El presente trabajo tiene por objeto analizar la iniciativa legislativa que las Comunidades Autónomas pueden ejercer, en virtud del art. 87.2 de la Constitución española, tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Gobierno de la Nación, que ha supuesto una importante novedad en nuestra ya larga trayectoria constitucional. La atención científica a esta novedad no se corresponde, sin embargo, con su interés. El examen de la bibliografía existente muestra que los trabajos sobre la potestad de iniciativa legislativa se han ocupado preferentemente de cuestiones relacionadas con la facultad de iniciativa en su condición general o en su ejercicio por el Gobierno o por los diputados y senadores como supuestos más comunes. Incluso sobre la iniciativa legislativa popular no falta literatura que la analice. La necesidad de abordar el estudio de esta facultad autonómica de iniciar leyes estatales desde una perspectiva integral que trate de abarcar toda las cuestiones relevantes desde una visión crítica, ofrecer ciertas soluciones a los principales problemas que plantea y proponer, donde es posible, modificaciones o modelos reguladores de lege ferenda, en consecuencia, es el cometido principal de este trabajo. La primera parte del trabajo analiza la justificación de la iniciativa legislativa regional dentro del marco general constitucional, sus antecedentes y los principales hitos de la configuración del art. 87.2 CE durante el debate constituyente, así como su presencia algo dispar en otros Estados compuestos. La segunda parte aborda el estudio de la titularidad de las Asambleas autonómicas -planteando interesantes cuestiones como la posible convergencia entre las Asambleas legitimadas a la hora de presentar sus iniciativas ante el Congreso- la extensión o no de su ámbito material a cuestiones de interés general amén de a aquellas otras que afectan tan sólo a asuntos de la propia autonomía y la naturaleza jurídica de cada una de las vías acogidas por el art. 87.2 CE, de especial interés aunque sólo sea por el hecho de que nuestra particular visión sobre tal cuestión no coincide con la que mantiene la doctrina mayoritaria. Pero es el momento procedimental del ejercicio de esta facultad el que plantea más cuestiones desde el punto de vista teórico y práctico, y a su estudio se dedica la última parte del trabajo. En ella se atiende, en primer lugar, al procedimiento de ejercicio ante el Congreso, analizando los muchos problemas que plantea tanto la tramitación que se lleva a cabo en el seno de los Parlamentos regionales en orden a la actuación de tal iniciativa como la tramitación en las Cortes Generales de la proposición de ley remitida por la Asamblea autonómica; y, en segundo término, al ejercicio que se hace efectivo ante el Gobierno de la Nación, lo que abre todo un panel de cuestiones a tratar, algunas más sustantivas, como el conocer el por qué y las ventajas de estimular la puesta en marcha de la ley ante un órgano que no es un legislador, y otras estrictamente procedimentales, principalmente referidas a la tramitación que han de seguir en el seno del Gobierno las solicitudes de proyectos de ley aprobadas por los parlamentos regionales. De especial interés resulta, a este respecto, analizar las consecuencias de la incomprensible ausencia de un mínimo procedimiento que prolongue la actuación de la iniciativa autonómica con algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de la Nación, lo cual viene a reducir la facultad que nos ocupa a un “vacío” ayuno de toda entidad jurídica, razón por la cual nos permitimos proponer algunas medidas de lege ferenda con el fin de reintegrar este instituto a su verdadero sentido y a su más cierta eficacia. / This study analyzes legislative initiatives statutorily provided for under article 87.2 of the Constitution of the Kingdom of Spain which its self-governing regional Autonomous Communities can bring before the Chamber of Deputies of the Spanish Parliament or the national Government, but which have received insufficient attention despite being a significant constitutional innovation. Inspection of published sources shows that experts commonly have limited themselves to such general matters as those flowing from the granting of authority to initiate legislation, or their effects at the levels of the nation’s government, deputies, and senators, whilst paying less attention to forensic examination of the authority that enables initiation of legislation at regional level. By way of complementing abundant commentaries generated by the aforementioned statutory provision this study considers it from a standpoint that attempts to integrate critical attention to pertinent matters with some proposals for resolving problems to which it has given rise, as well as with some possible modifications or regulatory models de lege ferenda. The study begins by analyzing the justification for the legislative initiative in terms of the broad framework of constitutional law, its antecedents, the main landmarks of article 87.2 that were acknowledged in the debate underlying it, and of some considerations of variants in other nation states with devolved regional powers. The study continues by analyzing the rights of Spain’s regional self-governing assemblies (raising interesting aspects, such as possible convergence between them when their intiatives are put before the national Parliament), the possibility of extension to substantive matters of wider general interest beyond those of their respective regions, and, most especially, the jurisprudential characteristics of each and every route chosen under the provisions of article 87.2, where considerations offered here imply a possibly alternative opinion to the received widsom. The study ends by reflecting on several practical and theoretical questions that arise from the exercise of procedure drawing on the provision afforded under article 87.2. The complex procedure of putting a proposal for new legislation before the Spanish Parliament is without doubt the most difficult second step, following on from that in a regional assembly (or assemblies) which already will have involved drawn-out attempts to get to grips with many intricate problems. Once at the national level, a proposal may open a Pandora’s box of problems, some substantive in nature, such as whether there might be advantages or disadvantages in bringing forward a new law suggested by a body lacking legislative powers, and others of a procedural nature, related mainly to formulating at governmental level requests for legislation that have received approval from regional assemblies. In that regard, it is worth drawing attention to an incomprehensible lack of even the most minimal procedure that might enhance the capacity of regional assemblies to pursue their initiatives in concert with the national government, which has the result of reducing to a legal vacuum their ability to take fullest advantage of the statutory provision of article 87.2, for which reason it is proposed here that further measures de lege ferenda are desirable in order that those institutions might better fulfil their purposes in an efficient manner.

El sector público se financia con recursos económicos procedentes de los ciudadanos, por lo que es comprensible que éstos demanden cada día una mayor transparencia con el fin de controlar las actividades que realizan las administraciones públicas. En este sentido, el presupuesto es el instrumento mediante el cual los gobiernos plantean la forma en la que se proponen cumplir con sus responsabilidades durante cada ejercicio. Según International Budget Partnership (IBP) (2012), la mejor manera de optimizar la asignación de los recursos públicos es a través de procesos presupuestarios transparentes, que cuenten con sólidas instituciones de control (p. ej., control legislativo) y abiertos a la participación ciudadana. Estas prácticas presupuestarias pueden afectar positivamente al crecimiento económico, la eficiencia y la equidad, lo que podría llevar a reducir la pobreza y crear un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, los presupuestos de las economías modernas son muy complejos, lo que permite implementar prácticas que intentan ocultar el equilibrio presupuestario real. Así, los políticos tienen pocos incentivos para realizar los presupuestos de forma transparente (Alesina y Perotti, 1996). Además, desafortunadamente, el poder legislativo y los ciudadanos han estado tradicionalmente excluidos del proceso presupuestario. En la mayoría de países en vías de desarrollo, los presupuestos públicos son todavía considerados como un secreto de estado, y el proceso presupuestario está controlado exclusivamente por el poder ejecutivo (de Renzio y Krafchik, 2007). A la vista de lo anterior, el Capítulo I de esta tesis tiene por objetivo identificar qué factores socio-económicos, políticos e institucionales determinan el nivel de divulgación de información presupuestaria de los gobiernos centrales, tanto a través de Internet como de otros medios. Para ello, construimos distintos indicadores de la divulgación de información a partir del Open Budget Questionnaire (IBP, 2010). Aplicando mínimos cuadrados ordinarios sobre una muestra de 93 países encuestados por IBP en 2010, nuestros resultados muestran que el uso de internet por parte de los ciudadanos, el nivel educativo de la población, la complejidad de las administraciones públicas, el superávit presupuestario, la cultura administrativa, la competencia política y la ideología de los gobernantes determinan el grado de divulgación de información presupuestaria de los gobiernos centrales. Adicionalmente, un análisis clúster encuentra tres grupos de países: alto, medio y bajo nivel de divulgación de información presupuestaria. Sin embargo, la transparencia presupuestaria es mucho más que la simple divulgación de información presupuestaria. Por esta razón, el Capítulo II pretende completar nuestros resultados anteriores, analizando los determinantes institucionales, políticos y socio-económicos de la transparencia presupuestaria a nivel internacional. Se presta especial atención a uno de los factores institucionales: el control legislativo. Específicamente, este capítulo trata de examinar el efecto que el control que el parlamento ejerce sobre el gobierno, en cuanto a materia presupuestaria se refiere, tiene sobre la transparencia presupuestaria. Usamos el método de los mínimos cuadrados en dos etapas para solventar el posible problema de endogeneidad entre estas variables. Para la misma muestra que el capítulo anterior, mostramos que el control legislativo tiene una influencia positiva sobre la transparencia presupuestaria. Además, encontramos que el sistema legal, la competencia política y el nivel económico de un país también afectan a la transparencia presupuestaria. Adicionalmente, examinamos los determinantes del control legislativo en todas las fases del proceso presupuestario. En este sentido, nuestros resultados revelan que el tipo de poder legislativo, el sistema legal, el control presupuestario por parte de los órganos supremos de auditoría (tribunales de cuentas), el nivel económico y el nivel democrático determinan el grado de control legislativo. Aunque nuestros resultados anteriores muestran que el control legislativo es necesario para que se incremente la transparencia presupuestaria de los gobiernos, existe evidencia de que un fuerte control legislativo del presupuesto puede perjudicar la disciplina fiscal (Wehner, 2007). Por esta razón, consideramos que sería interesante analizar conjuntamente los beneficios y los riesgos asociados al control legislativo del presupuesto en los gobiernos centrales. En concreto, el Capítulo III de esta tesis tiene como objetivo investigar si el control presupuestario del parlamento es un beneficio para la transparencia presupuestaria así como un riesgo para la disciplina fiscal. Aplicando el método de los mínimos cuadrados en tres etapas sobre nuestra muestra de 93 países, encontramos que un mayor control legislativo sobre las decisiones presupuestarias mina la disciplina fiscal, pero simultáneamente también incrementa la transparencia presupuestaria. Tal y como hemos visto, un adecuado control legislativo del presupuesto puede ser fundamental para una buena gestión pública. El poder legislativo debe controlar las acciones que realiza el ejecutivo y, en nombre de los ciudadanos, asegurarse de que este último rinda cuentas sobre las mismas. Sin embargo, también es esencial que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar directamente, sin intermediarios, en el proceso presupuestario. En consonancia, el último capítulo de esta tesis, el Capítulo IV, tiene como objetivo examinar qué factores socio-económicos, institucionales y políticos fomentan la participación ciudadana en el proceso presupuestario de los gobiernos centrales. Empleando el método de los mínimos cuadrados en tres etapas y utilizando una muestra de 100 países para 2012, nuestros resultados muestran que el uso de Internet por parte de los ciudadanos, el tamaño de la población, la situación financiera del gobierno y la transparencia presupuestaria determinan las oportunidades de los ciudadanos para participar en el proceso presupuestario. Adicionalmente, encontramos no solo que la transparencia presupuestaria promueve la participación ciudadana sino también que la participación ciudadana da lugar a una mayor transparencia presupuestaria. / The public sector is mainly funded by taxpayers, who require transparent information to be able to monitor public administration activities. Budget is the tool governments use to implement specific policy objectives during each fiscal year. According to International Budget Partnership (IBP) (2012), the best way to improve the allocation of public resources is by using budget systems that are transparent, have robust oversight institutions (e.g., legislatures) and are open to public engagement. Such budgeting practices can positively impact growth, efficiency and equity, thus reducing poverty and creating sustained economic development. However, modern economies’ budgets are very complex, allowing practices that aim to veil the real budget balance. Thus, politicians have little incentives to disclose transparent budgets (Alesina and Perotti, 1996). Moreover, unfortunately, legislatures and citizens have been traditionally excluded from budget decision-making and monitoring. In most developing countries, public budgeting is still considered as a state secret, and the process is controlled exclusively by the executive (de Renzio and Krafchik, 2007). Given the above, Chapter I of this thesis attempts to identify what socio-economic, political and institutional factors determine the level of central government budget information disclosure, both through the Internet and other media. It builds budget disclosure indicators based on the Open Budget questionnaire (IBP, 2010). Applying ordinary least squares to a sample of 93 countries surveyed by IBP in 2010, our results show that Internet penetration, education level, relative central government size, budget surplus, administrative culture, political competition and incumbents’ ideology determine central governments’ budget disclosure. Additionally, a cluster analysis finds three groups of countries: high, medium and low level of budget disclosure. However, budget transparency is much more than the simple disclosure of budget information. For this reason, Chapter II aims to complement our prior findings by analysing the institutional, political and socio-economic determinants of budget transparency in an international comparative approach. We will mainly focus on one institutional factor: legislative budgetary oversight. Specifically, this chapter attempts to evaluate the role the legislative budgetary oversight plays in enhancing budget transparency. We run a two-stage least squares regression as a way to solve the endogeneity problem between these variable. For the same sample as in the previous chapter, we show that legislative budgetary oversight has a positive influence on budget transparency. Besides, the legal system, political competition, and economic level are also found to affect budget transparency. As an additional analysis, we investigate the determinants of legislative budgetary oversight along the budgetary process. In this vein, the type of legislature, legal system, Supreme Audit Institution’s budgetary oversight, economic level, and democratic level determine legislative budgetary oversight. Although our previous findings show that legislative budgetary oversight is essential for budget transparency, there is also evidence that powerful legislatures can undermine fiscal discipline (Wehner, 2007). Therefore, we consider it necessary to analyse the potential risks and benefits associated with legislative budgetary oversight simultaneously. In particular, Chapter III of this thesis aims to ascertain whether legislative budgetary oversight is a benefit to budget transparency as well as a risk to fiscal discipline. Applying three-stage least squares to our sample of 93 countries, we find that legislative budgetary oversight is not only a risk in terms of decreasing fiscal discipline but also a benefit, as stronger legislative oversight leads to greater budget transparency. Given the above, an adequate legislative budgetary oversight might play an important role in governance. Legislatures may oversight the activities of the executive and, on behalf of citizens, holding the the government accountable. However, it is also essential that citizens have opportunities to participate directly, without intermediaries, in the budget process. Accordingly, the last chapter of this thesis, Chapter IV, attempts to investigate which socio-economic, institutional and political factors promote public engagement in the central government budget process. Using the three-stage least squares estimation method for a sample of 100 countries surveyed by IBP in 2012, our results indicate that Internet use rate, population, governmental financial situation and budget transparency determine opportunities for public engagement in the central government budget process. In addition, we show that not only budget transparency promotes public participation but also public participation is essential to enhance budget transparency.

Esta investigación, desarrollada en 35 comunidades del distrito urbano-marginal de Pueblo Nuevo (Provincia de Chincha, Región Ica, Perú) aborda fundamentalmente tres temas: organización, participación y desarrollo. Se presenta como un diagnóstico social que corrobora tres hipótesis concatenadas acerca de las comunidades en estudio: 1) la organización no responde a una necesidad de participación; 2) la participación no es percibida como una forma de formar parte de la vida política de la comunidad; y 3) la visión de desarrollo relega a la participación dejando el papel principal (gestor del desarrollo) en manos de las autoridades.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Filosofía / Este informe es una exposición sobre la reconciliación política como proceso de restauración de una comunidad luego de un grave conflicto, que permite restituir el diálogo, evitar el olvido, comprender los hechos y dar lugar a la paz social. En principio se tratan diversas formas de transición para luego tratar la reconciliación propiamente tal y cada una de las condiciones necesarias para su ocurrencia, como son la verdad, la memoria, la resignificación de la víctima, la identificación del perpetrador, la justicia y el juicio moral, y la reparación. Por último, se presenta brevemente el caso chileno a la luz de las consideraciones previamente expuestas.

Identifica los vínculos que los alcaldes mantienen con los grupos movilizados a lo largo de sus trayectorias; y de qué manera estas relaciones condicionan sus posiciones durante el conflicto minero. Indica las consecuencias de estas posiciones en dos planos del gobierno municipal: en la legitimidad de los alcaldes y en la eficacia de sus gestiones municipales. Para ello analiza dos casos particulares: Celendín (de político independiente a alcalde pro-minero) y Deán Valdivia (de agricultor a alcalde anti-minero). / Tesis

Analiza la situación socioeconómica del pueblo mapuche, considerando la relación con el mundo occidental y el contexto del proceso de reconstrucción como sociedad desarrollado por sus propias autoridades y organizaciones, en el marco de sus propias instituciones ancestrales. / Tesis

Establece las estrategias de dominación que aplicó el Tawantinsuyu en el Complejo arqueológico de Lumbra, en el valle medio del río Chancay-Huaral. Para ello se realizaron excavaciones durante dos temporadas de campo en los sectores A y B de este importante sitio tardío, definiendo una secuencia cultural que va desde el Horizonte Medio hasta el periodo de transición Tawantinsuyu – Colonial o de desestructuración andina, con ocupación uniforme y marcada en el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. Los estratos culturales del Horizonte tardío revelaron la poca densidad de materiales culturales del Tawantinsuyu y presentándose mezclado con atributos locales. Se nota la continuidad de la tradición cultural local tardía, agregándose pocos elementos del estado Tawantinsuyu. El Tawantinsuyu aplicó una estrategia de dominación indirecta, interesándose solo en la recolección de tributos y en el control de la población a través de la élite gobernante.

En nuestra sociedad actual, el tema de la Reconciliación Nacional, a partir de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto del año 2003, se ha convertido en una política pública dentro del desarrollo de la gobernabilidad democrática y sistema de partidos políticos; entendiendo la primera como un gobierno legítimo, eficaz y estable en la conducción democrática de un país; y la segunda, como el conjunto de organizaciones políticas con normas y características propias dentro de un determinando Estado. Por lo que, esta política pública se efectuará a través del cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que establece acciones y tareas a los Gobiernos Locales, que deberán ejecutarse en las zonas afectadas por la violencia política de los años 1980 al 2000 y que contribuirán al proceso de Reconciliación Nacional. En ese sentido, la presente Tesis intitulada; Gobernabilidad Democrática y Sistema de Partidos Políticos: “Responsabilidad de las Organizaciones Políticas en la construcción de la Reconciliación Nacional a través de la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en las Provincias de Huanta y la Mar- Región Ayacucho”; ofrece el análisis de la gestión municipal efectuadas por las agrupaciones políticas del gobierno local, durante los años 2007 y 2008 en relación a su comportamiento en la implementación de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El trabajo de investigación está dividido de la siguiente manera: El capítulo I, presenta un marco de referencia conceptual acerca de la Gobernabilidad Democrática y Sistema de Partidos Políticos, entendidos desde el punto de vista de elementos de desarrollo social para nuestro país. A través de estos criterios, se brinda conocimientos que fundamentan nuestra investigación. El capítulo II, es enfocado en el marco contextual y el objeto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, desglosando, en la Teoría de la Verdad y la Teoría de la Reconciliación. Analizando y describiendo las diversas Comisiones formadas en América Latina y resaltando las más trascendentales a nivel internacional. Asimismo, se indica el objetivo y finalidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en nuestro país. Posteriormente en el Capítulo III, se ha desarrollado las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como políticas públicas; estableciendo la responsabilidad de cumplimiento por parte de los Gobiernos Locales, lineamientos que son mencionados en el Programa Integral de Reparaciones. Ya, en el Capítulo IV, se ha analizado, la responsabilidad y el comportamiento de los Gobiernos Locales, de las Provincias de Huanta y la Mar, en el cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisiones de la Verdad y Reconciliación, a través de las Reparaciones Colectivas; investigación que nos llevó a conocer a las agrupaciones políticas del gobierno local y su desempeño en la gestión municipal por los años 2007 y 2008. Hemos evaluado las inversiones realizadas por las Municipalidades Provinciales de la Mar y Huanta, en cada uno de los distritos y Centros Poblados, con reporte de casos de víctimas en cada jurisdicción. De la misma forma, indicamos las metas realizadas y el destino de los recursos en las funciones del Gobierno Local, señalando, además, el número de casos de víctimas registradas, por cada Centro Poblado, describiendo los casos más emblemáticos. En el capítulo V, hemos contrastado y verificado las hipótesis planteadas inicialmente con los objetivos y los resultados de la investigación. Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación que consideramos ayudarán a comprender las actividades y responsabilidades de los gobiernos locales en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el proceso permanente y esperanzador de la ansiada reconciliación nacional.

En el primer capítulo se inicia con las primeras civilizaciones que son: Grecia y Roma dos ciudades que han aportado mucho para la humanidad, el primero desarrollo la filosofía y el segundo desarrollo el derecho, creando un sistema que hasta hoy sirve de paradigma a muchas legislaciones de los diversos países del mundo. Asimismo, en estas dos civilizaciones se hallan los primeros elementos de las instituciones políticas. La ciudad-estado en lo que toca a su organización y la participación democrática, ambas griegas; mientras que Roma aporta los conceptos de soberanía y el de imperium. En el segundo capítulo se expone el Constitucionalismo de dos países: Inglaterra y Estado Unidos. Ambos países muy ligados históricamente porque el segundo fue una colonia del primero y logró su independencia en la revolución del 04 de julio de 1776, rompiendo lazos con la metrópoli. Estos dos países han seguido caminos distintos en cuanto a su legislación, Estados Unidos cuenta con una Constitución que es una de las más antiguas y que sólo ha tenido algunas modificaciones mediante enmiendas a su Carta. Mientras que los ingleses hicieron una Constitución no codificada, cuyas disposiciones fundamentales forman leyes independientes unas de otras, que rigen su existencia y organización. Pero si coinciden en algo, que ambos poseen una estructura legislativa donde funcionan dos cámaras, es decir, ambos países cuentan con un sistema bicameral. En el tercer capítulo se expone el constitucionalismo de Francia y España. Se hace referencia a uno de los acontecimientos más importantes en Europa que sacudió los cimientos mismos de los sistemas, que imperaban en esos momentos, las monarquías. Francia aporta mucho al derecho, porque va a desarrollar principios muy importantes que serán luego tomado en cuenta por muchos países en sus posteriores Constituciones. Mientras que, España, no supo adaptarse a los nuevos cambios que se sucedieron en Europa, de ahí deviene en una crisis social, política y económica.

La presente investigación analiza las características de las acciones y políticas dirigidas a las mujeres, durante la primera etapa del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, encabezado por Juan Velasco Alvarado. Se hace una periodización básica definida por elementos transversales, tanto en el discurso oficial, como en la naturaleza de las instituciones estatales promovidas. El estudio se centra principalmente, entre 1972 y 1976, etapa conocida como Período de Revalorización. Además, revisa las características del discurso nacionalista, humanista y libertario del velasquismo; así como, la estrategia participatoria de movilización social implementada desde el Estado, incluyendo las políticas públicas de ese período, a favor de las mujeres, impulsadas en el marco de la Reforma Educativa (1972), cuestionando principalmente, la alienación y opresión de las mujeres y proponiendo un nuevo rol de mayor autonomía y de igualdad de condiciones. Se analiza los diversos tipos de institucionalidad impulsados desde el Estado, así como, el surgimiento de las organizaciones de mujeres, las expresiones públicas de su activismo y el discurso feminista en ese período. Al estudiar esta relación, el autor debate sobre las diversas concepciones de la ciudadanía femenina que se ponen de manifiesto en este período, principalmente dominado por los deberes sociales de esposa – madre. Revisa, también, las visiones sobre sexualidad y el cuerpo femenino, elementos claves en la valoración de la autonomía de la mujer. El autor busca establecer la importancia de este período en el surgimiento y consolidación de un movimiento de mujeres y en la conceptualización de la liberación de la mujer; lo cual muchas veces ha sido obviado de los estudios sobre la Segunda Ola del Feminismo en el Perú. Otro aspecto clave de la ciudadanía vicaria es el de la conjunción de factores religiosos y de un ethos oligárquico, que instaura la figura de “las patronas” – conjunción de rito y ceremonia, de sufrimiento y obediencia, de jerarquía y autoridad, de familia celestial y terrenal, de señora del cielo y de la tierra. Dicha conjunción es funcional a una serie de roles sociales de las mujeres como: madre, empleada y activista; o madre y trabajadora del hogar; o madre, ama de casa y voluntaria social; o madre y profesional independiente, y define, según el tipo de relaciones familiares de origen, una actitud y una expectativa muy específica respecto de la liberación de la mujer. Palabras clave: Nacionalismo, feminismo, revalorización, Velasquismo, liberación. / --- This research analyzes the characteristics of policies and actions aimed at women, during the first stage of the Revolutionary Government of the Armed Forces, led by Juan Velasco Alvarado. It makes a basic periodization defined by cross members, both in official discourse, and in the nature of state institutions promoted. The study focuses mainly between 1972 and 1976, stage known as Revaluation Period. Also it reviews the characteristics of nationalist discourse, humanist and libertarian of the “velasquismo” as well as the participatory social mobilization strategy implemented by the state, including public policy of that period, in favor of women, promoted under the Educational reform (1972), mainly questioning, alienation and oppression of women and proposing a new role for greater autonomy and equality of conditions. It discusses the various types of institutionality promoted by the State, and the emergence of women's organizations, public expressions of his activism and feminist discourse in that period. To study this relationship, the author discuss different conceptions of female citizenship that get manifest in this period, mainly dominated by the social duties of wife - mother. It also check the visions on sexuality and the female body, key elements in the valuation of the autonomy of woman. The author seeks to establish the importance of this period in the emergence and consolidation of the women's movement and in the conceptualization of the “liberacion” of women, which has often been overlooked in studies of the second wave of “feminism” in Peru. Another key aspect of the vicarious citizenship is the conjunction of religious factors and an oligarchic ethos, which introduces the figure of “las patronas” - conjunction of ritual and ceremony, suffering and obedience, hierarchy and authority, celestial family and earthly lady of heaven and earth. This conjunction is functional to a number of women's social roles as: mother, employed and activist; or mother and domestic worker; or mother, housewife and social volunteer; or mother and freelancer, and defined, by type source of family relationships, an attitude and a very specific expectations about the “liberacion” of womern.