El presente artículo abordará el tema del análisis a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional sobre la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si los magistrados del Tribunal Constitucional resolvieron bien la sentencia correspondiente ante la posibilidad de que se pronunciaran acerca de la controversia de fondo, analizando sobre todo los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió y a través de los cuales dejaron ver sus posiciones ante la problemática. Luego de analizada la Sentencia y los fundamentos de votos de cada uno de los magistrados, se entra a proponer una alternativa de lineamientos a tomar en cuenta para una correcta interpretación constitucional, amparándose en márgenes de razonabilidad y objetividad. Finalmente, se concluye con una reflexión ante la crisis política que nos aqueja desde hace más de seis años. / This article will address the topic of the analysis of the Ruling issued by the Constitutional Court on the Presidential Vacancy due to Permanent Moral Incapacity, No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether the magistrates of the Constitutional Court resolved the corresponding sentence correctly given the possibility of them ruling on the underlying controversy, analyzing above all the singular votes that each of the magistrates issued and through which they revealed their positions on the problem. After analyzing the Sentence and the reasons for the votes of each of the judges, an alternative of guidelines to be taken into account for a correct constitutional interpretation is proposed, based on margins of reasonableness and objectivity. Finally, it concludes with a reflection on the political crisis that has plagued us for more than six years. / Trabajo académico

En el presente informe jurídico se analizará la demanda interpuesta por TALINGO CORPORATION, Ricardo Eleazar Revoredo Luna y Edgar Eduardo Muñoz Huertas contra Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. mediante la cual se solicitó que se declare la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. de fecha 21 de enero de 2011. A efectos de que se declare la nulidad de dichos acuerdos, en la demanda se invocó la vulneración de normas imperativas y, específicamente, la vulneración de los artículos 6 y 57 de Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Según estas disposiciones, en caso de tramitarse una convocatoria notarial a junta general de accionistas y formularse alguna oposición, el notario debe suspender su actuación y remitir todo lo actuado al juez correspondiente. Respecto a la controversia, corresponde mencionar que CLARION HOLDING LTD., en su calidad de accionista mayoritario de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A., solicitó la convocatoria notarial a junta general de accionistas para tratar la elección de reemplazantes de los directores que habían renunciado hasta ese momento. Sin embargo, al día siguiente de presentada dicha solicitud se produjo un supuesto de vacancias múltiples. Tras la publicación de los avisos de convocatoria, TALINGO CORPORATION, Ricardo Eleazar Revoredo Luna, Edgar Eduardo Muñoz Huertas y otros accionistas de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A., se opusieron a la misma, argumentando que no correspondía la designación de directores reemplazantes de los que habían renunciado, sino que debía elegirse un nuevo directorio por haberse configurado un supuesto de vacancias múltiples conforme al artículo 158 de la Ley General de Sociedades. A pesar de la formulación de dichas oposiciones, se llevó a cabo la junta convocada, en la cual se designó por mayoría a los directores reemplazantes de los directores renunciantes. En consecuencia, en el presente informe jurídico se analizarán los siguientes aspectos: (i) si los demandantes tenían derecho a oponerse a la convocatoria notarial, (ii) si los fundamentos planteados por los demandantes sustentaron la causal de nulidad de acuerdos societarios invocada en la demanda, (iii) si los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas contravinieron el artículo 158 de la Ley General de Sociedades y (iv) si al haberse acumulado las pretensiones derivadas de los acuerdos adoptados por el directorio recompuesto por dicha junta, la sentencia de primera instancia incurrió en una causal de nulidad por pronunciarse sobre pretensiones indebidamente acumuladas.

El presente informe de suficiencia profesional se basa en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Olivera Fuentes vs Perú. En dicha decisión, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del señor Olivera Fuentes. Esta vulneración se produjo debido a las respuestas administrativas y judiciales brindadas por las autoridades frente a la denuncia interpuesta por el peticionario, alegando que fue discriminado en la cafetería de un supermercado debido a su orientación sexual. El problema principal analizado en el trabajo consiste en determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos del peticionario. A partir de ello, se examina si es que el Estado es responsable por la comisión de actos de discriminación cometidos por particulares, específicamente por la empresa de supermercado que llevó a cabo el acto de discriminación. Asimismo, se analizan los alcances de la vulneración de los derechos a la vida privada, igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad en relación a la orientación sexual del peticionario y la prohibición de discriminación. Finalmente, se evalúan los alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación de consumo que existía entre la empresa y el cliente para determinar el acto de discriminación en la cafetería. Ello se realiza como parte del análisis planteado para los derechos a la protección judicial y garantías judiciales del demandante. / The present professional sufficiency report is based on the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Olivera Fuentes vs. Peru. In said ruling, the international responsibility of the State was declared for the violation of Mr. Olivera Fuentes' rights to privacy, judicial guarantees, equality before the law, and judicial protection. This violation occurred as a result of the administrative and judicial responses provided by the authorities in response to the petitioner's complaint, alleging discrimination in a supermarket cafeteria due to his sexual orientation. The main issue addressed in this report is to determine the State's international responsibility for the petitioner's rights violation. As such, an examination is conducted to ascertain whether the State bears responsibility for acts of discrimination committed by private individuals, specifically by the supermarket company that engaged in the discriminatory act. Furthermore, an analysis is conducted on the extent of the violation of rights to privacy, equality before the law, and the free development of personality with regard to the petitioner's sexual orientation and the prohibition of discrimination. Finally, an evaluation is made of the implications of the burden of proof reversal in the consumer relationship between the company and the client, aimed at determining the act of discrimination in the cafeteria. This assessment is undertaken as part of the analysis proposed for the petitioner's rights to judicial protection and judicial guarantees.

El informe detalla un procedimiento administrativo sancionador iniciado por el OEFA contra Minera Nexa Resources Atacocha S.A.A por no cumplir con los plazos de cierre según el Plan de Cierre de Minas vigente durante la supervisión, a pesar de que posteriormente se extendieron esos plazos mediante una modificación del plan antes del inicio del procedimiento. Las normas pertinentes incluyen regulaciones sobre el cierre de minas y el derecho administrativo. Según el análisis jurídico realizado, a pesar de ampliar la vida útil de la unidad minera mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, la referencia explícita en este sobre la aplicación del Plan de Cierre de Minas vigente durante la supervisión generó la exigibilidad de cumplir con este durante dicha etapa. Sin embargo, al inicio del procedimiento sancionador, el OEFA disponía de un Plan de Cierre de Minas modificado que hacía inexigible la ejecución de las actividades de cierre en el plazo establecido por el plan vigente durante la supervisión. En este contexto, en base a la cooperación entre las entidades competentes en materia ambiental, la modificación del Plan de Cierre de Minas antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador no debió aprobarse respecto de los componentes cuestionados por el OEFA durante la supervisión. Pese a ello, dado que la modificación del Plan de Cierre de Minas fue aprobada antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, el OEFA debió aplicar el Principio de Retroactividad Benigna, considerando que este actúa como una norma complementaria de tipo administrativo en blanco. / This Report outlines an administrative sanctioning procedure initiated by OEFA against Minera Nexa Resources Atacocha S.A.A for failing to meet closure deadlines as stipulated in the Mine Closure Plan during the supervision period, despite subsequently extending these deadlines through a plan amendment prior to the procedure's commencement. Relevant regulations encompass mine closure guidelines and administrative law. According to the legal analysis conducted, despite extending the operational lifespan of the mining unit via an amendment to the Environmental Impact Assessment, explicit mention therein of adhering to the Mine Closure Plan during the supervision period rendered compliance mandatory at that stage. However, at the commencement of the sanctioning procedure, OEFA possessed an amended Mine Closure Plan that rendered the execution of closure activities within the timeframe stipulated by the plan during supervision unnecessary. In this context, based on cooperation among competent environmental entities, the amendment to the Mine Closure Plan prior to the commencement of the administrative sanctioning procedure should not have been approved concerning components contested by OEFA during supervision. Nevertheless, given that the amendment to the Mine Closure Plan was approved prior to the initiation of the administrative sanctioning procedure, OEFA should have applied the Principle of Benign Retroactivity, considering it acts as a supplementary norm of administrative nature in blank.

En el marco de un proceso laboral por cese de actos de hostilidad, la Corte Suprema de Justicia concluyó que si bien el retiro de confianza legitima al empleador a reasignar al trabajador a su categoría originaria, quedaría proscrita la posibilidad de reajustar su remuneración al cargo originario al que habría sido reasignado. A criterio de la Corte, dado que la remuneración se constituye como un derecho fundamental, bajo ningún escenario, sería posible reajustar y, consecuentemente, rebajar la remuneración de los trabajadores. Este reajuste solo procedería en caso de acuerdo entre las partes; caso contrario, se configuraría el acto de hostilidad por rebaja inmotivada de remuneración, previsto en el inciso b) del artículo 30º del TUO de la LPCL. Desde nuestra posición, sostenemos que, si bien el derecho a la remuneración merece una especial tutela, su otorgamiento obedece a criterios objetivos, tales como la categoría a la que pertenece el trabajador, así como el tipo de encargos y funciones que realiza. Asimismo, en tanto nuestro ordenamiento legitima la posibilidad de reasignar al trabajador al cargo ordinario y categoría previos que ocupaba (en razón a la especial naturaleza que tiene este cargo), no vemos razón que impida realizar un reajuste a su remuneración. Consideramos que este supuesto no se configura como una privación arbitraria de la remuneración, sino que se trata de un escenario en el que existen razones objetivas que, en el caso particular, permiten concluir que es posible reajustar la remuneración de los trabajadores. / In a lawsuit filed for unlawful work harassement, the Supreme Court of Justice concluded that while the “withdrawal of trust” legitimizes the employer to reassign the worker to their original category, the possibility of readjusting their salary according to this position would be prohibited. In Court's opinion, since salary is a fundamental right, under no circumstances would be possible to readjust and, consequently, reduce the workers' salary. This readjustment would only be possible in case of an agreement between the parties; otherwise, it would be considered as an act of work harassement, as provided in subsection (b) of Article 30 of the Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. However, we argue that, while the salary deserves special protection, its perception should be based on objective criteria, such as the category to which the worker belongs, as well as the type of tasks and functions they perform. Likewise, since our legal system legitimizes the possibility of reassigning the worker to the ordinary position and previous category they occupied (due to the special nature of this trust position), we see no reason that would prevent the readjustment of their remuneration. We consider that this position does not constitute an arbitrary deprivation of salary, but rather a situation where exist objective reasons that allow us to conclude that it is possible to readjust the workers salary.

Este trabajo analiza el caso de Casación Laboral N.º 13016-2022-LIMA, enfocado en el despido del señor Juan Miguel Mendoza Gómez por parte de INDECO S.A., tras un incidente grabado en video en el que se observa una broma laboral. Se examinan los fundamentos jurídicos del despido, la interpretación de la falta grave según el artículo 25 en los incisos a) y f) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), y la resolución de la Corte Suprema. El análisis aborda la interacción entre la normativa de seguridad y salud en el trabajo y las políticas de despido, así como la protección de los derechos laborales. El caso se centra en determinar si los gestos realizados por el señor Mendoza constituyen un faltamiento de palabra en el contexto laboral, y si las acciones de la empresa fueron proporcionales y justas. A través de este estudio, se enfatiza la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en situaciones que pueden parecer triviales, como las bromas laborales. Se destaca cómo estas pueden derivar en conflictos serios y en la interpretación de faltas graves. Esta investigación proporciona una visión integral sobre cómo los tribunales interpretan y aplican la legislación laboral en situaciones concretas, y subraya la relevancia de un entorno de trabajo seguro y respetuoso. / This paper analyzes the Labor Cassation No. 13016-2022-LIMA case, focused on the dismissal of Mr. Juan Miguel Mendoza Gómez by INDECO S.A., following a recorded workplace prank incident. It examines the legal grounds for the dismissal, the interpretation of gross misconduct under Article 25, subsections a) and f), of the Labor Productivity and Competitiveness Law (LPCL), and the Supreme Court's decision. The analysis explores the interaction between occupational safety and health regulations and dismissal policies, as well as the protection of labor rights. The case centers on determining whether Mr. Mendoza's gestures constituted a verbal offense in the workplace context and whether the company's actions were proportionate and fair. This study emphasizes the importance of workplace safety and health, especially in seemingly trivial situations like workplace pranks. It highlights how these can lead to serious conflicts and the interpretation of serious offenses. This research provides a comprehensive view of how courts interpret and apply labor legislation in specific situations and underscores the significance of a safe and respectful work environment.

El caso gira entorno a las diversas irregularidades que se produjeron en la ejecución de una obra en su etapa de liquidación y resolución contractual. En donde se presume que habría existido una concertación entre los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes y los representantes de la persona jurídica A&J Inversiones S.A.C con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Tal concertación, se habría materializado en virtud de una conciliación arbitral en la que intervino un tribunal arbitral integrado por tres árbitros, quienes emitieron finalmente un laudo arbitral favoreciendo a la empresa contratista con pagos injustificados.

El presente informe aborda un análisis del delito de negociación incompatible, así como sobre sus elementos típicos y de valoración. En este orden de ideas, se pretende analizar un presunto caso de corrupción pública, en donde funcionarios de Esvisac, empresa público privada, se habrían interesado indebidamente de sus cargos para ocasionar perjuicios a la Administración Pública. Así, desarrollan problemáticas en torno a la distinción de los elementos requeridos en campo administrativo y penal, la valoración del interés indebido, así como los diferentes elementos del delito de negociación incompatible. El principal objetivo de este trabajo es delimitar de forma clara las irregularidades administrativas de los ilícitos penales, para así, en el marco de los principios rectores del Derecho Penal, respetar siempre la ultimo ratio del mismo, pretender que este se utilice como un recurso final cuando las otras ramas del derecho no puedan resolver la situación de manera adecuada. Así, el informe pretende proporcionar una base sólida para el entendimiento y la aplicación correcta de la ley en casos de negociación incompatible, contribuyendo al fortalecimiento del sistema legal y la justicia en situaciones de corrupción pública.

La Resolución Nº 443-2018-OEFA/TFA-SMEPIM representa un acto administrativo emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este documento establece un criterio definitorio para la evaluación de las infracciones instantáneas. Además, se analiza y desarrolla un argumento sólido para determinar la responsabilidad administrativa de la Cervecería San Juan S.A. basándose en el tipo de incumplimiento detectado. Es así que se pueden revisar las etapas del proceso administrativo sancionador, logrando identificar una posición determinante por parte de las instancias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, sobre determinar la responsabilidad administrativa de Cervecería San Juan S.A. debido al incumplimiento legal detectado en la etapa supervisora. En línea a lo anterior, el informe examina los bienes jurídicos afectados, los cuales son la salud y el ambiente, comenzando con el análisis del entorno donde se sitúa la planta cervecera y el flujo de sus efluentes, los cuales desembocan en un cuerpo receptor con características específicas y que frente al cual existe una responsabilidad mayor por la sensibilidad de los cuerpos receptores. En consecuencia, este informe legal ha identificado la importancia de diversos elementos que son cruciales para distinguir los tipos de infracciones y evaluar si la subsanación podría considerarse como eximente de responsabilidad administrativa. / Resolution No. 443-2018-OEFA/TFA-SMEPIM represents an administrative act issued by the Environmental Prosecution Court of the Environmental Evaluation and Prosecution Agency. This document establishes a defining criterion for the evaluation of instant infractions. In addition, it analyzes and develops a solid argument to determine the administrative liability of Cervecería San Juan S.A. based on the type of noncompliance detected. Thus, it is possible to review the stages of the administrative sanctioning process, identifying a decisive position on the part of the instances of the Environmental Evaluation and Oversight Agency on determining the administrative liability of Cervecería San Juan S.A. due to the legal noncompliance detected in the supervisory stage. In line with the above, the report examines the legal assets affected, which are health and the environment, starting with the analysis of the environment where the brewery is located and the flow of its effluents, which flow into a receiving body with specific characteristics and for which there is a greater responsibility due to the sensitivity of the receiving bodies. Consequently, this legal report has identified the importance of several elements that are crucial to distinguish the types of infractions and to evaluate whether the correction could be considered as an exoneration of administrative liability

A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, examino si el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al medio ambiente sano, salud, circulación y residencia, acceso a la información y participación política en detrimento de 80 habitantes oroyinos; así como por la afectación de los derechos de la niñez en perjuicio de 57 habitantes oroyinos que, cuando eran niños, vieron vulnerados sus derechos. Para ello, resalto que las violaciones ocurridas se encuentran aunadas a las actividades contaminantes derivadas del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ahora bien, con el fin de realizar mi análisis sobre el caso, he recurrido a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales pertinentes y conexas, las cuales me permitieron arribar a la conclusión de que el Estado peruano sí es responsable. Primero, el Perú no tomó en consideración el principio de desarrollo sostenible al ejecutar, regular y supervisar la actividad metalúrgica en La Oroya, tampoco brindó la atención medica necesaria a la población afectada por la contaminación; y la degradación ambiental menoscabó la libre circulación por la ciudad y motivó desplazamientos forzados. Segundo, los oroyinos no pudieron acceder eficientemente a la información medioambiental sobre el estado de su ciudad ni tampoco participar activamente para transmitir sus intereses y preocupaciones socioambientales a las autoridades. Tercero, las y los niños oroyinos vieron afectados sus derechos a la salud, integridad y vida digna de una manera alarmante considerando su vulnerabilidad intrínseca. / Based on the judgment of the Inter-American Court of Human Rights referring to the Case of Inhabitants of La Oroya v. Peru, examined whether the Peruvian State is responsible for the violation of the rights to a healthy environment, health, movement and residence, access to information and participating in public affairs to the detriment of 80 inhabitants of La Oroya; as well as the impact on children's rights to the detriment of 57 inhabitants of La Oroya who, when they were children, saw their rights violated. For this, it is considered that the violations that occurred are linked to the polluting activities derived from the La Oroya Metallurgical Complex. To carry out my analysis of the case, I have resorted to relevant and related normative, jurisprudential, and doctrinal sources, which allowed me to reach the conclusion that the Peruvian State is indeed responsible. First, Peru did not take into consideration the principle of sustainable development when executing, regulating, and supervising the metallurgical activity in La Oroya, nor did it provide the necessary medical care to the population affected by the pollution; and environmental degradation undermined free movement around the city and led to forced displacement. Second, the people of La Oroya were unable to efficiently access environmental information about their city, nor did they actively participate in transmitting their socio-environmental interests and concerns to the authorities. Third, La Oroya's children saw their rights to health, integrity and a dignified life affected in an alarming way considering their intrinsic vulnerability.