Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La libertad condicional como institución penitenciaria que permite la excarcelación anticipada para condenados y condenadas, recibe aplicación en Chile desde el año 1926. En su larga data, recién 90 años más tarde provocó un revuelo mediático sin precedentes. A su respecto, en el proceso de abril del año 2016 se dio lugar a un debate público entre autoridades, medios de comunicación y la sociedad en general, preocupada por el alto número de decisiones favorables a las postulaciones de libertad condicional. Este suceso provocó la iniciativa parlamentaria inmediata a través de diversos proyectos de ley que buscaban limitar a este beneficio penitenciario, motivados por la alta sensación de inseguridad. Desde nuestra vereda, el campo del Derecho, decidimos volcarnos a estudiar esta institución poco desarrollada y atendida en nuestras aulas de pregrado. Así, nos percatamos de un cambio jurisprudencial sobre el tratamiento de la libertad condicional, particularmente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.587 del año 2012. También de un procedimiento que considera la coordinación institucional de diversos actores, y la importancia que reviste esta institución para cumplir con el fin resocializador de la pena. Sin perjuicio de lo anterior, con esta investigación logramos conocer la falta de interés institucional en la materia, y del abandono académico, político y social en que se encuentra la etapa de ejecución de penas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo se realiza una revisión crítica de la regulación del divorcio en Chile contenida en la Ley N°19.947 sobre Matrimonio Civil. Para emprender dicha labor, se analiza la normativa indicada desde la perspectiva de la influencia que tienen actualmente el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho de las familias y desde la óptica del desarrollo dogmático nacional y comparado. Finalmente, y con el fin de identificar elementos que permitan subsanar las falencias de nuestra legislación en la regulación de las disoluciones conyugales, se examinan diferentes modelos del derecho comparado en materia de divorcio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Análisis sistemático de las diferentes disposiciones legales e interpretaciones relativas a los gastos rechazados y los retiros indirectos, cuyo objeto es precisar las categorías conceptuales y jurídicas aplicables a cada una de estas instituciones. Como resultado, se ha logrado establecer las diferencias conceptuales y dogmáticas entre estas, determinando sus límites terminológicos. Además, se ha logrado identificar los impuestos respectivos que gravan cada una de las instituciones analizadas, determinando la naturaleza de los mismos a través de su análisis exhaustivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba, tiene como objetivo principal, dar respuesta a la problemática relativa a la posibilidad de identificar un prototipo de Estado social de Derecho en Chile, a partir del estudio del modelo de Estado que fue implementado en el país, entre los años 1964 y 1970, correspondientes al período de gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Para contestar dicha interrogante, esta investigación utilizará la siguiente metodología: en primer lugar, se identificarán aquellos elementos fundamentales y constitutivos del Estado social de Derecho. A partir de esta conceptualización, dichos elementos se confrontarán con los rasgos característicos que dieron forma al modelo de Estado chileno que fue implementado durante los años 1964 y 1970. Finalmente, se analizarán los efectos que tuvo la implementación de la Ley Nº 16.880 —sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias— en el complejo proceso que involucra la construcción de un Estado social de Derecho, a partir de una reinterpretación del contenido de esta norma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto estudiar el nuevo tipo penal por delitos de colusión introducido por la ley 20.945, bajo la perspectiva de dos grandes ramas involucradas: la libre competencia y el derecho penal. En el capítulo primero haremos referencia a conceptos previos que son necesarios para contextualizar cabalmente la presente investigación. En el capítulo segundo, resumiremos los principales fundamentos que la doctrina ha desarrollado para efectos de criminalizar el delito de colusión. En el capítulo tercero, abordaremos el tratamiento comparado que algunas legislaciones le han otorgado al delito de carteles. Por su parte, en el capítulo cuarto haremos mención al origen e historia de la criminalización de las prácticas colusorias en nuestro país. Luego, en el capítulo quinto, analizaremos el tipo penal de colusión desde el punto de vista del derecho penal, es decir, cuál es el bien jurídico protegido y cuáles son los elementos del tipo y los principales desafíos que presenta la nueva regulación. Por último, sintetizaremos las principales conclusiones que alcanzamos a lo largo del presente trabajo / 20/04/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo intenta realizar un análisis crítico a la Ley Nº 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (LTLCGE), temática fundamental en una República Democrática como la constitucionalmente vigente en nuestro país, resultas de lo cual periódicamente el pueblo elector y soberano debe participar en las votaciones populares que la normativa constitucional taxativamente prevé, sea para elegir autoridades y representantes, sea para adoptar importantes decisiones plebiscitarias, y cuyo destino final suponga, en ambos casos, determinar las grandes directrices políticas de la nación estado y designar a sus conductores. Por lo demás, el tema propuesto toma particular relevancia en nuestro país por cuanto es en sede constitucional que se perfila el sistema electoral público. El gasto electoral, justamente, e influido el fenómeno por factores de diverso orden que tendremos la posibilidad de revisar, ha logrado un posicionamiento de opinión pública además de un ámbito de relevantes transferencias financieras y de dinero. Así, por ejemplo, el crecimiento económico sostenido que ha presentado nuestro país unido a la estabilidad de sus instituciones políticas, sociales y económicas; ocasiona la mayor confianza del inversionista y la correlativa generación de ingentes recursos económicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con fecha 29 de noviembre del año 2012 se promulgó la Ley Nº 20.640 que “establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes” (en adelante la Ley), cuya publicación y entrada en vigencia tuvieron lugar el día 6 de diciembre del año 2012. Esta ley busca regular la participación de los partidos políticos en elecciones primarias para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senador, Diputado y Alcalde. La ley contempla la opción de la existencia de pactos intrapartidarios, así como también la participación de candidaturas independientes patrocinadas, dejando a elección de los partidos políticos la norma que determinará el padrón electoral de los electores con derecho a sufragio (contenido en el artículo 20 de la Ley). Para el ejecutivo, la promulgación de esta Ley se justifica en la urgente necesidad de perfeccionar las instituciones democráticas. Esto, ya que en la actualidad existen diversos signos que vendrían a reflejar un posible debilitamiento de la institucionalidad, tales como (i) la baja en la participación electoral; (ii) el envejecimiento del electorado; y por sobre todo (iii) el aumento en la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos (Mensaje 119-359, 2011). Así, la ley que establece un sistema de elecciones primarias se enmarca dentro de una serie de reformas políticas adoptadas por el ejecutivo, dentro de las cuales se encuentra la ley de inscripción automática y voto voluntario, la elección directa de los Consejeros Regionales, la iniciativa ciudadana de ley y el incentivo a la realización de plebiscitos comunales. Dentro de esta serie de medidas, se considera especialmente relevante la institución de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para la selección de los candidatos a la mayoría de los cargos de elección popular, ya que ésta vendría a refrescar el proceso democrático del país, persiguiendo una mayor transparencia y representación de los partidos políticos. Todo lo señalado anteriormente hace necesaria la existencia de un análisis crítico de la Ley Nº 20.640 y de la realidad política en la que ella se inserta, ya que lo que motivó al legislador a dictar una ley que busca instaurar un sistema de elecciones primarias en nuestro país, nos obliga a analizar la presente ley no sólo desde una óptica jurídica, sino también desde la óptica de las ciencias políticas y de la realidad política y electoral actual. Es por eso que el presente trabajo tendrá por objeto la realización de un análisis crítico de la ley en cuestión con especial énfasis en la génesis de la misma, que es donde se insertan las diversas discusiones en torno a la realidad política actual y a la necesidad de fortalecimiento del sistema democrático y electoral

Memoria para optar al título de Arquitecto / Durante los últimos años, se ha venido formulando en base a una lógica sistemática, una serie de políticas y programas que han buscado ocuparse de los problemas que afectan a los condominios de vivienda social en altura. Al respecto, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, la identificación de riesgos-amenazas y el fortalecimiento de la organización comunitaria han estado directamente relacionados con un componente arquitectónico, uno social y otro legal, los que proponen en conjunto, un desafío para lograr una intervención sostenida en el tiempo. En este sentido, en el año 2011 surge el Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales (PMCS) cuyo propósito es “mejorar la organización de la comunidad y la calidad de la infraestructura en condominios sociales que presentan un alto nivel de deterioro y vulnerabilidad, a través de proyectos de intervención física y la aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria” (MINVU, 2011:4). Sin embargo, se desconoce si bajo la operación de demanda como estrategia del Programa se estén atendiendo los problemas más prioritarios en el deterioro de las áreas y bienes comunes de los condominios y qué tan integral es la solución a la realidad que enfrentan los conjuntos. Esto genera conflictos entre la lógica sectorial y los desafíos que plantea el habitar, donde existe un desequilibrio entre las características multidimensionales del problema versus una solución limitada y sectorizada. Este trabajo pretende analizar la pertinencia del PMCS para resolver los diversos problemas de deterioro y obsolescencia del hábitat residencial y del habitar en este tipo de viviendas, seleccionando como territorio objetivo a condominios sociales que sean objeto del programa y que estén ubicados en las comunas de Recoleta e Independencia. Este territorio alberga una variedad de tipologías de construcción tomando en consideración el surgimiento y consolidación de los colectivos y bloques de conjuntos habitacionales como prototipo de vivienda estandarizada para su implementación masiva. Se realiza una observación sistemática de los diversos requerimientos de mejoramiento en los condominios de las comunas mencionadas y la dinámica social que se produce en ellos, con el fin de estimar tendencias que aporten a comprender la oferta que entrega el PMCS y cómo ha influido en el mejoramiento del hábitat residencial de estas viviendas. Para ello, se realiza una revisión bibliográfica del programa, la observación en terreno y documentación de los distintos casos de estudio y la aplicación de entrevistas a informantes claves de organismos institucionales y a los dirigentes de cada condominio. A partir de lo anterior se plantea que, si bien el PMCS se hace cargo de la dimensión físico-espacial en su multiescalaridad, ya sea sobre los bloques de vivienda como en las áreas comunes de los condominios, su labor resulta insuficiente pues no logra resolver el problema de deterioro en su totalidad. Sumado a ello, existen fricciones en el ámbito sociocultural que afectan directamente el habitar, la organización de las comunidades y que el Programa no remedia eficazmente.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La reforma a la legislación que regula la negociación colectiva en Chile durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) fue la iniciativa más relevante en cuanto a políticas públicas vinculadas al mundo del trabajo que se desarrolló durante dicha administración. Mediante un conjunto de cambios al procedimiento de negociación, la llamada reforma laboral buscó modificar aspectos del Código del Trabajo que están en el centro de la relación entre capital y trabajo en nuestro país. En la tramitación de la iniciativa, participaron diversos actores de los poderes Ejecutivo, y Legislativo, así como los partidos políticos, los gremios empresariales y los sindicatos. Pero también tuvieron participación distintos expertos que, en base a sus conocimientos profesionales o académicos, buscaron incidir en los contenidos de la nueva ley. Se trata entonces de un proceso que permite estudiar como el conocimiento experto, el saber, la potestad política, el poder y la ejecución efectiva de las reformas, el hacer; se articulan en la práctica. El objetivo de esta investigación es caracterizar la vinculación de los expertos en el proceso e identificar en torno al mismo, a comunidades de expertos que puedan ser identificadas como comunidades epistémicas, a la luz de la definición deeter Haas. A partir del análisis del proceso específico de la reforma laboral, es posible entender mejor los procesos de formulación de políticas públicas asociadas a cambios normativos y obtener aprendizajes sobre ellos. Para ello, se utilizó una metodología de investigación cualitativa, privilegiando como método de levantamiento de datos, la realización de entrevistas semiestructuradas a los propios expertos que participaron del debate. Se realizaron 13 entrevistas, en base a una muestra seleccionada bajo la metodología de cadena o red, identificando participantes clave, en las que se consultó sobre sus mecanismos de vinculación al debate, las posturas e ideas defendidas en el proceso, su relación con otros expertos y la conformación de comunidades y, finalmente, una reflexión sobre los expertos y el debate de políticas públicas Los resultados permitieron identificar a expertos que desarrollaron acciones destinadas a incidir en el proceso legislativo, dirigiendo sus esfuerzos al Ejecutivo, el Legislativo y también hacia los gremios empresariales y sindicatos. Asimismo, permitieron identificar al menos tres comunidades de expertos, algunas de las cuáles cumplen con las características necesarias para ser consideradas como comunidades epistémicas. Finalmente, dan cuenta de la existencia de pocos espacios formales de participación para los expertos en el proceso legislativo y la baja valoración que los mismos hacen de dichos espacios.

En esta investigación se presentan las nociones de campo, capital y habitus tomadas de la obra de Pierre Bourdieu pero aplicadas al derecho. También se presenta la perspectiva de Niklas Luhmann sobre el sistema legal. El resultado es un enfoque original sobre las características y efectos sociales del derecho, con el que se busca describir el denominado campo jurídico. Desde el enfoque sociológico que presentamos en esta investigación, el derecho es una manifestación cultural y de poder en el marco de las relaciones entre las personas y los grupos sociales. Según esta perspectiva, el campo jurídico es el escenario de luchas entre posiciones dominantes y posiciones dominadas. Las posiciones dominantes o dominadas se diferenciarán por la acumulación de cualidades objetivas, que se manifiestan en la capacidad de ejercer el derecho. Una de las principales cualidades objetivas es el capital jurídico, de especial importancia en el marco del sistema legal y el campo jurídico. Quienes tengan más capital jurídico tendrán mejor posibilidad de utilizar el derecho. A la luz de este enfoque sociológico se analizará la relación entre los pueblos indígenas y el sistema legal peruano en el campo jurídico. La intención no es estudiar a profundidad este caso, sino poner en práctica los conceptos teóricos desarrollados. / Tesis