Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2010 / Made available in DSpace on 2012-10-25T04:48:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / A política ambiental da União Europeia, observando os princípios do direito da União e os princípios de direito ambiental, elaborou a Diretiva 35/20004/CE do Conselho e Parlamento Europeu, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais. A incorporação dessa diretiva foi difícil devido às particularidades previstas na norma que adota tanto o sistema de responsabilidade civil quanto o sistema administrativo. A norma determina aos Estados-membros que designem autoridade competente para evitar ou reparar o dano ambiental e, assim, responsabilizar-se por ele. Da mesma forma, dispõe a outra parcela de responsabilidade ao operador de atividade sujeita a risco de dano ambiental e reparação se o mesmo ocorrer. A administração dessa responsabilidade compartilhada torna-se confusa na sua aplicação, principalmente nas medidas de reparação. Ademais, a norma não indica de modo evidente, a quem cabe o direito subjetivo de postular em juízo a reparação de dano ambiental ocorrido nos limites da União Europeia. Também não define a questão do dano transfronteiriço. Tais questões são cruciais para uma norma que irá determinar a responsabilidade ambiental em 27 Estados-membros. Nesse sentido, as obras de Ludwig Krämer foram essenciais para esse estudo. Realizou-se a análise evolutiva da política ambiental da União Europeia para entender os fatos e a influência da política econômica europeia até a elaboração da Diretiva em estudo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, em matéria ambiental, foi guia e fundamentação para este trabalho, principalmente o caso "Rada di Augusta" (C-378/08), que se trata de um pedido de decisão prejudicial do Tribunal Administrativo Regional da Sicília/Itália, que inaugurou a interpretação do Tribunal europeu sobre a Diretiva citada. / The European Union's environmental policy, observing the principles of Union law and the principles of environmental law drafted 35/20004/CE Directive from the Council and European Parliament on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. The incorporation of this directive was difficult due to the particular set the standard that embraces both the civil liability system as the administrative system. The standard requires Member States that designate the competent authority to prevent or repair environmental damage and, thus, be responsible for it. Likewise, provides the other portion of responsibility to the operator of activity subject to the risk of environmental damage and repair if it occurs. The management of this shared responsibility becomes confused in its application, particularly in remedial measures. Moreover, the standard does not indicate clearly who bears the subjective right to nominate in court compensation for environmental damage occurred in the EU limits. It also does not define the issue of transboundary harm. Such questions are crucial to a standard that will determine the environmental responsibility in all 27 Member States. In this sense, Ludwig Krämer literatures were essential for this study. We carried out the evolutionary analysis of the environmental policy of the European Union to understand the facts and the influence European economic policy by the drafting of the policy under study. The Court of Justice of the European Union in environmental matters, was a guide and foundation for this work, especially the "Rada di Augusta" case, (C-378/08) that is a preliminary ruling of the Regional Administrative Court of Sicily / Italy, which inaugurated the European Court interpretation of the mentioned Directive.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla y analiza la problemática de la teoría de la prueba ilícitamente obtenida -obtención de fuentes y medios de prueba con vulneración de los derechos fundamentales-, para ello se hace uso de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional, haciéndose una evaluación del estado actual de la cuestión, y del derecho comparado. Se destaca el análisis que realiza la Corte Suprema de los últimos años en cuanto a la aplicación de excepciones a la denominada regla exclusión de la prueba ilícitamente obtenida en nuestro país, evaluándose cuales constituyen verdaderas excepciones, además si son acorde con nuestro Sistema Jurídico y Estado Constitucional de Derecho, haciendo uso también de la doctrina y jurisprudencia en el derecho nacional y comparado. Finalmente se buscar plantear una solución al problema propuesto. / In the present work of investigation is developed and analyzes the problematic of the theory of the illicitly obtained evidence (exclusion rule)- Obtaining sources and means of evidence in violation of fundamental rights-, for that use is made of doctrine, jurisprudence and national legislation, an evaluation of the current state of the matter and comparative law. lt highlights the analysis that made the Supreme Court in recent years regarding the application of exceptions to the rule exclusion of evidence illegally obtained in our country, evaluating which are true exceptions and also if they are in accordance with our Legal System and Constitutional State of Law, making use also of doctrine and jurisprudence in national law and compared. Finally, we try to propose a solution to the proposed problema. / Tesis

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, se enmarca dentro del Proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil a cargo de los profesores Sara Moreno y Mauricio Tapia, elaborado por los alumnos del Taller de memoria “Responsabilidad Civil”. Este proyecto se ha desarrollado en dos etapas sucesivas. La primera, de recopilación y análisis de los fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual, entre los años 1995 y 2008. Asimismo, cada alumno del taller elaboró fichas sobre las sentencias asignadas por los profesores a cargo del Taller de memoria. De esta manera, el autor confeccionó 123 fichas de sentencias. En la segunda etapa se extractaron las reglas de derecho que se encontraron en los referidos fallos. El objeto de esta tesis, titulada “La regulación del monto de la indemnización por daño moral. Proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil”, es sistematizar y ordenar la jurisprudencia que sobre esta materia se ha dictado en el periodo en estudio, acusándose los cambios en la forma en que los tribunales resuelven sobre este asunto. Estas transformaciones se han producido principalmente en el concepto de daño moral, su necesidad o no de acreditación, y los criterios tenidos en cuenta por la magistratura para efectos de determinar el monto efectivo de su inmunización.

Tesis de grado para obtener el título de Magíster en Estudios Internacionales / La Tesis las Medidas Provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Su aporte al Derecho Internacional de los Derechos Humanos tuvo como objetivos esenciales analizar y explicar la importancia de las medidas provisionales en torno a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; determinar las normas de derecho internacional que rigen el procedimiento y aplicación de las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; analizar la evolución en materia de solicitud por los Estados, imposición de oficio por la Corte de las medidas provisionales, desde 1986 hasta el año 2010; analizar las resoluciones de la Corte en torno a esta institución para determinar los beneficiarios de la protección y los derechos protegidos. Los éxitos y desafíos que actualmente presentan los mecanismos de protección de los derechos humanos, han logrado la motivación para reseñar algunos puntos de vistas entorno al recorrido y evolución de la institución de las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última década registra un aumento significativo de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interesa, por tanto, estudiar las diversas medidas de protección que han sido dictadas por ese Tribunal y determinar la contribución de éste órgano regional al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un trabajo exploratorio, de carácter descriptivo, reforzado a través del análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de casos, cuyo límite temporal va desde 1986, momento en que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite las primeras medidas provisionales, hasta el año 2010. Los lectores encontraran en la investigación una ordenación sobre 103 casos o asuntos, a los que se han solicitados medidas provisionales, y de los cuáles la Corte ha acogido 86, determinando los principales derechos protegidos, el nivel de cumplimiento de las medidas provisionales por parte de los Estados, la actuación de la Corte Interamericana en la imposición de la medida, entre otros, contribuyendo dicho análisis a evaluar la significación que tienen las medidas provisionales al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, así como las debilidades que aún presenta el Sistema Interamericano de Protección.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito / Made available in DSpace on 2013-07-16T01:39:53Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Persiste nos Tribunais Administrativos, especialmente nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, certa compreensão equivocada sobre o tema "Súmula Vinculante". Alega-se alhures estar o sistema por demais preso às raízes históricas do "velho" Erário Régio Português, atribuindo à garantia do duplo grau de jurisdição, um modus operandi do processo administrativo extremamente complexo, materializado por várias espécies de manifestações, apelos, recursos e agravos. Em face do questionamento judicial, especialmente por parte da União (Procuradoria da Fazenda Nacional), as decisões emanadas dos Conselhos de Contribuintes não constituem coisa julgada material no sistema jurídico brasileiro. Assim, a jurisprudência do processo administrativo, mesmo representando alto cunho de Justiça Fiscal e Segurança Jurídica, para adquirir estabilidade social requer a implantação da Súmula Vinculante. Este foi o caminho seguido pelo Supremo Tribunal Federal desde a origem da "Súmula da Jurisprudência Dominante no STF", em 1963, até a edição da Emenda Constitucional n° 45, de 2004, determinando que as atuais súmulas produzam efeito vinculante, após a confirmação por dois terços dos integrantes do STF, atendidos dois pressupostos básicos: (1) evitar a grave insegurança jurídica e (2) impedir a multiplicação de processos sobre questão idêntica. Na esfera administrativa a matéria não é novidade. O Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) do Estado de São Paulo programou a Súmula Vinculante, obtendo as seguintes vantagens: (a) diminuíram os litígios administrativos, (b) atenuaram a incerteza do direito aplicável às espécies tributárias e (c) trouxe celeridade processual. O estudo demonstra que idênticos benefícios podem ser obtidos nos Conselhos de Contribuintes. O efeito vinculante das decisões administrativas obedece, inclusive, aos ditames do Princípio da Efetividade ou da Eficiência, a que alude o art. 37 da Constituição Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998. Chega-se, por fim, ao cerne do problema. Para demonstrar a necessidade de se adotar a Súmula Vinculante nos Conselhos de Contribuintes foram analisados dez temas, por meio de pesquisa realizada na jurisprudência dominante naqueles Tribunais Administrativos, conduzida por meio de princípios científicos, relacionando-se todos os argumentos favoráveis, sugerindo-se, por derradeiro, redação de súmula para caso concreto. Em síntese, para solução de conflitos administrativo-tributários, é inegável que as decisões hão de ser justas, equilibradas e estáveis. The Administrative Courts, especially in the Council of Contributors of the Treasury Department, it remains a certain misunderstanding on the subject "Binding abridgement". It is strongly alleged that we are excessively kept to the historical roots of the Old Portuguese State Treasury, attributing to the guarantee of double degree of jurisdiction, a modus operandi of extremely complex administrative proceeding, becoming real through some kinds of demonstrations, appeals, and offenses. In face of the judicial questioning, especially on the part of the Union (Office of Attorney General of the National Treasury), the decisions made by the Contributors Council, do not constitute on matters considered material in the Brazilian legal system. Thus, the jurisprudence of the administrative proceeding, even when representing the high matrix of Fiscal Justice and Legal Safety, requires the implantation of a, Binding Abridgement to acquire social stability. This was the way used by the Supreme Federal Court since the origin of the "Abridgment of the Dominant Jurisprudence at STF", in 1963, until the edition of the Constitutional Amendment no. 45 of 2004, determining that the current abridgements produce a binding effect, after the confirmation of two thirds of the members of STF, taking care of two basic intents: (1) to prevent a serious legal unreliability and (2) to hinder the multiplication of processes on identical matters. In the administrative sphere the subject is not new. The Court of Taxes and Fares (TIF), of the State of Sao Paulo programmed a Binding Abridgement, obtaining the following advantages: (a) decrease of administrative litigations, (b) attenuated the uncertainty of the applicable rights to the tributary species and (c) brought procedural speed. The study demonstrates that identical benefits can be obtained in the Council of Contributors. The binding effect of the administrative resolutions also obeys the requirements of the Principle of Effectiveness or Efficiency, which refers art. 37 of the 1988 Federal Constitution, in the words of the Constitutional Amendment no. 19 of 1998. Now, at last, to the problem itself. To demonstrate the need of adopting the Binding Abridgement at the Contributors Council, ten (10) subjects were analyzed, through researches performed in the dominant jurisprudence of those Administrative Courts, conducted through scientific principles, listing all of the favorable arguments, suggesting at last, and writing of an abridgement for concrete case. In synthesis, for solving tributary-administrative conflicts, it is undeniable that the decisions will have to be fair, balanced and stable.

O presente trabalho tem como objetivo a análise da atuação da jurisprudência como base de confiança no contexto do ordenamento jurídico, na vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Especial atenção será dispensada à construção dos contornos da autovinculação do Poder Judiciário, que permite que o indivíduo possa ter a legítima expectiva de que o entendimento adotado pela jurisprudência será aplicado a seu caso e, em consequência, possa legitimamente definir sua conduta com base nesse entendimento, permitindo, por consequência, que a jurisprudência atue como base de confiança. Receberão atenção especial também os elementos que permitem aferir a aptidão da jurisprudência para gerar confiança e avaliar a evolução da capacidade da jurisprudência para gear confiança no tempo. A pesquisa desenvolvida é exploratória quanto a sua técnica e justificativa quanto a seu objetivo. É exploratória, porque busca no ordenamento jurídico brasileiro, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assim como na doutrina elementos que permitam compreender a atuação da jurisprudência como base de confiança; é justificativa quanto a seu objetivo, pois busca compreender os fenômenos jurídicos envolvidos na atuação da jurisprudência como base de confiança, buscando explicálos adequadamente e identificar, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, os elementos que permitem construir a autovinculação do Poder Judiciário e que possibilitam estabelecer critérios para a aferição da aptidão da jurisprudência para gerar confiança. Deste estudo resulta que a autovinculação do Poder Judiciário no ordenamento jurídico brasileiro e a definição de seus contornos podem ser reconstruídas não apenas a partir de princípios estruturantes — como o princípio da igualdade e o princípio da segurança jurídica — e de postulados hermenêuticos — como o postulado da unidade e o postulado da coerência —, mas também dos diversos mecanismos que visam a assegurar que, uma vez que a interpretação do texto normativo pelo Poder Judiciário atingiu determinado grau de definitividade, ela seja adotada nos outros casos sujeitos à aplicação da norma, seja pelo Poder Judiciário, seja pela Administração Pública, exigindo-se que os indivíduos se conformem com a aplicação dessa interpretação, a partir dos quais pode ser induzida uma regra geral segundo a qual: a) o Poder Judiciário deve uniformizar e estabilizar a interpretação dada aos textos normativos e o conteúdo das normas a partir deles reconstruídas; b) uma vez uniformizado e estabilizado o conteúdo da norma, ele deverá ser adotado pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública nos demais casos em que a norma for aplicável; e c) os indivíduos devem se conformar com essa aplicação. Resulta, também, que a utilização pelo Poder Judiciário (e, em alguns casos, também pela Administração Pública) de mecanismos processuais cuja aplicação pressupõe a existência de jurisprudência que ostente as características que a tornam apta a atuar como base de confiança fornece elementos para que se afira se a jurisprudência está apta a atuar como base de confiança e para acompanhar a evolução no tempo da capacidade da jurisprudência de gerar confiança e da intensidade da confiança gerada. / This work aims at analyzing precedents as the basis for legitimate expectation within the Brazilian legal system under the 1988 Constitution, especially concerning the definition of the circunstances under what will a precedent be considered binding, allowing individuals to legitimately expect that their cases will be ruled in accordance with the suitable precedent, and of the conditions for precedents to be deemed suitable to serve as grounds for legitimate expectation and of the criteria to gauge whether precedents can generate expectation. Attention will be given also to the criteria to assess whether case law generates confidence and to follow the evolution of its capability of generating confidence. This research conducted is exploratory as to its method and justificatory as to its objective. It is exploratory because it seeks to find within the Brazilian legal system and case law, as well as within doctrine, instruments to understand the role of precedents as grounds for legitimate expectation. It is justificatory as to its objective in that it seeks to understand the legal phenomena involved in precedents as the grounds for legitimate expectation, by seeking to explain such phenomena properly and to identify within the Brazilian legal system the conditions that must be present for precedent to become the grounds for legitimate expectation and the criteria that can be applied to assess whether precedent is suitable to generate expectation. This study has demonstrated that the hypothesis in which judicial courts must follow precedents can be defined not only according to principles and postulates, but also in accordance with the mechanisms provided for in the Brazilian legal system to ensure that, once the judiciary has consolidated the interpretation of a given legislative text, said interpretation is adopted in other cases that are subject to the application of the precedent whether by the judiciary or by public authorities, while demanding that individuals comply with the application of this interpretation. From these mechanisms, a general rule can be drawn whereby: a) the judiciary should standardize and consolidate the interpretation given to legislative texts and the content of the rules drawn therefrom; b) once the content of the rules are standardized and consolidated, they must be adopted by the judiciary and by the public administration in other cases to which the same standard applies; and c) individuals must comply with such application. This general rule evidences the boundaries of the binding effects of the precedents within the Brazilian legal system and the suitability of precedents as grounds for legitimate expectation, as a means to define the behavior to be adopted by the individual. These mechanisms also allow for the definition of the criteria to assess whether case law generates confidence and to follow the evolution of its capability of generating confidence.

Busca-se no presente trabalho examinar o papel do Poder Judiciário no sistema político e sua relação com os demais poderes. O Poder Judiciário tem alguma influência na definição das escolhas políticas do governo, especificamente quanto à política econômica adotada? O judiciário legisla? Para responder a essas questões, estuda-se o sistema judiciário brasileiro e particularmente a função da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho – TST, especificamente quanto à formação da súmula 331 do TST na regulação da terceirização de serviço e mão de obra no Brasil evidenciando o uso da jurisprudência à solução de conflitos de interesse no que diz respeito a esse fenômeno. Portanto, na prática, o entendimento consolidado do TST, por meio de sua jurisprudência, regula a terceirização de serviços e mão de obra no Brasil, em vez de lei em sentido estrito. Deliberadamente, a jurisprudência dos tribunais superiores tem substituído à lei. Essa jurisprudência tem acompanhado a orientação da política econômica adotada pelo Poder Executivo Federal, e nesse sentido pode-se chamá-la de “Jurisprudência Política”. / Search up in this study to examine the role of the judiciary in the political system and its relationship with the other powers. The judiciary has some influence in setting government policy choices, especially as regards the economic policy adopted? The judicial legislation? To answer these questions, we study the Brazilian judicial system and particularly the role of case law of the Superior Labor Court -TST, specifically regarding the formation of the scoresheet 331 of the TST in the regulation of service outsourcing and labor in Brazil evidencing use of case-law to resolve conflicts of interest with regard to this phenomenon. Therefore, in practice, the consolidated understanding of the TST, through its case law, regulates the outsourcing of services and work hand in Brazil, rather than the law strictly. Deliberately, the jurisprudence of the higher courts have replaced the law. This jurisprudence has followed the guidance of the economic policy adopted by the federal executive branch, and in that sense one can call it "Political Jurisprudence".

O presente trabalho examinará a temática da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em relação às violações aos Direitos Humanos. Na primeira parte, será abordada a configuração do instituto da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, analisando seus fundamentos (soberania, independência, igualdade e dignidade), operando a distinção entre jurisdição, competência e imunidade do Estado estrangeiro, abordando a questão da transição do paradigma absoluto ao relativo e examinando como se deu esta transição na jurisprudência do Brasil. Na segunda parte do trabalho, tratar-se-á da oposição entre os Direitos Humanos em relação à imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, examinando-se as novas abordagens teóricas a respeito (teoria da renúncia implícita, teoria da hierarquia normativa, teoria da jurisdição universal, teoria da opção e da calculabilidade do risco, teoria e teoria do benefício coletivo), bem como suas repercussões jurisprudenciais, além de se propor uma síntese entre as teorias, para, finalmente, analisar o panorama jurisprudencial brasileiro na questão da imunidade de jurisdição em relação a violações de Direitos Humanos por Estado estrangeiro. / This paper will examine the issue of sovereign immunity regarding Human Rights violations. The first part will look at the configuration of the State’s jurisdictional immunity, analyzing its foundations (sovereignty, independence, equality and dignity), operating the distinction between jurisdiction, competence and sovereign immunity, addressing the transition from the absolutist paradigm to a relative one and examining how this transition occurred in Brazilian case-law. In the second part, the opposition between Human Rights and State’s jurisdictional immunity will be addressed by examining new theoretical approaches about the issue ( the implied waiver theory, the normative hierarchy theory, the universal jurisdiction theory, the option-risk calculability theory and the theory of collective benefit) as well as its repercussions in case law, in addition to proposing a synthesis between the theories, to finally analyze the Brazilian case-law on the question of sovereign immunity and Human Rights violations.

La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia distintas nociones. Frente a dicha situación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se presenta como una fuente jurídica que permite abordar la teoría del servicio público de una manera sistemática y de aplicación concreta a la realidad peruana. El objetivo de la tesis es determinar y analizar la construcción propuesta de la noción de servicio público realizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al rol del Estado y el contexto económico de nuestro país. Por ello, la hipótesis de trabajo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha moldeado un nuevo concepto de servicio público, dejando atrás la noción clásica o tradicional. Noción que se encuentra más acorde a nuestro ordenamiento jurídico como resultado de un proceso de liberalización de la economía y el nuevo rol del Estado. Para ello se realiza el desarrollo histórico de la noción de servicio público para determinar sus fines y objetivos dentro de un contexto determinado. Se estudia el régimen jurídico de la Comunidad Europea respecto de los servicios de interés general y cómo es que éste plantea nuevos objetivos y características para la noción de servicio público. Y se realiza un estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir los alcances y características del concepto de servicio público y sus implicancias en el contexto socio económico peruano. Como resultado de ello se ha permitido encontrar un concepto de servicio público objetivo y de corte económico que excluye a la titularidad del Estado como característica principal, así como también se proponen nuevos supuestos para determinar qué actividades pueden ser catalogadas como servicio público. / Tesis

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente. / Tesis