Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los crímenes de guerra habían sido tratados de forma insuficiente por el legislador, con la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional se actualizó esto a través de la ley 20.357 de 2009 que persigue hacer efectiva su represión. Este trabajo examina en detalle la relación entre ambas, con el objeto de establecer un paralelo que permita reconocer sus similitudes y falencias, facilitando su estudio y aplicación por los operadores del derecho. Con ese fin, el trabajo se estructura en tres partes, la primera de ellas consiste en un examen al concepto de crímenes de guerra, sus elementos y la historia de su positivización y represión tanto a nivel universal como nacional (Capítulo I). Una segunda parte (Capítulos II y III), en que realizamos un examen detallado de los crímenes de guerra tanto en el Estatuto de Roma como la ley 20.357 que reprime crímenes de guerra. Este examen se hace a través de grupos de delitos según el bien jurídico protegido por éstos, siendo este orden idéntico en ambos capítulos para establecer de forma efectiva el paralelo. Este examen se efectúa con apoyo de opiniones doctrinales y jurisprudencia relevante. Una tercera parte (Capítulo IV), se hace un análisis respecto a las concordancias y ausencias o silencios de esta legislación, con especial mención a materias como regulación del sistema de armas y a fenómenos delictivos nuevos como la pedofilia. Finalmente, valoramos lo realizado pero llamamos la atención sobre la falta de innovación en ciertos temas, que por lo pétrea de la legislación internacional podrían ser fácilmente incorporados acá. Pese a ello con esta incorporación nuestro país se pone al día con una de sus obligaciones pendientes en materia internacional y así reprimir adecuadamente actos execrables para la conciencia de la humanidad.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En atención a las distintas reformas que se han suscitado en materia de quiebras en los últimos años, en especial, aquellas contenidas en la ley 20.073, que trajo importantes modificaciones en materias de índole laboral, tales como la suscripción de convenios preventivos de la quiebra entre el empleador y los trabajadores, creemos que es necesario realizar una análisis profundo en torno al génesis de la normativa, su discusión en la cámara, lo que han señalado nuestro tribunales de justicia, con el objetivo de dar luces de los criterios que deben ser utilizados al momento de aplicar dichas normas. En este sentido, esta memoria pretende determinar el marco regulatorio, los derechos y deberes que tienen tanto los trabajadores como los empleadores, en el contexto del proceso de quiebra de la empresa, así también como las acciones que se pueden interponer, principalmente por los trabajadores ante incumplimientos del empleador, y como estos se vieron modificados con la introducción de la reformas suscitadas producto de la promulgación de la ley citada en el párrafo anterior. Asimismo, pretendemos entregar un manual simple, que sea fácilmente comprensible por los trabajadores, respecto de las distintas alternativas que pueden adoptar frente a la quiebra del empleador, para que de este modo adopten decisiones informadas respecto de la materia. De otro lado, se señalan distintas interpretaciones y soluciones que han efectuado los Tribunales Superiores de Justicia y la Dirección del Trabajo, en temas relativos a la presente memoria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La pesca es una de las primeras actividades en la historia del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. No existe certeza acerca de la época exacta en que nuestra especie empezó a practicarla, pero se tienen registros que dan cuenta que el hombre de la Edad de Piedra ya fabricaba rústicos anzuelos hechos de huesos, piedras, cuernos y maderas. Los excedentes de la pesca pronto fueron destinados para el comercio, primero por los Fenicios quienes salaban el pescado y luego lo utilizaban para realizar transacciones comerciales en distintos lugares del mundo. Hasta nuestros días donde la industria pesquera genera utilidades por miles de millones de dólares.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Buscando ofrecer una mirada más general, viendo en cual horizonte más amplio se engasta el interesado, ofrecemos para lograr ese propósito un pequeño esbozo, en el primer capítulo de este trabajo, del tratamiento jurídico de la legitimación procesal en la legislación común, señalando al efecto quienes se entienden ser parte en un procedimiento de general aplicación, su capacidad, derechos subjetivos de los cuales es poseedor y la representación del mismo; posteriormente, en el segundo capítulo, estudiaremos al particular pero ya no de manera genérica, sino que concentrándonos en su relación con la Administración. Así, veremos que la específica denominación del sujeto –administrado- conlleva derechos, garantías y deberes específicos aplicables en su relación con la Administración, materia que nos lleva a tratar el interés, tanto jurídico como legítimo, particular y colectivo, que ostenta dicho administrado; en el tercer capítulo será una visión del derecho comparado la que nos introduzca en aquel que es el objeto final de este trabajo, el interesado en el nuevo procedimiento administrativo, mostrando cómo han entendido al mismo distintas legislaciones como la española y argentina, entre otras, y cómo cada una ha enfrentado el tema siempre complejo de la representación del interesado ante la Administración. Finalmente, en el cuarto capítulo, analizaremos al interesado en el contexto de nuestra ley de procedimiento administrativo, la Nº 19.880, la legitimación que debe ostentar para concurrir ante la administración, qué capacidad es la exigida para comparecer en el procedimiento administrativo, la representación del mismo y la existencia de pluralidad de interesados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho colectivo del trabajo se cimenta en tres pilares: la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Pese a su consagración constitucional y legal, en nuestro país las restricciones al ejercicio de estos derechos son variadas. Por otro lado, la ley 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16 de octubre de 2006, regula en el Código del Trabajo la situación del trabajo en régimen de subcontratación y el suministro de trabajadores. El problema que aborda esta investigación es la situación de los trabajadores subcontratados y suministrados en relación con los derechos colectivos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. La ausencia de regulación específica y, por ende, la aplicación de la legislación general, tiene como consecuencia serias dificultades en el efectivo ejercicio de los derechos colectivos de estos trabajadores. Este trabajo aborda la legislación sobre la materia, las consecuencias para el ejercicio de estos derechos y, por último, recoge algunos de los diagnósticos y propuestas existentes en nuestro país para avanzar en la solución de esta problemática.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / En el Capítulo I de este trabajo nos enfocaremos brevemente en uno de los pilares del principio de igualdad, como lo es el principio de no discriminación, puesto que es su infracción (a través de la discriminación) lo que ha generado la mayor parte de los conflictos entre el género femenino y el Derecho. Cabe, con todo, una advertencia liminar: no es el objeto de este 3 trabajo realizar un exhaustivo análisis de esta compleja materia que ya ha sido tratada en profundidad en innumerables oportunidades, sino tan solo esbozarla de manera de poder contar con algún sustento ideológico con el cual contrastar la materia central de nuestro estudio, como lo es la relación laboral de los trabajadores de casa particular. Más adelante haremos un breve recorrido por el derecho internacional, demostrando como éste se ha preocupado de garantizar la igualdad a las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral, y como Chile ha hecho suyo, en parte, este significativo avance, suscribiendo diversos pactos relativos a la materia y, por consiguiente, viéndose afectada nuestra legislación interna por los mismos. Para finalizar el Capítulo I, veremos cómo la entrada en vigencia de la Ley 19.591 vino a colmar el espacio que en nuestra legislación existía producto de la ausencia de modificaciones legales que reconocieran el principio de no discriminación para la mujer en el ámbito laboral. En suma, pretendemos al tema central de este trabajo, el cual es el contrato de trabajo de trabajador de casa particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto analizar en líneas generales lo que ocurre en la legislación comparada en materia de protección a los consumidores, para de esta forma poder realizar un examen exhaustivo a la actual Ley 19.496 en relación con lo propuesto por el Proyecto de Reforma de la misma, el cual se tramita actualmente en el Congreso Nacional. A fin de contribuir efectivamente en su discusión, en la parte final de esta Memoria se hacen presentes los aportes que los autores estiman pertinentes incorporar a este Proyecto de Reforma. Para cumplir con el oobjetivo de este trabajo, se ha utilizado principalmente el método comparativo, fundado en la investigación de materias e instituciones ya incluidas en la ley, o bien, respecto de aquellas no contempladas en la misma, para poder lograr un análisis serio en relación a la defensa de los consumidores en nuestro país.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Este trabajo estudia la nueva normativa de constitución, modificación, transformación y disolución de personas jurídicas, establecidos por la ley N°20.659 y su reglamento, el llamado " régimen simplificado ". Asimismo indaga en sus principales efectos, teniendo en consideración los objetivos perseguidos por el ejecutivo en su dictación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba tiene por objeto estudiar algunas de las problemáticas e interrogantes surgidas en materia de responsabilidad, tanto civil como infraccional, analizadas a la luz de los mecanismos ofrecidos por la ley 19.496. Para tal efecto, se realizará un examen comparativo de las normas contenidas en la Ley de Protección del Consumidor (en adelante indistintamente “LPC”) contrastadas y robustecidas con el derecho común. Dicho estudio será realizado a través de tres capítulos: El primero tratará sobre el silencio y su rol en la formación del consentimiento, aspecto de fundamental importancia para entender frecuentes técnicas de contratación abusivas o ilícitas; El segundo formulará un análisis articulado y orgánico del sistema de responsabilidad establecido en la LPC, que otorga una noción particular de las diferentes acciones establecidas en dicha norma; Finalmente, el tercero establece un análisis igualmente particular y seccionado de la prescripción extintiva en la LPC, aplicado a las distintas acciones que persiguen la responsabilidad por la infracción de deberes de distinta naturaleza establecidos en dicha norma.