La presente investigación se centra en el estudio de la posibilidad de deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, específicamente los gastos por indemnizaciones de daños y perjuicios así como de las penalidades, a fin de determinar si dichos gastos permiten disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de Categoría, en consecuencia, efectuar un menor pago de dicho impuesto. Producto de nuestro análisis de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y Poder Judicial, doctrina y la posición de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), se han identificado los principales fundamentos que avalan tanto la posición a favor como la posición en contra de la validez de la deducción de los gastos derivados de incumplimientos contractuales. Dichos fundamentos, tanto a favor como en contra, han sido analizados considerando distintos tópicos del derecho tributario, derecho constitucional y derecho civil, tales como el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria, cómo se establece la base imponible del impuesto, qué deducciones están permitidas por ley, los fundamentos teóricos del principio de causalidad, el principio de capacidad contributiva, el principio de libertad contractual, el concepto de ilícito civil, entre otros. Así pues, producto de nuestro análisis, hemos concluido que resulta válido deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, puesto que cumplen con el principio de causalidad y no existe una prohibición normativa expresa que limite o restrinja la deducción de dicho tipo de gastos. Entre los fundamentos a favor, tenemos que el no pago de tales conceptos daña la reputación de la empresa en el mercado, afectando la generación de rentas futuras; porque su reconocimiento es necesario para que los contribuyentes efectúen una tributación acorde al principio de capacidad contributiva; que el derecho tributario es autónomo y si bien puede aplicarse otras normas ajenas al derecho tributario se debe verificar que ello no desnaturalice la finalidad de las instituciones propias del derecho tributario, asimismo porque constituye una manifestación de la libertad contractual de los contribuyentes y se trata de gastos que se originan en el devenir de las actividades empresariales de los contribuyentes. Sin embargo, consideramos que esto no se aplica a la totalidad de los casos, puesto que existen gastos derivados de incumplimientos contractuales que pueden resultar no deducibles por no haberse generado en el devenir de las actividades generadores de rentas gravadas (actividad comercial permitida), o por tratarse de situaciones de simulación, por lo que debe efectuarse un análisis caso por caso en función a las condiciones en las que se generó el contrato, el pago, el negocio que ejerce el contribuyente, entre otros.

En el presente informe se desarrollará la deducción de gastos por penalidades y la disposición indirecta de rentas no susceptible de posterior control tributario por gastos que no cumplen con el principio de causalidad. En relación con la deducción de gastos por penalidades, se ha partido desarrollando el principio de causalidad y los criterios o requisitos de normalidad, razonabilidad y fehaciencia en función a la doctrina jurídica; así como, diversas instituciones del derecho civil (contratos, obligaciones y responsabilidad civil) con la finalidad de determinar cuál es el comportamiento exigido por el ordenamiento jurídico a los privados y las características y funciones de la penalidad contractual. Finalmente, como parte del objetivo principal del informe, se determinó que los gastos por penalidades no se encuentran prohibidos; que cumplen con el principio de causalidad y en determinados casos con el criterio de normalidad, siempre que los incumplimientos se originen en causas no imputables, por cuanto en dichos casos no contravendrían el parámetro de actuación normal existente en el derecho tributario y el derecho civil. En cuanto a la disposición indirecta de rentas, se expone la problemática suscitada por la interpretación del inciso g) del artículo 24-A que regula la presunción de dividendos cuando existe una “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario”. En ese sentido, se analiza la naturaleza de esta norma y los requisitos obligatorios para su configuración; para dilucidar si resulta aplicable en el caso de una cesión de marca por parte de una accionista a una empresa cuya causalidad no ha sido acreditada.

En el presente trabajo, se determina cuáles son los criterios necesarios y válidos para considerar a un gasto por pago de incumplimiento contractual proveniente de una cláusula penal como deducible. De esta manera, se dará tratamiento a los alcances que tiene el “Principio de Causalidad” en materia tributaria, desarrollando particularmente cual es el tratamiento respecto al Impuesto a la Renta peruano de tercera categoría y que implica el “Principio de Fehaciencia” en servicio de la deducción de gastos. Ubicándose como punto de debate como es que el pago generado por penalidad contractual puede cumplir con ambos principios a fin de ser deducible, que como se verá consistirá en realizar una correcta interpretación de las normas pertinentes. La estructura a desarrollarse parte de analizar la Sentencia de Casación No. 8327-2015- LIMA, de fecha 18 de mayo de 2017, emitida por la Corte Suprema, en la cual se ve reflejada la posición sobre la problemática tanto de un contribuyente, como la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. De manera que, luego de comentarse los hechos y argumentos en la sentencia, se cuestionará el tratamiento y criterios dados por las partes, al mismo tiempo que se logrará visibilizar cuales son los límites que emanan de las normas respecto a la deducción de gastos en el caso. / In the present work, it is determined which are the necessary and valid criteria to consider an expense for payment of contractual breach from a penal clause as a deductible. In this way, treatment will be given to the scope of the "Principle of Causality" in tax matters, particularly developing what is the treatment regarding third category Peruvian Income Tax and that implies the "Principle of Reliability" in service of the deduction of expenses. Positioning itself as a point of debate as is that the payment generated by contractual penalty can comply with both principles in order to be deductible, which, as will be seen, will consist of making a correct interpretation of the pertinent regulations. The structure to be developed starts from analyzing the “Sentencia de Casación No. 8327-2015-LIMA”, dated May 18, 2017, which reflects the position on the problem of both a taxpayer, such as the Tax Administration, the Court Prosecutor and the Judiciary. Thus, after commenting on the facts and arguments in the judgment, the treatment and criteria given by the parties will be questioned, at the same time that it will be possible to make visible what are the limits that emanate from the rules regarding the deduction of expenses in the case.

La presente investigación se desarrolla dentro del campos del derecho de obligaciones y la responsabilidad civil, como es la presencia del daño moral en los supuestos de inejecución de obligaciones. Lo que pretendemos primero es establecer el concepto de “daño moral” dentro del sistema jurídico peruano bajo los reflectores de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina, ya que será con dicha definición que se podrá apreciar el marco de actuación del artículo 1322 del Código Civil. Después, desarrollaremos el alcance del resarcimiento del daño moral en la inejecución o el incumplimiento de las obligaciones en la experiencia jurídica comparada, sobre todo la evolución y el actual entendimiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia, buscando principalmente los cánones que se emplean para aprobar o desaprobar la reparación del referido perjuicio. Finalmente, y habiendo adoptado una postura frente a las dos premisas anteriores, lo que se procurará será consignar que el resarcimiento del daño moral en el ámbito de la inejecución de las obligaciones merece una necesaria conjugación con la regla de “previsibilidad” y los grados de culpa del deudor, pues sólo así se podrá separar los escenarios en los que corresponderá la reparación del perjuicio moral a favor del acreedor, de aquellos casos en los que este daño no tendrá asidero alguno

En los últimos años, se ha producido una intensa producción de investigación académica con respecto a los modelos que estiman o predicen los eventos de incumplimiento de pago, debido al mayor interés de las empresas por mantener una mejor gestión de riesgo de crédito. Por ello, el presente trabajo tiene como principal objetivo comparar la capacidad predictiva de los modelos tradicionales o estadísticos (Regresión Logística) contra modelos Machine Learning (XGBoost y Random Forest). Para lo cual, se emplea una muestra de compañías latinoamericanas que emitieron bonos corporativos durante el período de 1990 a 2022, analizando así un total de 389 empresas. Asimismo, se usó Bloomberg, como fuente de información para extraer los ratios financieros con frecuencia trimestral en el periodo ya mencionado, obteniendo así 51,060 observaciones. Una de las características de este trabajo es que se usaron las variables del modelo de puntaje Z de Altman junto con otros ratios financieros complementarios, para así mejorar la precisión de los modelos. Sin embargo, para la determinación del mejor modelo predictivo, se usaron las métricas de clasificación como el AUC (Área bajo la curva ROC), Precisión, Recall y Score F1, y los resultados mostraron que los modelos de Machine Learning tuvieron un mejor rendimiento de clasificación con respecto a la Regresión logística, siendo el modelo Random Forest el que mejor performance según las métricas de evaluación.

El presente trabajo persigue cuatro objetivos,(1) estimar el margen financiero de los préstamos personales del Perú para el periodo 2019 y 2022 a través de una base de datos del Reporte Consolidado de Crédito (RCC) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, (2) contrastar la hipótesis que el margen financiero es una medida del riesgo de incumplimiento de los préstamos personales, (3) identificar las principales variables que explican el margen financiero de los hogares a través de una regresión logística y (4) evaluar los resultados obtenidos a través de una prueba de estrés que nos permita analizar el impacto de los choques alternativos bajo escenarios relevantes de incumplimiento de los préstamos. Los resultados indican que, para el grupo de deudores con menor nivel de ingreso, las variables que determinan la vulnerabilidad de los prestatarios, ordenados por relevancia, son principalmente de acceso a la tarjeta de crédito. Esto se explica porque los individuos con menor nivel de ingreso acceden a este producto con un menor conocimiento sobre su manejo y, por lo tanto, el desorden en el uso de este producto ocasiona mayor probabilidad de incumplimiento en el futuro. Mientras que en caso de los individuos con mayor nivel de ingreso prevalece el tipo de entidad donde están utilizando el mayor porcentaje de su saldo y la mayor capacidad de ahorro, debido a que la variable reducción de saldos es relevante para determinar el incumplimiento de los préstamos personales. / This document trace four objectives: (1) estimate Peruvian personal loan financial margins for the period 2019 and 2022 though a Consolidated Credit Report Data Base and the INEI National Household Survey’s -ENAHO, (2) test he hypothesis that financial margin is a measure of the risk of default on personal loan, (3) identify the main variables that explain the financial margin of household through a logistic regression and (4) evaluate the results obtained through a stress test that allows us to analyze the impact of alternatives shocks under relevant loan default scenarios. The results indicate that, access to the credit card is an important factor to determinate the vulnerability of borrowers. This is explained because individuals with a lower income level access this product with less knowledge about its use and, therefore, the disorder in the use of this product cause a greater probability of noncompliance in the future. While in the case of individuals with a higher income level, the type of credit entity where they are using the highest percentage of their balance and the greatest savings capacity prevails, because the balance reduction variable is relevant to determinate personal loan default.

La cláusula ad corpus, comúnmente utilizada en contratos de compraventa de inmuebles en planos, permite a las inmobiliarias entregar propiedades con áreas inferiores a las especificadas, siempre que no excedan el 10% del área total acordada. Esta disposición ha suscitado numerosas controversias, especialmente cuando los consumidores reciben propiedades con dimensiones menores a las prometidas, planteando interrogantes acerca de la idoneidad del producto y la adecuada protección de los derechos del consumidor. El presente informe aborda la Resolución 0041-2024/SPC-INDECOPI, en la cual Corina Soledad Almeyda Loroña denunció a una inmobiliaria por la entrega de inmuebles con medidas inferiores a las acordadas. La defensa se apoyó en la inclusión de dicha cláusula, argumentando su validez contractual. Este caso subraya la importancia de evaluar si esta cláusula se alinea con los principios de buena fe y el deber de idoneidad, esenciales para proteger al consumidor en transacciones comerciales. Para ello, se analizará la razón de ser de la cláusula así como su finalidad. Se observarán las características del contrato sobre las cuales se enmarca la cláusula para finalmente analizar si nos encontramos ante una cláusula abusiva. Es crucial determinar si esta cláusula, originalmente diseñada para superar limitaciones en la medición de áreas en el pasado, sigue siendo adecuada y equitativa en un contexto donde la tecnología permite una estimación más precisa de las superficies, o si, por el contrario, solo genera una mayor vulneración de los derechos del consumidor. / The ad corpus clause, commonly used in off-plan real estate contracts, allows real estate companies to deliver properties with smaller areas than those specified, provided that they do not exceed 10% of the total area agreed upon. This provision has raised numerous controversies, especially when consumers receive properties with smaller dimensions than those promised, raising questions about the suitability of the product and the adequate protection of consumer rights. This report deals with Resolution 0041-2024/SPC-INDECOPI, in which Corina Soledad Almeyda Loroña denounced a real estate company for the delivery of properties with dimensions less than those agreed upon. The defense relied on the inclusion of such clause, arguing its contractual validity. This case highlights the importance of assessing whether this clause is in line with the principles of good faith and the duty of adequacy, which are essential to protect the consumer in commercial transactions. To this end, the raison and purpose of the clause will be analyzed. The characteristics of the contract on which the clause is framed will be observed in order to finally analyze whether we are dealing with an abusive clause. It is crucial to determine whether this clause, originally designed to overcome limitations in the measurement of areas in the past, is still adequate and fair in a context where technology allows a more accurate estimation of surfaces, or whether, on the contrary, it only generates a greater violation of the consumer's rights.

La pandemia del Covid 19 ha traído evidentes implicancias en los distintos sectores económicos del mercado debido a la interrupción del normal desenvolvimiento de las actividades de las empresas, sobre todo como consecuencia de las medidas de inmovilización dictadas por el Gobierno. De ahí, es que se ocasionaron numerosos incumplimientos por parte de proveedores debido a la imposibilidad de cumplir con las prestaciones en razón del confinamiento que debió dictarse para frenar las graves consecuencias del Covid 19; siendo el sector del transporte aéreo, uno de los cuales se registró considerables reclamos o denuncias por parte de los consumidores. Así, en tanto es una situación reciente a nivel jurídico, en la cual ni los consumidores ni los proveedores lo pudieron anticipar; es que surge el cuestionamiento que ha motivado el presente trabajo de investigación. Esto es, si existiría responsabilidad administrativa por parte de los proveedores respecto a la devolución de los montos de bienes y/o servicios contratados en materia de consumo que fueron cancelados por causas no imputables, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria dictada por el Gobierno, además de ello surge a la par la disyuntiva de cómo se daría el panorama jurídico en el sector del transporte aéreo, considerando lo ya descrito. En ese contexto se analizará la presente problemática, con la finalidad de que al término de la elaboración del trabajo de investigación se proponga una solución armoniosa, que considere las distintas aristas implicadas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / De los datos expuestos se desprende que, desde un punto de vista cuantitativo, el tipo promedio de empresario chileno corresponde a un PYME exportador de productos agrícolas, especialmente perecibles. Debido a las características ya señaladas de este tipo de empresas, y su importancia para la economía nacional, es que el trabajo que a continuación se presenta implica un análisis del texto de la Convención de Viena a la luz de la legislación chilena a fin de determinar cual de las dos regulaciones resulta más beneficiosa para este exportador de productos agrícolas. Por ello el conocimiento de su contenido, y el análisis y comparación respecto de la ley chilena se hace necesario considerando que la mayor parte de los contratos de compraventa internacional celebrados por chilenos se rige, salvo pacto en contrario, por el texto uniforme

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/04/2019