Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El primer capítulo de este trabajo trata sobre la naturaleza que se ha atribuido a la acusación constitucional en Chile por los diversos autores que se han referido a este punto, considerando los elementos jurídicos y políticos presentes en las acusaciones y la manera en que se manifiestan. En el segundo capítulo se explica la forma en que ha sido concebida la acusación constitucional en Chile y la manera en que ha variado su regulación. Con el objeto de entender mejor la acusación constitucional chilena, a lo largo de este trabajo se la compara con el impeachment establecido en la Constitución de Estados Unidos, sin duda la principal influencia en esta materia, como se argumentará en este trabajo. El tercer capítulo contiene la tesis central de este trabajo, consistente en que la noción de control político representativo es la que mejor explica la función que cumple el Congreso al conocer y resolver una acusación constitucional. A lo largo de este trabajo y para ejemplificar ciertos aspectos se hace referencia a las 15 acusaciones entabladas en Chile desde 1990 hasta la actualidad; con el objeto de alcanzar un mayor conocimiento respecto de dichas acusaciones, en el cuarto capítulo se contempla un resumen y análisis de ellas. A continuación, en el quinto capítulo, se señalan las conclusiones sobre el tema; y, finalmente, en el capítulo sexto se contempla la bibliografía. Cabe precisar, sin embargo, que este trabajo no contiene un estudio de la interpelación incorporada por la reforma constitucional de 2005 (véase el artículo 52 nº1 letra b) de la Constitución, introducido por la ley nº 20.050), herramienta que permite al Congreso citar a un Ministro de Estado, cuando así lo requiera al menos un tercio de los diputados en ejercicio, con el objeto de realizarle preguntas relacionadas con el ejercicio de su cargo. Si bien esta institución presenta algunas similitudes con la acusación constitucional, particularmente porque implica la publicidad de las actuaciones de una autoridad, no ha sido incluida en este trabajo por tratarse de una reforma muy reciente, cuyo funcionamiento será revelado por el uso que de ella se haga en el futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es realizar un análisis del problema que implica el Decreto Ley, como fuente del derecho, tanto para el ordenamiento jurídico constitucional como para la Teoría del Derecho, en el marco de la relación polémica que existe entre el Derecho y la Política. Para desarrollar este problema se tomó el caso chileno relativo a la aplicación del Decreto Ley N° 520 y la polémica a la que dio lugar en los años 1970-1972. Para esto, se han desarrollado tres aspectos problemáticos, según la siguiente metodología: en primer lugar, se analiza la manera en que la Teoría del Derecho ha tratado de explicarse la irrupción de la Política en el ordenamiento jurídico, en el marco del desarrollo histórico del Estado Moderno; en segundo lugar se examina la manera en que, en el ambiente científico chileno previo a la Unidad Popular, en las dos principales universidades chilenas, se estudió el fenómeno de los decretos leyes, en un contexto de reformas universitarias; y en tercer lugar, se revisa la discusión que se dio, en términos jurídico-políticos, a propósito de la aplicación del Decreto Ley N° 520, en el período de la Unidad Popular, a través de los distintos argumentos que se esgrimieron tanto a favor como en contra de los llamados resquicios legales. Esto nos permitirá analizar críticamente la manera en que se ha abordado la vigencia de estas normas jurídicas que resultan problemáticas para un Estado de Derecho que presume ser respetuoso de su Constitución y de los procedimientos democráticos. Esta investigación concluye sosteniendo que, a la luz del debate sobre los resquicios legales, la teoría positivista del Derecho carece de herramientas suficientes para explicarse el fenómeno de los decretos leyes, y en definitiva, de la relación entre la Política y el Derecho. Además, se proponen algunos lineamientos que podrían considerarse para un ulterior desarrollo de la teoría

A la primera part, l'autor tracta de demostrar que certs criteris formals d'identitat d'un ordre jurídic (com els defensats per Austin, Kelsen y Hart) no resulten satisfactoris, perquè ignoren la repercussió que sobre aquesta qüestió té la connexió entre el dret i la política. La solució passa, aleshores, per trobar un criteri material d'identitat dels ordres jurídics. A la segona part es proposa que aquesta identitat es defineixi en termes d'identitat dels règims polítics. Això permet emprar l'instrumental analític de la teoria política (des de Easton a Morlino). La conclusió: dins d'un cert ordre estatal, un ordre jurídic manté la seva identitat fins que el règim polític segueixi sent el mateix. Al seu torn, un règim polític manté la seva identitat fins que els seus elements són modificats de tal manera que ens porten a haver de incloure'l en una categoria diferent, dins d'una determinada classificació. / En la primera parte, el autor pretende demostrar que ciertos criterios formales de identidad de un orden jurídico (como los defendidos por Austin, Kelsen y Hart) no resultan satisfactorios, dado que ignoran la repercusión que sobre esta cuestión tiene la conexión entre el derecho y la política. La solución pasa por delinear un criterio material de identidad de los órdenes jurídicos en términos de identidad de los regímenes políticos, como se hace en la segunda parte. Ello permite usar el instrumental analítico de la teoría política (desde Easton hasta Morlino). La conclusión: dentro de cierto orden estatal, un orden jurídico mantiene su identidad hasta que el régimen político sigue siendo el mismo. A su vez, un régimen político mantiene su identidad hasta que sus elementos se modifican de tal manera que nos llevan a clasificarlo en otra categoría en el seno de una clasificación dada. / In the first part, the author attempts to demonstrate that certain formal criteria of identity of a legal order (the Austin's, Kelsen's and Hart's criteria) are not satisfactory, because they ignore the repercussions of the link between law and politics. The solution can only be found in trying to delineate a material criterion for the identity of legal orders. In the second part, the author defines the identity of legal orders in terms of the identity of political regimes. In this way, he can make use of the analytical tools devised of political theory (from Easton to Morlino). The conclusion: within a certain State order, a legal order maintains its identity as long as the political regime stays the same. The political regime, in turn, maintains its identity until its elements are modified in a way that forces us to attribute it to another category, within a given classification.