ambos expedientes, y optar por uno de los criterios aplicados, para luego advertir que un adecuado programa de cumplimiento evitaría de una manera apropiada infracciones al deber de idoneidad, así como la atenuación de sanciones. El presente trabajo de investigación académica aborda los controvertidos criterios interpretativos del deber de idoneidad, y, además, busca demostrar que se debe priorizar el comportamiento del Proveedor frente a un problema. Además, busca analizar el concepto, funciones, beneficios, principios y factores de los programas de cumplimiento, y como estos últimos serían adecuados para evitar infracciones a las normas y, en especial, al deber de idoneidad, implementando mecanismos para evitar posibles infracciones mucho antes de que estas ocurran, así como dar una solución adecuada y oportuna si llega a producir, y aprender de lo acontecido para asegurarse que en un futuro no vuelvan a ocurrir.

La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones. Por ello, desde un rol proactivo de la Gerencial Legal, resulta necesaria la implementación de un compliance regulatorio en la compañía, a pesar de que pueda ser una tarea compleja o que algunos órganos decisorios puedan ordenar solo cumplir con lo mínimo legal exigido (en el caso del compliance penal), sin embargo, es responsabilidad de la Gerencia Legal poder plantear esta nueva mirada y convencer a los órganos decisorios de la compañía sobre las ventajas de este modelo de gestión. De esta forma, en el capítulo I se desarrolla una breve introducción al presente trabajo, el cual incluye una aproximación al nuevo modelo de gerencias legales en las empresas; en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico del presente trabajo, el cual incluirá definiciones relevantes al presente trabajo, tales como Compliance Regulatorio, Generación de Valor, Cadena de Valor, SCRUM y Barreras Burocráticas. En el capítulo III se desarrolla el problema de investigación, el cual es: ¿La implementación del compliance regulatorio industrial en la división de tratamiento de agua genera valor en ARIS Industrial S.A? Para responder esta pregunta se realizó un balance del sector económico elegido, se investigó sobre la pérdida de competitividad de la compañía al no contar con un compliance regulatorio y, finalmente, se explica la forma de implementación del compliance con la herramienta del SCRUM en ARIS Industrial S.A. En el capítulo IV se discuten los conceptos planteados con el problema de investigación, con la finalidad de demostrar la hipótesis del trabajo, el cual es que se genera valor al implementar el compliance regulatorio industrial con la metodología SCRUM en la división de tratamiento de agua de la empresa ARIS Industrial S.A. Finalmente, se tienen las conclusiones del trabajo los cuales apuntan a realizar un resumen de lo investigado y demostrar los resultados obtenidos de la implementación en la empresa Aris Industrial S.A.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de protección al consumidor por parte de las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre interprovincial pueden acarrearles perjuicios económicos y reputacionales; por ello, adquiere relevancia analizar la necesidad de que dichas empresas implementen un Programa de Cumplimiento en materia de protección al consumidor en base a lo regulado por el Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, siendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la autoridad a cargo, para lograr una mejor comprensión de la problemática antes señalada se utilizará la metodología de riesgos legales, en base al análisis de casos resueltos y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Consumo; asimismo, se establecerá los beneficios y diversas propuestas con el fin de que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren prevenir riesgos. De esta manera lo que se busca es que las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros logren cumplir con sus obligaciones y promover una cultura de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor

Conocer las actividades que desarrolla una sociedad, no solo permite atraer el capital de futuros inversionistas sino que brinda seguridad a los socios que deciden participar al interior de una sociedad. De igual manera, para la ejecución de las actividades que forman parte del objeto social, es importante conocer qué permisos son necesarios para operar en el mercado y; si buscamos realizar un efectivo control de riesgos, debemos identificar la tipología aplicable al sector en el que opera una sociedad, no solo a partir de las normas de compliance en materia de derecho penal sino también en temas de protección al consumidor y publicidad. Estos momentos, en la historia de una sociedad, son relevantes para demostrar la importancia del contenido del objeto social. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Registral y de acuerdo a la normativa aplicable, existe una tendencia desde hace más de veinte años, a fin de evitar expresiones de carácter genérico en la redacción del objeto social o parte de este, que no permitan identificar las actividades que desarrolla una sociedad y que, podría terminar afectando los intereses de los socios, en especial, de los minoritarios, quienes podrían optar por separarse. En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo demostrar cuáles son las consecuencias negativas que acarrea un objeto social que no está redactado de forma clara, ya sea al interior de la sociedad o frente a terceros, a partir de la casuística presentada en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Asimismo, se busca demostrar cómo la determinación de un objeto social permite establecer un mayor control de riesgos en la sociedad. Es por ello que, a fin de evitar expresiones que no logren identificar las actividades de una sociedad, se formulan recomendaciones y lineamientos para la uniformización de criterios en la redacción del objeto social.

El concepto de progresividad, entendido como el paulatino cumplimiento de los derechos humanos, fue históricamente una categoría problemática, la cual servía como justificación para el incumplimiento e inacción estatal. En efecto, el mal entendimiento de este término ha generado que no se reconozca las características de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales considerándose estos como una simple buena intención. Además, generaría impunidad en el supuesto de vulneración de algún derecho. No obstante, este concepto ha ido evolucionado con el desarrollo normativo y jurisprudencial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esta evolución del concepto ha influenciado en el ordenamiento jurídico peruano reflejándose en la normativa y jurisprudencia. Sin embargo, es necesario resaltar que, las concepciones entorno a la progresividad en el derecho internacional y el derecho interno son disonantes. Es por ello que, el presente trabajo buscará dar una aproximación al concepto de progresividad en el ordenamiento jurídico peruano a partir del análisis de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia del TC. Al final, es posible concluir que se debe adoptar el concepto de progresividad más favorable para la protección y cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, considero que, se debe entender por progresividad como el avance efectivo y constante del derecho y que la gradualidad no será usada como excusa para que el Estado no emita medidas de garantía, y los avances obtenidos no pueden ser injustificadamente regresivos. / The concept of progressivity, understood as the gradual fulfillment of human rights, was historically a problematic category, which served as a justification for non-compliance and state inaction. In fact, the misunderstanding of this term has led to the non-recognition of the enforceability and justiciability of social rights, which are considered to be mere good intentions. Moreover, it would generate impunity in the event of a violation of any right. However, this concept has evolved with the normative and jurisprudential development of International Human Rights Law (IHRL). This evolution of the concept has influenced the Peruvian legal system and is reflected in the regulations and jurisprudence. However, it is necessary to highlight that the conceptions of progressivity in international law and domestic law are dissonant. For this reason, this paper will seek to provide an approach to the concept of progressivity in the peruvian legal system based on the analysis of international instruments and the jurisprudence of the Constitutional Court. In the end, it is possible to conclude that the most favorable concept of progressivity for the protection and fulfillment of human rights should be adopted. In this sense, I consider that progressivity should be understood as the effective and constant advancement of the right and that gradualness shall not be used as an excuse for the State not to issue guarantee measures, and the progress obtained cannot be unjustifiably regressive. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, se enmarca dentro del estudio del cumplimiento efectivo de la sentencia en materia laboral. En virtud de la importancia que reviste esta etapa procesal, a fin de garantizar hacer realidad lo dispuesto en la sentencia, se estudiarán los aspectos más relevantes que fueron detectados previo a la reforma al proceso laboral. Con el objeto de lograr una mejor comprensión, se analizará la historia de las leyes que conforman el marco del actual sistema procesal laboral. Acto seguido, se estudiará el procedimiento de cumplimiento de sentencia contenido en el Código del Trabajo, se expondrán las visiones criticas del sistema y para finalizar, se desarrollará un estudio estadístico que intentará comprobar las actuales falencias del proceso de cumplimiento de la sentencia laboral

Informe final de Internado en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica para optar al Título de Química Farmacéutica / Introducción: Aproximadamente, un 30% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) a nivel mundial aparecen antes de los 20 años de edad, la mayoría en la adolescencia. La adherencia terapéutica (AT) en los niños y adolescentes con enfermedades crónicas oscila entre 43% y 100%, con un promedio de 58% en los países desarrollados. Objetivo: Evaluar el efecto de actividades de educación sanitaria en la AT de pacientes pediátricos con EII. Metodología: Con la elaboración de una base de datos a partir de información proporcionada por ficha clínica, se buscó reclutar a 20 pacientes con diagnóstico de colitis ulcerosa (CU) o enfermedad de Crohn (EC) del HEGC durante un periodo de 6 meses, quienes fueron caracterizados sociodemográfica y mórbidamente. El desarrollo de material educativo fue revisado por el equipo médico del Servicio y fue aplicado en 2 intervenciones, con periodicidad mayor o igual a 1 mes, junto a métodos indirectos para medir adherencia: cuestionarios Haynes Sackett (HS), Morisky Green (MG) y Escala Visual Análoga (EVA). Finalizando el estudio, se aplicó una encuesta de valoración del servicio farmacéutico para conocer la percepción de los participantes sobre las intervenciones y los resultados obtenidos. Resultados: De un total de veinte pacientes, 7 declinan participar del estudio, mientras que 13 pacientes fueron reclutados. El total del grupo en estudio tenía diagnóstico de CU, con mayor proporción de sexo masculino (9/13) y en su mayoría adolescentes (12/13). Además, dos pacientes presentaban como comorbilidad AIJ. Según lo evaluado por el test HS, la percepción de los pacientes sobre su dificultad para seguir el tratamiento farmacológico mejoró en 4 de los 5 pacientes con problemas al inicio de la investigación. El cuestionario MG evidenció la mejora en adherencia en 3 de 4 pacientes incumplidores al inicio del estudio con respecto a mesalazina. Además, un paciente con terapia biológica y metotrexato oral mejora su cumplimiento finalizando el estudio. Según EVA, la mayoría de los pacientes en estudio se cataloga como “adherente” al inicio y final del estudio. Entre las dificultades referidas por los participantes para seguir el tratamiento se encuentran olvidos, múltiples horarios de administración, polifarmacia, incomodidad para seguir el tratamiento frente a sus pares. Por su parte, en la encuesta de valoración del servicio farmacéutico los 13 participantes dicen estar satisfechos con las intervenciones recibidas y reconocen la importancia de tomar su medicación. Conclusión: Luego de la educación realizada, cuatro participantes mejoraron la adherencia terapéutica a su tratamiento principal. Aunque la intervención pudo ser un factor contribuyente en la mejoría del cumplimiento terapéutico, no se pudo concluir que este aumento se debiera a la educación sanitaria / Introduction: Approximately, 30% of worldwide cases of inflammatory bowel disease (IBD) appear before the age of 20, mostly in the adolescence. Children and adolescents with chronic diseases show an adherence to treatment (AT) between 43% and 100%, with an average of 58% in developed countries. Objective: To assess the effect in adherence to treatment of health education activities in pediatric patients with IBD. Method: A database with the information from clinical records was created to recruit 20 patients with ulcerative colitis (UC) or Crohn´s disease (CD) during a six months period. Sociodemographic and morbid data were obtained. The development of educational material was reviewed by the medical team of the service and applied in two interventions with periodicity greater than or equal to 1 month also indirect methods were used to measure adherence: Haynes Sackett (HS), Morisky Green (MG) and Visual Analogue Scale (VAS) questionnaires. At the end of the study, a pharmacist service assessment survey was applied to know the participant’s perception about the interventions and the obtained results. Results: Of a total of twenty patients, 7 declined to participate in the study, while 13 patients were recruited. The total of the study group had a diagnosis of UC, with a higher proportion of males (9/13) and mostly adolescents (12/13). In addition, two patients had ASJ comorbidity. According the HS evaluation, patient’s perception of their difficulty to follow the drug treatment improves in 4 of 5 patients with problems at the beginning of the investigation. The MG questionnaire shows adherence improvement in 3 of 4 patients which refers being non-compliant with mesalazine at the beginning of the study. In addition, a patient with biological therapy and oral methotrexate improves his compliance at the end of the study. According to VAS, patients were "adherents" at the beginning and at the end of the study. The difficulties to follow the treatment referred by the participants were omission, multiple schedules of administration, polypharmacy and discomfort to continue treatment in front of their peers. On the other hand, 13 participants said they were satisfied with the interventions received and recognized the importance of taking their medication. Conclusion: After the education, four participants improved the therapeutic adherence to their main treatment. Although the intervention could be a contributory factor in the improvement of therapeutic compliance, it could not be concluded that this increase was due to health education