Si se pretende establecer una política de lucha y erradicación de la violencia familiar o doméstica (llamada actualmente: violencia contra los integrantes del grupo familiar), en primer lugar, se debe determinar contra qué se está luchando. Para ello, es importante configurar correctamente a dicha institución a través de sus elementos o presupuestos. Sin embargo, la definición legal de violencia familiar establecida en la Ley N° 26260 y sus modificatorias, es incoherente con el sistema jurídico y no concibe adecuadamente a la institución regulada, ya que comprende en sus supuestos de hecho, conductas dañosas que pueden estar justificadas; adolece además, de criterios de imputación, es decir, de razones por las que se hacen de cargo del “agresor” los efectos sancionadores previstos. Y estos defectos no son exclusivos de dicha ley, pues se presentan, prácticamente, en todas las definiciones de violencia familiar elaboradas por el ordenamiento supranacional, la legislación comparada, la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia. Esto ha dado lugar a algunas decisiones judiciales absurdas o injustas, como considerar agresora a una mujer que se ha defendido legítimamente de su cónyuge violento; o no considerar agresor por violencia familiar a un padre que por negligencia causó un daño a sus hijos, entre otras. En esta tesis, proponemos que la profusa y elaborada teoría de la responsabilidad civil, en su versión extracontractual y subjetiva, puede brindar el sustento doctrinario necesario para desarrollar sus elementos configuradores a una institución relativamente nueva como la violencia familiar. Por lo cual, una vez expuestos los fundamentos de ambas instituciones, con el uso de los métodos exegético, dogmático, el Derecho Comparado y la jurisprudencia, hemos analizado y comparado sus fuentes, fines y funciones, para descubrir aquellos elementos que resultan compatibles. Como la violencia familiar sí tiene como fundamento un acto (o hecho) ilícito, proponemos que los elementos de la violencia familiar son cuatro: El daño, la ilicitud, la relación de causalidad y el criterio de imputación (que incluye a la imputabilidad). De esta manera, creemos que se enriquece la doctrina jurídica sobre violencia familiar y se facilita la labor de los operadores al momento de interpretar y aplicar la ley sobre la materia. / Tesis

Actualmente el despido justificado amparado en la causal de rendimiento deficiente se encuentra regulado mediante el literal b) del artículo 23° del Decreto Supremo No. 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo No. 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, LPCL) y el artículo 34° del Decreto Supremo No. 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo (en adelante, El Reglamento). Como se evidencia de la redacción de la LPCL y El Reglamento, tenemos que si bien se recoge al “rendimiento deficiente” como causal justa de despido fundamentada en la capacidad del trabajador, la normativa laboral vigente no desarrolla a detalle el procedimiento de despido mediante el cual el empleador – en legítimo ejercicio de su facultad disciplinaria – pueda invocarla. En efecto, la norma no nos da luces sobre estándares que deban seguirse para evaluar el rendimiento promedio del trabajador, ni la capacidad del trabajador, ni define qué es lo que se entiende por “condiciones similares”, haciendo difícil que un empleador pueda ejercer su facultad disciplinaria sin exponerse a un procedimiento judicial de impugnación de despido basado en la poca claridad de la norma. Tomando ello en consideración el presente trabajo académico abordará la regulación del despido por rendimiento deficiente, evaluando resoluciones judiciales, legislación comparada e internacional, con el fin de proponer un procedimiento ajustado a derecho. / Trabajo académico

Según la doctrina peruana mayoritaria en los procesos de divorcio no procedería el allanamiento del demandado por cuanto el vínculo matrimonial sería indisponible, esto es, se trataría de un efecto no que se podría lograr a través del acuerdo entre los cónyuges sino solo por declaración judicial previa determinación de los hechos que fundamentan las causales invocadas en la demanda. La misma posición mantiene la jurisprudencia nacional. En el presente trabajo se sostiene la tesis de la procedencia del allanamiento del demandado en los procesos de divorcio cuando estos se funden en las causales de imposibilidad de hacer vida en común o en la separación de hecho de los cónyuges, en atención a que desde la introducción, en el año 2008, de la disolución extrajudicial (notarial o municipal) del vínculo, el vínculo matrimonial ha claramente dejado de ser indisponible y, sobre todo, porque considerar improcedente el allanamiento es contrario a los principios constitucionales de respeto de la dignidad humana, de libertad y de libre desarrollo de la personalidad, pues se constriñe a los cónyuges a seguir litigando y, como consecuencia, se les niega la posibilidad de salir de su crisis conyugal de la forma menos traumática posible, para el bien no solo de los cónyuges, sino también, de haberlos, de los hijos menores que no tienen por qué padecer por los enfrentamientos de sus padres, que es la esencia del divorcio-remedio. Para ello se analizan los nexos entre los principios constitucionales de libertad y libre desarrollo de la personalidad con la autonomía privada, las limitaciones de la autonomía de la voluntad en el Derecho de familia, el divorcio y sus modelos, la evolución que ha tenido el divorcio en el Perú, la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre la configuración de las causales remediales de divorcio (imposibilidad de hacer vida en común y separación de hecho) introducidas en el Perú en el año 2001, la figura del allanamiento del demandado y la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre su improcedencia en los procesos de divorcio y, finalmente, las razones que fundamentan la procedencia del allanamiento en los procesos de divorcio fundados en las causales remediales. / Tesis

La presente investigación versa sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015 que resuelven controversias respecto del principio de causalidad del gasto, bajo la hipótesis de que estas no conformaban una doctrina jurisprudencial que contribuya al mejor entendimiento de dicho principio. Para poner a prueba esta última, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad a la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Con esa base conceptual, se procedió a la revisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015, encontrándose tres criterios recurrentes: el de “vinculación entre el gasto y la actividad empresarial del contribuyente”, el de “obligatoriedad del gasto”, y el de “finalidad y/o destino del gasto”. Tales criterios se contrastaron con el marco conceptual propuesto, con lo cual se pudo concluir que en los años 2013 a 2015 se desarrolló una doctrina jurisprudencial que, en efecto, contribuye a un mejor entendimiento del principio de causalidad del gasto. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Recurso Extraordinario como una de las herramientas de la Reforma Procesal Civil ha venido a instaurar innumerables discusiones, críticas, y dudas. Por su parte, el Recurso de Unificación de Jurisprudencia Laboral operativo ya en el sistema jurídico, con una estructura similar al Recurso Extraordinario ha debido sortear críticas casi idénticas en muchos aspectos. Realizando un análisis de sus similitudes y diferencias, considerando las críticas que han sufrido ambos a partir de ellas, es que este trabajo de investigación pretende realizar una propuesta diferente sobre la base de respuestas encontradas en el Derecho comparado, y algunas existentes en la doctrina, para así solucionar las falencias del proyecto de ley. Queriendo vislumbrar igualmente acerca de la necesariedad y utilidad de la reforma, se hará también un análisis comparativo en relación al Recurso de Casación, y su función de unificación de jurisprudencia, atendiendo a la deseabilidad o no de un sistema basado en jurisprudencia vinculante, y su factibilidad de aplicación en nuestro país. Este trabajo finalmente, buscará responder a los cuestionamientos constitucionales que ha planteado la doctrina, de forma que sorteado este cortapisas último se pueda desarrollar una propuesta multifacética, que aunque alejándose del proyecto, rescate de este sus elementos esenciales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como institución del régimen de los océanos, cumple determinadas funciones a fines de administrar y proteger a este último. Su importancia para el sistema internacional de solución de controversias se advierte desde su competencia material y personal. Su relación con la Corte Internacional de Justicia y con los procedimientos arbitrales debe entenderse en el contexto de multiplicación de tribunales internacionales y el sistema de solución de controversias previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. A través de su jurisprudencia, en especial en casos de medidas provisionales y pronta liberación de buques y sus tripulaciones, el Tribunal ha podido actuar en pos de la protección del medio marino, del Patrimonio Común de la Humanidad y el desarrollo del derecho internacional.

La obra sistematiza y actualiza las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones, para mostrar la amplitud y progresividad que tiene este aspecto de las sentencias del tribunal, que ha ido incrementándose notablemente desde sus primeras decisiones. La importancia de conocer tales criterios radica no solo en el aporte teórico sino también práctico que implica aplicar dichos estándares tanto en los litigios -internos e internacionales- como en las distintas actividades y producciones realizadas por los tres poderes del estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El inicio de la tentativa marca el punto en que una particular conducta puede prima faccie ser punida en tanto comportamiento que no ha realizado tipo alguno. Su delimitación ha estado marcada fuertemente por las concepciones que se tengan sobre la fundamentación de la punibilidad de la tentativa. Las diferentes construcciones dogmáticas que se han encargado de precisar el limite se han sustentado en consideraciones objetivas y subjetivas, alcanzando en sus variantes más acabadas una visión mixta que incorpora una visión objetiva, tomando en cuenta el tipo específico, como también una visión subjetiva que recurre a la perspectiva del autor. A este tipo de construcciones pertenece la teoría del acto intermedio, la cual aporta precisión a la vez que resulta consistente con la teoría de las normas aquí favorecida. Una revisión jurisprudencial permitirá demostrar que, a pesar de la profundidad de la discusión dogmática, la jurisprudencia nacional ha hecho escaso eco de ella, limitándose a utilizar ciertas formulas sin justificarlas debidamente. / 23/06/2018

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-17T08:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T00:35:17Z : No. of bitstreams: 1 139685.pdf: 3378894 bytes, checksum: 55a2c33430de827b4b90e9ac80c11558 (MD5)