Magister en Derecho Público / En el primer capítulo, denominado: La función constitucional de la administración y su sometimiento a la constitución y la ley, se analiza la función constitucional de la Administración; se expone el sentido y alcance del principio de juridicidad en el Estado de Derecho, para terminar con un análisis de la relación existente entre legalidad y discrecionalidad. En el segundo capítulo, denominado: La discrecionalidad administrativa, se precisa su concepto y sus fundamentos; analizando los límites jurídicos que la afectan, y la función que aquélla cumple en el Estado democrático de derecho. Enseguida se expone la llamada discrecionalidad técnica; los conceptos jurídicos indeterminados y el llamado margen de apreciación, para finalizar con un análisis de la vinculación existente entre discrecionalidad e interdicción de la arbitrariedad. En cuanto al tercer capítulo, en que se contiene el tema central de la investigación, intitulado: El control judicial de ejercicio de la discrecionalidad administrativa, se examinan el concepto de control y sus vinculaciones; las tendencias doctrinales y jurisprudenciales sobre el particular, las técnicas de control, y los órganos a cargo de este último; la extensión y límites del control de la discrecionalidad técnica, para poner término al mismo con la sustitución de la decisión discrecional de la Administración, por los Tribunales. Respecto al cuarto y último capítulo, denominado Jurisprudencia, se exponen, brevemente, los principales dictámenes y fallos que constituyen la jurisprudencia administrativa y judicial que en las últimas dos décadas se han referido a la discrecionalidad administrativa, y principalmente a su control. Por último, se expresan las conclusiones de esta Tesis, y se hace una relación de la bibliografía consultada.

Hoy en día, la selva es una zona que cuenta con una biodiversidad grandiosa y por ello de enormes recursos, pero la pobreza no es ajena a esta región; por ello el Estado promulgó la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Ley Nº 27037) que fue emitida el 30 diciembre de 1998, que apuntaba a fortalecer la posición económica y social de la Región. Asimismo, el estado otorgó también la Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, promulgada mediante la Ley Nº 27688, la misma que al igual que la anterior tenían como finalidad incentivar el desarrollo de los sectores de bajos recursos y brindarles facilidades de gestión y políticas económicas que les permitan obtener beneficios e ingresos económicos. Dentro de este contexto, se produce la problemática de la elusión tributaria, que es aquella practica por parte de los contribuyentes para utilizar normas legales a fin de reducir o quedar exentos de la carga tributaria, sin embargo, el trasfondo de este ejercicio es conseguir, vulnerando el fondo público, beneficios particulares que afecta el equilibrio económico y social. Es así que la Sunat es competente, para ejercer control sobre aquellas malas prácticas tributarias que afectan la recaudación de manera masiva, sin embargo, esta institución aún tiene fallos o falencias que deben superar. Asimismo, mediante esta investigación se hace un análisis no sólo de las falencias de la administración tributaria, y las leyes otorgadas a las regiones mencionadas, sino que además se propone reforzar la facultad discrecional de la administración tributaria con la finalidad de incorporar mecanismos permitiendo estar a la defensiva. / Tesis

El artículo nos presenta una aproximación doctrinal al concepto de discrecionalidad y nos describe sus presupuestos técnicos. Seguidamente, el artículo hace hincapié en que resulta necesario que se incorpore, en todos los actos administrativos, alguna referencia racional que permita colegir con facilidad los argumentos lógicos de los que trae causa dicha resolución administrativa. Se constituye así, en la otra cara de la moneda, la motivación de la discrecionalidad, pues de lo contrario estaríamos entrando en el mundo de la arbitrariedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria tiene por objeto establecer la necesidad jurídica, económica, social y ética, de la aplicación efectiva de las facultades discrecionales del fiscal en el nuevo proceso penal, contribuyendo así a una mejor administración de justicia, mas eficiente, mas justa y mas transparente.

En la presente investigación se analiza si los términos ‘malicioso’ o ‘manifiestamente infundado’ son términos jurídicamente indeterminados que han sido recogidos en el artículo 50. numeral 1 inciso n) de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del régimen de infracciones y si estos resultan o no apropiados para el derecho Administrativo, los cuales serán interpretados y analizados para verificar si se encuentran en conformidad con los principios generales de las Contrataciones Públicas. A fin de evitar que el postor sea afectado por una potestad discrecional que devenga en arbitraria. Así se pretende dotar de sentido al término ‘malicioso’ pues resulta más acorde a derecho; por otro lado, erradicar el término ‘manifiestamente infundado’ para prevenir o anular acciones fraudulentas que atenten contra la seguridad jurídica pues resulta un concepto que linda más con lo arbitrario. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La ley faculta a la autoridad administrativa correspondiente - COREMAs o Dirección Ejecutiva Nacional de CONAMA - para calificar ambientalmente los distintos proyectos que deben ingresar al SEIA, siendo un aspecto importante a considerar el referido a la forma de ingreso de los proyectos. En el ejecicio de esta facultad hay un margen dado por las normas, para la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, la autoridad competente actuaría, en algunas oportunidades, de manera arbitraria y antojadiza, como se ha planteado en las inquietudes anteriormente expuestas. Ahora bien, las aprehensiones presentadas, entran en el campo de la especulación y los planteamientos formulados corresponden al campo de la teoría normativa, pues, se basan en lo que sostiene la LBGMA y el Reglamento del SEIA. ¿Pero qué ha pasado en los primeros años de aplicación del sistema? ¿Existe consonancia entre los textos normativos y la práctica? ¿Cómo se ha usado la discrecionalidad que confiere la ley no. 19.300, por parte de la autoridad? La presente investigación pretende responder estas interrogantes, referidas más precisamente a cómo opera la discrecionalidad administrativa en la forma de ingreso de proyectos al SEIA.

El presente trabajo de suficiencia profesional fue realizado con el objetivo de evaluar la aplicación del criterio de discrecionalidad regulado en el Código Tributario y su impacto en los procesos de fiscalización en el sector de servicios públicos. Por tal motivo, el trabajo está desarrollado en base a las disposiciones del Código Tributario, la Ley General de Procedimientos Administrativos y a jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Estas normas establecen conceptos y reglas que se deberán aplicar en el proceso de fiscalización; sin embargo, existen zonas grises, vacíos jurídicos, cuya aplicación queda a la libre interpretación del contribuyente, del auditor de SUNAT y de otros. Este trabajo se basará en las empresas del sector de servicios públicos, específicamente; agua, luz y teléfono, en el que hemos observado diversa casuística de la discrecionalidad aplicada por la SUNAT. Por esta razón, se desarrolla este trabajo de investigación, esperando que sirva como guía para tener conocimiento de las facultades discrecionales de la SUNAT en los procesos de fiscalización y que generalmente estas tienen un límite. Para sustentar nuestras hipótesis planteadas se utilizaron instrumentos cuantitativos, tales como encuestas. Así también, instrumentos cualitativos, en los que se empleó las entrevistas a detalle. Las entrevistas y las encuestas se realizaron a expertos en temas discrecionales y en temas de fiscalización. Finalmente, se desarrollará casos prácticos en donde se podrá aplicar los conceptos sobre la facultad discrecional de la Administración Tributaria, evaluando el impacto que tiene en los procesos de fiscalización en el sector de servicios públicos. / The present professional proficiency work was carried out with the objective of evaluating the application of discretion criteria regulated in the Tax Code and its impact on the auditing processes in the public services sector. For this reason, the work is developed based on the norm of the Tax Code, the General Law of Administrative Procedures and jurisprudence of the Constitutional Court. These rules establish concepts and guides that must be applied in the audit process. However, in these regulations there are legal gaps, whose application is left to the free interpretation of the taxpayer, SUNAT auditor and others. This work will be based on companies in the public services sector, specifically; water, electricity and telephone, in which we have observed diverse casuistic of the discretion of SUNAT. For this reason, this research work is developed, so that it serves as a guide to have knowledge of SUNAT discretion faculties in the audit processes and that generally these faculties have a limit. To support our hypothesis we used quantitative instruments, such as surveys. Also, qualitative instruments, in which interviews were used in detail. These interviews and surveys were conducted with experts on discretion matters and on audit topics. Finally, practical cases will be developed where the concepts on the discretion faculty of the Tax Administration can be applied, evaluating the impact that it has on the audit processes in the public services sector. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del establecimiento del régimen tarifario de acuerdo al modelo de la empresa eficiente, modelo vigente respecto de nuestro servicio público de distribución eléctrica, tuvo como finalidad resolver básicamente dos problemas: el primero, consiste en determinar desde un punto económico y técnico qué conceptos y qué métodos deben utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde un punto de vista político, pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas por el poder público. Para resolver dichos problemas se procuró reducir la discrecionalidad administrativa a través de distintas vías, como por ejemplo el establecimiento de un procedimiento lo más detallado, objetivo y técnico posible que refleje el principio de costo marginal Por otra parte, debemos tener en cuenta que, salvo en casos excepcionales, en toda potestad administrativa conviven tanto elementos reglados como discrecionales debido a que la ley no puede regular detalladamente todos los supuestos posibles propios de un procedimiento de suyo complejo como lo es el tarifario. Así dadas las cosas el objetivo de este trabajo es el de establecer, una vez determinado que es lo que se entiende por discrecionalidad administrativa, cuales son los elementos reglados y cuales los discrecionales de la potestad tarifaria

No description available.

Made available in DSpace on 2016-08-10T10:47:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELO ANDRE DE AZEVEDO.pdf: 6521635 bytes, checksum: 6d8aec301f09b6d7f176e42618059620 (MD5) Previous issue date: 2013-11-12 / La libertad del ser humano cuando se confronta con la pena merece un espacio destacado en el escenario legal. El sistema de determinación de la pena del ordenamiento jurídico brasileño exige la cooperación entre legislador y juez, dejando al legislador la conminación de la pena in abstracto y al juez, en decisión debidamente motivada, la fijación de la pena concreta dentro del marco legal punitivo. En la función de fijación de la pena concreta y en el ejercicio concreto de la discrecionalidad judicial, el juez pasa por fases distintas, en las cuáles evalúa condiciones indicadas en la ley que revelan mayor o menor grado de reproche del crimen o del agente. El objetivo de este estudio es investigar si las circunstancias son suficientes para la aplicación de la pena adecuada. En su desarrollo se utiliza el método deductivo, con el examen de la legislación y jurisprudencia patrias, así como de la doctrina nacional y extranjera. Se constata que el Código Penal adopta un modelo de conminación de pena con límites mínimo y máximo, lo cual prevé las circunstancias que deben ser consideradas en su concreción, posibilitando, así, la discrecionalidad judicial. Sin embargo, este modelo no especifica con detalle las reglas para la aplicación de estas circunstancias. Además del análisis de las funciones y principios que rigen la pena, se analiza todas las circunstancias y procedimientos judiciales, así como algunas causas de disminución y aumento. En este análisis se verifica las dificultades encontradas en la aplicación de la pena adecuada, a ejemplo de la discrepancia y falta de criterios que expliquen la consideración de alguna circunstancia, lo que conduce a: a) incoherencia de la concreción de la pena; b) doble valoración de hechos idénticos para idéntico propósito (bis in ídem); c) ausencia de reglas sobre el quantum de cada circunstancia judicial o legal; d) confusión doctrinal y jurisprudencial entre existencia de elementares y su alcance. Se concluye que en el centro de la discrecionalidad judicial están las circunstancias, pero que, debido a las dificultades para su mensuración y aplicación, ellas no parecen suficientes para la concreción de la pena adecuada, por no ofrecer criterios firmes para el embasamiento del acto judicial. Mientras no se supere las dificultades presentadas, habrá siempre el riesgo de que la pena se aleje de su legítima medida y el reo se vea afectado en su libertad por el exceso de poder punitivo estatal. / A liberdade do ser humano ao ser confrontada com a pena merece espaço de destaque no cenário jurídico. O sistema de determinação de pena do ordenamento brasileiro impõe a cooperação entre legislador e juiz, cabendo ao legislativo a cominação da pena abstrata e ao julgador, em decisão adequadamente motivada, fixar a reprimenda concreta dentro do marco legal punitivo. Na função de seu dimensionamento concreto e no exercício da discricionariedade judicial, perpassa o magistrado por fases distintas, pelas quais afere circunstâncias indicadas na lei que revelam maior ou menor grau de reprovabilidade do crime ou do agente. O objetivo do presente trabalho é investigar se as circunstâncias são suficientes para aplicação da pena adequada. Na sua execução é utilizado o método dedutivo, com exame da legislação e jurisprudência pátrias, bem como da doutrina nacional e estrangeira. Verifica-se que o Código Penal adota um modelo de cominação de pena com limites mínimo e máximo e traz as circunstâncias a serem consideradas em sua concretização, concedendo discricionariedade judicial, sem, no entanto, especificar detalhadamente as regras para a sua aplicação. Além da análise das funções e princípios regentes sobre a pena, analisa-se todas as circunstâncias judiciais e legais, bem como algumas causas de diminuição e aumento. Nessa análise se verifica as dificuldades encontradas para a aplicação da pena adequada, como a discrepância e ausência de critérios para explicação do fundamento das circunstâncias, o que conduz à: a) incoerência da sua concretização; b) dupla valoração da mesma situação fática para o mesmo fim, acarretando o bis in idem; c) ausência de regras sobre o quantum de cada circunstância judicial ou legal; d) confusão doutrinária e jurisprudencial entre a diferença da existência das elementares com o seu alcance. Conclui-se que no centro da discricionariedade judicial estão as circunstâncias, mas que, em razão das dificuldades encontradas para a sua aferição e aplicação, não se mostram suficientes para a concretização da pena adequada, de modo a não fornecer critérios seguros para o embasamento do ato judicial. Enquanto não houver a superação das dificuldades apresentadas, correse o risco de a pena afastar-se da sua legítima medida e o réu se ver tolhido em sua liberdade pelo excesso de poder punitivo estatal.