El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El presente trabajo de investigación es elaborado por un interés especial por descubrir las causas de la afectación del derecho constitucional a la libertad y seguridad personal, por exceso de “poder policial”, especialmente en la modalidad de la detención arbitraria. Esa inclinación selectiva por descubrir la realidad ha motivado al autor intensa y preferentemente por haber prestado servicios en diferentes unidades operativas como oficial superior en la Policía de Investigaciones del Perú. El presente trabajo materia de investigación aborda un tema de mucho interés correspondiente al derecho penal y procesal penal; se trata de una investigación seria, exhaustiva e inédita que se relaciona con un enfoque doctrinario, jurisprudencial y crítico de nuestro sistema Procesal Penal. Tiene como marco de iniciación el estudio metodológico del diseño, el problema de investigación, los objetivos generales y específicos; la formulación de las hipótesis y las variables de naturaleza funcional; se han señalado los métodos y las técnicas de investigación, así como también se formula el marco teórico y doctrinario de la detención como limitación de la libertad personal, derecho reconocido constitucionalmente; comprende también el desarrollo del marco teórico y su evolución histórica, el reconocimiento de la libertad personal como un derecho fundamental, la prohibición de la detención arbitraria, tanto en el ámbito internacional como nacional. Asimismo se ocupa de la Policía Nacional y su función, prevista en la Constitución, su Ley Orgánica y Código Procesal Penal. Desarrolla el concepto de “poder de policía” en la legislación comparada y el concepto de detención regulado por la Constitución Política del Estado, en el Art. 2°, inciso 24, literal “f”, y sub siguientes. Con claridad se determina, que las detenciones arbitrarias, como manifestación del exceso de poder policial, afectan el derecho constitucional a la libertad personal; es así, de conformidad con los datos teóricos obtenidos y apreciados de las entrevistas, se encuentra que están relacionadas a: la falta de preparación normativa, prepotencia, venganza, favoritismo y corrupción, y otras variables como: incompetencia, disposición jerárquica, desviación de poder, detención sin mandato, detención sin flagrancia, que se excede la autoridad en la función que la constitución y las leyes le atribuyen. Los funcionarios judiciales y la fuerza pública en ejercicio de su función, deben garantizar y proteger los derechos fundamentales, lo cual es un mandato internacional e interno; sin embargo son ellos quienes en muchas oportunidades violan el derecho fundamental de la libertad, ante la impotencia de la sociedad que no posee las herramientas jurídicas y económicas para defender su derecho o prevenir su vulneración. Conforme los datos teóricos aportados en las entrevistas, se establece, que las detenciones irregulares como manifestación del exceso del poder policial, están afectando el fundamento constitucional de la prohibición de las detenciones arbitrarias y las expectativas sociales de protección y seguridad jurídica. Es necesario que a nivel de la institución policial, la implementación de cursos y talleres, que desarrolle de manera técnica los presupuestos para legitimar una detención, porque existe un factor originador de este problema que es: la falta de preparación normativa. Asimismo debería procederse a la tipificación de un delito específico de la “detenciones arbitrarias” a fin de promover una adecuada política criminal, protectora y prevencionista. El trabajo se fundamenta principalmente en la necesidad de orientar el conocimiento doctrinario del problema de afectación de la libertad personal como consecuencia del abuso denominado “poder de policía” en el ámbito de las detenciones ilegales, para reconducir la labor docente, legislativa y la interpretación judicial y doctrinaria, propiciando un mejor conocimiento de los alumnos, profesores y operadores de justicia. / Tesis

En nuestro país, considerando la falta de objetividad y las dificultades existentes en la actualidad en torno a la evaluación del grado de peligrosidad y la presencia de rasgos psicopáticos en los reclusos, se consideró necesaria la adaptación de un instrumento que posibilitara unificar criterios para el diagnóstico de este tipo de personalidades. Frente a dicha problemática, el presente estudio estuvo orientado a adaptar la Escala de Calificación de la Psicopatía Revisada (PCL-R) creada por Robert D. Hare, la cual permite evaluar con alta confiabilidad diagnóstica y pronóstica la psicopatía. Para este propósito, se sometió la versión española del cuestionario del PCL-R al criterio de jueces expertos, de modo de obtener una versión chilena. Esta fue administrada, primero, en una Aplicación Piloto, para verificar que las modificaciones propuestas por los jueces fueran comprensibles para los sujetos en estudio, que previamente se habían separado en dos grupos –los que presentaban rasgos psicopáticos y los que no– en función de evaluaciones realizadas por los profesionales del Área Técnica del C.D.P. San Miguel. Posteriormente, se realizó la Aplicación Experimental, a partir de la cual se llevó a cabo un análisis estadístico de los hallazgos, que permitió obtener evidencias de validez y confiabilidad del instrumento. También, en la muestra estudiada fue posible establecer relaciones entre la psicopatía y la Reincidencia Legal, por un lado, y los Tipos de Delito, por el otro.

El presente trabajo de investigación se enfoca en explicar porque deberá normarse la prórroga de prisión preventiva aplicada en la práctica por los operadores del derecho resultando más favorable al preso preventivo. Por lo que en el primer capítulo abordaremos la prisión preventiva como medida de coerción personal, así como los presupuestos y principios en la doctrina y nuestra legislación. En el segundo capítulo, analizaremos la prolongación de la prisión preventiva y sus diversas modificatorias, el cual permite dejar en conocimiento que dicha figura es autónoma y pues ser requerida únicamente en atención a sus presupuestos establecidos cuando concurra especial dificultad. Por ultimo en el tercer capítulo afianzaremos todo lo desarrollado en la investigación bajo una nueva figura - prórroga, la cual se propone adoptar una posición en la doctrina nacional, teniendo en cuenta lo más favorable para el imputado y para el proceso.

El internamiento preventivo es una medida coercitiva de ultima ratio, que busca prevenir que el menor eluda la justicia u obstaculice la misma, sin embargo en la actualidad ha sido desnaturalizada y utilizada masivamente por parte de los operadores del derecho quienes aplicando sus criterios de interpretación adecuan la solicitud del fiscal y proceden a internar a los menores aun cuando los supuestos no calzan dentro de los parámetros que la norma nos establece, por ello a través de los tres capítulos de la presente investigación abordaremos como se ha ido desarrollando la aplicación del internamiento preventivo, teniendo como referencia el análisis de las resoluciones remitidas por los juzgados de familia de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado en las propuestas legislativas que se presentan cada tiempo al respecto de la disminución de edad para la imputabilidad penal, pero también puede reflejarse en que, sostenidamente, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido apostar por la medida más gravosa para la resolución de estos casos: el internamiento. Debido a este abordaje de la problemática que rodea a los y las adolescentes infractores/as, se plantea la pregunta principal: “¿Se emplea la privación de libertad como medida de último recurso en el sistema de justicia penal juvenil peruano en concordancia con los fines de la justicia penal juvenil y un sistema integral de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales establecidos en la materia?”. Tras la revisión teórica y el examen de su aplicación práctica en nuestro sistema de justicia penal juvenil, finalmente se llegarán a cuatro conclusiones puntuales que abordarán los fundamentos del uso de las medidas privativas de libertad como recursos de ultima ratio, su correlato en la práctica peruana, y la tres posibles causas de la disonancia entre la teoría y a la práctica a partir de un caso. / With the increase in insecurity and the participation of adolescents in acts contrary to the law, the state response in its role as guarantor of citizen security also increases in severity. This can be seen reflected in the legislative proposals that are presented every time regarding the reduction of the age for criminal liability, but it can also be reflected in the fact that, consistently, the response of the judicial authorities has been to opt for the most burdensome measure for the resolution of these cases: internment. Due to this approach to the problem surrounding adolescent offenders, the main question is raised: "Is deprivation of liberty used as a measure of last resort in the Peruvian juvenile criminal justice system in accordance with the purposes of juvenile criminal justice and a comprehensive juvenile justice system within the framework of the international standards established on the matter?”. After the theoretical review and the examination of its practical application in our juvenile criminal justice system, four specific conclusions will finally be reached that will address the foundations of the use of custodial measures as ultima ratio resources, their correlation in Peruvian practice, and the three possible causes of the dissonance between theory and practice based on a case. / Trabajo académico

El Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia y como tal, le corresponde respetar los derechos fundamentales de la persona, además como operadores de justicia deben resolver los conflictos que son sometidos a su competencia en cada caso concreto, pero, en la actualidad nos formulamos esta interrogante: ¿podemos sostener qué los derechos fundamentales de los procesados penalmente son respetados por los encargados de administrar justicia?, la respuesta la obtenemos de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y corroboradas en parte por las del órgano Jurisdiccional al aceptar la existencia de un elevado porcentaje de procesados en todo el país se encuentra sufriendo detención preventiva judicial, al no haber sido juzgados ni sentenciados en primera instancia más allá del tiempo razonable, considerando que una gran mayoría se encuentra en esta situación porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Por ello, la presente investigación se realiza en los centros penitenciarios antes referidos, por albergar la mayor cantidad de internos del país en esa situación. a) La aplicación de la prisión preventiva y/o detención en el antiguo sistema procesal penal (procesos sumarios y ordinarios) vulnera los derechos y garantías de los procesados: plazo razonable, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad), pues no se contempla una audiencia para ejercitar el contradictorio y validar los elementos que sustentan el daño jurídico derivado del retraso del procedimiento.

Actualmente, el incumplimiento de una prestación alimentaria señalada mediante resolución judicial atribuye la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sin embargo, la persecución penal de la mencionada conducta ha resultado ser ineficaz, pues la excesiva carga procesal y fiscal, la demora del proceso y el incumplimiento de la pensión alimenticia en la vía penal ha generado la desprotección del bien jurídico del alimentista, por ello, la necesidad de optar por la implementación del apremio corporal, una medida de solución donde se retiene a la persona deudora alimentaria por un período de tiempo hasta el cumplimiento de la pensión de alimentos sin tener que recurrir a la vía penal, pues el Juez de Familia o de Paz Letrado, se encargará de emitir la orden de apremio.

La presente investigación tiene como propósito brindar algunos criterios dogmáticos de orden procesal para identificar el estándar de corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces, a fin de adoptar una decisión de prisión preventiva en el marco de un proceso penal -democrático. Bajo esa línea de pensamiento, se pretende explicar la evolución histórica legislativa de la colaboración eficaz, además, se definen los conceptos y reglas de tratamiento de este proceso penal especial; así como también se plantea los alcances del deber de motivación de las resoluciones judiciales por parte de los órganos jurisdiccionales en el marco del dictado de la medida cautelar como es la prisión preventiva. En seguida, se explica algunos alcances de la prisión preventiva, sus métodos y sistemas de valoración de la prueba, para luego aterrizar en el análisis de la valoración de la declaración del aspirante a colaborador eficaz, con el propósito de verificar su fundabilidad o no de la prisión preventiva como medida más intensa, sin perder de vista su aplicación excepcional. Finalmente, se afirma que para emplear la declaración del aspirante a colaborador eficaz como un elemento que justifique la adopción de la prisión preventiva se plantea un estándar de corroboración conforme a los parámetros razonables, objetivos, mínimos y periféricos, sobre la base de los criterios de persistencia, coherencia, homogeneidad y verosimilitud, analizados dentro del mismo proceso de colaboración eficaz en el interior de un Estado Derecho Democrático. / The purpose of this investigation is to provide some dogmatic criteria of a procedural order to identify the standard of corroboration of the statements of effective collaborators, in order to adopt a decision of preventive detention in the framework of a criminal-democratic process. Under this line of thought, it is intended to explain the historical legislative evolution of effective collaboration, in addition, the concepts and rules of treatment of this special criminal process are defined; as well as the scope of the duty of motivation of judicial decisions by the jurisdictional bodies within the framework of the issuance of the precautionary measure such as preventive detention. Next, some scope of pretrial detention, its methods and systems for evaluating the evidence are explained, to then land on the analysis of the evaluation of the declaration of the applicant for effective collaborator, with the purpose of verifying its foundability or not of preventive detention as the most intense measure, without losing sight of its exceptional application. Finally, it is affirmed that in order to use the statement of the aspiring effective collaborator as an element that justifies the preventive detention measure, it must have a standard of corroboration according to reasonable, minimum and peripheral parameters, and based on the criteria of persistence, coherence, homogeneity and plausibility, analyzed within the same process of effective collaboration.

La utilización de la figura conocida como “prisión preventiva” en los actuales ordenamientos procesales resulta ciertamente controversial, ello se debe a que en el modelo que se conoce como Estado Constitucional, se asume que la privación de libertad de una persona sobre quien recae la imputación de un determinado delito reviste un carácter excepcional, de tal manera que se afirma que la regla general es el procesamiento de un individuo en situación de libertad, postura que se ve reforzada con el fenómeno de la constitucionalización del derecho en general y procesal penal en particular. Independientemente de los clásicos presupuestos materiales que se requieren para imposición de la prisión preventiva, la presente investigación se centrará en determinar si los plazos de duración que se han previsto en la legislación peruana para la aplicación de esta figura, guardan correspondencia con el contenido de la garantía del plazo razonable, con especial énfasis cuando el afectado con dicha medida es una persona que pertenece al grupo etario de los adultos mayores, quienes sufrirán las consecuencias propias del régimen carcelario de nuestro país. Estando a lo expuesto, la hipótesis que ensayamos estriba en afirmar la existencia de una contradicción entre los plazos de duración de la prisión preventiva regulados en la ley peruana, cuando ello es confrontado con principios de rango constitucional tales como la presunción de inocencia, necesidad, excepcionalidad, razonabilidad, etc. En ese orden de ideas, realizaremos un análisis a partir de la dogmática procesal penal, así como de las sentencias de Tribunales nacionales y supranacionales en relación al tratamiento del plazo razonable, además de abordar el tópico de la realidad carcelaria y de los adultos mayores en nuestro país, para finalmente terminar concluyendo que debe haber una reducción de los plazos de duración de prisión preventiva por atentar contra la dignidad humana

Unos de los problemas en el ámbito del derecho procesal penal, en la actualidad es sobre la imposición de la prisión preventiva en el Perú; por cuanto existe una inadecuada aplicación por parte de los jueces, puesto que al aplicarlas en muchos casos lo realizan sin que concurren los presupuestos materiales, requisitos y principios, establecidos por nuestras normas procesales; así como la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, por cuanto no realizan un análisis pormenorizados de los mismo llegando a expedirse prisiones preventivas de manera abusiva que linda con la arbitrariedad afectando derechos fundamental cuando una persona es sometida a un proceso penal. / One of the problems in the field of criminal procedural law is currently on the imposition of preventive detention in Peru, there is an inadequate application by the judges because when applying them in many cases they do it without the material budgets, requirements and principles, established by our procedural rules; as well as jurisprudence, since a detailed analysis of the same is not carried out, and preventive prisons are issued in an abusive manner that borders on arbitrariness affecting the fundamental rights of a person subjected to a criminal process.