En el Derecho Internacional existe consenso sobre que las acciones que buscan vulnerar grupos minoritarios deben ser sancionadas. Sin embargo, este consenso parece no estar sujeto a debate cuando las vulneraciones son manifiestas y se ejercen en el marco de violencia física o psicológica. Sin embargo, este consenso para desparecer cuando se plantea que dicha violencia también puede ser ejercido mediante un discurso. La libertad de expresión ha sido usada en muchas ocasiones como justificación para realizar actos contrarios a la igualdad de grupos vulnerables. En ese sentido, este trabajo encontró en este fenómeno un tema necesario de analizar con el fin de encontrar soluciones que eviten que se sigan diseminando discursos que vulneran el derecho a la igualdad de poblaciones vulnerables, en específico la comunidad LGTBI, Este trabajo buscará demostrar que existe necesidad de que el Estado manifieste su rechazo hacia el discurso de odio mediante el despliegue de medidas que buscan estandarizar el contenido de discurso de odio así como la suscripción de tratados internacionales específicos sobre el tema. En dicho contexto, este trabajo también propone que un primer punto de acuerdo respecto al qué debe ser entendido como discurso de odio es el que es ejercido por funcionarios públicos en el marco de un debate público, esto por ser doblemente lesivo contra la comunidad LGTBI al vulnerar su derecho a la igual y su derecho a la participación política. Por lo que una propuesta de solución será incluir una sanción específica a los congresistas de la República dentro del Reglamento del Congreso para sancionar la emisión de discursos de odio en el marco de sus funciones parlamentarias

El Derecho a la Igualdad supone que el Estado tiene la obligación de tratar en forma igual a todos los ciudadanos. Ello se encuentra establecido desde la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, así como en la Declaración de Filadelfia, en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C 100), en el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (C 111), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. hasta llegar a nuestra Carta Magna. La constitución Política del Perú vigente desde 1993, establece en su artículo 2 inciso 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley1, por lo cual nadie debe ser discriminado; sin embargo, en nuestra propia legislación encontramos normas limitativas de derechos hacia algunos trabajadores, dejando ver que en nuestro país existe una discriminación legal al no cumplir cabalmente con resguardar el Derecho a la Igualdad de todos los hombres. La diferencia de jornada de trabajo no es una razón objetiva que pueda sustentar la exclusión de un beneficio que protege al trabajador; por lo que, privar a los trabajadores a tiempo parcial de los beneficios sociales de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario y vacaciones, iría en contra del derecho antes mencionado. Atendiendo a ello este trabajo tratará sobre “El derecho a la igualdad y la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el Perú.”

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

El presente artículo abarca el tema de la discriminación en el consumo regulado en el artículo 38º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.º 29571, siendo que en concreto se desarrolla una valoración académica sobre los criterios de interpretación de la tipificación de la infracción de la discriminación en el Código adoptado por la autoridad de consumo peruana. Brevemente, se abordará el tema desde una perspectiva analítica y jurídica, en donde se abordará las distintas críticas que tuvo el nuevo cambio de criterio interpretativo sobre la discriminación en el consumo por parte del INDECOPI. Específicamente, se desarrollará el artículo en torno a la problemática de si este nuevo criterio interpretativo ha tenido algún impacto en la lucha por la erradicación de la discriminación en el consumo. El rol del INDECOPI, el análisis del modelo económico, político y social vigente y la aplicación del marco normativo de protección al consumidor son los temas principales a tocar para determinar si el cambio de criterio ha sido un atino por parte de la autoridad de consumo. De esta forma, se obtiene como válido la afirmación de que la nueva interpretación de la tipificación de la discriminación en el consumo ha sido adecuada respecto del fin de erradicar toda forma de discriminación hacia los consumidores, siendo que es un mal que no solamente afecta la dignidad de los consumidores, sino que también tiene un impacto en otros de sus derechos que puedan estar vinculados. / This article covers the issue of discrimination in consumption regulated in Article 38 of the Code of Consumer Protection and Defense, Law No. 29571, being that specifically develops an academic assessment on the criteria of interpretation of the typification of the infringement of discrimination in the Code adopted by the Peruvian consumer authority. Briefly, the subject will be approached from an analytical and legal perspective, where the different criticisms of the new change of interpretative criteria on discrimination in consumption by INDECOPI will be addressed. Specifically, the article will focus on the issue of whether this new interpretative criterion has had any impact on the fight for the eradication of consumer discrimination. The role of INDECOPI, the analysis of the current economic, political and social model and the application of the regulatory for consumer protection are the main issues to be discussed in order to determine whether the change of criterion has been a wise decision by the consumer authority. In this way, the affirmation that the new interpretation of the typification of discrimination in consumption has been adequate with respect to the purpose of eradicating all forms of discrimination against consumers is valid, since it is an evil that not only affects the dignity of consumers, but also has an impact on other rights that may be linked to it. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene como objetivo abordar el razonamiento utilizado por la Sala de Protección al Consumidor cuando resolvió el caso visto en la Resolución N.° 2135- 2012/SC2-INDECOPI, la misma que marcó un antes y un después en el tratamiento de los casos inherentes a la discriminación por discapacidad; estableciendo así, bajo el análisis de conceptos como los de libertad de empresa y contratación, selección de riesgo y discapacidad, si el pronunciamiento de la Sala fue el más idóneo, o si por el contrario el Tribunal emitió un pronunciamiento sesgado al afirmar que se había configurado un acto de discriminación contra la hija del denunciante, al no haber accedido Rímac Seguros a afiliarla al seguro Red Salud por tener esta Síndrome de Down, el mismo que según la empresa aseguradora no era un riesgo asegurable dada su alta siniestralidad. / The objective of this paper is to analyze the reasoning used by the Tribunal of INDECOPI when it resolved the case seen by the Resolution N.° 2135-2012/SC2-INDECOPI, the one that marked a breaking point in how the cases inherent to disability discrimination were solved. With that purpose we will approach to concepts such as freedom of enterprise and contracting, risk selection and disability, so we can be able to determine if the reasoning of the Tribunal was the most appropriate, or if, on the other side, the Tribunal, emited a resolution based on preconceived ideas, leading them to afirm that the insurer, Rímac Seguros, descriminated the daugther of the denouncing, as she has down’s syndrome, because the Enterprise considered that one was an uninsurable risk for its high accidente rate.

El presente trabajo académico tiene la finalidad de analizar algunos de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto del “internamiento involuntario” de personas con discapacidad mental; tomando como base principal la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y la normativa peruana vigente. Como bien sabemos, la discriminación hacia este grupo vulnerable ha sido y es una realidad inherente a las sociedades de todo el mundo; y presente históricamente en diversos ámbitos de la vida de quien la padece. Es mucho mayor, cuando hablamos de aquellos a los que se les ha diagnosticado una enfermedad mental, pues sufren una mayor marginación basada en estigmas y prejuicios que se tienen respecto de estas; como lo son el que representan un “peligro para terceros”. Así, la restricción de su libertad queda amparada con el propósito de garantizar la no afectación de los derechos de los demás, olvidando que esas restricciones han dado paso a una serie de abusos para con ellos y dejando de lado la protección de sus derechos humanos. Asimismo, se ha podido advertir en las sentencias del Tribunal Constitucional la lógica de asumir que las personas con discapacidad mental no están en la capacidad de poder tomar decisiones ni siquiera respecto de un derecho tan esencial como lo es el derecho a la salud; pues son “internadas” sin su consentimiento y peor aún sin que si quiera se les realice la consulta respectiva lo que niega su autonomía a poder determinarse. Y que inicia en la familia, pues son estos los que se atribuyen el decidir por ellos amparándose en sesgos, que como veremos también forman parte de la lógica que trasciende a nuestros operadores de justicia; y que mellan en derechos que les asisten como lo son la libertad, salud, integridad y dignidad humana. / The purpose of this academic paper is to analyze some of the latest judicial rulings issued by the Peruvian Constitutional Court regarding the “involuntary commitment” of people with mental disabilities, taking as its main basis the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” and current Peruvian regulations. As we well know, discrimination against this vulnerable group has been and is an inherent reality in societies around the world and historically present in various aspects of the life of those who suffer from it. It is much bigger when we talk about those who have been diagnosed with a mental illness, because they suffer marginalization based on stigmas and prejudices that exist around them, as they represent danger for others. Thus, the restriction of freedom of people with mental disabilities is allow with the purpose of guarantee that the rights of others don’t be affected. But, forgetting that these kinds of restriction unleash many types of abuses toward them unguarded and leaving aside the protection of their human rights. Also, it has been possible to notice in the rulings of the Peruvian Constitutional Court the logic that assume that people with mental disabilities have not the capacity to take their own decisions, even if it is related to an essential right like health. And that begins in the family because these are the ones who attribute the power of take decisions instead of them and this happen by the biases that exist there and in our justice operators and that affect their rights such as freedom, health, integrity, and human dignity. / Trabajo académico

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual.

En el Perú, los roles de género siguen limitando la libertad individual y económica de las mujeres. ¿Puede el sistema tributario contribuir a contrarrestar los efectos de esta construcción social? El presente trabajo estima cambios en las distribuciones de ingresos laborales de trabajadores formales del Perú, identificados por género, a partir de la aplicación de políticas tributarias como el pago de impuestos directos y la promulgación de la Ley N° 30296 en 2014. El objetivo de este trabajo es el de analizar la relevancia de incluir a la política tributaria en el diseño e implementación de políticas transversales que busquen la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, se calculan indicadores de desigualdad (Gini, Generalizados de Entropía y Atkinson) y de bienestar (Atkinson y Sen), además de la construcción de Curvas de Lorenz Interdistribucionales. Los principales resultados a nivel general indican que los impuestos directos en Perú son progresivos y que la distribución de ingresos tanto de mujeres como de hombres es más desigual en 2015 que en 2014. Por otra parte, los resultados por género indican que ambas políticas tienen un efecto progresivo en género, es decir, disminuyen la brecha salarial entre mujeres y hombres. Finalmente, un análisis desagregado de estas distribuciones indica que dicho efecto progresivo no es constante a lo largo de la curva sino solo para una parte de ella. Se concluye que la política tributaria puede mejorar la posición relativa de las mujeres respecto a los hombres, sin embargo, se recomienda considerar un análisis desagregado de desigualdad que permita evaluar el efecto de la política en mujeres pertenecientes a distintos tramos de la distribución de ingresos.

La presente investigación pretende dilucidar si las medidas de protección brindadas a los trabajadores con obesidad, como parte del grupo de riesgo, frente a la COVID-19, son realmente son medidas de protección o no. Se analiza si esta patología se convirtió en un motivo de discriminación laboral para quienes la padecen. El contraste se realizó en base a una encuesta aplicada a un grupo de empleadores sobre las medidas adoptadas en la práctica laboral. La obesidad se constituye como un factor de riesgo en el mundo del trabajo, en especial en Perú, debido a su creciente presencia entre la población trabajadora. El estudio previene sobre la importancia que el estado y los empleadores adopten medidas que no discriminen en el acceso ni en la permanencia en el empleo formal. / This research aims to elucidate whether the protection measures provided to workers with obesity, as part of the risk group, to prevent them from COVID-19, are really protection measures or not. It is analyzed whether this pathology became a reason for labor discrimination for those who suffer from this disease. The contrast was made based on a survey applied to a group of employers on the measures adopted in labor practice. Obesity is constituted as a risk factor in the world of work, especially in Peru, due to its growing presence among the working population. The study warns about the importance that the state and employers adopt measures that do not discriminate in access or permanence in formal employment.

El presente trabajo de investigación trata sobre el proyecto de innovación denominado: Protocolo de actuación en casos de discriminación laboral que involucren orientación sexual e identidad de género – SUNAFIL, cuyo objetivo general es generar una innovación que permita solucionar problema público identificado como el ¨limitado alcance de los Servicios de Denuncia Laboral brindados por SUNAFIL para atender los casos de discriminación laboral provenientes de la comunidad LGBTI a nivel nacional¨. A su vez, los objetivos específicos de este trabajo de innovación son tres: que la innovación planteada garantice que las personas de la comunidad LGBTI conozcan y tengan acceso al Servicio de Denuncias de SUNAFIL, que la innovación planteada garantice que las denuncias por motivos de orientación sexual e identidad de género que sean presentadas ante el Sistema de Denuncias de SUNAFIL sean atendidas de manera adecuada y que la innovación planteada garantice que el personal de SUNAFIL involucrado en el proceso de recojo de denuncias y los fiscalizadores estén capacitados en temas de género y diversidad sexual para una adecuada implementación de la innovación. Esta investigación es de corte exploratorio y emplea una aproximación cualitativa en función a fuentes primarias, por lo que principalmente se hará uso de las siguientes estrategias y herramientas de investigación cualitativa: entrevistas a profundidad y encuestas; las cuales serán acompañadas siempre de un consentimiento informado. Los modelos de análisis causal consistirán principalmente en la búsqueda sistemática de información sobre el problema y sus factores relacionados, además, se hará la comparación de casuística sobre cómo se trató este tema en diversos países a nivel mundial. Por último, desde el punto de vista de la innovación, se plantea una innovación con un nivel de cambio incremental y que se desarrollará sobre todo a nivel de procesos dentro de la cadena de valor. Se propone un prototipo de mediana-alta fidelidad.