La presente tesis, desde el enfoque de la «criminología crítica feminista», identifica y analiza los imaginarios y las subjetividades que son (re)producidos, justificados y legitimados por el tipo penal de violación sexual regulado en el artículo 170 del Código Penal de 1991. La apuesta de este estudio es feminista, interseccional y decolonial. Así, tiene por finalidad visibilizar las limitaciones de la ley penal; cuestionar su efectividad para garantizar una «justicia de género – feminista-» y; evidenciar que, contrario a lo que se pretende, su utilización recrudece la situación de vulnerabilidad de las mujeres –especialmente, y de manera diferenciada, sobre aquellas cuyas vivencias se encuentran atravesadas por una serie de estructuras de opresión-. Por ello, la pregunta que guía este estudio es: ¿cómo la apuesta punitiva en torno al delito de violación sexual reproduce, legitima y refuerza estructuras, subjetividades e imaginarios que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Perú? La hipótesis que se desarrolla en esta investigación es que es no es posible alcanzar una «justicia feminista» por medio de herramientas del poder punitivo que son per se excluyentes, racistas, coloniales, clasistas y patriarcales. Por el contrario, la utilización de estrategias punitivas refuerza las estructuras de opresión –cimentadas en el orden de género y el orden de raza- que (re)producen la violencia en primer lugar.

En la última década del siglo XX el Estado pasó de ser uno prestado a ser uno de tipo subsidiario; generando que su rol sea ahora supervisor y fiscalizador de las actividades que ahora se habían encomendado al sector privado. Como consecuencia de este cambio, se crearon organismos reguladores de los servicios públicos y otras entidades supervisoras de sectores como la regulación del mercado que garantizaran el adecuado tratamiento técnico de la regulación, fiscalización y resolución de reclamos de los usuarios. Es así que, con la finalidad de propiciar el buen funcionamiento del mercado mediante la defensa de los consumidores surgió el Indecopi; para lo cual, se facultó a dicha entidad para, entre otras cosas, ordenar medidas correctivas a los administrados. Sin embargo, nos surge la duda de si es correcto que en el marco de un procedimiento de protección al consumidor el Indecopi ordene como medida correctiva reparadora la devolución de los costos en los que incurrió el consumidor para reparar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas por la infracción cometida; creemos que, en casos como los antes mencionado se generan supuestos en los que las medidas correctivas se configuran como una indemnización, dándose escenarios en las que esta entidad sobrepasa sus facultades.

En el presente trabajo se desarrolla, en primer lugar, cuáles son las características que diferencian a un procedimiento administrativo de un proceso civil, en lo que concierne a la actuación y valoración de la prueba. Ello permite reconocer qué aspectos se presentan en el procedimiento administrativo de manera especial, y la relevancia del interés público que se busca tutelar con él. Asimismo, el trabajo se enfoca en el procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta Empresarial, considerando ciertos pronunciamientos jurisprudenciales que nos permiten apreciar cómo se desarrolla la dinámica probatoria en el marco de la verificación de la fehaciencia y la acreditación de la causalidad de gastos, para admitir su deducción. En dicho desarrollo, no se pierde de vista el papel trascendental que cumple la discrecionalidad que le confiere el Código Tributario a la Administración Tributaria, para que conduzca el ejercicio de su facultad de fiscalización. A partir de ello, llegamos a ciertas conclusiones respecto de las vulneraciones que se generan, en el marco del procedimiento de fiscalización, de los principios y lineamientos del derecho administrativo general, así como la falta de seguridad jurídica que genera en los contribuyentes que los auditores tributarios puedan aplicar meramente su criterio para comprobar la fehaciencia de los gastos declarados, en razón del vacío normativo existente. Con lo cual, se propone la incorporación de parámetros básicos que orienten la actuación de la Administración Tributaria a una valoración de los medios probatorios racional y acorde con los principios de impulso de oficio y verdad material, sin que ello implique vaciar de contenido la discrecionalidad que la norma le confiere.

En este trabajo examino diversas controversias suscitadas dentro un proceso constitucional de hábeas corpus promovido contra la formalización de denuncia penal ejercida por un Fiscal contra un árbitro por actos ejercidos durante el desempeño de su cargo. La relevancia jurídica apreciada en los diversos actuados del presente expediente – el cual culmina con una sentencia del Tribunal Constitucional – nos permite abordar un abanico de aspectos relacionados al Arbitraje, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al haber identificado cuatro problemas jurídicos, en primer lugar, analizo cuáles son los derechos del investigado que le asisten en la etapa prejurisdiccional y los mecanismos de tutela con los que cuenta frente a una eventual transgresión del Fiscal en dicha fase. Asimismo, abordo el caso en concreto para determinar si el hecho denunciado contra el árbitro era lícito o no, y si durante la investigación fiscal se afectó el debido proceso del investigado. En tercer lugar, planteo que en el presente caso no correspondía amparar la demanda de hábeas corpus, partiendo de una evaluación previa en cuanto a la posibilidad de procedencia de dicha garantía constitucional contra los actos del representante Ministerio Público. Finalmente, procedo a valorar si es trascendente la teoría sobre la naturaleza del arbitraje que sea adoptada en nuestro ordenamiento para determinar la procedencia de una demanda de amparo contra un laudo arbitral. La conclusión alcanzada en este último punto es que la teoría que sea recogida no tiene repercusión respecto a la posibilidad de que un laudo pueda ser sometido a control constitucional.

Se debe propiciar la implementación de un Seguro de Desempleo, con fundamentos en la evaluación de factores jurídicos, a través de los cuales se recuerde que este constituye un derecho fundamental de acceso a prestaciones económicas ante la contingencia social por pérdida del empleo. Si bien durante el año 2017 se consideró relevante la aprobación e implementación de este Seguro, conforme a diversos pronunciamientos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; sin embargo, esta se posterga por factores como, la baja cobertura, la alta informalidad laboral, la predominancia de contratos a plazo fijo, la alta rotación del empleo, y a que la mayoría de desvinculaciones no ocurren por despidos. Como vemos, nuestro país carece de una cultura previsional, reflejada en no apoyar y no aprobar el Proyecto de Ley que proponía la implementación de este Seguro, diferente a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ya que opera no sólo en caso de pérdida de empleo por despido, sino como una prestación recibida por el empleado en caso pierda su empleo por causas ajenas a su decisión, y mientras dure la contingencia. El objetivo del presente artículo es consolidar una propuesta para otorgar prestaciones económicas a las personas desempleadas por despido, ya sea como un salario de reemplazo, a tiempo determinado, como un pago único, por un período y beneficio definido y bajo taxativos requisitos.

El objetivo del presente trabajo consta en el desarrollo de la pregunta planteada en el título "La existencia de un título pendiente, ¿impide la inscripción de otro título presentado posteriormente?", es decir, en dilucidar si la inscripción de un título presentado con posterioridad a uno que se encuentra pendiente de inscripción, será impedida por éste último; por lo que, a fin de dar respuesta a nuestra interrogante, revisaremos el Reglamento General de los Registros Públicos, el Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la información recopilada de los distintos autores de relevancia en el Derecho Registral, los mismos que adoptan una postura uniforme sobre el caso en cuestión. Del investigación realizada, tenemos que para encontrar la respuesta a nuestra interrogante debemos contemplar dos supuestos: a) Que el titulo presentado con posterioridad sea compatible con el título que se encuentra pendiente de inscripción; y, b) Que el titulo presentado con posterioridad sea incompatible con el título que se encuentra pendiente de inscripción. De encontrarnos en el primer supuesto, es decir, que el título posterior sea compatible con el título pendiente, no existiría impedimento alguno para que éste título posterior pueda ser inscrito, inclusive, éste último podría inscribirse antes que el título pendiente. Sin embargo, si el titulo presentado con posterioridad, fuera incompatible con el título pendiente, este tendría un impedimento para ser inscrito, debido a que conforme con el artículo 26° del Reglamento General de los Públicos: “Durante la vigencia del asiento de presentación de un título, no podrá inscribirse ningún otro incompatible con éste".

El presente Expediente trata sobre la actuación judicial de una empresa Concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que pretendió, mediante Demanda de Amparo y posterior Recurso de Agravio Constitucional, la inaplicación de una norma que a su entender afectaba su derecho a contratar, aunado al hecho de que la referida norma establecía un mandato no estipulado en el Contrato de Concesión. Luego de una serie de pronunciamientos judiciales, entre los que se discute desde admisibilidad de la demanda, los parámetros constitucionales de la referida norma, hasta un análisis de fondo sobre los fundamentos de demanda, finalmente el Tribunal Constitucional ampara la pretensión solicitada por la Concesionaria.

La presente tesis plantea analizar un supuesto de esquirolaje interno, al cual denominaremos esquirolaje interno “impropio”, ello porque la acción de sustitución la asumen, por voluntad propia, los trabajadores que no se encuentran dentro del ámbito de la huelga – trabajadores no huelguistas, con ese fin, desarrollaremos como esta figura se materializa en el escenario de una huelga legal y concretamente, estableceremos si la responsabilidad de este acto contrario al derecho de huelga, le puede ser atribuible al empleador. Para ello, como parte de un marco teórico previo, identificaremos conceptos importantes respecto al derecho de huelga, así como algunas reflexiones vinculadas entre este derecho y la libertad de empresa, advirtiendo algunos hechos adoptados por el empleador frente al desarrollo de una huelga que naturalmente, le genera un daño. Asimismo, analizando el alcance de los efectos de la huelga, definiremos que derechos les corresponden a los trabajadores no huelguistas, en ese escenario de conflicto. Luego, a partir del poder de dirección propio del empleador, identificaremos conceptos esenciales relacionados a las facultades del empleador como titular de la organización productiva, para así, plantear que el empleador es responsable de todo acto contrario al derecho de huelga, más aún si proviene de sus trabajadores, en tanto, al tener la conducción y dirección de sus actividades, debe adoptar una conducta diligente y activa, evitando que se realice cualquier actividad que pueda ser contraria al derecho de huelga y a los efectos que de ella deriven. Como complemento, examinaremos el esquirolaje interno “impropio” como una infracción administrativa a la luz del principio de culpabilidad, específicamente en relación a los principios de la personalidad de las sanciones y la exigencia de dolo o culpa. / This thesis aims to analyze a case of internal scab, referred to here as "improper" internal scab. This term is used because it involves the substitution action taken voluntarily by workers who are not part of the strike, referred to as non-striking workers. The primary objective is to investigate whether the responsibility for this action, which contradicts the right to strike, can be attributed to the employer. To achieve this goal, we will first establish a theoretical framework by identifying key concepts related to the right to strike. We will also explore the interconnectedness of this right with the freedom of business, taking into consideration actions taken by the employer during a strike that may naturally result in harm. Additionally, we will analyze the rights afforded to non-striking workers within this conflict scenario. Subsequently, we will delve into the employer's managerial authority, highlighting essential concepts related to their role as the head of the productive organization. Our objective is to argue that the employer should be held accountable for any actions that go against the right to strike, particularly if these actions are undertaken by their employees. Given their responsibility for guiding and overseeing the activities of their workforce, employers should exercise due diligence and actively prevent any activities that contravene the right to strike and its potential consequences. To supplement this examination, we will scrutinize "improper" internal scabbing as an administrative offence in light of the principle of culpability, with a specific focus on principles of sanctions and the requirement of intent or guilt related to this phenomenon.

La presente investigación se realizó con el fin de evidenciar que el examinador peruano de marcas no considera a la categoría discriminación como una causal de irregistrabilidad, por más de que esta podría incluirse dentro del inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, el cual señala como causal de irregistrabilidad aquellos signos que, entre otras cosas, vayan contra el orden público. Debido a la falta de análisis del examinador peruano, diversas marcas discriminatorias accedieron a registro, muchas de ellas se encuentran actualmente vigentes, motivo por el cual resulta pertinente e importante que, al momento de evaluar la registrabilidad de las mismas, se pueda analizar de manera específica su potencial carácter discriminatorio. Vivimos en un país donde los actos discriminatorios son normalizados e incluso romantizados a tal punto de promover los mismos de manera abierta ya sea a través de programas de televisión, bromas por parte de conductores de radio, etc. En ese sentido, no se puede permitir que suceda lo mismo en el aspecto marcario, ya que el mismo estado es quien concede el registro de marcas discriminatorias.

La prestación personal de servicios a través de plataformas digitales es un tema vigente y controvertido en el Derecho Laboral. Si bien mucho se ha debatido sobre la naturaleza subordinada o autónoma de estos servicios, la precariedad manifestada en esta clase de labores exige una respuesta urgente del ordenamiento jurídico. Partiendo de la base de que tales formas de empleo son, en efecto, auténticas relaciones laborales, el presente ensayo tiene como propósito analizar la viabilidad y justificación de la creación de un régimen laboral especial; así como los principales puntos que el legislador eventualmente deberá considerar. Con ese objetivo, se analizan también, desde una perspectiva crítica, los proyectos de ley presentados a la fecha en el Perú, y se esbozan algunas oportunidades de mejora. PALABRAS / The personal provision of services through digital platforms is a current and controversial issue in Labor Law. Although much has been debated about the subordinate or autonomous nature of these services, the precariousness manifested in this kind of services requires an urgent response from the legal system. Based on the fact that such forms of employment are, indeed, authentic labor relations, the purpose of this essay is to analyze the feasibility and justification of the creation of a special labor regime; as well as the main points that the legislator should eventually consider. With this objective, the bills presented to date in Peru are also analyzed from a critical perspective, and some opportunities for improvement are outlined.