El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones que emite el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamientos (en adelante TRASS) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante SUNASS). Al respecto, cabe mencionar que el TRASS resuelve en segunda y última instancia administrativa las apelaciones presentadas por los usuarios de los servicios de saneamiento contra las decisiones de las Empresas Prestadoras, en adelante EPS, que son las encargas de brindar este tipo de servicios. A través del análisis de las sentencias judiciales, se pretende determinar si el juez contencioso al momento de analizar y resolver los casos considera los aspectos técnicos y legales propios de las normas especiales que rigen los procedimientos administrativos vinculados a los servicios de saneamiento o quizás su interpretación de estos abarca un espectro mayor al exclusivamente administrativo. / Trabajo académico

Las actuaciones de todos los miembros de la sociedad que conviven dentro de un Estado de Derecho deben tener como parámetros los principios que se reconocen en la Constitución. Entonces, corresponde que cuando el legislador pretenda regular aspectos que, según su perspectiva, puedan resultar problemáticos en la realidad, no deba perder de vista los principios constitucionales que irradian a su actuación. Bajo este supuesto, el presente trabajo de investigación realiza un análisis crítico de lo dispuesto en el artículo 159° del Código Tributario, incorporado en nuestra legislación en el año 2012, en el marco de una delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo N° 1121 y modificado por la Ley N° 30230, a fin de mejorar la progresividad de la medida cautelar. Dicho artículo establece las reglas que regirán el trámite de las medidas cautelares que se soliciten dentro de los procesos judiciales en los que la parte demandada es el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria. Así teniendo como base a los principios de tutela jurisdiccional efectiva y de igualdad, principios constitucionalmente reconocidos, se demuestra que las reglas contenidas en el mencionado artículo limitan el derecho de los contribuyentes a acceder a una justicia eficaz y oportuna. Por ello, se propone una mejora a dichas reglas, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los contribuyentes.

Inside the Peruvian civil process, there are warranties that seek to protect the rights of the persons who come to it. Since these warranties  are  affirmed in the   Peruvian Constitution and in international human rights treaties, they are considered as fundamental rights. One of them is the right to a second hearing.The present essay is a constructive critic of the principle of the right to appeal. The hypothesis consists in proving, through an economic analysis,  that  the  second hearing does not play a role in our legal system. / Dentro del proceso civil peruano, existen garantías que buscan la protección de los derechos de las personas que acuden al mismo.Estas garantías, al estar consagradas en laConstitución peruana y en tratados internacionales sobre derechos humanos, son con-sideradas  derechos  fundamentales.  Una de ellas es la doble instancia.El presente ensayo es una crítica constructiva al principio de doble instancia. La hipótesis que se sustenta consiste en acreditar a través de un análisis económico que la doble instancia no cumple una función en nuestro sistema jurídico.

El presente trabajo es un arbitraje del CIADI y tiene mucho material enriquecido. El arbitraje que también es referido como un medio alternativo de solución de controversias, toma el caso de Bear Creek v. Republic of Perú y brinda soluciones eficientes, a la controversia que se generó debido a que el Estado Peruano le otorgo derecho sobre concesiones mineras a 50 kilómetros de la frontera peruana a Bear Creek, sin embargo, después de unos años le termina retirando esos derechos adquiridos sobres las concesiones mineras. Debido a que la presente controversia no podía resolverse en jurisdicción peruana y tampoco se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Se recurrió a lo acordado mediante TLC Perú – Canadá y al estar las dos partes afiliadas al CIADI, se procedió a buscar solución a su controversia en dicho centro. Así mismo, mediante el presente trabajo se busca reconocer al ARBITRAJE no solo como un medio alternativo de solución de controversias, sino como una de las varias formas iniciales que el sistema jurídico ha ofrecido como solución pacífica frente al conflicto de sus ciudadanos. El presente arbitraje caso versa sobre medidas de expropiación indirecta, tiene figuras como contratos de opción, emisión de Decretos Supremo emitido por Necesidad Pública, Acuerdos de Transferencia. / Trabajo de suficiencia profesional

In the first part of the article, a development for the concepts of provisional remedies and real or personal property bond and covering loss and damage, is proposed, under the Constitutional Court and our national doctrine view; as well as the scope of the first as a fundamental right, and second as a condition of execution. On the following part of the paper, the inclusion and the subsequent amendments to the article 159° of Tax Code is exposed, also its scopes and reasons. Finally, a possible modification of the article, that respect state´s raising goals and due process citizens’ right, is proposed. / El presente artículo desarrolla los conceptos de medida cautelar y contracautela, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y lo establecido por nuestra doctrina, así como los alcances del primero como derecho fundamental y del segundo como requisito de ejecución. De la misma forma, se analiza los alcances de la incorporación del artículo 159° del Código Tributario, mediante Decreto Legislativo N° 1121, y su modificatoria a través de la Ley N° 30230. Finalmente, se propone una posible modificación al mencionado artículo, de conformidad con los fines recaudatorios del Estado y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados.