Del estudio de la figura se puede inferir que el principio de tutela jurisdiccional efectiva garantiza que el Estado a través de sus órganos de justicia apliquen de manera adecuada las técnicas y herramientas necesarias para asegurar que toda persona que desea entablar una demanda, se encuentre segura de que se va a realizar todo como es debido, ajustándose al debido proceso y al libre derecho de acceder a los tribunales de justicia. Pero sucede que, dicha libertad debe estar acompañada del cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos sin los cuales las demandas están sujetas a la inadmisibilidad. Esto sucede con los casos de las demandas de régimen de visitas, en las cuales, existe una disposición legal que obliga a el demandante a cumplir con acreditar de manera fehaciente que éste se encuentra al día en el pago de sus obligaciones como padre, caso contrario, como ya se mencionó anteriormente, la inobservancia de dicha obligación terminaría con la inadmisibilidad de su demanda. Pero no solamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva en el caso del demandante se ve afectado, sino también el de interés superior del niño en cuanto que el más interesado en poder entablar una relación de comunicación y de afectividad es el menor, al cual es obligación del Estado brindarle todas las garantías necesarias para su desarrollo óptimo.

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

Conforme a lo resuelto por la sentencia de la Segunda Sala Comercial en el recurso de anulación de laudo interpuesto por Química Suiza S.A. contra Dongo-Soria, Gaveglio y Asociados S.R.L. seguida bajo el expediente No. 155-2012, el presente informe analiza los siguientes dos problemas jurídicos. En primer lugar, el presente informe analizará si es que el laudo arbitral objeto del recurso de anulación de laudo vulneró el derecho a la prueba y a la debida motivación de laudos arbitrales. Para ello, se evaluará el estándar de motivación de laudos arbitrales y las implicancias del derecho a la valoración probatoria. En segundo lugar, se analizará si el laudo arbitral cuestionado afecta el derecho a ser juzgado bajo los principios de independencia e imparcialidad, debido a un viaje realizado por uno de los árbitros junto con el abogado de una de las partes del proceso. A raíz de lo analizado, se plantea una propuesta con el objeto de solucionar los problemas vinculados a la exigencia de un reclamo previo en el arbitraje como requisito de procedencia del recurso de anulación de laudo arbitral, cuando ello no es posible por alguna razón. / Pursuant to the decision of the Second Commercial Chamber in the annulment of the award filed by Química Suiza S.A. against Dongo-Soria, Gaveglio y Asociados S.R.L. in case No. 155-2012, this report analyzes the following two legal issues. First, this report will analyze whether the arbitral award that is the object of the annulment of the award violated the right to evidence and the right to a reasoned arbitral award. To this end, it will evaluate the standard of reasoning of arbitral awards and the implications of the right to the evaluation of evidence. Secondly, it will be analyzed whether the arbitral award in question affects the right to be judged under the principles of independence and impartiality, due to a travel made by one of the arbitrators together with the attorney of one of the parties. As a result of this analysis, a proposal is made in order to solve the problems related to the requirement of a prior claim in arbitration as a requirement to procedural denial for the annulment of the arbitral award, when this is not possible for any reason.

La tutela jurisdiccional es el derecho fundamental de cualquier justiciable a obtener una respuesta eficiente del Estado frente a la vulneración de sus derechos (acceso a la justicia, juez imparcial predeterminado por ley, derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, debida motivación de las resoluciones o sentencias, cosa juzgada; y, derecho a la efectividad de las resoluciones o sentencias). A través de una aproximación analítica a la doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional se evidencia que la regulación peruana no es efectiva para proteger de forma eficiente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de personas trans que han sido víctimas de violencia sexual. Esto debido a que contamos con una regulación ineficiente e ineficaz, así como un tratamiento estatal negligente respecto de las necesidades especiales que este tipo de casos requieren. El Estado peruano no cuenta con la existencia de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia; las investigaciones penales de estos casos suelen adolecer de perspectiva de género; tampoco existe un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTIQ+ efectivo y eficaz ni existe un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTIQ+. Debido a lo anterior, es preciso llevar a cabo medidas de corrección para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en casos de violencia sexual a personas trans como contar con una regulación específica que reconozca la incidencia de estos actos de discriminación, así como la necesidad de contar con refuerzos normativos y criterios jurisprudenciales. / The effective judicial protection is the prime human right to have an efficient answer from the State (access to justice, an impartial judge predetermined by law, defense right, right to a trial without undue delay, due motivation of resolutions or sentences, res judicata effect, and, the right to the effectiveness of resolutions or sentences). The Peruvian regulation about trans sexual violence is inefficiently. The main reason is because we have inefficient and ineffective regulation, as well as negligent State's treatment regarding the special needs that these types of cases require. The Peruvian State does not have a protocol for the investigation and administration of justice during criminal proceedings for cases of LGBTIQ + victims of violence; the criminal investigations does not have gender perspective; there is also no effective and efficient training and awareness plan on violence against LGBTIQ + people, nor is there a system for the collection and statistical production of violence against LGBTIQ + people. Due to the foregoing, it is necessary to carry out corrective measures to guarantee access to effective judicial protection in cases of sexual violence to transgender people, such as having a specific regulation that recognizes the incidence of these acts of discrimination, as well as the need to have normative reinforcements and jurisprudential criteria.

El presente trabajo tiene por objeto hacer un desarrollo sobre la situación del desarrollo de la Tutela Colectiva en el Perú. El problema central para enfrentar este tipo de controversias es la capacidad de identificar el interés detrás del grupo, pues, al ser un número bastante amplio de sujetos, no es posible atribuir a uno de ellos la titularidad exclusiva de derechos colectivos. Los intereses difusos y colectivos pertenecen a todos en general, pero a nadie en particular. Es por ello que surge la necesidad de que se realice un proceso eficaz para la tutela de los derechos supraindividuales. Pues bien, este contexto nos permite reflexionar sobre la regulación de tutela colectiva y las pocas normas sobre la materia se encuentran dispersas en el Código Procesal Civil y en otras leyes, así como de las instituciones procesales básicas que, al pretender aplicarse a este tipo de controversias presentan problemas en los justiciables, en los órganos jurisdiccionales y en general en todo el sistema judicial. Este problema, entonces, interesa a todos los sujetos que participan en un litigio, por lo que debe buscarse un tratamiento especial para este tipo de situaciones con la finalidad de superar los problemas tradicionales del proceso. Así descrito el problema, debemos revisar cuáles serían los beneficios de contar con una regulación colectiva en nuestro país, la cual permitiría satisfacer los derechos de incidencia colectiva. Una regulación sobre esta materia implica desafíos para las instituciones procesales tradicionales como lo son legitimidad para obrar y la cosa juzgada, las cuales deben ser replanteadas en beneficio de una regulación colectiva.

The purpose of this legal article is to demonstrate how to be required in an absolute manner and without establishing parameters, or exceptions to compliance with the special requirement contained in article 565-A of the TUO of the Civil Procedure Code, that is, "to demonstrate to be up to date in the payment of alimony ”, whoever wants the court to extinguish a maintenance obligation to which they are obliged, violates their right to effective judicial protection, for the purposes of developing the issue it will be established that they are understood as a right to judicial protection effective and the regulatory framework in which it is developed, it will also be taken into account that it is understood by the right to food and who is obliged to grant it, and then carry out a specific analysis of the specific causes on which the claim can be sustained. of exemption of alimony, which are established in article 483 of the Civil Code, as are the s following; due to the material inability to continue fulfilling said obligation on the part of the obligor, in such a way that demanding such fulfillment puts his own subsistence at risk; for having disappeared the state of need of the obligee and finally when the obligee reaches the age of majority. Once each specific cause has been established, the parameters or exceptions for the application of said special requirement will be established at the time of qualifying the claim, and the judge must in any case via diffuse control, make the right to effective judicial protection prevail against a formal requirement that limits access to the defendants even a statement on the merits after carrying out a judicial process where the minimum guarantees are met to verify and establish on the foundations of the claim. / El presente artículo jurídico tiene por finalidad demostrar como el exigir de manera absoluta y sin establecerse parámetros, ni excepciones, al cumplimiento del requisito especial contenido en el artículo 565-A del T.U.O del Código Procesal Civil, esto es “demostrar estar al día en el pago de la pensión de alimentos”, de quien pretenda que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para efectos del desarrollo del presente trabajo, se busca establecer, que se entienden por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco normativo en el cual este se desarrolla. Asimismo se analiza que debemos de entender por derecho a alimentos y quienes están obligados a otorgarlos, realizando un análisis en concreto de las causales especificas en las cuales se sustentan la pretensión de exoneración de alimentos, establecidas en el artículo 483° del Código Civil, como lo son las siguientes; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Siendo que una vez fijadas cada causal se establecerá cuáles son los parámetros o excepciones para la aplicación de dicho requisito especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, deberá hacer prevalecer el derecho de carácter constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, frente a un requisito formal que limita el acceso a los justiciables aun pronunciamiento de fondo llevado a cabo en un proceso judicial donde se cumplan las garantías mínimas para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

El presente trabajo académico realiza un análisis del derecho fundamental a la debida motivación y los distintos estándares establecidos para su evaluación en sede judicial. Por ello, a fin de analizar el contenido de dicho derecho fundamental, se detalla, en primer lugar, la importancia de la teoría de la argumentación jurídica en la labor del juez, y dentro de ello, la justificación interna y externa, como herramientas para determinar un estándar mínimo de justificación de argumentos. De manera seguida, se desarrolla también el contenido del derecho a la debida motivación desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Todo ello, permite sostener la tesis de acuerdo con la cual es posible la revisión de la justificación interna y externa del laudo, logrando así no sólo armonizar el contenido del Decreto Legislativo Nº 1071, sino que, además y, sobre todo, permite una efectiva tutela de derechos fundamentales en toda jurisdicción

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la tutela ejecutiva y la institución procesal de la cosa juzgada. El objetivo fundamental propuesto es determinar si la decisión emitida en el marco de la tutela ejecutiva puede tener la autoridad de cosa juzgada. En este sentido, la hipótesis que se formula consiste en que, toda vez que el ejecutado se encuentra limitado en sus alegaciones por la regulación de nuestro Código Procesal Civil peruano y que la tutela ejecutiva no implica una cognición plena, lo decidido en el proceso de ejecución no puede gozar de la autoridad de la cosa juzgada. Para ello, se realiza un análisis e investigación de la institución de la cosa juzgada, de la tutela ejecutiva y, sobre todo, del incidente de contradicción del proceso de ejecución peruano. Luego de la investigación se concluye que, si bien debe respetarse el mandato que ordena seguir adelante con la ejecución, lo resuelto sobre el derecho aparentemente cierto y que será ejecutado no puede gozar de la calidad de cosa juzgada. De lo contrario, el ordenamiento jurídico estaría avalando la inmutabilidad de decisiones injustas. Esto atendiendo a la naturaleza de la tutela ejecutiva y de la contradicción como un incidente de cognición sumaria. / This report analyzes the relationship between execution process and the procedural institution of res judicata. The fundamental objective is to determine whether the decision issued under the execution process may have the authority of res judicata. In this sense, the hypothesis that is formulated is that every time that the execution process is limited in his allegations by the regulation of our Código Procesal Civil and that execution process does not imply full cognition, the enforcement proceedings cannot enjoy the authority of res judicata. To this end, an analysis and investigation of the institution of res judicata of executive guardianship is carried out and, above all, the incident of contradiction of the Peruvian execution process. After the investigation, it is concluded that although the mandate that orders the execution to continue must be respected the decision on the apparently certain right and to be enforced cannot enjoy the quality of res judicata. Otherwise, the legal system would be endorsing the immutability of unjust decisions. This is taking into account the nature of execution process and the contradiction as an incident of summary cognition.

El presente trabajo de investigación comprende una situación problemática en el ámbito procesal penal, concretamente la tutela de la víctima en la ejecución de fallos condenatorios con pena suspendida o no privativas de la libertad del sentenciado; de ese modo, especificamos las limitaciones que presenta la regulación procesal vigente que impiden al agraviado asumir un rol activo para ver satisfecho la reparación civil que le fue fijada a su favor en la sentencia, pues su participación está supeditada a la previa intervención del Ministerio Público. En ese entender, además de exponer nociones teóricas necesarias para un mejor entendimiento y tratamiento del estado de la cuestión, bajo un método descriptivo, concluiremos que los mecanismos de tutela de la víctima en la ejecución de sentencias con pena suspendida no son adecuados ni suficientes para dotar de eficacia a la reparación civil; por lo que, siguiendo una interpretación sistemática, constitucional y convencional, concluiremos que se debe permitir su participación activa en dicha etapa del proceso con la finalidad que pueda exigir el resarcimiento por el daño que le fue causado por la comisión del delito, sin excluir las facultades inherentes del Ministerio Público vinculadas al control de la legalidad y la ejecución de las penas. / This research work includes a problematic situation in the criminal procedural field, specifically the protection of the victim in the execution of convictions with suspended sentences or non-custodial sentences of the sentenced person; In this way, we specify the limitations presented by the current procedural regulation that prevent the aggrieved from assuming an active role to see satisfied the civil compensation that was established in his favor in the sentence, since his participation is subject to the prior intervention of the Public Ministry . In this understanding, in addition to exposing theoretical notions necessary for a better understanding and treatment of the state of the matter, under a descriptive method, we will conclude that the mechanisms of protection of the victim in the execution of sentences with suspended sentences are neither adequate nor sufficient to make civil reparation effective; Therefore, following a systematic, constitutional and conventional interpretation, we will conclude that their active participation in said stage of the process should be allowed in order to demand compensation for the damage that was caused by the commission of the crime, without excluding the Inherent powers of the Public Ministry linked to the control of legality and the execution of penalties.

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos