Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba tiene su origen en una conversación sostenida con los profesores Mario Garrido Montt y Gustavo Balmaceda Hoyos, acerca de la necesidad de recopilar y sistematizar la jurisprudencia nacional más relevante sobre el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación. Dicha exigencia tiene por objeto poner de manifiesto la exposición de la doctrina y posibles problemas que pudiese presentar la jurisprudencia reciente y relevante de los tribunales de justicia y, al mismo tiempo, servir como rápida fuente de consulta a los diferentes intervinientes del sistema. Básicamente el trabajo consiste en una recopilación y selección de las sentencias más relevantes dictadas por los tribunales orales en lo penal, a lo largo de todo el país, entre los años 2006 y 2008. Este criterio de selección obedece a la gran cantidad de material existente. Proceder de otra manera haría inabarcable un trabajo de estas características. Para ello tomamos como referencia sentencias proporcionadas a través de la base de datos de Intranet proveniente de la Defensoría Penal Pública. El trabajo contiene 240 fichas en las que se agrupan los datos estimados como más relevantes de cada fallo. Se estudia dónde, en forma sistematizada, se le podría entregar al lector una herramienta útil para la revisión de la doctrina jurisprudencial en esta materia. Además, se realiza una clasificación de las fichas por conceptos jurídicos relevantes, como lo son los elementos del tipo, el iter criminis, concurso de personas, y otros temas que eventualmente podrían hacer de ésta una sistematización completa y acorde con las necesidades político-criminales del presente. En definitiva, esta investigación consiste en un repertorio de jurisprudencia reciente y relevante sobre el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación, delito de gran comisión práctica, y respecto del cual existen diversos problemas dogmáticos que se encuentran muy lejos de encontrar una solución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Cuando se sitúa en el campo de la Justicia Penal Internacional no se puede ser indiferentes frente a un tema de gran trascendencia como es el de la Responsabilidad Penal Internacional de Carácter Individual de las Personas", y particularmente aquella que compete a los Jefes de Estado y Superiores Jerárquicos, pues éste constituye uno de los principios más controvertidos y difíciles de colocar en práctica, en atención a las particulares características que tiene el sujeto objeto de la persecución penal. La relevancia del estudio y lo imperativo del desarrollo del "Principio de la Responsabilidad Penal Internacional de los Superiores Jerárquicos", se debe a que la Comunidad Internacional ha debido reaccionar frente a hechos de relevancia mundial, que han atentado contra valores esenciales de la vida y dignidad humana, generando ello la obligación de crear conciencia de que dichos actos no pueden quedar en la impunidad, sino que deben ser perseguidos y sancionados con el máximo rigor, haciendo efectiva la responsabilidad personal que le corresponde a quienes los cometieron directamente o a quienes los ordenaron cometer.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En las dos últimas décadas el derecho internacional ha tenido un avance aceleradísimo, en especial aquel que se refiere a la protección de los derechos fundamentales del hombre, viviendo actual y patentemente el fenómeno de la globalización, ya no sólo de los principios y normas, sino también de la jurisdicción. En nuestra opinión, los organismos internacionales avocados a este tema (Comisión y Corte Interamericana, en nuestro ámbito regional) se han transformado en un importante fiscalizador y garante, para que los estados efectivamente cumplan con su obligación de respeto y protección de las personas. Esperamos que nuestro aporte al tema sirva para difundir en algo este "nuevo orden internacional", recordando que se han cumplido 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La parte orgánica del texto se reducirá a dos partes esenciales: La primera, se referirá al análisis del sistema interamericano de derechos humanos, con especial énfasis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí haremos una breve reseña histórica del sistema, partiendo de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta llegar a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinando las diferencias de una y otra a partir de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento base de toda esta red regional de protección a los derechos fundamentales de la persona. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la Organización y Funcionamiento del Tribunal Interamericano, para de esta forma tener un conocimiento básico antes de llegar a analizar el caso que trataremos y que falló la Corte. Finalmente en la primera parte también haremos un análisis de la jurisdicción contenciosa en particular, analizando las normas procesales que inspiran y regulan este ordenamiento, estudiando además las relaciones entre los distintos entes que actúan en el proceso. La segunda parte apuntará al análisis en particular de un caso fallado por la Corte ( Caso Loayza Tamayo ) , donde profundizaremos sobre los aspectos de forma ( Procedimiento seguido ante ella ) y de fondo ( Normas y principios ) ventilados en el caso, en donde destacan la garantía del debido proceso legal, el derecho a la libertad personal e integridad física y mental, el derecho a la defensa, el principio de la igualdad y el non bis in idem.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Debido a lo escaso de bibliografía nacional especializada sobre el tema, la presente memoria tiene como objetivo fundamental el exponer y analizar los principales aspectos del Derecho Penal Internacional y de la Jurisdicción Penal Internacional, entre los que se encuentran su conceptualización, historia, fuentes, principios, órganos, sistemas de aplicación, etc. En cuanto a la metodología utilizada, ella ha sido, fundamentalmente, la de análisis y exposición de los principales instrumentos internacionales sobre la materia, desarrollando aquellos más importantes e informando su estudio mediante la opinión personal de los autores y principales teóricos doctrinarios que existen sobre la materia. Apartado especial, debido a su importancia, han merecido el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el llamado Caso Pinochet, principalmente en cuanto a las implicancias que éste último ha tenido en la órbita jurídica internacional y a las discusiones acaecidas con ocasión de él.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Debido a diversos sucesos de conocimiento mundial, la atribución de la responsabilidad individual penal internacional ha pasado a ocupar un papel preponderante en los debates de derecho internacional. Juzgar y castigar a los presuntos responsables de crímenes internacionales ha pasado a ser uno de los principales objetivos de la comunidad internacional. En la presente investigación se desarrolla la atribución de responsabilidad de un delito en particular: el genocidio. Se analizan sus elementos jurídicos relevantes y, a través de las contribuciones de un caso de derecho internacional ante el Tribunal ad hoc para la Ex Yugoslavia, Krstic, se pretende, exponer los esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales que dilucidan una mayor comprensión del mismo. Para desarrollar la atribución de responsabilidad, se ha dado especial énfasis a la utilización de la denominada ‘Doctrina del emprendimiento conjunto' que ha venido recibiendo una incipiente aplicación ante el Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia para determinados crímenes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus Leyes Complementarias, y contiene los resultados del trabajo de actualización del mismo, específicamente en materia de indemnización en la responsabilidad civil extracontractual. Esta memoria se divide en cuatro secciones. En la sección introductoria se explica el génesis del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, como también la metodología de trabajo empleada. La segunda sección consiste en un trabajo monográfico, cuya finalidad es resumir las tendencias jurisprudenciales de los tribunales superiores de justicia en las materias más relevantes que dicen relación con la indemnización. En la tercera sección del trabajo se encuentran los extractos de todas las sentencias analizadas por este tesista entre los años 1995 y 2008, unidos a los extractos del Repertorio antiguo referidos a la materia. Finalmente, en la sección cuarta se encuentran las fichas de análisis jurisprudencial redactadas durante el presente trabajo de actualización

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al momento de iniciar esta investigación, la ex Ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, era la única Ministra de Estado destituida mediante una acusación constitucional durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. Tres acontecimientos relevantes han tenido lugar desde entonces. Primero, respecto de la ex Ministra, el día 17 de abril de 2013 se cumplió el plazo de cinco años que la Constitución prevé como parte de la sanción en caso de aprobarse una acusación constitucional. Cumplido este plazo, Yasna Provoste ha quedado habilitada, de pleno derecho, para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular. En segundo lugar, el día 17 de noviembre de 2013, la ex Ministra Provoste fue electa diputada por el Distrito N° 6, con más del 43% de los votos, la más alta votación en su distrito. En tercer lugar, el día 17 de abril de 2013, el mismo día en que se cumplió el plazo de inhabilidad de la Ministra Provoste, el Ministro de Educación, Harald Beyer Burgos, fue declarado culpable por el Senado, mediante el procedimiento de acusación constitucional, y quedó destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de cinco años.

Les procédures orales (juicios verbales) et les conciliations qui firent irruption sur la scène judiciaire, après la promulgation de la Constitution espagnole de 1812, ont constitué, pendant de longues décennies, le dernier échelon du système judiciaire mexicain. Soumises à des adaptations diverses après l'indépendance du pays, leurs caractéristiques essentielles ont toutefois été conservées par la suite : l’ensemble de ces procédures fut fondamentalement attribué à des juges locaux qui n'étaient pas tenus d'avoir une formation juridique et qui ne recevaient aucune rémunération, exerçant un service obligatoire au bénéfice de la collectivité (carga concejil). Cette justice municipale avec ses juges «profanes» représente l'un des nombreux éléments qui autorise à qualifier le XIXe siècle mexicain de période de transition juridique. À Guadalajara, deux types de juges sont intervenus dans l’administration de justice par des procès verbaux au cours de la première moitié du XIXe siècle : les alcaldes constitucionales et les commissaires de police. Leurs tribunaux étaient les institutions judiciaires ordinaires les plus proches des justiciables où étaient résolus divers conflits du quotidien, principalement de caractère civil, mais aussi criminels. Bien que chacun eût incarné une justice paternelle, peu répressive et caractérisée par sa simplicité procédurale, les tribunaux des commissaires de police étaient des espaces moins coercitifs encore, plus souples et ouverts à la négociation. S’il est vrai que ces derniers avaient certes moins d’attributions en matière de sanctions, il n’en demeure pas moins qu’ils gardaient une plus grande proximité avec les justiciables. / The oral trials (juicios verbales) and conciliation which emerged in the judicial domain following the declaration of the 1812 Spanish Constitution, represented for many decades the lowest level of the Mexican judicial system. Although subjected to a number of modifications after the country’s independence, their essential characteristics were preserved: both processes were primarily attributed to local judges who required no legal training and received no remuneration. These judges performed an obligatory service for the benefit of the community (carga concejil). Such municipal justice, embodying judges from among the laypeople, is one of a number of elements that supports the description of the Mexican nineteenth century as a period of legal transition. In Guadalajara, two types of judge exist in oral trial judicial administration during the first half of the nineteenth century: alcaldes constitucionales and police officers (comisarios de policía). Their courts were the ordinary judicial institutions closest to the litigants in which various everyday conflicts were resolved, chiefly civil ones, but also criminal. While both categories of judge represented a paternal type of justice, minimally repressive and simple in its process, the police officers’ courts were less coercive and more open to negotiation. While these latter courts certainly possessed fewer powers than the alcaldes constitucionales regarding sanctions, in certain respects they nevertheless were more accessible to the litigants.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca evaluar la decisión de la Corte Penal Internacional de excluir los cargos de tortura en el caso contra Jean Pierre Bemba. Esta decisión fue tomada por la Corte a pesar que, desde una temprana etapa procesal, los hechos del caso indicaban la existencia de actos de violencia que causaron grave sufrimiento y daño físico y psicológico, cometidos con la intención de intimidar y castigar a las víctimas que en su mayoría eran mujeres; lo que podía constituir crímenes de tortura como crimen de guerra y lesa humanidad. Luego de establecida la obligación de la Corte de aplicar una perspectiva de género para identificar, investigar y eventualmente castigar las conductas que enfrente conforme al principio de igualdad y a las normas particulares que regulan a la Corte, se expondrán los hechos que fueron probados en el caso, para hacer una revaloración jurídica de ellos conforme a dicha perspectiva. Al revalorar los hechos aplicando el test creado por los tribunales ad hoc para los casos de condena múltiple, se comprobará que es posible la concurrencia conjunta de la violación y la tortura como crímenes de guerra, mas no como crímenes de lesa humanidad. Además, se comprobará que las demás agresiones físicas y mentales infringidas, que superan a la penetración forzosa, son constitutivas de tortura como crímenes de lesa humanidad y de guerra, reconociendo en este último el motivo de discriminación basada en género. Finalmente, se explicará que la importancia de incluir a la tortura en la sentencia condenatoria, considerando todos los actos de violencia cometidos, no se limita a los fines de la pena de prevención y retribución, sino que se extiende a la necesidad de reestablecer el derecho de las víctimas, evitando que sea normalizado cualquier acto de violencia contra la mujer por su condición de tal. / 15/01/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente obra es estudiar el concepto del Centro de principales intereses del deudor, especialmente respecto a su utilidad en situaciones de insolvencia transfronteriza en grupos de empresas, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. Para aquello, se comenzará analizando la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza, así como también su introducción en el Derecho Chileno por medio de la Ley 20.720 (Capítulo I). Posteriormente, se examinará el concepto de centro de principales intereses del deudor propiamente tal, su definición, utilidad y propósito en la ley, determinación por el juez, carga de la prueba, entre otros aspectos, (Capítulo II). Complementando lo anterior, se profundizará en un análisis de jurisprudencia de 4 casos emblemáticos que permiten entender la forma en v que se ha desenvuelto el Centro de principales intereses en jurisdicciones de relevancia internacional (Capítulo III). Finalmente, con todos los conocimientos obtenidos en la investigación, se dará respuesta a la hipótesis o tesis planteada en esta memoria de prueba en orden a determinar la importancia o no del concepto de centro de principales intereses del deudor como factor de conexión, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, teniendo en consideración la nueva Ley 20.720 y su aplicación en procedimientos de insolvencia transfronteriza de grupos de empresas. Para ello, se observarán las problemáticas actuales que plantean las situaciones de insolvencia de grupos de empresas a la Ley Modelo y al concepto de centro de principales intereses, así como las soluciones que se han propuesto (Capítulo IV)