Desde su publicación, la Casación N.º 353-2015-Lima Norte ha sido ampliamente estudiada por la comunidad jurídica del Perú. Sin embargo, este caso mantiene su valor como objeto de estudio ya que permite analizar cómo se relacionan importantes instituciones y principios del derecho civil en el contexto de un caso relativo a la nulidad del acto jurídico. En el presente informe jurídico, se analizan los distintos criterios empleados por los jueces, desde la primera instancia hasta la sentencia de Casación emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante la Corte Suprema), para evaluar si en este caso concreto relativo a la transferencia de un inmueble no saneado ni registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble, existió una correcta ponderación entre el derecho de la cónyuge que no intervino en el acto jurídico de transferencia del bien social y el del adquirente del inmueble, a quien la Corte Suprema calificó como adquirente de buena fe. Luego de presentar nuestra propia apreciación sobre los criterios y fundamentos jurídicos utilizados por los jueces para determinar la nulidad o no del acto jurídico, se concluirá a la luz de la doctrina nacional y la jurisprudencia, que el mejor remedio jurídico en la solución de este caso es la nulidad. / Since its publication, the 2015-Cassation Court Resolution N.° 353-Lima Norte has been extensively studied by the legal community of Peru. However, this case remains valuable as a subject of study, as it provides an opportunity to analyze the interaction between key institutions and principles of civil law within the context of a case concerning the nullity of a legal act. This report analyzes the different criteria used by judges, from the first instance to the Cassation Judgment issued by the Supreme Court, to assess whether, in this specific case related to the sale of a property that was neither formalized nor registered in the Land Registry, there was a proper balance between the rights of the spouse who did not participate in the contract and the purchaser of the property, whom the Supreme Court qualified as a bona fide purchaser. Having presented our analysis of the criteria and court decisions taken by the judges to determine the nullity of the contract, we shall conclude, considering the national doctrine and jurisprudence, that the best legal remedy for the solution of this case is the nullity of the contract.

La inocuidad alimentaria es fundamental para proteger la salud de las personas. Sin embargo, en el año 2019, la Asociación Peruana de Consumidores realizó una denuncia contra Mayorsa, dado que esta empresa se encontraba comercializando alimentos enlatados con golpes y/o abolladuras en ocho de sus establecimientos “Mayorsa y Maxi Ahorro”. Ante esto, el presente informe tiene como objetivo analizar la Resolución 1977-2023 de la Sala Especializada de Protección al Consumidor para evaluar si Mayorsa vulneró su deber de inocuidad como proveedor al vender estos productos. Para ello, se determinará mediante evidencia científica si los alimentos enlatados con estos defectos representan un riesgo para la salud. Además, se examinará el marco normativo aplicable, las obligaciones de Mayorsa en cuanto a la inocuidad alimentaria y la competencia entre la Digesa y el Indecopi en este ámbito. Con estos elementos, se determinará si Mayorsa cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Inocuidad de los Alimentos y si las medidas correctivas dictadas por la Sala fueron adecuadas. En conclusión, debido a la posible afectación directa en la salud de los consumidores, es esencial que el análisis de la Sala tome en consideración el marco normativo de esta materia para asegurar que en futuras denuncias no solo se aborde el concepto de la inocuidad alimentaria, sino también las obligaciones mínimas que todos los proveedores deben de cumplir al comercializar alimentos enlatados. / Food safety is essential to protect people's health. However, in 2019, the Peruvian Association of Consumers filed a complaint against Mayorsa, given that this company was selling canned food with bumps and dents in eight of its establishments "Mayorsa and Maxi Ahorro". In view of this, this report aims to analyze the Resolution 1977-2023 of the Specialized Consumer Protection Court to evaluate whether Mayorsa violated its duty of innocuousness as a supplier by selling these products. To do this, scientific evidence will be used to determine whether canned foods with these defects represent a health risk. In addition, the applicable regulatory framework, Mayorsa's food safety obligations and the competition between Digesa and Indecopi in this area will be examined. With these elements, it will be determined whether Mayorsa complied with the obligations established in the Food Safety Law and if the corrective measures ordered by the Chamber were adequate. In conclusion, due to the possible direct impact on consumers health, it’s crucial that the Chamber’s analysis takes into consideration the regulatory framework of this matter to ensure that future complaints not only address the concept of food safety, but also the minimum obligations that all suppliers must comply when selling canned foods.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el cargo de seis operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito del Señor Sánchez. Así, se profundiza en el deber de despliegue de medidas de seguridad comprendiendo que este implica el deber de monitoreo y cargo de operaciones válidas; con tal fin se analiza la implicancia de las figuras del patrón de consumo y autorización en cada uno de estos supuestos. Finalmente, se analiza la figura del extorno y anulación de la operación como mecanismo de subsanación de este tipo de infracciones al deber de idoneidad. El objetivo de este análisis por lo tanto es dilucidar cuándo el Banco Interamericano de Finanzas – Interbank cumplió con su deber de idoneidad y por tanto correspondería declarar infundada la denuncia en cuestión. Finalmente, se insta a considerar que la presente investigación fue desarrollada con la normativa vigente previo al cambio introducido en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito en Julio de 2024 respecto a la validez de las operaciones presenciales. Sin embargo, saludamos esta iniciativa que beneficiará a miles de consumidores ante la creciente inseguridad ciudadana y el riesgo inherente a un producto financiero tan riesgoso como es la tarjeta de crédito. / The purpose of this investigation is to analyze the charge of six unrecognized transactions against Mr. Sánchez's credit card. Thus, the duty to deploy security measures is analyzed in depth, understanding that this implies the duty to monitor and charge valid transactions; to this end, the implication of the figures of the pattern of consumption and authorization in each of these cases is analyzed. Finally, the figure of extortion and annulment of the operation is analyzed as a mechanism to remedy this type of infringement of the duty of suitability. The purpose of this analysis is therefore to elucidate when Banco Interamericano de Finanzas - Interbank complied with its duty of suitability and therefore the complaint in question should be declared unfounded. Finally, it is urged to consider that the present investigation was carried out under the regulations in force prior to the change introduced in the Credit and Debit Card Regulations in July 2024 regarding the validity of face-to-face transactions. However, we welcome this initiative that will benefit thousands of consumers in view of the growing citizen insecurity and the risk inherent to such a risky financial product as the credit card.

A través de este informe jurídico se analiza la Resolución N° 116-2018/SELINDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante la cual se dio fin al procedimiento administrativo iniciado de oficio por el Indecopi contra el Colegio de Abogados de Lima (CAL), declarando la ilegalidad de las tres barreras burocráticas impuestas que este impuso. Así, este trabajo académico analiza, por un lado, si las medidas impuestas por el CAL pueden ser objeto de análisis en un procedimiento administrativo de barreras burocráticas; y, por otro lado, si dichas medidas constituyen barreras burocráticas ilegales. Para ello, se han utilizado las normas aplicables y vigentes a la fecha de la controversia, como la Ley de Organización y Funciones del Indecopi; la Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada; la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de Colegio de Abogados; así como jurisprudencia y doctrina referida al tema. De esta manera, a partir de la investigación y análisis realizados, demostraremos que las tres medidas impuestas por el CAL sí pueden ser analizadas en el marco de un procedimiento administrativo de barreras burocráticas, en tanto se enmarcan en la definición legal de barrera burocrática al cumplir con los tres elementos característicos de esta; así como que las tres medidas constituyen barreras burocráticas ilegales, en tanto el CAL no siguió las formalidades para imponer dos de ellas y no es competente para imponer la tercera. / Trough this legal report, we analize the Resolution N° 116-2018/SEL-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers of Indecopi, which ended the administrative procedure initiated ex officio by Indecopi against the Lima Bar Association (LBA), declaring the illegality of the three bureaucratic barriers it imposed. Therefore, this academic report analyzes, on the one hand, whether the measures imposed by the LBA can be subject to analysis in an administrative procedure of bureaucratic barriers; and, on the other hand, whether such measures constitute illegal bureaucratic barriers. For this purpose, the applicable regulation in force at the date of the dispute have been used, such as the Law of Organization and Functions of Indecopi, the Law for the Elimination of Cost Overruns, Obstacles and Restrictions to Private Investment, the Law of General Administrative Procedure and the Law of the Bar Association, as well as jurisprudence and doctrine on the subject. In this way, based on the research and analysis carried out, we will demonstrate that the three measures imposed by the LBA can be analyzed in an administrative procedure of bureaucratic barriers, since they fit the legal definition of bureaucratic barrier, because they comply with the three characteristic elements of this. Also, we will demonstrate that the three measures constitute illegal bureaucratic barriers, since the LBA did not follow the formalities to impose two of them and is not competent to impose the third one.

El presente informe jurídico aborda la Resolución No. 006-2013-OEFA/TFA, la cual resuelve declarar infundado el recurso de apelación de Pluspetrol e impone una multa de 8047.41 UIT. Sobre ello, se analiza si la decisión tomada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental de resolver el caso e imponer una multa de 8,047.41 UIT contraviene principios ambientales (en la obligación del cumplimiento del PAC) y procedimentales (derecho de defensa y principio de debida motivación en la imposición de la multa); así como, el deber de inhibición frente a un conflicto jurisdiccional. En esta línea, para abordar las problemáticas planteadas, este informe jurídico analiza la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Texto Único Ordenado del Poder Judicial y la normativa ambiental, incluyendo la Ley General del Ambiente, el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, y el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Además, se realiza una interpretación jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional y otras resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental. De esta manera, el presente informe jurídico concluye que la resolución citada previamente contraviene principios ambientales, como el principio de prevención y no regresión ambiental. Además, es antijurídica al no considerar la normativa ambiental aplicable en materia de hidrocarburos y áreas naturales protegidas. Asimismo, se determina que el Tribunal de Fiscalización Ambiental debió inhibirse de conocer el Procedimiento Administrativo Sancionador y archivarlo. Por último, la imposición de la multa no vulneró el derecho de defensa ni el principio de debida motivación. / This legal report addresses the Resolution No. 006-2013-OEFA/TFA, which declare Pluspetrol's appeal ungrounded and imposes a fine of 8047.41 UIT. Regarding this, it is analyzed whether the decision taken by the Environmental Inspection Court to resolve the case and impose a fine of 8,047.41 UIT violates environmental principles (in the obligation to comply with the PAC) and procedural principles (right of defense and principle of due motivation in the imposition of the fine); as well as the duty of inhibition in the face of a jurisdictional conflict. Also, to address the problems raised, this legal report analyzes the General Administrative Procedure Law, the Single Ordered Text of the Judiciary and environmental regulations, including the General Environmental Law, the Environmental Protection Regulation for Hydrocarbon Activities, and the Regulations of the Law of Protected Natural Areas. In addition, this legal report perform a jurisprudential interpretation of the sentences of the Constitutional Court and other resolutions of the Environmental Inspection Court. In this sense, this legal report concludes that the previously cited resolution violates environmental principles, such as the principle of prevention and nonenvironmental regression. Furthermore, it is illegal by not considering the applicable environmental regulations regarding hydrocarbons and protected natural areas. Likewise, it is determined that the Environmental Control Court should have recused itself from hearing the Administrative Sanctioning Procedure and filed it. Finally, the imposition of the fine did not violate the right of defense or the principle of due motivation.

La Resolución del Tribunal Constitucional Nº 00199-2017-PA/TC aborda un conflicto relacionado con la protección del patrimonio cultural y el derecho a la libertad de empresa, para el uso del derecho de propiedad, de Gremcitel S.A. La controversia que deriva de este caso surge con la declaratoria de los terrenos aledaños al Morro Solar como intangibles y la declaratoria del propio Morro Solar como patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Ello aparentemente impidió que la empresa Gremcitel S.A. pueda desarrollar su proyecto urbanístico denominado Costazul en los terrenos aledaños al Morro Solar, ya que esta había obtenido la titularidad de los terrenos bajo concursos públicos de la Municipalidad de Chorrillos. En el presente trabajo, se abordará la composición del derecho a la protección del patrimonio cultural y el derecho a la libertad de empresa. Asimismo, se establecerán los métodos para armonizar ambos derechos ante un conflicto. Ello en base a un análisis constitucional de la norma en conflicto, la ponderación de dichos derechos, el análisis de la competencia de la Municipalidad de Chorrillos para finalmente analizar la improcedencia del proceso de amparo presentado por Gremcitel S.A. / Constitutional Court Resolution No. 00199-2017-PA/TC addresses a conflict related to the protection of cultural heritage and the right to freedom of enterprise, for the use of the right to property, of Gremcitel S.A. The controversy arising from this case arises with the declaration of the land surrounding Morro Solar as intangible and the declaration of Morro Solar itself as cultural heritage of the Nation by the National Institute of Culture. This apparently prevented Gremcitel S.A. from developing its urban development project called Costazul on the land adjacent to Morro Solar, since it had obtained title to the land through public bidding by the Municipality of Chorrillos. This paper will address the composition of the right to the protection of cultural heritage and the right to freedom of enterprise. It will also establish the methods to harmonize both rights in the event of a conflict. This will be based on a constitutional analysis of the norm in conflict, the weighting of said rights, the analysis of the competence of the Municipality of Chorrillos and finally the analysis of the inadmissibility of the amparo proceeding filed by Gremcitel S.A.

La presente investigación manifiesta el análisis realizado sobre la Resolución N.° 3556-2023/SPC-INDECOPI – Mariella Ángeles De Melo contra Rímac Seguros y Reaseguros donde, según indican los hechos la empresa asegurada incumplió el deber de idoneidad con relación al servicio de seguro vehicular. Resaltando que, Rímac denegó la cobertura de la póliza de seguro y, adicionalmente a ello, la empresa proveedora del servicio condicionó el reclamo de la denunciante. Este informe incide sobre la necesidad de desarrollar la idoneidad en los servicios que se prestan en el mercado y como, se precisa establecer la imagen del consumidor razonable como el tipo de consumidor que la autoridad debe proteger. Todo ello con la finalidad de promover, decisiones de consumo mucho más meditadas y responsables y, así, evitar o aminorar los conflictos en las relaciones de consumo. El presente trabajo de invesigación se ha trazado como objetivos; a) demostrar que la denunciante actúo diligentemente para la solicitud de corrección de datos, b) examinar si los medios probatorios presentados para la solicitud de corrección de la póliza son suficientes para reflejar la diligencia ordinaria, c) determinar que a la empresa aseguradora le es imputable la denegatoria de cobertura, d) acreditar si se condicionó el reclamo de la denunciante y, e) acreditar la existencia de infracción al deber de idoneidad con respecto al servicio de seguro vehicular. Aunado a ello, se examinará el impacto de la pandemia por COVID-19 en las relaciones de consumo y, el efecto de la digitalización en las mismas. / This investigation expresses the analysis carried out on Resolution No. 3556- 2023/SPC-INDECOPI – Mariella Ángeles De Melo against Rímac Seguros y Reaseguros where, according to the facts, the insured company failed to comply with the duty of suitability in relation to the insurance service. vehicular. Highlighting that, Rímac denied coverage under the insurance policy and, in addition to this, the company providing the service conditioned the complainant's claim. This report focuses on the need to develop suitability in the services provided in the market and how it is necessary to establish the image of the reasonable consumer as the type of consumer that the authority must protect. All of this with the purpose of promoting much more thoughtful and responsible consumer decisions and, thus, avoiding or reducing conflicts in consumer relationships. The present research work has been outlined as objectives; a) demonstrate that the complainant acted diligently for the data correction request, b) examine whether the evidence presented for the policy correction request is sufficient to reflect ordinary diligence, c) determine that the insurance company is attributable to the denial of coverage, d) prove whether the complainant's claim was conditioned and, e) prove the existence of a violation of the duty of suitability with respect to the vehicle insurance service. In addition to this, the impact of the COVID-19 pandemic on consumer relations and the effect of digitalization on them will be examined.

El presente informe tiene como objetivo analizar las cuestiones en materia de Derecho Administrativo y Protección al Consumidor contenidas en la tramitación del Expediente N° 1771-2007/CPC y Resolución N° 2130-2009/SC2-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Al respecto, dicho pronunciamiento justifica su trascendencia al presentar dos niveles de análisis: en primer lugar, como cuestión procedimental, relacionado a la legitimidad para obrar pasiva de Elektra, uno de los proveedores denunciados; y, en segundo lugar, cuestiones de fondo, relacionado a lo siguiente: (i) la aplicación de la teoría probatoria dinámica e inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor; (ii) la discusión y debate por establecer el criterio de consumidor razonable y si el mismo se flexibiliza frente a la obligación del proveedor; y, (iii) determinar si el proveedor denunciado incurrió en métodos prohibidos y/o abusivos de cobranza mediante el envío de una comunicación aparentemente prejudicial. Como conclusión principal en la cuestión procedimental, el informe establece que la denuncia contra Elektra debió ser declarada improcedente al advertir que no formaba parte de la relación de consumo. Asimismo, sobre las cuestiones de fondo del procedimiento, se desarrollan las siguientes tres posiciones: (i) ante la denuncia de un hecho negativo corresponde al proveedor aportar los medios de prueba que permitan exonerarlo de responsabilidad; (ii) no correspondía plantear el criterio de consumidor razonable para eximir de responsabilidad al proveedor denunciado; y, (iii) la comunicación de cobranza calzaba en el supuesto de cobranza prohibida y/o abusiva.

El presente informe jurídico analiza los principales problemas jurídicos advertidos en el proceso judicial seguido por la empresa Norsac S.A. contra el Banco Internacional del Perú en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Los principales problemas jurídicos advertidos son los siguientes: la interpretación del artículo 172 de la Ley No. 16587, antigua Ley de Títulos Valores, en lo que respecta a la “notoriedad” en la falsificación de firmas; la determinación del tipo de responsabilidad civil en la que incurrió el Banco Internacional del Perú al pagar cheques con firmas notoriamente falsificadas y el criterio de imputación que se le debe aplicar; el análisis de si correspondía o no pagar a Norsac S.A. una indemnización por concepto de lucro cesante; la evaluación de si el mismo accionar de Norsac S.A. le generó su propio daño; y la determinación de si los medios probatorios del proceso fueron debidamente incorporados y valorados. Para responder a estos problemas jurídicos se han revisado los argumentos expuestos por cada parte durante el trámite del proceso judicial y, a su vez, se ha estudiado la legislación de la materia, así como las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales que tratan estos conceptos jurídicos para aplicar el método dogmático - jurídico. Finalmente, se concluye que no todas las instituciones jurídicas fueron aplicadas de forma correcta por los órganos jurisdiccionales al resolver este caso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene como objetivo la sistematización de la jurisprudencia administrativa regulatoria, especificamente en el área del Derecho de las Telecomunicaciones a fin de aunar criterios y entregar una herramienta tanto a las empresas proveedoras de servicio telefonico, abogados, estudiantes de Derecho y a la comunidad para que conozcan los cirterios que se han ido afianzando a lo largo de los ultimos años. Este trabajo consta de dos partes. En la primera, se efectúa una reseña histórica de la normativa aplicable a los servicios de telecomunicaciones en Chile con las más importantes modificaciones que dicen relación con el área en estudio, se establece el marco normativo aplicable a las telecomunicaciones en nuestro país, y por último se efectúa un estudio al ente regulador de la materia: Subsecretaría de Telecomunicaciones. En la segunda parte, se realiza un análisis jurisprudencial administrativo de la Ley General de Telecomunicaciones con el objeto de esclarecer los criterios que establece el ente regulador frente a las consultas y conflictos que se generan en el área de las telecomunicaciones todo ello con el objetivo recien señalado y que pueda servir para consulta de los cirterios que emanan del ente regulador