Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la actualidad, la importancia económica de las operaciones de leasing es innegable, habiéndose transformado en una importante herramienta financiera. No obstante lo anterior, pese al incipiente desarrollo que este tipo de operaciones ha tenido en nuestro país, en materia legislativa, el avance en la regulación de estos contratos no ha ido a la par de su evolución económica, situación que en la práctica ha devenido en que su “regulación” se encuentre mayoritariamente contenida en pronunciamientos administrativos de organismos públicos. Desde esta perspectiva, y en lo que respecta al tratamiento tributario del contrato de leasing, en materia del IVA, cabe señalar que hasta el 31 de diciembre de 2015 dichas operaciones carecían de una normativa propia, de manera tal, que fue el SII quien mediante diversa jurisprudencia administrativa determinó el tratamiento tributario de tales operaciones. En este sentido, hasta la fecha antes indicada, los contratos de leasing financiero (sobre bienes muebles e inmuebles) eran equiparados para efectos del IVA a un mero arrendamiento, haciéndoles aplicables los efectos tributarios de tales operaciones. Así, hasta el 31 de diciembre de 2015, no existía en materia del IVA un reconocimiento al carácter financiero de la operación. No obstante, con fecha 01 de enero de 2016, comenzaron a regir una serie de modificaciones legales efectuadas a la Ley de IVA, incorporadas por la Ley N° 20.780 y Ley N° 20.899, consecuencia de las cuales se modificó substancialmente el tratamiento tributario del contrato de leasing sobre bienes corporales inmuebles, reconociéndose el carácter financiero de la operación. Respecto del leasing financiero sobre bienes muebles, las modificaciones legales en comento no hicieron alteración alguna en relación a su situación frente al IVA, manteniéndose el tratamiento históricamente otorgado por el SII. Conforme lo anterior, la presente Tesis tiene por objeto efectuar un análisis crítico de la nueva normativa, con especial énfasis en la falta de armonía que, fruto de las referidas modificaciones, se produce en relación con el tratamiento tributario en materia del IVA de la operación de leasing financiero. Y es que hoy en día, tras la entrada en vigencia de la nueva norma, tenemos un sistema bajo el cual un mismo tipo de contrato recibe frente a un mismo impuesto un tratamiento diverso dependiendo del bien sobre el que recae, situación que en la práctica genera grandes efectos a nivel impositivo, dejando al leasing mobiliario en una importante desventaja frente a otras fuentes de financiamiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante el año 2006 se promulgó la Ley N° 20.123, modificando el Código del Trabajo en materia de subcontratación, con objeto de profundizar la regulación existente. De las innovaciones introducidas, destaca la creación de una obligación directa de la empresa principal de proteger la salud y vida de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, de forma análoga a la impuesta a todo empleador. Por otro lado, otorgó un rol de garante a la empresa principal del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de dar de la empresa contratista respecto de sus trabajadores. Considerando estos elementos, mediante este estudio pretendemos determinar la incidencia de dicha obligación directa en la reparación de los daños sufridos por los trabajadores subcontratados ante accidentes del trabajo, y su conjugación con la responsabilidad de garante de la empresa mandante respecto de las obligaciones de la empresa contratista. Para esto, revisamos el contexto en que se instaló esta ley y los elementos necesarios para comprender la interrogante planteada, para luego efectuar un análisis jurisprudencial que nos permitió evaluar los efectos prácticos de esta norma. De esta forma, hemos podido comprobar que debido a la falta de precisión de la redacción la norma, existen diversas interpretaciones de la Ley N° 20.123 aplicadas por la jurisprudencia al momento de determinar cómo concurren ambas empresas al pago de la indemnización de los daños sufridos, dejando en ocasiones al trabajador en una situación más desventajosa que la previa a la promulgación de la Ley Nº 20.123. Todos estos elementos, nos hacen concluir que es necesario realizar una nueva modificación legal que otorgue certeza a los distintos actores respecto de la forma concurren ambas empresas ante la existencia de un perjuicio a un trabajador por la ocurrencia de un infortunio.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las fuentes de acceso público a datos personales constituyen una de las excepciones al principio del consentimiento que contiene nuestra legislación con premisa para llevar a cabo un tratamiento de datos personales. Dichas bases de datos son usadas con habitualidad en nuestro sistema legal, amparadas además por una definición amplia que permitiría encuadrar un sinnúmero de bases de datos dentro de esta figura.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis se guiará por el tipo de investigación documental. Los datos o fuentes serán principalmente libros, artículos de revistas y jurisprudencia, con un fuerte análisis de Derecho comparado y experiencias internacionales en nuestra materia de Estudio. En este trabajo analizaremos cómo el SEIA incorpora la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental, así como la institución del Ombudsman, específicamente en materia ambiental, podría contribuir a superar falencias del sistema. Para esto, realizaremos un análisis de la discusión legislativa en torno a la ley 19.300, la ley 20.417, así como de la actual discusión legislativa, constitucional y doctrinaria en torno a mejoras necesarias del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, y de la participación ciudadana en la materia. Dado lo anterior, existen tres áreas que abarcará la presente memoria, que son: 1.- Nuestro Marco normativo actual.2.- El estudio de la Institución del Ombudsman a nivel del Derecho Ambiental.3.- Los problemas actuales del SEA, y cómo esta institución puede contribuir a la mejora de nuestra institucionalidad ambiental

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria aborda una problemática que guarda relación con un fenómeno que se ha venido desarrollando con fuerza en los últimos años, y que dice relación con el avance veloz que han experimentado los medios de comunicación en nuestra sociedad, y los riesgos que aquello involucra. Éste trabajo, se dedica en específico a analizar como el derecho a expresar e informar sin freno a través de los medios actuales de comunicación, tiene el potencial de afectar profundamente el honor y la privacidad de las personas. En el Capítulo 1 se hace un breve análisis general de los derechos involucrados en la problemática planteada. Luego en el Capítulo 2 se señala la forma en que el derecho a la honra se encuentra resguardado en nuestro sistema jurídico, comenzando por el ámbito constitucional, penal, laboral y civil, respectivamente. En el Capítulo 3, se da una mirada desde los ojos de los medios de comunicación social respecto a nuestro tema de fondo, estableciendo la responsabilidad social y jurídica a la que se encuentran sometidos en nuestro país. Posteriormente, en el Capítulo 4 se realiza un enfoque específico del derecho al honor en las redes sociales como las nuevas plataformas de comunicación, exponiendo sus riesgos y describiendo algunos casos del acontecer nacional. En el Capítulo 5 se organizan y establecen algunos criterios que pueden ser considerados para limitar los derechos en conflicto. Finalmente, se presentan las conclusiones

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho tributario) / El asunto a resolver radica en la relación existente entre dos normas que están protegiendo bienes jurídicos disímiles: por una parte a nivel local existe el Art. 35 del Código Tributario que impone a todos los funcionarios del Servicio el deber de reserva legal tributario respecto de los datos de sus declaraciones obligatorias que digan relación con su renta o conceptos afines. Por otra parte, en el Modelo de Convenio para evitar la doble tributación se inserta el Art. 26 que impone a los estados contratantes el deber de intercambio de información. Se analizará el ámbito de aplicación de ambos deberes y como se resuelven en la práctica. Existe una breve mención al secreto bancario

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (Magister en derecho tributario) / El objetivo del presente trabajo es analizar la forma en que se aplicará el artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta a los denominados trusts, e identificar los problemas que puedan surgir en la misma, recomendando modificaciones a la misma que pudieran mejorarla. Para la consecución del objetivo fijado, en primer lugar, se describirá la norma 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, su estructura y contenido, y la interpretación que ha dado el SII a la fecha a los preceptos en cuestión. Adicionalmente, se delinearán los objetivos y recomendaciones fijadas por la OCDE para la elaboración de las denominadas “CFC rules”, que se enfocan en enfrentar la erosión de las bases imponibles mediante el traslado de utilidades calificadas como “pasivas” a una jurisdicción de baja tributación. En segundo lugar, se definirán los trusts y sus características, se analizará la normativa legal y pronunciamientos administrativos que existen a su respecto en Chile. Y en tercer lugar, se identificarán los aspectos a debatir, principalmente referidos a la definición de control de las entidades analizadas y a posibles modificaciones a la norma actual que puedan mejorarla en relación a los trust; luego, se analizarán las reglas CFC en el derecho comparado, la aplicación de las mismas a los trusts y posibles conflictos que hayan surgido. Por último, se intentará dar una respuesta adecuada a las interrogantes planteadas, proponiendo que se considere a los beneficiarios como controladores si cumplen dos requisitos copulativos, esto es, que tengan un derecho formado sobre las utilidades que produzca el trust y que a su vez tengan facultades suficientes en la administración del mismo, en el sentido de poder movilizar las utilidades de una jurisdicción a otra