Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular, pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión que he querido poner de manifiesto. Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El nuevo Código de Procedimiento Penal recoge la experiencia en el derecho comparado y la doctrina, entregándonos nuevas medidas cautelares como el arresto domiciliario, sujeción a la vigilancia de la autoridad, obligación de presentarse ante la autoridad o el juez, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas, prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia y, en su caso la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel; dichas medidas cautelares, son una arma para el juez quien sopesando las circunstancias de cada caso, tendrá una mayor amplitud de alternativas, abriéndose un abanico de posibilidades, que redundará en una mayor y mejor protección de los derechos de todos los agentes participantes en el juicio y por consiguiente el fin último, la mejor aplicación de justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del nuevo sistema de defensa penal pública se ha formulado de la siguiente manera: En el capítulo I bajo el título " La defensa", se presenta esta institución, se conocen sus antecedentes históricos y las acepciones del derecho de defensa como garantía constitucional y como garantía del proceso. Se distingue la defensa privada de la defensa pública, examinando la organización del servicio público de defensa y las funciones del defensor de oficio. En el capítulo II titulado "La defensa en el proceso penal chileno y la defensa pública en el ordenamiento jurídico internacional" se analizan los principios rectores de la defensa en el proceso penal, también recogidos en los tratados internacionales: la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, el principio de congruencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad del proceso y cómo estos principios son protegidos en el actual proceso penal chileno y en el sistema latinoamericano. En el capítulo III "Defensa técnica y servicio de defensa pública" se precisa la naturaleza de la defensa técnica y su relevancia, las funciones del abogado defensor y las distinciones existentes entre la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pública y privada y la normativa legal vigente, que provee de defensa jurídica a todos aquellos imputados o acusados que en el curso de un proceso se vean privados de un defensor de confianza. En el capítulo IV "La defensa en Chile", se analiza desde un enfoque normativo y jurisprudencial al titular de la garantía de defensa y el ejercicio de su derecho en el marco legal vigente. Se formulan las consideraciones y los objetivos de la reforma procesal penal y las principales diferencias entre el proceso penal actual y el proceso penal reformado. El capítulo V denominado "La defensa en la reforma procesal penal" se analiza en profundidad al titular del derecho de defensa, sus derechos, facultades y garantías en el proceso penal reformado. Se aborda los sujetos procesales en la etapa de instrucción como parte de la estructura del procedimiento ordinario por delitos de acción penal pública y cómo se respetan en ella, los derechos y garantías del imputado principalmente durante la investigación y actividades probatorias como en las medidas cautelares de carácter personal. Se sistematiza el proceso y el ejercicio de la defensa en las etapas de formalización de la instrucción, en las llamadas salidas alternativas y procedimientos abreviados, en el juicio oral, en el derecho a recurrir del fallo, para concluir este capítulo con el análisis del proyecto de ley de Defensoría Penal Pública, que regula su organización y funcionamiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por finalidad básica analizar en profundidad el juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal, sin perjuicio de que también analiza el contexto general de la reforma. Reforma que en términos generales establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el sistema inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio. Es necesario considerar también, que desde un punto de vista social, la reforma se traduce en una ganancia para quienes son víctimas de la conducta delictual. En Chile, por motivos diversos, existe una gran inseguridad subjetiva, un fuerte temor a la criminalidad. Una de las fuentes de esa inseguridad subjetiva, es la indefensión que provoca el deficiente diseño del proceso penal. En los hechos, el proceso penal pone de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, puesto que la actividad de los organismos de persecución penal pública es ineficiente y según ya se vio, no logra focalizarse sobre la criminalidad más grave sino solo sobre los sectores sociales mas vulnerables. La extrema dilación y la estructura de los procedimientos, por otra parte, distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras. La reforma procesal penal, en la medida que instituye un órgano específico encargado de la persecución penal pública sometido a la conformidad de la víctima y al mismo tiempo, en la medida que abrevia la distancia temporal entre la infracción y el castigo, contribuye a disminuir los factores que acentúan la inseguridad subjetiva en Chile. El Ministerio Público será un órgano estatal especializado en la persecución penal, en la protección de la víctima y en una represión imparcial y rápida de la delincuencia.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Público) / Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, de dar respuesta a las interrogantes esbozadas y confirmar las hipótesis de trabajo referidas, la presente investigación se realizó tomando como campo de estudio y muestra la totalidad de las causas ingresadas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la Región Metropolitana -que corresponden al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°- durante el quinquenio comprendido entre el 16 de junio del año 2005 -fecha de inicio de la reforma procesal penal en Santiago- al 16 de junio del año 2010, abarcando las jurisdicciones territoriales de los referidos juzgados, que corresponden a la competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (CAPEL STGO) y de San Miguel (CAPEL SM). Se utilizó para ello, como fuentes de información, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) junto con las Cuentas Anuales (CA) de los TOP indicados, recabando los datos en base a una plantilla tipo, previamente diseñada, en la cual se agruparon los datos a partir de indicadores de base o medición, reuniendo la información por tribunal y por año calendario, para finalmente, proceder a la realización de tablas de datos estadísticos y cuadros comparativos de todos aquellos tópicos reseñados precedentemente, mediante la utilización del programa computacional Excel. Finalmente, se recurrió a una investigación de carácter documental, con fin de comprobar la efectividad de dicha información y complementar ciertos vacíos en los datos entregados previamente por el soporte informático respectivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo examinaremos en cinco capítulos diversos aspectos relacionados a Carabineros de Chile como auxiliar del Ministerio Público, donde los capítulos III y IV alcanzan el tema central de esta tesis y finaliza con un último capítulo referido a las tareas policiales relacionadas al proceso penal en distintos cuerpos policiales latinoamericanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las filmaciones, captaciones de imagen, y grabaciones sonoras como actuaciones investigativas en el Proceso Penal, y dilucidar los desafíos que ha traído su incorporación, como la afectación de los derechos de las personas y las problemáticas posteriores a la realización de estas diligencias, la mayor parte de ellas relacionadas con la prueba ilícita. Para ello se analiza su regulación en el Código Procesal Penal, junto con estudiar los derechos fundamentales más susceptibles de ser afectados por estas técnicas investigativas. Observándose una dualidad en la regulación de estas medidas en dicho cuerpo legal, se propone una distinción más novedosa que la tradicional que permita conciliar la necesidad de protección de derechos fundamentales con la incorporación de estas modernas técnicas investigativas en pos del esclarecimiento de los hechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.