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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la legislación nacional y los aportes que ha tenido la legislación comparada en torno a los derechos fundamentales de la mujer en el momento del parto. Para ello, y frente a una falta de regulación expresa, realizaremos una revisión del concepto de parto, los principales derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución vigente aplicables en la materia, la Ley 20.584 y los derechos que consagra, el Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo del Ministerio de Salud, presentando además una mirada general de legislación comparada, de medidas tomadas por el actual gobierno, así como un proyecto de Ley que se encuentra en tramitación. De esta forma, determinaremos si resulta o no pertinente la consagración legal de los derechos de la mujer y su vinculación con el parto, y de qué manera sería viable su implementación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis tiene como objetivo determinar la idoneidad del Procedimiento de Investigación Interna ante los casos de denuncia de Acoso Sexual, introducido el año 2005 en el Código del Trabajo por la Ley Nº 20.005, a la luz de eventuales vulneraciones de Derechos Fundamentales del trabajador denunciado que se puedan producir durante el mismo, y sus repercusiones jurídicas y económicas para el empleador. Para dicho propósito, se utilizarán dos ejes de investigación. En primer lugar, se analizará en detalle la definición de Acoso Sexual, considerando las leyes vigentes y la doctrina existente en el derecho nacional e internacional. Todo con el fin de conceptuar y delimitar las conductas de interés para el estudio de la materia. En segundo lugar, describiremos el Procedimiento de Investigación y Sanción del Acoso Sexual, regulado en el Título IV del Libro II del mentado cuerpo normativo, en aras de determinar si éste es o no una vía idónea para la investigación del Acoso Sexual por parte del empleador

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto el análisis del nuevo derecho real de conservación medioambiental, creado el año 2016 bajo la Ley Nº 20.930. Se analizan sus principales elementos, naturaleza jurídica, características, titulares, efectos, constitución y terminación. En este proceso se relaciona el derecho real de conservación con otras instituciones jurídicas, como los conservation easements existentes en Estados Unidos y los derechos reales de servidumbre y usufructo contemplados en la legislación nacional. En una segunda parte, se reseñan ciertos conflictos jurídicos observados en la jurisprudencia nacional que tienen dentro de sus protagonistas a derechos mineros, eléctricos y medioambientales, donde juegan un rol importante intereses de particulares e intereses estatales. A partir de lo anterior, se relaciona el derecho real de conservación medioambiental, tal como está instaurado en la Ley Nº 20.930, con los derechos reales mineros y eléctricos. Se plantean hipotéticos escenarios de confrontación, desarrollándolos en base a la legislación aplicable y la jurisprudencia observada hasta el momento en los conflictos en los conflictos reseñados. Concluyendo que el escenario para el derecho real de conservación medioambiental es complejo, en virtud de lo observado en la legislación vigente, la jurisprudencia y el desarrollo de materias medioambientales en nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley N° 20.680 reformó gran parte de las instituciones jurídicas enmarcadas dentro de los efectos de la filiación. En particular, introdujo importantes modificaciones en el derecho deber de cuidado personal luego de la separación de cuerpos entre los progenitores. Las modificaciones más relevantes en esta materia corresponden a la eliminación de la regla de atribución legal supletoria de preferencia materna y el reconocimiento legal de la figura de cuidado personal compartido, ambas inspiradas en los principios de igualdad parental, corresponsabilidad parental y coparentalidad. Sin embargo, la introducción del cuidado personal compartido como modelo de organización familiar nos parece deficiente principalmente porque el único modo de que este sistema tenga lugar depende de forma exclusiva del acuerdo de voluntades de los progenitores. Ante la oposición injustificada de uno de los progenitores el cuidado personal compartido es improcedente por sentencia judicial. Y, en las hipótesis en que hay acuerdo, el cuidado personal compartido carece de un contenido mínimo establecido por ley y tampoco se encuentra sometido a ningún control judicial a fin de evaluar su conveniencia en virtud del principio del interés superior del niño, niña y adolescente. De este modo, la presente memoria, junto con realizar una exposición general del derecho deber de cuidado personal y en particular del cuidado personal compartido, tiene por objeto realizar un análisis crítico de las principales características del cuidado personal compartido, a fin de indagar si, en definitiva, este instituto, en los términos establecidos por el legislador, responde al interés de los progenitores o al interés superior de los hijos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / ¿Cómo podemos aumentar la participación y fortalecer la democracia? ¿Cómo podemos evitar futuros casos de corrupción? ¿Cómo fortalecemos la sana convivencia en sociedad? Estas y otras preguntas han estado en la palestra de diversas discusiones parlamentarias y ciudadanas en razón de la baja participación en los diferentes procesos eleccionarios del país y los escándalos de corrupción develados desde el bullado Caso Penta. Como una solución a este panorama, el Ejecutivo promulgó el año 2016 la Ley 20.911 que exige la creación y aplicación de un Plan de Formación Ciudadana en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, acción que se complementará con la creación de la asignatura de Formación Ciudadana dictada en tercero y cuarto medio. El objetivo de dicho plan es que al interior de las comunidades educativas se vivencien valores como el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; así como también la consciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos. Teniendo siempre presente que las acciones diseñadas podrán ajustarse a la realidad de cada establecimiento, siendo sistematizadas en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su Plan de Mejoramiento Educativo (PME). La Presente memoria recaba los antecedentes de la creación de la Ley y establece los pilares teóricos que dan vida a la misma. Luego, analiza la técnica legislativa y el tipo de norma utilizada en el documento, para cerrar con las fortalezas, debilidades e interrogantes que evidencia, entre las cuales se cuenta la ambigüedad de los mecanismos de fiscalización y evaluación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / A lo largo de los años, la doctrina chilena se ha esforzado por determinar los conceptos de evasión, elusión y planificación tributaria, existiendo acuerdo sobre la evasión como un actuar ilícito y de la planificación tributaria, como lícito. Diversamente, la elusión es discutida, considerándose lícita por la mayoría de los autores. Su combate se desarrolló a través de normas especiales, cuyo objetivo fue cerrar los vacíos legales que permitían un ahorro impositivo para el contribuyente. La ley 20.780, además de otras modificaciones, introduce una nueva norma general antielusiva. Sin embargo, diversas voces han planteado serias dudas respecto a su implementación, constitucionalidad, utilidad práctica y verdadero alcance. Sobre este último punto se enfoca el presente trabajo. Las construcciones dogmáticas extrañas al Derecho Tributario tienen poca utilidad, así como normativas extranjeras replicadas en un sistema con su propio devenir dogmático, administrativo y jurisprudencial. Dada la falta de certeza que ha genera esta norma, se hace necesario un estudio para delimitar una adecuada interpretación sobre su alcance. No se aprecia la utilidad de la norma general anti-elusiva la cual crea incertidumbre para los diversos sujetos del sistema tributario. Las circulares del Servicio de Impuestos Internos no contribuyen a dar claridad sobre la materia dado que no establecen el alcance de la misma. Asimismo, las sentencias judiciales no han tenido como fundamento principal la elusión o sus características dogmáticas, sino la aplicación de otras y diversas normas particulares

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca otorgar una visión acerca del conflicto entre la aplicación de la ley extranjera y la lex fori fundada en el principio de territorialidad, a la luz de las teorías tradicionales, las cuales se dividen en las teorías tanto de Hecho como de Derecho, de la doctrina moderna que ha analizado su aplicación y, especialmente, su calificación jurídica; y luego, en la comparación de las fuentes reguladoras de la materia, tanto convenciones internacionales como normas aisladas de la legislación, incluyendo el pronunciamiento de la jurisprudencia chilena, que, aunque escasa, es significativa, cuya tendencia apunta a un reconocimiento indirecto del derecho extranjero, de acuerdo a la voluntad de la lex fori. La adhesión a una u otra Teoría fija las consecuencias de aplicar una ley extranjera dentro del proceso, especialmente en lo tocante a la carga probatoria y la actividad de oficio por parte del tribunal. Aspectos que son relevantes a la hora de aplicar el derecho extranjero, cuyos estándares marcan otros puntos conflictivos, tales como, la admisibilidad de los recursos, el conocimiento propio del juez y la imposibilidad de prueba, entre otros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación ofrece una interpretación de ciertos elementos del tipo penal de tortura, establecido por el artículo 150 A, introducido al Código Penal en 2016, basada en la interpretación que los tribunales chilenos han hecho de esos mismos elementos al aplicar el anterior artículo 150 A del mismo cuerpo legal, vigente en Chile entre los años 1998 y 2016.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 19/10/2019