El presente artículo desarrolla el tema de los conflictos entre individuos como parte de la dinámica social, así como los distintos modos de solución que el ordenamiento jurídico nos provee. Al respecto, la autora centra su análisis en la autodefensa, uno de esos mecanismos de solución, para luego comentar sobre algunos supuestos que aquélla encierra, como por ejemplo la legítima defensa. Finalmente, se aborda un interesante punto en cuanto a la autotutela administrativa como otra forma de resolver los conflictos, pero a partir de la intervención del Estado. The current article develops the topic of conflicts between individuals as part of the social dynamics, and presents the different ways of solution that the legal system provides. With this in mind, the author focuses her analysis on self-defense, one of those mechanisms of solution, and then she comments two other assumptions which are included in that legal figure, for example the right to self-defense. Finally, the article points out a main aspect that is related to administrative non-judicial measures, as another way to solve conflicts, having in mind the State intervention.

Los artículos 3 y 18.2 del DL 1033 (DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL) son normas que han establecido que la competencia para conocer los procesos con el INDECOPI es de exclusividad de los juzgados ubicados en la ciudad de Lima, este suceso genera de por sí una barrera de acceso a la justicia y por tanto una afectación al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ya que el ciudadano que reside en diferentes regiones del Perú debe recurrir a formular las demandas judiciales contra el INDECOPI a la ciudad de Lima, lo que ocasiona un costo adicional para el acceso a la justicia, pues una persona deberá trasladarse desde la región en que reside hasta la ciudad de Lima asumiendo el valor económico que ello implica, además por el traslado se le genera demora adicional en su trámite judicial, y , finalmente se le otorga una ventaja injustificada al INDECOPI, que como parte del estado tiene todas las ventajas de litigar en cualquier parte del país, sobre todo en los lugares donde tiene una sede regional. / Articles 3 and 18.2 of DL 1033 (LEGISLATIVE DECREE APPROVING THE LAW OF ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY) are norms that have established that the competence to know the processes with the INDECOPI is exclusive of the courts located in the city of Lima, this event generates in itself a barrier of access to justice and therefore an affectation to the right to Effective Jurisdictional Guardianship, since the citizen residing in different regions of the Peru must resort to formulating the lawsuits against INDECOPI to the city of Lima, which causes an additional cost for access to justice, since a person must move from the region where he lives to the city of Lima, assuming the cost that implies, in addition to the transfer is generated additional delay in its judicial process, and, finally, an unjustified advantage is granted to INDECOPI, that as part of the state it has all the advantages of litigating in any part of the country, especially in the places where it has a regional headquarters. / Tesis

En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

Es innegable la vital importancia que con lleva actualmente una acumulación de pretensiones, ello se desprende de manera clara de la finalidad principal que la misma tiene: evitar sentencias contradictoras, siendo que el presupuesto para la acumulación de pretensiones es que estas sean conexas entre sí. Por ello, en el presente artículo, el autor iniciará determinando qué significa una acumulación de pretensiones, para luego educarnos sobre cuáles son los fines constitucionales que subyacen a la misma, siendo para ello necesario desarrollar los tipos de acumulación que podrían presentarse, siendo finalmente posible determinar cómo deberá darse una acumulación de pretensiones, refiriéndose así a los requisitos recogidos en el Código Procesal Civil.

El artículo plantea un análisis respecto de las modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado y sus consecuencias respecto de la ejecución del laudo, donde la autora asegura que se ha perdido una oportunidad de plantear plazos estado para el cumplimiento de un laudo cuando éste pueda darse sin necesidad de apoyo de la fuerza pública como por ejemplo respecto al pago de una obligación. Esto, en la medida que es necesaria una utilidad práctica de esta modificación pues de otra manera se estaría impidiendo que los contratistas alcancen una tutela jurisdiccional efectiva en los arbitrajes con el Estado.

En el presente artículo, el autor propone una interpretación del artículo 159 del Código Tributario conforme al contenido del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, haciendo énfasis en uno de los derechos que lo conforman: el derecho a la tutela cautelar. Asimismo, establece una definición de medida cautelar y explica sus características, su fundamento constitucional y los presupuestos que se deben cumplir para que sea concedida y ejecutada.

En base a la comparación de los Códigos Procesal Civil español y peruano, y partiendo de la concepción constitucional de la garantía procesal de la prueba, el autor deja de lado la concepción del derecho de la prueba, como un subsistema procesal de aplicación acrítica e intertemporal de normas procesales. Por el contrario, afirma que el derecho de la prueba se construye en torno a un sistema de garantías procesales que actúan con autonomía y sustantividad propias como derecho de la Garantía Probatoria. Todo ello, con la finalidad de alcanzar el derecho a un proceso justo. En ese sentido, para lograr su objetivo nos comenta y describe temas relacionados a la institución de la “carga de la prueba”, por ejemplo: “la prueba diabólica”, “la causa petendi”, “la modificación”, “exoneración” e “inversión” de la carga de la prueba. Based on a comparison of the Spanish and Peruvian codes of Civil Procedure and proceeding from the constitutional conception of procedural guarantees of standards of proof, the author eschews the conception of Law of Proof as a procedural subsystem of the accritical and intertemporal application of procedural norms. On the contrary, Lorca Navarrete affirms that the Law of Proof is constructed on the basis of a system of procedural guarantees that function with their own autonomy and substantivity such as the Law of Evidentiary Guarantee. The goal here is to achieve the right to a fair process. In order to explain his argument, the author discusses and describes questions related to the concept of “burden of proof,” for example, “the diabolic proof,” “the causa petendi,” “the modification,” “exoneration” and “investment” of the burden of proof.

La entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en nuestro país no solo implica el desarrollo de la técnica de la oralidad en el proceso laboral, sino que supone una correcta aplicación de las instituciones procesales, entre las cuales podemos mencionar a la “carga de la prueba”. Partiendo desde la noción de la carga de la prueba, la relación de esta institución con el derecho a la tutela jurisdiccional y el principio de comunidad de la prueba; los autores nos comentan las reglas aplicables a la carga de la prueba de lo sujetos de la relación laboral. Todo ello, con la finalidad de recordarnos que las instituciones procesales son instrumentales a los derechos materiales, cuyo adecuado estudio permitirá alcanzar una decisión justa. The new Peruvian Procedural Labor Law not only implies the development of the technique of oral hearing systems in the labor process but also supposes the correct application of procedural concepts, including the “burden of proof.” Starting from the notion of burden of proof, the relation of this code to the right to judicial protection and the principle of community of proof, the authors provide a commentary on the regulations that are applicable to the burden of proof of those engaged in labor relations. This analysis reminds us that procedural laws are instrumental to tangible rights, whose adequate study will permit reaching a just decision.