In this article, the issue around abandonment in judicial proceedings (Procedural abandonment) related with the imprescriptible pretensions will be analyzed, with a special mention to those relative to the right to property. The issue discussed in the National Jurisdictional Plenary of Civil Law and Civil Procedure of 2016 will be criticized. The true issue to be solved is revealed, it’s the one related to the imprescriptible pretensions as case of inappropriateness of abandonment. It raises reasons that put in question the normative provision that links the procedural abandonment with those pretensions. Precisely because of the lack of strong arguments to justify the relation, a necessary legislative amendment is proposed. / En el presente artículo se analiza el problema del abandono en los procesos judiciales relacionados con las pretensiones imprescriptibles, con una especial mención de aquellas relativas al derecho de propiedad. Se critica la cuestión analizada en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil de 2016 sobre el particular. Se pone de manifiesto que la verdadera cuestión a resolverse es la referida a las pretensiones imprescriptibles como supuestos de improcedencia de abandono. Se expone razones que ponen en entredicho la disposición normativa que vincula el abandono procesal con dichas pretensiones. Justamente por la falta de argumentos fuertes que justifiquen tal relación, se propone (delege ferenda) su necesaria enmienda legislativa.

El presente artículo aborda los límites y posibilidades de que en el futuro la función jurisdiccional sea ejercida por computadoras que poseen Inteligencia Artificial, ello mediante el uso de programas de computación denominados “sistemas expertos”. Siendo un área del Derecho que ha sido particularmente sensible a aceptar el uso de estas tecnologías, el autor comienza explicando que son la Inteligencia Artificial y un sistema experto. Alcanzado tal objetivo, se analiza los límites y posibilidades que tiene la aplicación de estas tecnologías en el campo del razonamiento jurídico, así como los primeros proyectos de “sistemas expertos jurídicos”. De esa forma, el autor concluye que si bien los jueces y demás operadores jurídicos no podrían ser desplazados por estos programas de computación, la utilización de estos últimos si pueden optimizar el ejercicio de la labor jurisdiccional en el futuro. This article addresses the limits and possibilities that in future the judicial function is exercised by computers which possess Artificial Intelligence, through the use of a software called “expert system”. Since is an area of law in which legal professionals usually have rejected the idea of using these kinds of technologies, the author starts explaining what are an Artificial Intelligence and an “expert system”. Done that, he analyzes and studies the limits and possibilities of applying these technologies in the field of legal reasoning, as well as the first projects of “legal expert systems”. In this way, the author concludes that judges and other legal professionals couldn’t be displaced by using an “expert system”. Nevertheless, those legal expert systems could serve to optimize the exercise of the judicial work in the future.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Teoría del Acto de Gobierno ha sido poco desarrollada en las últimas décadas por los administrativistas, sin perjuicio de la importancia que reviste. Con esta investigación buscamos profundizar en el estudio de esta teoría y ver cuál ha sido su importancia en el escenario político actual, y en específico analizar si procede un tipo de control sobre éstos. A fin de cumplir con este objetivo, distinguimos en primer lugar el acto de gobierno del acto político. En efecto, el acto de gobierno es aquel que emana del Presidente de la República en el ejercicio de la función gubernativa que le reconoce la Constitución Política de la República en su artículo 24. Por otro lado, son actos políticos aquellos dictados por otros órganos, ajenos al Poder Ejecutivo, y que están dotados de contenido político. A todos esto los denominaremos actos de gobierno/políticos. Son ejemplos de este tipo de actos la designación del gabinete, la declaración de un estado de excepción, la suscripción de un tratado internacional, el juicio político que efectúa el Parlamento, entre otros. Estudiaremos a lo largo de esta memoria la situación actual de los actos de gobierno/políticos, su origen, tano en Chile como en distintos sistemas comparados (Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y México). Asimismo, analizaremos el desarrollo político-institucional que ha tenido esta teoría en nuestro país y finalmente ahondaremos en los distintos tipos de control a los que el acto de gobierno- político podría estar sometido.

En este trabajo se aborda la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el enfoque de la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia, tanto en cuanto a su labor de impulsor de la tramitación como en su función, en ciertos casos, de decisor; con todos los interrogantes doctrinales que tal atribución plantea y el análisis de los aciertos y cuestiones mejorables que contiene. La LJV regula propiamente en su texto los expedientes tramitados por Jueces o Letrados de la Administración de Justicia y atiende en sus disposiciones finales aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, recogiéndose su regulación en otras leyes, y siendo competencia de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La LJV pretende la modernización de una parte del “sistema positivo de tutela del Derecho Privado”, ofreciendo mayor coherencia a nuestro sistema procesal, para lo cual es imprescindible conocer los antecedentes prelegislativos y doctrinales de la actual Ley. Se analiza el concepto de jurisdicción y su alcance en la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en este tipo de expedientes. Para ello, se estudia la parte general de la LJV, donde se analizan los aspectos procesales de la tramitación general del procedimiento. Seguidamente, se abordan los expedientes que son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y, por último, los que tramita y decide de manera concurrente con otros operadores jurídicos.

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.

El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

La atención oportuna e inmediata de los reclamos en las relaciones de consumo, dio lugar a la creación de un mecanismo de solución de reclamos alternativo a la tutela jurisdiccional, dado que la vía ordinaria, debido al tráfico jurídico procesal, no garantizaba una pronta solución a los derechos conculcados de los consumidores. No obstante, la posibilidad que las resoluciones del Tribunal del Indecopi sean revisadas por un juez judicial, más allá de garantizar la autonomía e independencia con la que serán juzgados las partes, impiden acceder a una auténtica tutela efectiva. En todo caso, dejemos que el consumidor decida en qué vía ejercerá su acción defensiva, pero exigir agotar la vía administrativa, para transitar por la vía ordinaria, vulnera el derecho de acceder a una tutela efectiva, ello si consideramos que para llegar a la tutela jurisdiccional debemos acudir al Indecopi. En ese sentido, si por un lado, la decisión determinante y definitiva la tiene la tutela jurisdiccional, exigir transitar por la vía administrativa constituye una barrera de acceso a la justicia. Por el contrario, si revestimos de mayor utilidad e importancia a la tutela administrativa, no será necesario la vía ordinaria. En ese sentido, dejemos que compitan ambas vías, ya que cuentan con las mismas garantías del debido proceso. Solo así estaremos ante un derecho eficiente y predecible, pues en la medida que se desburocratice la tutela jurisdiccional, habrá menos reclamos frustrados que no pudieron llegar a la última instancia debido al costo de transacción que ello implica. / Timely and immediate attention to claims in consumer relations is undoubtedly one of the concerns that motivated the creation of an alternative claims resolution mechanism to judicial protection, which is designed within the protective horizon established in the article. 65° of our Constitution, since the ordinary way due to the procedural legal traffic, would not guarantee a prompt solution to the rights violated in consumer relations. Under this scenario, the possibility that the resolutions of the Indecopi Court are reviewed by a judicial judge, beyond guaranteeing the autonomy and independence with which they will be judged, prevent access to an authentic effective protection. This, if we start from the premise that the same guarantees of due process developed in the ordinary way will be those guarantees with which the final resolutions will be issued. In any case, we let the consumer decide in which way he will exercise his defensive action, but demanding to exhaust the administrative route, to transit through the ordinary route, violates the right to access effective protection, this if we consider that to reach the protection jurisdiction we must go to Indecopi. In this sense, if on the one hand, the decisive and definitive decision is held by the jurisdictional guardianship, demanding to go through the administrative route constitutes a barrier to access to justice. On the contrary, if we make administrative protection more useful and important, the ordinary route will not be necessary. In that sense, let both ways compete, since they have the same guarantees of due process. Only then will we be faced with an efficient and predictable law, because to the extent that judicial protection becomes less bureaucratic, there will be fewer frustrated claims that could not reach the last instance due to the transaction cost that this implies. / Trabajo académico

El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias que no eran objetivos casacionales

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo establecer la interpretación jurídica correcta a fin de que los jueces de paz letrado puedan conocer los procesos de desalojo por ocupación precaria en casos de arrendamiento. Para ello fue necesario realizar un análisis de la problemática jurídica generada a partir de las interpretaciones jurisdiccionales en base al contenido del segundo supuesto del IV Pleno; además se realizó una propuesta de modificatoria del precedente vinculante contenido en el punto 5.2 del IV Pleno, en donde se aclararon los efectos del mismo. La metodología empleada es la cualitativa, y se enmarca dentro del tipo documental. Como resultados se determinó que la duración de un proceso judicial de desalojo en casos de arrendamiento es excesiva, debido a que la competencia jurisdiccional está siendo asumida por los juzgados especializados en donde se apertura la posibilidad de impugnar el proceso hasta instancias de casación. Esta situación genera un estado de inseguridad jurídica, ya que durante todo el litigio el arrendador no podrá recuperar el uso, goce y libre disposición de su bien inmueble; así mismo se evidencian otras consecuencias negativas en el ámbito jurídico-social. En ese sentido, como conclusión, establecer una interpretación jurídica a efectos de derivar la competencia hacia los juzgados de paz letrado resulta ser lo pertinente, ya que ante este último órgano jurisdiccional solo podrá impugnarse hasta una instancia superior, disminuyendo considerablemente el tiempo de duración del proceso.

En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional, la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno de los caminos.