La presente investigación parte del interés de entender qué factores influyen en el éxito de la aplicación de incentivos en el sector público. En primera instancia, la investigación plantea que los incentivos por sí solos no son suficientes para lograr cambios sostenibles en el Estado y puntualmente en los gobiernos municipales. Ellos dependen en gran medida de factores de diseño y de variables que los soporten. Es por ello que la investigación plantea centrarse en una herramienta en particular basada en incentivos en el sector público peruano llamada Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y en analizar las variables que influyen en su implementación. Dicha herramienta plantea metas semestrales para los gobiernos municipales y entrega incentivos económicos en caso éstas las logren. Se aplica una metodología basada en un estudio de caso individual de la herramienta en general y de una meta en particular del plan de 2014, un cruce de información proveniente de especialistas en gestión pública, especialistas en gestión municipal, encargados y especialistas de la implementación del Plan de Incentivos y profesionales encargados de la evaluación del PI. Por otro lado, se usa la herramienta estadística (E-views) para analizar si existe relación entre el nivel de cumplimiento del Plan de Incentivos con algunas de las capacidades endógenas de los gobiernos locales como presupuesto, recursos humanos y acceso a internet. Con la metodología se pretende conocer qué variables son las que influyen en el mayor cumplimiento de metas por parte de los gobiernos locales y, con ello, sacar algunas conclusiones de la sostenibilidad de la herramienta. El análisis de los resultados se orienta a contestar si los incentivos planteados en la herramienta pueden generar cambios sostenibles en las municipalidades. Para dicha interrogante se plantea la hipótesis de que, en efecto, los incentivos por sí solos no pueden generar cambios sostenibles y las variables más importantes que influencian en ello para el caso del PI serían las siguientes: la claridad de los objetivos de la herramienta, la pertinencia de la actual división de las municipalidades que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, la importancia de los rectores encargados de proponer las metas y las capacidades endógenas de las municipalidades. En función a los hallazgos se realizan algunas reflexiones comparando lo que la literatura sobre incentivos plantea, opiniones de especialistas en gestión pública y los relacionados a la implementación de la herramienta y el análisis de las variables propias de las capacidades de las municipalidades. Con ello se buscan generar conclusiones y recomendaciones que sirvan para una potencial mejora de la herramienta.

Esta tesis tiene como objetivo principal analizar si los Reportes de Sostenibilidad Corporativa presentados por las empresas del sector eléctrico supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, cumplen con los estándares del Global Reporting Initiative del periodo 2019. Así mismo, los objetivos específicos buscan analizar si estos reportes cumplen con los estándares ambientales y sociales establecidos por el Global Reporting Initiative del periodo 2019 e identificar si las normas legales contribuyen con la elaboración transparente de estos reportes. La metodología implementada en este estudio es de nivel cualitativo y su diseño es descriptiva. Por otro lado, se planteó tres hipótesis específicas: los Reportes de Sostenibilidad Corporativa presentados por las empresas del sector eléctrico supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores cumplen con los estándares ambientales establecidos por el Global Reporting Initiative del periodo 2019, los Reportes de Sostenibilidad Corporativa presentados por las empresas del sector eléctrico supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores cumplen con los estándares sociales establecidos por el Global Reporting Initiative del periodo 2019 y que las normas legales contribuyen con la elaboración transparente de los reportes de sostenibilidad corporativa de las empresas peruanas. Como resultado de esta investigación, se rechaza las dos primeras hipótesis en el sentido que estas empresas no cumplen con los estándares ambientales y sociales establecidos por el Global Reporting Initiative del periodo 2019 y se acepta la hipótesis que las normas legales contribuyen con la elaboración transparente de los reportes de sostenibilidad corporativa de las empresas peruanas. / The main objective of this thesis is to analyze whether the Corporate Sustainability Reports presented by companies in the electricity sector supervised by the Superintendency of the Securities Market comply with the standards of the Global Reporting Initiative for the 2019 period. Likewise, the specific objectives seek to analyze whether These reports comply with the environmental and social standards established by the Global Reporting Initiative for the 2019 period and identify whether the legal regulations contribute to the transparent preparation of these reports. The methodology implemented in this study is qualitative and its design is descriptive. On the other hand, three specific hypotheses were proposed: the Corporate Sustainability Reports presented by the companies in the electricity sector supervised by the Superintendency of the Securities Market comply with the environmental standards established by the Global Reporting Initiative for the 2019 period, the Corporate Sustainability Reports presented by companies in the electricity sector supervised by the Superintendency of the Securities Market comply with the social standards established by the Global Reporting Initiative for the 2019 period and that legal regulations contribute to the transparent preparation of corporate sustainability reports of Peruvian companies. As a result of this investigation, the first two hypotheses are rejected in the sense that these companies do not comply with the environmental and social standards established by the Global Reporting Initiative for the 2019 period, and the hypothesis that legal regulations contribute to the transparent preparation of data is accepted of the corporate sustainability reports of Peruvian companies.

La política pública de fomento de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, materializada a través de lo dispuesto por la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, y sus modificaciones, obedece a una creciente demanda de la sociedad actual de recibir tales servicios por parte de los operadores de telefonía. No obstante, en la realidad puede observarse cómo las Municipalidades, amparándose en su autonomía conferida a nivel constitucional y legal, realizan determinadas actuaciones que obstaculizan la operatividad de dichas infraestructuras, sin sustento normativo que las justifiquen, contraviniendo así lo dispuesto por la Ley N° 29022, siendo esta última norma la única exigible en materia de acceso al mercado en este sector. En el caso en concreto, se aprecia que la Municipalidad Distrital de San Borja prohíbe la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como también impone una serie de condiciones para su puesta en funcionamiento a la empresa Torres Unidas SRL, a través del Oficio N° 301-2019 y Acta de Paralización N° 062-2019. Bajo tales premisas, el presente informe tiene como objetivo principal determinar que en tal supuesto en el que la Municipalidad impide y condiciona la instalación de un poste a la empresa, hay una indebida interpretación, de parte de la entidad, de lo que implica la autonomía, tomando en consideración de que esta es una potestad con límites demarcados tanto a nivel legal como jurisprudencial. Siendo, a su vez, estas conductas, materializadas a través de actos administrativos, constitutivas de barreras burocráticas ilegales. / The public policy of promoting the installation of telecommunications infrastructure, materialized through the provisions of Law No. 29022, Law for the Expansion of Telecommunications Infrastructure, and its modifications, obeys a growing demand from today's society to receive such services by telephone operators. However, in reality it can be observed how the Municipalities, relying on their autonomy conferred at the constitutional and legal level, carry out certain actions that hinder the operation of said infrastructures, without normative support that justifies them, thus contravening the provisions of Law No. 29022, this last standard being the only one required in terms of market access in this sector. In the specific case, it is appreciated that the District Municipality of San Borja prohibits the installation of telecommunications infrastructure, as well as imposes a series of conditions for its commissioning to the company Torres Unidas SRL, through Official Letter No. 301 -2019 and Stoppage Act No. 062-2019. Under such premises, the main objective of this report is to determine that in such a case in which the Municipality prevents and conditions the installation of a pole to the company, there is an improper interpretation, on the part of the entity, of what autonomy implies, taking into consideration that this is a power with demarcated limits both legally and jurisprudentially. Being, in turn, these behaviors, materialized through administrative acts, constituting illegal bureaucratic barriers.

La región de América Latina se ha caracterizado por su continua inestabilidad política, especialmente durante la década de 1990 donde las relaciones Ejecutivo-Legislativo eran frágiles, débiles y obstruccionistas. Esta última situación, fue presenciada tres veces durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020) desencadenando crisis políticas que podían socavar la democracia. Ante estos enfrentamientos, ocurrieron dos disoluciones y una renuncia, las cuales utilizaron como justificación la gobernabilidad democrática. Tal es así que este trabajo se enfoca en los dos casos que involucraron el cierre del Congreso: el autogolpe de 1992 y la disolución de 2019. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es demostrar el factor predominante que desencadenó las acciones políticas de ambos mandatarios en 1992 y 2019. De manera que se han identificado cinco variables que explican estos acontecimientos: el diseño institucional del sistema de gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado, la ausencia de mayoría o falta de pertenencia a un partido político, el liderazgo y la voluntad política del mandatario, y desconfianza en los partidos políticos. De ese modo, esta investigación sienta las bases para futuros estudios y actualización de la literatura acerca de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en América Latina. En adición, la metodología involucra el process tracing, el cual permite reconocer las variables intermedias que permitieron la realización de los acontecimientos. Por ende, esta investigación demuestra que la disolución de un Parlamento obstruccionista no siempre garantiza gobernabilidad ni estabilidad democrática en un país.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con mayor frecuencia los ciudadanos demandan participar activamente en la formulación de las políticas que afectan sus vidas. Como respuesta a ello, los gobiernos han venido implementando nuevas formas de incluir a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. En este nuevo contexto, ya no nos preguntamos sobre la necesidad de impulsar prácticas participativas o sobre si los Gobiernos abren espacios de este tipo. Sabemos que existe una demanda y sabemos que la Gestión Pública está apostando por esta vía. Entonces, hoy en día las preguntas se dirigen más hacia cómo se están realizando los procesos participativos; es decir, ¿son realmente efectivas estas formas de participación ciudadana? Es así que la investigación realizada tiene por objetivo principal analizar un ejercicio participativo bajo un modelo de evaluación de participación ciudadana publicado por la OCDE en sus estudios de evaluación de la participación ciudadana. En el mencionado modelo se establecen nueve criterios de evaluación para valorar un ejercicio participativo como “efectivo”: Representatividad, Impacto, Transparencia, Diálogo estructurado, Participación temprana, Autonomía, Acceso a recursos y Definición de tareas. En cuanto a la aproximación de la investigación, se realiza mediante la metodología de estudio de caso ya que se aplica el modelo de evaluación al caso particular de los talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 del distrito de San Isidro, los cuales fueron organizados y liderados por la Municipalidad de San Isidro. Asimismo, para obtener la información de los criterios, se aplicó un enfoque cualitativo y cuantitativo, empleando las diversas técnicas de recolección de la información (encuestas, observación estructurada, entrevistas y revisión de documentos) que permitieron obtener los datos necesarios para emitir un juicio sobre la base de los criterios del modelo de evaluación. Como resultado de la investigación se concluyó que la participación en los talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 del distrito de San Isidro fue generalmente efectiva; no obstante, se encontraron oportunidades de mejora en los criterios de: Participación temprana, Representatividad y Transparencia, siendo los criterios que obtuvieron los puntajes más bajos. Finalmente, cabe recalcar que, si bien la investigación ha permitido constatar la dificultad para evaluar un proceso participativo, también ha permitido concluir que, ante el contexto actual, es solo desde la evaluación que los gestores públicos conseguiremos mejorar la efectividad de los procesos participativos en beneficio del ciudadano.

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, especialmente a nivel subnacional, puesto que ha empezado a surgir de forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores ilegales -narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros-. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en el caso ya mencionado. En este trabajo, además del caso de Ancash, se analizó otras tres regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma diferente, esto con el objetivo de fortalecer las variables explicativas propuestas. Para el recojo de información además de revisar informes, periódicos, entre otros, se realizaron 49 entrevistas a profundidad a actores claves. Se postula que tres son las variables que explican la creación de una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos; ii) las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar que la red sea descubierta -importa mucho el uso de estrategias como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer dichas alianzas- ; iii) y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción.

La tesis: “Estado, ciudadanía y grupos sociales en la sociedad rural andina” pretende, a partir de un estudio de caso en la provincia de Quispicanchi - Cusco, ser un acercamiento al estudio del funcionamiento del Estado en la sociedad rural peruana y la interacción de los diferentes grupos sociales a su interior. A partir del análisis de las instituciones estatales presentes a nivel provincial, en especial la subprefectura, gobernaciones, juzgados de paz y los gobiernos locales, se aborda el tema de las relaciones de poder al interior de la sociedad rural, las características de los nuevos poderes locales y su relación con los diferentes grupos sociales, en especial la población comunero campesina, tratando de establecer cuáles son las pautas de interacción presentes en esas relaciones, y en especial buscando identificar la presencia de elementos que puedan dar cuenta de la presencia y extensión de pautas de interacción ciudadanas. Como una de las principales conclusiones se propone la existencia de una “ciudadanía clientelista” en este tipo de espacios sociales, siendo éste un concepto que pretende por un lado reconocer la presencia y extensión de la ciudadanía en la sociedad rural, pero estableciendo los límites dados por una relación de dependencia entre la población campesina y los intermediarios políticos que en cierta medida controlan los mecanismos de acceso a las instituciones y los servicios estatales.

El continuo crecimiento económico y las reformas estructurales realizadas en el Perú a partir de la década de los noventa, fueron necesarios más no suficientes para lograr un desarrollo económico que permita eliminar las fuertes brechas de condiciones de vida y pobreza entre zonas urbanas y rurales y entre departamentos. Un mayor acceso a infraestructura permitirá mejorar dicha situación, aunque existen fuertes diferencias económicas, sociales y restricciones políticas entre municipalidades. Por ello, el presente trabajo identificó y cuantificó los factores asociados a la ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales, por categoría de municipalidad y con énfasis en la infraestructura básica (salud, saneamiento, educación, agropecuario, transporte y electrificación). Usando una estimación de data panel con efectos fijos intra-grupal a nivel de 1834 municipalidades para el periodo 2008-2014, se encontró que de un total de 17 factores propuestos, varios de ellos influyen notablemente en la ejecución del gasto en proyectos de infraestructura básica de los gobiernos locales como: la fuente de financiamiento (recursos ordinarios, recursos propios, FONCOMUN, canon y participaciones), la capacidad formuladora de expedientes técnicos significativos, los recursos humanos profesionales, la participación ciudadana, y las variables electorales (reelección y afiliación al partido nacional del alcalde, concentración del poder en el Concejo Municipal); además los factores tienen efecto diferenciado según tamaño de gobierno local; y el gasto público en infraestructura en dicho periodo no fue orientado hacia los pobres, es decir, no aumentó en mayor medida en las zonas de mayor pobreza. Asimismo, los resultados sugieren un orden de prioridad de atención de política económica: mientras que la formulación de expedientes técnicos “grandes” tiene un efecto notable en los gobiernos locales medianos; en los gobiernos locales más pequeños resulta relevante la participación ciudadana, los recursos humanos (contar con al menos dos profesionales y la asistencia técnica en formulación y ejecución de proyectos) y el internet; complementariamente, en los gobiernos locales de muy bajo canon resulta muy relevante la capacidad formuladora de expedientes técnicos “grandes” y los recursos humanos profesionales. De otro lado, las variables electorales tienen un fuerte efecto, especialmente en las municipalidades medianas. Finalmente, se recomienda seguir estimulando la generación de recursos propios, no sólo para reducir los desequilibrios verticales, sino también para incrementar la rendición de cuentas de los gobiernos locales ante sus ciudadanos. Asimismo, debe fortalecerse los mecanismos de participación ciudadana en la concertación del presupuesto y en la formulación y control de planes económicos locales, especialmente en las jurisdicciones más pequeñas.

En los meses de Octubre y Noviembre del 2006 en el Distrito de Villa El Salvador se llevó a cabo la presente investigación cualitativa con el propósito de conocer las percepciones y expectativas de los representantes de la sociedad civil y del gobierno local sobre la vigilancia social y rendición de cuentas del presupuesto participativo de los periodos 2005-2006. Se buscó recoger y analizar la experiencia y la visión de los propios actores involucrados en los mencionados procesos participativos, así como las dificultades o limitaciones identificadas por ellos mismos. El estudio de caso que presentamos se centra precisamente en el conocimiento, análisis y explicación de la vigilancia y la rendición de cuentas para aportar al mejoramiento de los procesos y ampliación de dichas prácticas en otros espacios locales. Para ello combinamos el análisis documental con el recojo de información de primera mano a través de entrevistas a profundidad en forma individual y grupal. Teniendo en cuenta que la vigilancia y rendición de cuentas se han convertido en parte importante del proceso de presupuesto participativo, porque a través de ellas la comunidad evalúa y hace seguimiento de lo que hace el gobierno local y ejerce control sobre la eficiencia, equidad y eficacia de sus acciones, debemos señalar que la experiencia local de Villa El Salvador es una de las mas interesantes por su existencia desde antes del mandato dado por el marco legal nacional y por su amplitud de convocatoria y participación ciudadana. Cabe decir que el recojo de información se realizó en medio de la coyuntura política de las elecciones municipales para el periodo 2007-2011, resultando ganador de la contienda electoral en el distrito de Villa El Salvador el señor Jaime Zea como alcalde reelecto. Para el análisis de la información recolectada se utilizó el proceso de triangulación, lo que nos permitió analizar, triangular las perspectivas, opiniones y juicios de los ex dirigentes de los comités de gestión de desarrollo territorial, el comité de vigilancia, autoridades políticas y funcionarios del municipio; y a su vez integrar y contrastar los puntos de vista de los informantes de un mismo grupo. / Tesis

El presente trabajo estudia la corrupción en el Perú a nivel subnacional, debido al incremento en este tipo de administración estatal. Por lo que se desarrollan los mecanismos causales detrás de estos fenómenos dándole énfasis a los gobiernos regionales: procesos de descentralización, crisis de representación y contrapesos, y transferencias económicas. Así mismo, se coloca mayor atención al Gobierno Regional del Cusco, específicamente desde el 2006 al 2018. Para ello, se ha revisado la literatura especializada en los temas abordados, como también se ha hecho una revisión exhaustiva a los medios periodísticos relacionados a los gobernadores regionales procesados y sentenciados por corrupción en el plazo de tiempo indicado. En ese sentido, se sugiere que los mecanismos causales mencionados dialogan entre ellos y, por lo tanto, no deben analizarse por separados, ya que juntos crean una ecuación que hace posible crear un espacio propicio para que la corrupción y captura del Estado sean posibles. Esto debido al aumento de transferencias económicas vía canon y la falta de contrapesos por parte de la sociedad civil débil, la poca representatividad producto de la crisis del sistema de partidos serían responsables en gran medida de la fuerte presencia de corrupción en el nivel subnacional. De esta forma, el presente texto pretende aportar a la literatura especializada en corrupción al darle énfasis a las condiciones que se gestan por parte del sistema estatal y no limitarse al rol individual de las autoridades políticas.