Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho) / La investigación que se presenta a continuación está dividida en tres capítulos, más las conclusiones. El primer capítulo lleva por título: “De la responsabilidad del estado en materia de violaciones a los derechos humanos por acciones de gobiernos de facto”, en el cual se aborda la temática de la fuete constitucional de la responsabilidad del Estado en nuestra actual legislación. Se aborda desde una perspectiva filosófica las posibles razones que llevan a un estado a reparar los daños provocados por violaciones a los derechos humanos en gobiernos de facto, muy especialmente lo que motivó a la reparación en Chile luego del retorno a la democracia el año 1990. Finalmente se abordan desde una perspectiva histórico - descriptiva los casos de políticas de reparación en Alemania, Argentina y Sudáfrica, que tienen el factor común del daño pero por razones distintas. El primero por guerra, el segundo por dictadura militar y el tercero por segregación racial. Finalmente se analizan algunas leyes de reparación chilenas a lo largo de su historia republicana. El segundo capítulo lleva por título “Leyes de reparación en Chile, con posterioridad al año 1990”, en el cual se aborda en extenso la política de aplicación de los tres cuerpos legislativos más importantes, destinados a reparar de manera pecuniaria o no, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen del general Pinochet, con especial énfasis en datos estadísticos y en las problemáticas institucionales generadas en la interacción entre el Ministerio del Interior, el Instituto de Normalización Previsional y la Contraloría General de la República. El tercer capítulo y final, se titula “Aspectos críticos de las leyes de reparación en Chile” en el cual se abordan dese una perspectiva histórica y críticas las principales trabas y dificultades que han significado una eficiencia mediana de las leyes de reparación analizadas en este trabajo, con indicación de los esfuerzos gubernamentales destinados a mejorar el sistema, los compromisos políticos y las dificultades legislativas. Las conclusiones son el resultados de un proceso de recopilación histórica, tanto de hechos como de legislación, más la experiencia personal de acercamiento a la materia por razones profesionales.

Un ciudadano chileno español es secuestrado por agentes del aparato represivo de la Junta de Gobierno Militar y es asesinado, mediante un golpe de kárate, en una casona de Lo Curro. Mientras, en el subterráneo de ese recinto, un especialista en química fabrica gas sarín. Es Julio de 1976, Santiago de Chile. Después de estar desaparecido dos días, el enjuto cuerpo del funcionario diplomático aparece un canal de regadío cercano al club ecuestre Paperchase. A ochocientos metros de distancia aguas abajo, se encuentra su automóvil Volkswagen escarabajo, con las puertas completamente cerradas y el parabrisas parcialmente quebrado. Cerca del sitio del suceso, una botella de pisco casi vacía. Entre sus ropas, una carta escrita a máquina que habla de infidelidad. Es el imperfecto cuadro de un montaje criminal. Un puzzle que refleja toda la época dictatorial. ¿Qué tuvo que suceder en Chile para que, en julio del 1976, los periodistas de la prensa escrita chilena informaran extensamente sobre una historia propia de la crónica roja, en circunstancias que fue un asesinato político en el contexto de la represión de la dictadura? ¿Cuál fue el rol de El Mercurio, el “Decano de la prensa chilena”, el diario más antiguo y prestigioso de nuestro país, en ese relato?

Tesis de grado para obtener el título de Magíster en Estudios Internacionales / En el primer capítulo de esta investigación se aborda el surgimiento del Derecho Internacional (DI) de los Derechos Humanos. Se revisan los antecedentes que permiten distinguir al individuo como nuevo sujeto del Derecho Internacional. Para ello, se examina tanto el marco teórico general del DI como su desarrollo histórico en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Luego, se da cuenta del marco teórico específico del DI identificado con los instrumentos, órganos y mecanismos de Naciones Unidas creados para la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos. En el segundo capítulo se abordan los sistemas específicos de protección internacional de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tales como Declaración Universal, los dos Pactos Internacionales (de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Se analizan además, los mecanismos de protección especializados contra formas más graves de violación, como las convenciones, tratados y declaraciones. Ello, para luego abordar la revisión de los mecanismos de protección contra las violaciones graves y sistemáticas. En este capítulo se introduce el caso específico de Sudáfrica y Chile como casos emblemáticos de Naciones Unidas. En el tercer capítulo, se aborda el tema de las Comisiones de Verdad y su impacto en los conflictos nacionales de Sudáfrica y Chile. Se revisan algunas definiciones operacionales, los objetivos y valores de las Comisiones para luego contextualizar el caso sudafricano y chileno en relación al establecimiento de estos dispositivos, intentando extraer algunos elementos relevantes para su análisis. Ello, para finalmente poder dilucidar algunas conclusiones respecto del rol que cumplieron las Comisiones de Verdad en el establecimiento de una verdad oficial respecto de las violaciones en materia de derechos humanos. Finalmente se señala que los Estados-naciones de Chile y Sudáfrica son las unidades centrales de observación a investigar en este estudio sobre las cuales se ha medido la reconstrucción de una ‘verdad oficial’ ‘compartida por todos’, a partir del trabajo desplegado por las Comisiones de Verdad. A pesar de su especificación, ambas unidades poseen un alto grado de abstracción desde el momento que representan no sólo el esfuerzo sino el proceso de una nación por reconstruir y reparar su memoria histórica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A raíz de la gran presencia de videovigilancia en nuestro país, debemos determinar si su uso puede considerarse legítimo. Quienes consideran que la medida adolece de ilicitud, fundan su postura en las potenciales vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Dentro de los derechos que eventualmente podrían ser afectados, es de gran importancia referirse a la vida privada, ya que, si bien dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución, nuestra Carta Fundamental no otorga pautas para comprender la amplitud de la garantía. De tal forma, es de suma importancia el determinar cuándo y en qué lugares nuestros actos son considerados privados y son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar además, la relación existente entre las cámaras de vigilancia y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, siendo necesario determinar si la actividad de vigilancia se ejecuta respetando el precepto normativo mencionado. Considerando la creciente utilización de medidas de seguridad, es vital para el presente trabajo realizar un estudio referente a la legalidad en la utilización de estas, a fin de que se respete el derecho vigente y no se afecten de forma arbitraria Derechos Fundamentales. / 06/11/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A partir de los aportes de la criminología sobre los impactos negativos y positivos del encierro en las personas privadas de libertad y sus familias, el trabajo sistematiza y analiza los desarrollos normativos y jurisprudenciales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos sobre el derecho a conservar los vínculos familiares de la población privada de libertad. El trabajo se centra en el estudio de los criterios de interpretación y estándares mínimos aportados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para, a la luz de estos, identificar aquellos ámbitos problemáticos en el ejercicio de este derecho en el contexto nacional. Este trabajo sostiene que la regulación actual en materia de contacto con el exterior, y en particular con la familia y seres queridos, atenta contra el derecho a la integridad personal y trato humano y el derecho a la protección de la familia, de los cuales gozan las personas privadas de libertad y que constituyen condiciones necesarias para el reconocimiento de la dignidad de esta población.

Memoria para optar al título de Periodista / La noche anterior al Golpe de Estado de 1973, el periodista Alberto “Gato” Gamboa había cenado en un elegante restaurante chino con su esposa y sus dos hijos. Cada vez que el cuarteto brindaba, se hacía en honor a la mujer de Gamboa, quien estaría de onomástico el jueves. "La celebramos bien celebrada, como si hubiéramos sabido lo que vendría", recuerda el ex director del diario Clarín, un periódico que, por esos días, era el bastión comunicacional del gobierno de la Unidad Popular. Producto de las copas y el trasnoche, Gamboa y su mujer se levantaron tarde esa mañana. Apurados, desayunaron sin escuchar la radio. Se subieron al auto y enfilaron desde la plaza San Enrique, en El Arrayán, hacia Américo Vespucio. La pareja iba rumbo al Hospital José Joaquín Aguirre, donde María trabajaba como tecnóloga médico. Cuando llegaron a la avenida Kennedy, se sorprendieron con los movimientos de militares. Al prender la radio, oyeron el primer bando militar. Eran las 8:28 de la mañana. Al mirar hacia adelante, siguiendo la larga hilera de autos rugientes, se percataron del procedimiento que hacían los choferes ante los uniformados: conversan dos o tres palabras y luego, muestran diversas credenciales. Después de ese breve intercambio, algunos podían seguir circulando; a otros se los llevaban detenidos. "Así nos vamos a bajar nosotros", dijo el periodista, señalando con grave humor a una pareja que caminaba con las manos en la cabeza y la metralleta en la espalda. Su mujer no se rió. Tampoco aceptó la oferta del Gato, de bajarse el auto y devolverse sola a casa. Le tocó el turno a la flamante camioneta del director de uno de los periódicos más leídos del país en esa época. El Gato puso su mejor cara, abriendo sus ojazos verde-celestes y colocando una sonrisa de esas que sólo tienen los bajo de porte.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación busca determinar cuál es la compatibilidad del sistema jurídico chileno con las exigencias internacionales, en materia de Derechos sexuales y Derechos reproductivos (DSyR), respecto de las mujeres en situación de discapacidad. Para visibilizar la cuestión, he dividido el trabajo en dos partes. La primera trata los Derechos sexuales y Derechos reproductivos a modo general y la segunda, da cuenta de la situación particular de las mujeres en condición de discapacidad. El enfoque, si bien se sustenta principalmente en lo jurídico, a través de la revisión de los instrumentos nacionales e internacionales, también se apoya de investigaciones sociológicas, económicas, históricas, antropológicas, incluso psicológicas sobre los derechos de la ciudadanía de la mujer, especialmente de las mujeres con discapacidad. Las conclusiones arribadas muestran cómo se ha cambiado la mirada hacia la Discapacidad en la integración de un paradigma de DD.HH, y cómo las legislaciones locales lo incorporan. Sin embargo, el desafío más profundo y pendiente es la transformación de la visión que tiene la sociedad, incluidas las mujeres con discapacidad, en la concepción de sus derechos y cómo hacerlos valer