El presente trabajo analiza la regulación del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, en el marco de aquellas conductas anteriores a la entrada en vigencia de la norma que incorpora el referido tipo penal a nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de determinar si es posible sancionar penalmente con otros tipos penales afines; asimismo, establecer si es viable la fundabilidad de la excepción de improcedencia de acción en este marco de conductas. En tal sentido, se estudian algunos aspectos de tipicidad del tipo base y las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, así como los tipos penales afines al delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, la atipicidad de este delito en algunos supuestos como en la financiación de origen público de los partidos políticos, las condonaciones de deuda en el financiamiento privado, en donde cabrían escenarios en los cuales sería factible la fundabilidad de la excepción de improcedencia de acción. La reforma que incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, evidencia que, en nuestro ordenamiento jurídico existía un vacío legal respecto de algunas conductas de financiamiento prohibido de partidos políticos, no obstante, se puede verificar que, en algunos casos, existen conductas que se pueden reconducir a otros tipos penales afines, como por ejemplo al delito de lavado de activos y delitos contra la administración pública, el delito de cohecho, tráfico de influencias y otros, así como también los delitos contra la fe pública – falsedad ideológica, donde se pueden sancionar penalmente. / This paper analyzes the regulation of the crime of prohibited financing of political organizations, within the framework of those conducts prior to the entry into force of the norm that incorporates the aforementioned criminal type into our legal system, with the aim of determining whether it is they can penalize criminally with other related criminal types, likewise, establish whether the foundations of the exception of inadmissibility of action in this framework of conduct is viable. In this sense, some aspects of the basic type and the legally prohibited sources of financing are studied, as well as the criminal types related to the crime of prohibited financing of political organizations, the atypicality of this crime in some cases, such as source financing. public of political parties, debt forgiveness in private financing, where there would be scenarios in which the foundations of the exception of inadmissibility of action would be feasible. The reform that incorporates the crime of prohibited financing of political organizations, evidences that, in our legal system, there was a legal vacuum regarding some conducts of prohibited financing of political parties, however, it can be verified that, in some cases, there are conducts that They can be redirected to other related criminal types, such as the crime of money laundering and crimes against public administration, the crime of bribery, influence peddling and others, as well as crimes against public faith - ideological falsehood, where they can be penalized.

El objetivo del presente trabajo es identificar cuáles serían los desafíos que enfrenta el Estado peruano para armonizar el Convenio núm. 190 a nuestra normativa interna, a partir de la ratificación que ha realizado el Perú el 8 de junio de 2022, teniendo como plazo para adecuar la misma hasta el 8 de junio de 2023. De este modo, a fin de determinar cuáles serían los retos que enfrenta el Estado Peruano, realizaremos, en primer lugar, un análisis de los antecedentes del Convenio núm. 190 y su Recomendación núm. 206, con el objetivo de demostrar que sí existía una necesidad de contar con un instrumento internacional en el mundo laboral que definiera el acoso y violencia. En segundo lugar, analizaremos nuestras normas internas, tales como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual – Ley No. 27942, el Decreto Legislativo No. 14140 y demás pertinentes señalando el ámbito de aplicación de cada una de las referidas normas y su respectivo contenido, así como la diferencia entre las diferentes modalidades de acoso. Finalmente, con la información anteriormente señalada se identificará los desafíos que presenta adecuar el ámbito de aplicación, regulado en el artículo 2 del Convenio núm. 190, a nuestra legislación interna. / The purpose of this paper is to identify the challenges Peru faces in adopting Convention No. 190 into its national legislation, following Peru's ratification on June 8, 2022, with a deadline of June 8, 2023. Consequently, to determine the challenges faced by the Peruvian State, we will first analyze the background of Convention No. 190 and its Recommendation No. 206, with the aim of demonstrating that there was a need for an international instrument in the world of work that defines harassment and violence. Secondly, we will analyze our internal norms, such as the Law for the Prevention and Punishment of Sexual Harassment - Law No. 27942, Legislative Decree No. 14140 and other relevant laws, pointing out the scope of application of each of the referred norms and their respective content, as well as the difference between the different modalities of harassment. Finally, with the information, the challenges of adapting the scope of application, regulated in Article 2 of Convention No. 190, to domestic legislation will be identified.

La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es la más reciente forma societaria incorporada en el derecho peruano, surge como una simplificación de la Sociedad Anónima Cerrada, que tiene como finalidad ser un instrumento para la formalización y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, al contar con menores requisitos, plazos y costos. Está basada en la tendencia de la simplificación societaria que ha demostrado tener gran aceptación en el derecho comparado; sin embargo, el Perú ha excluido características estructurales que limitarían el cumplimiento de su finalidad, que reducen los beneficios dirigidos a los micro, pequeños y medianos empresarios que buscan acceder a la formalidad. Determinaremos si es conveniente la modificación de la norma que la regula para que alcance su finalidad como mecanismo de formalización empresarial.

La motivación en escribir sobre este tema llega por el acercamiento que pude tener con los procesos concursales. Mi participación desde distintos ángulos me ha llevado a ver como el Proceso Concursal Ordinario (PCO) ha venido perdiendo confianza como alternativa viable para los operadores. Además, este tema tiene relevancia en indicadores de alcance mundial, que inciden en aspectos macros como son la economía y finanzas de un país a través de la inversión, lo que evidencia cuan preparados están los mercados en un aspecto como la insolvencia para invertir en menos mercados. Como hipótesis nos planteamos que el PCO ha sufrido pocos cambios normativos sustantivos en el tiempo y ha sido golpeado por factores que lo han llevado a perder espacio como alternativa de solución para las empresas en insolvencia. Buscamos que se entienda cómo las empresas pueden verse afectadas por crisis financieras o económicas en su desarrollo, ser atendidas de distintas maneras en entornos diferentes y que, con un poco de atención, orden, recursos y renovación, pueden lograrse mejoras que recuperen la confianza en este proceso. Este proceso, a lo largo del tiempo, solo ha tenido dos actualizaciones normativas que no han reflejado un cambio real en el proceso, lo que nos lleva a tomar un enfoque de impacto y calidad regulatoria como base para analizar las externalidades que las empresas viven en su día a día, en el marco del contexto económico, social o político que puede afectar a las mismas en su operatividad financiera y económica. Concluimos que deben darse acciones previas concretas por parte del Estado y de la misma administración de tal forma que se plantee un mejor marco para el PCO antes de tratar de crear nuevos procedimientos que, como vimos durante la pandemia del COVID-19 en el caso del PARC, fracasaron en el intento de ser una nueva alternativa real para las empresas insolventes.

El presente trabajo pretende analizar la sentencia de vista recaída en el Expediente N° 09830- 2019-0-1801-JR-LA-08, mediante la cual se declaró fundada la demanda de nulidad de despido interpuesta por la señora Ana Verónica Quispe Cardeña contra la empresa Gloria S.A., ordenando su reposición en empleo al haberse configurado la causal regulada en el inciso e) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. En ese sentido, y al haber sido el motivo por el cual la empresa procedió con el despido la falta grave de impuntualidad reiterada regulada en el inciso h) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, el objetivo del informe es analizar si se configuraron los elementos necesarios para la configuración de la falta grave, así como la aplicación de la protección otorgada por el ordenamiento jurídico peruano a las madres trabajadoras en el caso concreto. Así, las principales conclusiones del presente trabajo son que no se configuró la falta grave de tardanzas reiteradas, en la medida que la sanción del despido no cumplía con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, el empleador no pudo acreditar una causa justa de despido, por lo que se configuró el despido nulo regulado en el inciso e) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. / The present work intends to analyze the hearing sentence issued in File No. 09830-2019-0- 1801-JR-LA-08, through which the claim for annulment of dismissal filed by Mrs. Ana Verónica Quispe Cardeña against the company Gloria S.A., ordering its reinstatement in employment as the cause regulated in subsection e) of article 29 of Supreme Decree No. 003- 97-TR has been configured. In this sense, and since the reason for which the company proceeded with the dismissal was the serious lack of repeated lateness regulated in subparagraph h) of article 25 of Supreme Decree No. 003-97-TR, the objective of the report is to analyze if the necessary elements were configured for the configuration of the serious offense, as well as the application of the protection granted by the Peruvian legal system to working mothers in the specific case. Thus, the main conclusions of this work are that the serious fault of repeated tardiness was not configured, to the extent that the dismissal sanction did not comply with the principles of reasonableness and proportionality. Likewise, the employer could not prove a just cause for dismissal, for which the null dismissal regulated in subsection e) of article 29 of Supreme Decree No. 003-97-TR was configured

Se realiza el presente trabajo sobre los grupos societarios por ser un fenómeno de concentración empresarial cada vez más usual en el mercado peruano, no necesariamente por empresas que cotizan en el mercado bursátil y que aún no es un tema que se ha estudiado a profundidad en la doctrina nacional. Se revisa en tal sentido los conceptos básicos de la doctrina y legislación internacional para poder definirlos, comparando con lo establecido en la normativa nacional. Siendo así se puede apreciar que si bien la normativa nacional se refiere a los grupos societarios en el ámbito de las empresas que cotizan en el mercado de valores, las del sector financiero y la regulación tributaria, no hay uniformidad al respecto; además la Ley General de Sociedades solamente se refiere a una de las características esenciales de estos Grupos, que es el control; obviando la dirección unificada y el interés grupal. Esta circunstancia genera la problemática desarrollada en la presente investigación, la colisión del interés social de la empresa filial con el interés grupal, puesto que si bien nuestra norma societaria cautela el interés social de cada empresa, no prevé cuando ésta integra un grupo societario, en cuya dinámica se suele sacrificar el interés social de la subsidiaria en favor del interés grupal trazado por la matriz; por tal motivo se propone como solución una declaración que reconozca el interés grupal y sus límites.

Resulta viable que el juez de garantías lleve a cabo un control sobre la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, toda vez que no existen controversias que se encuentren fuera del control jurisdiccional. La presente investigación tiene como objetivo determinar que el juez de investigación preparatoria tiene facultades para llevar a cabo el control de la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, cuando se advierta la vulneración al debido proceso, debida motivación y el plazo razonable, a través de la interpretación de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en aras de cautelar los derechos fundamentales. / Trabajo académico

El fenómeno del cambio climático se distingue por las elevadas temperaturas y la modificación en las condiciones climáticas, lo cual está ocasionando múltiples repercusiones ecológicas, incluyendo la escasez de agua. Ante esta situación urgente, las Naciones Unidas insta a los paises miembros a gestionar adecuadamente este recurso. En este sentido, países como Perú, que se ha visto fuertemente afectado por la escasez de agua potable y de calidad, ha implementado diversas estrategias, entre ellas, una herramienta financiera llamada Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE. Mediante esta herramienta, se busca preservar el agua en sus fuentes naturales como ríos, lagos y lagunas, a través de acuerdos voluntarios entre los que contribuyen y los que reciben los beneficios de este servicio. Desde el año 2014, este mecanismo está regulado por la Ley 30215 - Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y su reglamento. Sin embargo, hasta el momento, su aplicación a nivel nacional no es amplia debido a obstáculos institucionales. Además, en el caso específico de los MERESE aplicados por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS, surgen problemas relacionados con el cálculo de las tarifas, la identificación de los contribuyentes y beneficiarios de dicho servicio, y la contratación a través de los mecanismos establecidos por el Estado. Estos mecanismos no contemplan la necesidad de un sistema especial para invertir los fondos del MERESE y contratar directamente con las comunidades campesinas, que son los principales contribuyentes. En conclusión, si se resuelven estos obstáculos, existen oportunidades para una aplicación más eficiente de los MERESE hidricos en nuestro país. / The phenomenon of climate change is distinguished by high temperatures and the modification of climatic conditions, which is causing multiple ecological repercussions, including water scarcity. In the face of this urgent situation, the United Nations urges member countries to manage this resource properly. In this sense, countries such as Peru, which has been heavily affected by the shortage of clean and quality water, have implemented various strategies, including a financial tool called the Ecosystem Services Remuneration Mechanism (MERESE). Through this tool, the aim is to preserve water in its natural sources such as rivers, lakes, and lagoons, through voluntary agreements between those who contribute and those who receive the benefits of this service. Since 2014, this mechanism has been regulated by Law 30215 - Law on mechanisms for remunerating ecosystem services and its regulation. However, at the national level, its implementation is not extensive due to institutional obstacles. Furthermore, in the specific case of MERESE applied by water service providers (EPS), problems arise in relation to tariff calculation, identifying contributors and beneficiaries of this service, and contracting through mechanisms established by the State. These mechanisms do not consider the need for a special system to invest MERESE funds and directly contract with peasant communities, who are the main contributors. In conclusion, if these obstacles are resolved, there are opportunities for a more efficient implementation of water-related MERESE in our country. / Trabajo académico

La investigación desarrollada en las siguientes líneas tiene como finalidad demostrar que el Poder Legislativo incorporó al ordenamiento jurídico una norma contraria a la Constitución desde el aspecto formal y material, la cual no cuenta con un sustento fáctico que avale su permanencia, cuya aplicación genera efectos nocivos en el sistema financiero peruano. Si bien la norma tiene poco tiempo en el ordenamiento jurídico nacional y sus efectos aún están por verse, no le auguramos éxito a la iniciativa del legislador en base a la experiencia internacional revisada, básicamente porque la técnica legislativa utilizada no fue la adecuada, porque no hubo un análisis costo-beneficio fundamentado en criterios objetivos para su incorporación y porque se trata de un entregable que encubre intereses estrictamente políticos y populistas. Un dato importante para el lector: Actualmente se viene gestionando un proceso de inconstitucionalidad acumulado contra la Ley 31143, el cual eventualmente tendrá un pronunciamiento de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, dirimiendo si el contenido de la norma fue acorde al marco constitucional vigente o no. Nuestra intención es tratar de anticiparnos a la opinión de los magistrados, a los efectos de la expedición de la sentencia y a todas las noticias que en el futuro cercano serán materia de discusión y análisis por parte de los agentes económicos involucrados en el sistema financiero.

En el presente trabajo realizaré un análisis de la Resolución N° 1197-2014/SPC – INDECOPI, partiendo del objetivo de identificar los principales problemas jurídicos de dicha Resolución, para luego evaluarlos detenidamente y de forma crítica, para posteriormente formular una respuesta a dichos planteamientos. La Resolución en cuestión versa respecto a un caso de discriminación en el consumo, por lo cual para elaborar un trabajo correctamente fundamentado emplearé referencias jurisprudenciales, doctrinales y normativa, dichas herramientas nos servirán para desarrollar un enfoque crítico respecto a la decisión que tomo la Sala de la Comisión de Protección al Consumidor en el presente caso. Al ser un caso de discriminación en el consumo seguido ante INDECOPI se debe tener en cuenta lo siguiente: i) se debe identificar cuando se configura un caso de discriminación, ello respecto a la relación que se establece entre un consumidor y un proveedor; ii) si la carga de la prueba se presenta como en otros casos de protección al consumidor o no; y iii) cual es la sanción y medidas correctivas que se establecen para dichos casos. Los puntos señalados son grandes referentes para el análisis de la Resolución, además que nos permiten seguir un orden que parte de lo general a lo específico, lo cual concluiría en una correcta comprensión del caso en cuestión y de cómo ha sido abordado por la Sala. / In the present project an analysis of the Resolution Nº 1197-2014/SPC – INDECOPI is made, starting with the objective to identify the main juridical issues of this Resolution. Then it is evaluated in a carefully and critical way. After that, it is formulating an answer to those approaches. This Resolution deals about a consumption discrimination case, therefore to elaborate a correctly substantiated work jurisprudential, doctrinal and normative references have been used which serve to develop the critical approach about the decision taken by of the Consumer Protection Commission Chamber. As a case of consumption discrimination followed by INDECOPI, the following must be considered: i) it must be identified when a discrimination case is set up about the relation established between consumer and supplier; ii) if the burden of the proof is presented as other consumer protection cases or not; and iii) what is the sanction and corrective measures for these cases. The indicated points are some of the biggest references for the Resolution analysis. In addition, this aloe us to follow an order from general to specific which would conclude in a correct understanding of the case and how it has been approached by the Chamber.