La libre iniciativa privada, el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia están reguladas en la Constitución Política del Perú, por lo que el Estado es el encargado para velar por el respeto y tutela de estos derechos. Sin embargo, el ejercicio de estas libertades no es irrestricto, pues, a fin de proteger los intereses de la sociedad, los agentes económicos deberán cumplir con disposiciones dictadas por la administración tales como requisitos, exigencias, prohibiciones, cobros, etc., conocidas como barreras burocráticas. Estas pueden ser perjudicables cuando se emiten sin considerar el marco legal vigente o cuando no es proporcional al interés público a tutelar. Frente a ello, el INDECOPI es el encargo de verificar dichas arbitrariedades a través de controles de legalidad y razonabilidad inaplicando, en varias oportunidades, normas que afecten a los agentes económicos el acceso o la permanencia en el mercado. En el presente informe jurídico se analiza el Expediente N°080-2009/CEB, procedimiento administrativo seguido por la empresa El Purgatorio S.A.C contra la Municipalidad de Miraflores. El objetivo del informe jurídico es determinar si la restricción de horarios de funcionamiento recaída en la Ordenanza N°263-MM configura una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. A tal efecto, la autora aborda temas tales como las atribuciones y competencias de las Municipalidades y de la Comisión de Eliminación de Barreras burocráticas, la revocación del acto administrativo y la metodología del análisis de legalidad y razonabilidad (interés público, proporcionalidad y medida menos gravosa). Para el desarrollo del informe se utiliza doctrinas nacionales e internacionales, así como diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del INDECOPI, concluyendo, que las restricciones de horarios de funcionamiento configuran una barrera burocrática carente de razonabilidad. / Free private initiative, the right to freedom of enterprise and free competition are regulated in the Political Constitution of Peru, for which the State is in charge of ensuring respect and protection of these rights. However, the exercise of these freedoms is not unrestricted, since, in order to protect the interests of society, economic agents must comply with provisions issued by the administration such as requirements, demands, prohibitions, charges, etc., known as bureaucratic barriers. These can be harmful when they are issued without considering the current legal framework or when it is not proportional to the public interest to protect. Faced with this, INDECOPI is in charge of verifying said arbitrariness through the analysis of legality and reasonableness, failing to apply, on several occasions, regulations that affect economic agents' access or permanence in the market. This legal report analyzes File No. 080-2009/CEB, an administrative procedure followed by the company El Purgatorio S.A.C against the Municipality of Miraflores. The objective of the legal report is to determine if the restriction of operating hours relapsed in Ordinance No. 263-MM configures an illegal bureaucratic barrier and / or care of reasonableness. To this end, the author addressed issues such as the powers and competencies of the Municipalities and the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers, the revocation of the administrative act and the methodology of the analysis of legality and reasonableness (public interest, proportionality and less serious measure). For the development of the report, national and international doctrines are used, as well as various pronouncements of the Constitutional Court and INDECOPI, concluding that the restrictions on operating hours constitute a bureaucratic barrier that is unreasonable.

El presente trabajo académico tiene por objeto entender la línea argumentativa del INDECOPI en los temas de protección al consumidor en el sector salud, observando cuatro casos respecto a los servicios médicos brindados por entidades prestadoras del referido servicio. En este sentido, primero se ubica el concepto de “libertad de empresa” dentro del contexto constitucional económico, resaltando su importancia para el desarrollo de las diversas actividades económicas que posibilitan el desarrollo empresarial de una determinada entidad prestadora del servicio de salud. En forma posterior, y especificando el marco teórico, conceptual y normativo, se procedió con el estudio de cada una de las siguientes resoluciones: la Resolución Final N° 0749-2013/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0554-2011/CPCINDECOPI), la Resolución Final N° 3791-2014/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0337-2009/CPC-INDECOPI), la Resolución Final N° 0217-2014/CCDINDECOPI (Expediente N° 0097-2013/CCD-INDECOPI) y la Resolución Final N° 2916-2014/SPC-INDECOPI; en las cuales se revisó los argumentos señalados por el INDECOPI que respaldan su decisión, observando si estas transgredían el derecho a la “libertad de empresa” de las entidades prestadoras del servicio de salud. En atención a lo señalado, y conforme se observará, las referidas resoluciones fueron emitidas vulnerando el derecho a la “libertad de empresa”, debido a que no están acorde con la normativa de protección al consumidor que regula el sector salud, tales como la valoración de la prueba, las cláusulas abusivas, etc. Finalmente, es necesario tener presente que, si bien las cuatro resoluciones materia de estudio no representan una muestra representativa de todas las resoluciones emitidas por el INDECOPI sobre el tema materia de estudio, si nos permite tener un indicio de algunas posibles fallas que se pueden corregir para un mejor actuar del INDECOPI.

A través de la escisión societaria, una empresa puede transferir todo un bloque patrimonial (incluyendo trabajadores) hacia otra empresa. Este fenómeno que tiene efectos en las relaciones laborales individuales y colectivas, no cuenta con una legislación laboral que lo regule. Ante tal, aparente, incertidumbre; muchas afectaciones a la libertad sindical como producto de las escisiones empresariales han terminado discutiéndose (sin mucho éxito) en vía judicial. Evidenciándose que la principal tara al momento de abordar el problema se encuentra que el análisis se realiza a un nivel infraconstitucional, ignorando por completo, el contenido protegido por la libertad de empresa y la libertad sindical. Mediante el presente trabajo, ponemos en evidencia las diferentes restricciones que sufre la libertad sindical luego de una escisión, así como el deficiente análisis que se viene haciendo sobre esta problemática. Y finalmente, proponemos un modelo de análisis para estos casos y una posible solución en general, bajo la óptica de los derechos fundamentales. / Through the corporate division, a company can transfer an entire block of assets (including workers) to another company. This phenomenon, which has effects on individual and collective labour relations, does not have labour legislation to regulate it. In the face of such, apparent, uncertainty; many effects on freedom of association as a result of the corporate division have ended up being discussed (without much success) in the courts. Evidenced that the main flaw when addressing the problem is that the analysis is carried out at an infra-constitutional level, completely ignoring the content protected by freedom of business and freedom of association. Through this work, we highlight the different restrictions that freedom of association suffers after a corporate division, as well as the deficient analysis that has been done on this problem. And finally, we propose an analysis model for these cases and a possible solution in general, from the perspective of fundamental rights. / Trabajo académico

La Constitución de 1993 reconoce la participación de las personas en la economía nacional a través de la puesta en práctica del derecho de libertad de empresa bajo un contexto en el que la iniciativa es privada y se mueve en el marco de la economía social de mercado, donde el Estado establece políticas y regulaciones que velan por proteger tales derechos; sin embargo, resultará necesario que sea limitado o restringido con el objetivo de velar por el interés público. Las condiciones establecidas y emitidas por el Estado imponen barreras burocráticas que limitan dichas libertades, cuya validez se basará en principios de legalidad y razonabilidad; debido a que de lo contrario, se causaría un perjuicio a la actividad privada con los requisitos, exigencias, cobros y/o prohibiciones que imponen las Entidades como las Municipalidades, en virtud de su autonomía constitucionalmente reconocida y desarrollada mediante leyes como la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, debe ser ejercida observando todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, las condiciones establecidas por las Municipalidades que limitan la libertad de empresa, a través de la imposición de un horario de apertura y/o cierre a los establecimientos comerciales, son barreras burocráticas que podrían ser declaradas ilegales o irrazonables por la entidad competente para ello. / The 1993 Constitution recognizes the participation of people in the national economy through the implementation of the right to free enterprise in a context where free private initiative moves within the framework of the social market economy. The State establishes policies and regulations that ensure the protection of such rights; however, it will be necessary to be limited or restricted to protect the public interest. The conditions established and issued by the State impose bureaucratic barriers that limit the freedom of enterprise and free private initiative. Its validity will be based on principles of legality and reasonableness. Failure to comply with these conditions would jeopardize the liability to private activity involving requirements, demands, prohibitions, and charges imposed by an Entity, such as municipal offices, under the autonomy constitutionally recognized and developed through laws such as Law No. 27783, Decentralization Bases Law and Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 28976, Framework Law for Operations License and Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Nevertheless, the observation of the entire legal system must be exerted. In this sense, he conditions established by de local government that limit the freedom of business through the imposition of opening and closing hours on commercial establishments are bureaucratic barriers that could be declared illegal or unreasonable by the competent entity.

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la necesidad de la existencia de límites legales a la libertad de empresa en cuanto el acceso de las universidades privadas a la prestación del servicio de educación superior universitario, considerando que el Estado debe garantizar que dicho servicio cuente con condiciones mínimas de calidad, resguardando de esa manera el derecho fundamental a la educación. Debemos indicar que si bien con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se estableció una regulación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior universitaria, hace unos meses el Congreso de la República modificó dicha Ley con la promulgación de la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Cabe mencionar que las principales modificaciones están referidas a cambiar la naturaleza de la Sunedu, restarle funciones en cuanto al licenciamiento de programas, escuelas y facultades, y modificar la forma de elección de los miembros de su Consejo Directivo. A partir de esta situación, consideramos que resulta relevante recordar los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la Ley 30220, los cuales fundamentan la necesidad de que la Ley 31520 sea derogada por afectar el derecho constitucional a la educación. Esta propuesta de derogación tiene como objetivo evitar que la Ley 30220 pierda su esencia y garantizar la calidad de la educación superior universitaria.

El presente informe aborda la Resolución 2135-2012/SC2-INDECOPI mediante la cual se confirma la Resolución 3329-2011/CPC de primera instancia y se sanciona a Rímac por discriminación en el consumo al haber impedido la suscripción de la hija del denunciante al seguro “Red Salud” debido a que ella tenía Síndrome de Down. Consideramos que Rímac actuó bajo el Principio de Legalidad pues, en el momento de la denuncia, ninguna norma le exigía que asegure a personas con discapacidad, muy aparte de aquello que solidariamente y de buena fe podría haber hecho. Asimismo, el obligar a Rímac a otorgar el mismo seguro de salud para una persona con necesidades especiales, que debe tener una mayor protección, no resulta en un servicio idóneo para dicha persona y para cubrir sus requerimientos de salud. La seguridad social es un derecho humano, pero también exigible a los Estados y obligar a las empresas privadas a brindar esos servicios no es la solución. El objetivo del presente informe es probar dichas hipótesis. En conclusión, Rímac tiene un derecho a la libertad de empresa protegido constitucionalmente y los informes de genetistas que indican que las personas con discapacidad representan un mayor riesgo debieron atenderse como causa objetiva para el trato diferenciado.

El presente informe jurídico versará sobre el análisis de la Resolución N° 1255-2004/CPC de fecha 24 de noviembre de 2004 (en adelante la “RESOLUCIÓN”), emitida por la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante la “COMISIÓN”), la cual tiene como materia de análisis la comisión de prácticas discriminatorias realizada por la empresa UNITED DISCO S.A. (en adelante “AURA”), misma que fue denunciada de oficio por la Comisión, en razón a la vulneración de derechos constitucionales. Asimismo, el presente informe jurídico también versará sobre el análisis de la Resolución N° 0939-2005/TDC-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2005 (en adelante la “RESOLUCIÓN FINAL”) emitida por la Sala de Defensa de la Competencia (en adelante la “SALA”), misma que resuelve el recurso de apelación presentado por Aura contra la Resolución, la cual tiene como materia de análisis, la prueba indiciaria y los sucedáneos medios probatorios. Para el presente informe, nos basaremos en los conocimientos adquiridos a lo largo del presente Programa de Segunda Especialidad, en jurisprudencia pertinente establecida por el Tribunal Constitucional, consulta con organizaciones de derechos humanos y también con autores que aborden sobre todo los conceptos que se aborde en el Marco Jurídico Conceptual. Finalmente concluiremos respecto a los limites establecidos al ejercicio de los derechos de la libertad de empresa y libertad de contratación contra el derecho a la dignidad de las personas y a la no discriminación respecto a su origen étnico y su indefensión ante actos discriminatorios por parte de empresas de servicio. / This legal report will deal with the analysis of Resolution No. 1255-2004 / CPC dated November 24, 2004 (hereinafter the "RESOLUTION"), issued by the Consumer Protection Commission (hereinafter the "COMMISSION"), whose subject of analysis is the commission of discriminatory practices carried out by the company UNITED DISCO SA (hereinafter “AURA”), which was denounced ex officio by the Commission, due to the violation of constitutional rights. Likewise, this legal report will also deal with the analysis of Resolution No. 0939-2005 / TDCINDECOPI dated August 26, 2005 (hereinafter the “FINAL RESOLUTION”) issued by the Competition Defense Chamber (in hereinafter the “ROOM”), which resolves the appeal filed by Aura against the Resolution, which has as its subject of analysis, the circumstantial evidence and the substitute means of evidence. For this report, we will base ourselves on the knowledge acquired throughout this Second Specialty Program, on pertinent jurisprudence established by the Constitutional Court, consultation with human rights organizations and with authors that address above all the concepts addressed in the Conceptual Legal Framework. Finally, we will conclude with respect to the limits established for the exercise of the rights of freedom of business and freedom of contract against the right to dignity of people and nondiscrimination with respect to their ethnic origin and their defenselessness against discriminatory acts by companies of service.

El presente artículo académico tiene por finalidad evidenciar la vulneración al derecho a la libertad de empresa, en especifico, el derecho a libertad de organización, correspondiente a la cadena de cines CINEPLEX S.A transgredido mediante la decisión emitida en la Resolución N° 0219-2018/SPC-INDECOPI donde se calificó a la restricción establecida por la cadena de cines consistente en la prohibición del ingreso con productos comestibles adquiridos fuera de sus establecimientos a sus salas como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante considerar la legislación y doctrina administrativa y constitucional que coadyuvarán a realizar el análisis de este caso. Finalmente, el presente artículo concluye que la cadena de cines CINEPLEX S.A. en virtud a su derecho a la libertad de empresa tiene la posibilidad de organizar y estructurar su negocio de la manera que le parezca más conveniente y, asimismo, esto no implica la vulneración de los derechos de los consumidores como el derecho a elegir o el derecho a la información como lo asegura INDECOPI. / The purpose of this academic article is to demonstrate the violation of the right to freedom of business, specifically, the right to freedom of organization, corresponding to the cinema chain CINEPLEX SA violated by the decision issued in Resolution No. 0219-2018 / SPCINDECOPI by the INDECOPI where the restriction established by the chain of cinemas consisting of the prohibition of entering their rooms with food or beverages purchased outside their establishments was classified as an abusive clause of ineffectiveness absolute. In this way, it is important to consider the administrative and constitutional legislation and doctrine that will contribute to the analysis of this case. Finally, this article concludes that the cinema chain CINEPLEX S.A. By virtue of your right to freedom of business, you have the possibility of organizing and structuring your business in the way that seems most convenient to you and, likewise, this does not imply the violation of consumer rights such as the right to choose or the right to the information as assured by INDECOPI.